Especial para CLARIDAD

En días recientes observaba una transmisión del Canal 2 de televisión donde se reseñaba la intervención del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, en el CESCO en Manatí, así como en varias oficinas de gestores de trámites gubernamentales en esa dependencia de gobierno. El periodista que comunicaba esos acontecimientos utilizó como recurso a un alegado ‘abogado experto’ para que éste ayudara a interpretar las implicaciones y posibles causas de esa intervención del NIE. Para mi asombro y disgusto, la persona que “ayudaba” en esa interpretación es un exdirector del NIE, que en febrero de 2007 fue suspendido de ese puesto por imputaciones en intervenciones ilegales en el trámite de obtención de licencias de posesión de armas de fuego a nueve individuos, incluyendo a un alegado narcotraficante de nombre José López, alias “Coquito” (“Lozada admite tramitó licencia de “Coquito”; Primera Hora, 21 de febrero de 2008). El tal “Coquito” fue asesinado en el 2006 mientras era investigado por agencias federales por alegado narcotráfico y soborno de funcionarios públicos en la región de Carolina, incluyendo a policías. La presentación en televisión de ese ‘abogado experto’ analizando actuaciones del Estado contra posibles delincuentes, puede resultar demostrativo de la degradación de valores éticos y morales que se sigue profundizando en la sociedad puertorriqueña. Para colmar mi molestia, ese mismo día, el mismo Canal 2 mantuvo una campaña de promoción de un nuevo programa que sería televisado en la noche y en el que se destacaba como uno de los protagonistas a un “famoso” que se ha mantenido en los medios de comunicación, a pesar de que es un criminal convicto, que cumplió sentencia de cárcel por un patrón de maltrato y violencia contra distintas mujeres que ha tenido como pareja. A ese “famoso” y “galán” lo presentan y enaltecen públicamente mientras el mismo canal reseñaba en sus noticias la terrible incidencia de asesinatos y agresiones contra múltiples mujeres en Puerto Rico y estando vigente una Declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género en Puerto Rico (Orden Ejecutiva 2021-013). Incomprensible e injustificada contradicción.

Mis molestias de ese martes 10 de mayo se producen en el contexto mayor de una oleada de acusaciones por actos corruptos que se intensifican día a día. Existe gran consternación en el Pueblo por las continuas denuncias e imputaciones de actos de corrupción por funcionarios públicos del gobierno, electos o designados. En lo que va de este año, se han imputado delitos de corrupción a, al menos, media docena de alcaldes electos, a candidatos que compitieron en el proceso electoral de 2020 y a numerosos socios y allegados de estas personas. Hay otros tantos alcaldes potencialmente involucrados en actividades corruptas y que se comenta están bajo investigación criminal y ante unas prontas acusaciones por delitos cometidos. Aunque la corrupción gubernamental es endémica en el quehacer gubernamental de Puerto Rico, la más reciente incidencia de casos proyecta un cuadro epidémico y profundamente preocupante. Muchas de estas actuaciones públicamente denunciadas se agrupan en varias categorías básicas: (1) la corrupción en el proceso de financiación en los procesos electorales y (2) la corrupción relacionada al lucro, sobornos y apropiación de fondos en violación de las leyes. Una tercera categoría, también preocupante, es la corrupción relacionada al fraude en el trámite de permisos gubernamentales, así como la indolencia ante crímenes ambientales contra recursos y sistemas naturales públicos como el caso más reciente denunciado en la Bahía de Jobos en Salinas.

Se puede adjudicar, sin lugar a duda, que este desempeño negligente y criminal, caracteriza a los dos partidos políticos coloniales que se turnan la gestión en la administración pública. La gestión gubernamental de estos partidos está matizada por la articulación y entronización de individuos y grupos de individuos (“piñas”) en prácticamente todas las agencias del gobierno, pero en particular, en las corporaciones públicas y en aquellas agencias que llevan a cabo proyectos de mejoras capitales multimillonarios, como por ejemplo, el DTOP (puentes, carreteras), el DRNA (obras de control de inundaciones) y el Departamento de Educación (compra de libros y servicios, tecnología de información y comedores escolares). La contratación de productos y servicios está controlada por estas “piñas” para asegurar que se favorezcan en los contratos otorgados a individuos y corporaciones con las que los funcionarios han mantenido, mantienen o en el futuro tendrán relaciones profesionales o de negocios. Algunos de estos contratistas, por un lado, sobornan a los funcionarios en los procesos de toma de decisiones gubernamentales y, por otro, aportan monetariamente de forma sistemática a las campañas electorales de los partidos que aseguraran la permanencia de esas “piñas” de la corrupción. Un terrible círculo vicioso.

