Mirada al País: La podredumbre del bipartidismo

 

Especial para CLARIDAD

En los últimos meses el país ha visto con enorme vergüenza el desfile legisladores, alcaldes incumbentes y un exalcalde, arrestados por las autoridades federales por estar involucrados en actos de corrupción. Estos alcaldes pertenecen a los partidos que, por los pasados 54 años se han turnado en el poder, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).  Quienes hemos tenido la experiencia de vivir ese periodo, hemos observado como la gobernanza del bipartidismo ha podrido las instituciones públicas y ha conducido al país a la quiebra moral y económica.  Con el objetivo de lograr sus aspiraciones, el bipartidismo ha aprovechado el poder alcanzado en las elecciones para crear medios que les faciliten encaminar su perversa agenda. Con ello en mente, idearon mecanismos que, desde el sistema electoral, les asegurasen mantenerse en el poder. Es por ello, que la ley electoral mantiene un andamiaje que permite, que un candidato que obtiene menos de la mayoría del favor del electorado ocupe la gobernación. Es el mismo sistema que ha negado a las “minorías”, el derecho a una democracia representativa y participativa, de modo que solo el bipartidismo logre escaños legislativos que les permitan controlar el diseño de la legislación que adelante los intereses de los sectores que representan. Estos sectores son, principalmente, quienes les financian las campañas, gracias a que el sistema electoral prevaleciente permite el financiamiento privado de estas.  Cónsono con lo anterior, el bipartidismo es, además, fiel patrocinador del sistema colonial que padecemos y que reproduce la estructura electoral estadounidense, controlada por dos partidos que responden a grandes y poderosos sectores económicos que dictan la política pública en los Estados Unidos. Sus tentáculos alcanzan todas las ramas del gobierno de ese país. Siendo las decisiones del Tribunal Supremo de los EE. UU. una fuente de derecho primaria en Puerto Rico, que se impone con toda fuerza y vigor, nos aplican las buenas y malas decisiones que toma ese tribunal. La decisión de Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010), reconoce el derecho de corporaciones y uniones obreras a la libertad de expresión, la que incluye invertir todo lo que deseen en campañas políticas, siempre que dichas sumas no lleguen directamente al candidato o candidata. De ahí, que se creen los llamados Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés), que recaudan fondos para adelantar los objetivos de un candidato o candidata y/o vapulear la campaña de otro. Aun cuando el caso de Citizens United expresa que, en vista de que los fondos no se invierten en coordinación con el candidato o candidata en particular, ello no daría paso a la corrupción o la apariencia de ella. Vana ilusión.

 

En días recientes se ha sacudido la opinión pública con el anuncio del procesamiento de John Blakeman, un allegado a la campaña electoral de la exgobernadora, Wanda Vázquez y de Joseph Fuentes Fernández, íntimo amigo del gobernador, Pedro Pierluisi, a quienes se les imputa incurrir en violaciones a las leyes federales electorales. En el caso particular de Fuentes Fernández, se le acusa de utilizar entidades fantasmas para que aportaran a un PAC creado para atacar la figura de Wanda Vázquez en sus aspiraciones a la gobernación, en las elecciones del 2020. Blakeman, se dice, intercedía por un banco de capital venezolano para que, a cambio de aportaciones a la campaña de Wanda Vázquez, su gobierno favoreciera al banco sacando del medio al entonces director de la Oficina del Comisionado de instituciones Financieras (OCIF), George Joyner.

Estos personajes que financian las campañas del bipartidismo pretenden que, en su día, el candidato o candidata le retribuya a la hora de alcanzar el puesto. Esta nefasta práctica fue institucionalizada por el exgobernador Pedro Roselló, con la creación del grupo Empresarios con Roselló, quienes se reunían con jefes de agencia para impulsar sus proyectos y obtener de las agencias contratos para sus empresas. Comenzó a proliferar la contratación de entes privados para diversas tareas, tales como servicios legales, asesoría de cuanta cosa se inventan, tecnología, administración, facturación, etc., y la privatización de servicios públicos esenciales, tales como servicios educativos, de recogido de basura y escombros, de limpieza, de asfaltado de vías públicas y otros. Muchos de estos empresarios, procuran luego esquivar los procesos competitivos, como las subastas, ofreciendo a los funcionarios electos lo que, comúnmente, se conoce como el “kick back”. Son cada vez más los mercaderes del bipartidismo corrupto quienes, motivados por su afán de lucro, se muestran dispuestos a devolverles el favor y, de paso, enriquecerse con dinero público. Las agencias de “ley y orden” del gobierno de Puerto Rico, cómplices del encubrimiento, se hacen de la vista larga ante la corrupción cada vez más rampante, mientras las agencias de seguridad del gobierno federal están muy activas procesando a estos malandrines.

No conforme con robarnos el dinero que aportamos con nuestras contribuciones y el que se recibe de otras fuentes con el propósito exclusivo de utilizarse para servicios al país, el bipartidismo se ha dedicado a despilfarrar nuestros recursos económicos en gastos operacionales y gastos alegres para su propio beneficio. Para compensar el déficit creado con la mala administración de los fondos públicos, endeudaron al país a niveles impensados, lo que nos llevó a la quiebra, la que pagaremos nosotros mediante planes de ajuste de deuda que habrán de precarizar nuestra vida aun más. Parte del esquema es evadir que quienes nos quebraron rindan cuentas al país. Mientras sufrimos el éxodo resultante del empobrecimiento creado, se desarrolla el fenómeno de la gentrificación mediante la puesta en vigor de la ley 22 de 2012, hoy ley 60, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño y que incentiva que inversionistas extranjeros se establezcan en Puerto Rico, a quienes se les exime del pago de contribución por ingreso pasivo: intereses, dividendos y ganancias de capital en la venta de acciones, criptomonedas, etc. Hoy vemos como algunos de estos beneficiarios de la llamada ley 22, que se sirven de la permanencia del bipartidismo, se insertan en el inversionismo político para, con sus aportaciones, intentar sobornar candidatos y funcionarios y lograr provecho para sus negocios. Ni hablar de la privatización de servicios esenciales como la salud, las comunicaciones y la otorgación de contratos leoninos como el de Luma Energy y H&M Ferries, para privilegiar al capital extranjero en perjuicio de los intereses del País.

La podredumbre del bipartidismo ha tenido como saldo, el descalabro moral y económico del país y de nuestras instituciones. Han mantenido engañado al pueblo con sus narrativas demagógicas que les alientan a adelantar sus “ideales”, que se reducen al saqueo del erario y a su propio enriquecimiento. Ante esta infortunada situación, tenemos la opción y el deber de unirnos como pueblo y converger, independientemente de nuestra ideología de estatus, para rescatar al País, exigiendo que impere la decencia, la transparencia, la justicia social. Es la única alternativa que tenemos para salir de la mafia que nos gobierna.

 

   

Artículo anteriorImponen plan piloto a la Universidad de Puerto Rico
Artículo siguienteFrancia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Colombia: “Los de abajo necesitamos ocupar la política”