Conceptualmente se define la corrupción como la práctica de la utilización indebida o ilegal de las funciones ordinarias de las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, para la obtención de un beneficio personal en detrimento del interés público. La corrupción, como problema social, se tiende a relacionar con la gestión gubernamental donde es ciertamente abundante y repugnante, pero también existe y es parte intrínseca de esa corrupción gubernamental, la corrupción del sector privado. Muchos de los entes que promueven o estimulan esta conducta son actores sociales como, entro otros, contratistas de construcción (mal llamados “desarrolladores”), entidades bancarias y financieras, agentes de seguros, incluyendo, pero sin limitarse los relacionados con la salud pública, bufetes de abogados y compañías de publicidad y comunicaciones. Todos estos sectores actuando, en ocasiones en común acuerdo, gestionan el proceso gubernamental y político y en la práctica son responsables de la profunda degradación de nuestro sistema social, económico y ambiental. Esta degradación produce y sostiene la creciente injusticia social y económica, la pobreza material de la mayoría de nuestros compatriotas, la degradación ambiental, la crisis fiscal, la degradación y obsolescencia de todos los componentes de la infraestructura física relacionada a los servicios esenciales como energía, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, puentes y carreteras, puertos y aeropuertos, sistema de manejo y disposición de residuos sólidos, escuelas y hospitales, para mencionar algunos.

El deterioro físico de esa infraestructura es visible y constatable en la cotidianidad de nuestras vidas. Menos visible, o estamos menos consciente, es el deterioro y funcionamiento de la estructura del sistema político que gobierna, controla y dirige todo ese andamiaje social. El partidismo político colonial es causa y a su vez resultado de ese mismo deterioro. Por eso es común escuchar analistas y expertos que, al dilucidar sobre los factores intrínsecos a esta ineficiencia y deterioro social, prescriben como medida correctiva el que el gobierno asuma una indispensable “voluntad política”. La voluntad, en general, se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones con libertad sobre lo que se desea y no se desea hacer; está vinculado a la facultad de poder decidir y ordenar la conducta propia, sea de una organización o de un individuo. Pienso que pedir a la estructura gubernamental el que asuma voluntad política para solucionar el problema de corrupción, es equivalente pedirle “peras al olmo”. No puede haber voluntad en el gobierno para suprimir las actuaciones corruptas cuando la estructura gubernamental en sus tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) está subordinada a la mentalidad de los partidos coloniales que operan en función de los intereses privativos de individuos y de grupos de individuos en perjuicio del bien común.

Estos entes políticos coloniales están minados, corroídos por individuos y entes corruptos que, alegando la búsqueda del servicio público y del bien común, operan como “maquinarias” que derrotan y defraudan las aspiraciones de superación de nuestro Pueblo. El proceso político electoral de los partidos llamados mayoritarios son parte de este fraude de gestión pública y vida democrática. Esas estructuras no tienen vocación ni capacidad para ejecutar un nuevo proyecto de País que establezca estrategias y soluciones a la problemática que nos abruma, tanto en el plano social, económico como el ambiental. La estructura gubernamental corrupta no tiene capacidad para resolver la crisis del problema fiscal y de deuda pública, la crisis de la infraestructura vital de energía, agua y producción de alimentos, y mucho menos la crisis que nos plantea el calentamiento del Planeta y el cambio en el clima. Siento que el reclamo de “voluntad política” hay que orientarla hacia la movilización y organización del Pueblo para fraguar una nueva propuesta del proceso electoral, un nuevo paradigma del quehacer político que garantice una gestión gubernamental éticamente correcta, anticolonial y eficiente en la previsión de los servicios básicos para todo el Pueblo. De la misma manera que urge sanear de la presencia de invasores y precaristas en la Bahía de Jobos y en toda zona marítimo terrestre del País, hay que organizarse y movilizarse social y políticamente para sanear la gestión pública en todas sus esferas. Es impostergable trabajar en esta urgente e indispensable convocatoria contra la endémica corrupción gubernamental y privada. Los corruptos nos roban los fondos, nos roban la confianza en el servicio público y nos roban el porvenir. ¡Basta de esa insensatez!