CLARIDAD
Un llamado Plan Piloto de Recursos Compartidos que nadie conoce, preparado por una Oficina de Transformación Institucional (OTI), que tiene más poder que la presidencia; una Junta de Gobierno (JG) que considera para la presidencia a candidatos que nadie favorece y un presupuesto de apenas $500 millones es la situación que impera en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Los representantes del sector docente y estudiantil de la Junta Universitaria de la UPR levantaron su preocupación ante la postura de la OTI y de la Junta de Gobierno de la UPR de negarse a ofrecer información sobre el alegado plan piloto de recursos compartidos entre recintos. La OTI es una imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la cual se le asignaron $10 millones del presupuesto de la UPR. La OTI, a su vez, contrató a la compañía BluHaus Capital para que preparara el citado plan piloto, denunciaron.
BluHaus Capital y Cederella son dos compañías contratadas por la UPR, que a su vez están asociadas con BDO, empresa cuyos socios fueron arrestados y acusados por el Gobierno federal. El director de Cederella es el mismo que dirigía BDO cuando fue contratada por la Universidad para supuestamente fortalecer el sistema de retiro bajo la presidencia de Jorge Haddock.
El representante estudiantil a la Junta Universitaria (JU), Delvin Caraballo Rodríguez, reveló a CLARIDAD que ya en dos reuniones de ese organismo —el 6 de abril y el 4 de mayo— se suponía que estaba en agenda un informe de parte de Blue Hause respecto al plan; pero en las dos ocasiones no recibieron el informe, ni de OTI ni BluHaus, y tampoco se presentó la compañía. Fue la propia presidenta interina de la UPR, Dra. Mayra Olavaría, quien informó que la OTI no comparecería a ofrecer el informe.
La contención de los estudiantes para con el plan es que como constituye un plan piloto, tiene una continuidad de tres fases. La primera fase, que se supone que esté vigente, agrupa los servicios de los recintos de Utuado, Arecibo y Aguadilla. En la segunda fase participarán los recintos de Ponce, Bayamón, Carolina, Humacao y Cayey. En la última fase están incluidos los recintos de Mayagüez, Río Piedras, Ciencias Médicas (RCM) y la Administración Central.
“Tenemos que denunciar la gestión que está haciendo la OTI a espaldas de la comunidad universitaria. No podemos, según proyecta el Plan Fiscal, dar pasos y consentir que este plan piloto siga su curso porque la comunidad universitaria no tiene ni idea si el plan piloto ha sido efectivo, si ha representado ahorro, si hay ahorros dónde están, si da lo mismo si se lleva a cabo el plan o no. Esto no puede ser una pataleta de la JCF, aquí tiene que haber resultados positivos o negativos, y que en la Junta Universitaria podamos respaldar una postura oficial sobre el plan piloto de servicios compartidos”.
Añadió que se han comunicado con la Junta de Gobierno, que es quien debe tramitar la comunicación con la OTI y Administración Central, y tampoco se ha recibido respuesta.
La JCF condiciona otorgación de fondos
El representante estudiantil dio a conocer que en la propuesta de presupuesto que la JCF entregó al gobernador Pedro Pierluisi condicionó $40 millones adicionales a la UPR, de los cuales $20 estarían sujetos a que se implemente el citado plan. Los otros $20 están condicionados a la transformación del sistema de retiro de la UPR. Una interrogante que dijo nadie ha sabido contestar todavía, o no quieren contestar, es si esos $40 millones están en las resoluciones conjuntas que asignan los $500 millones de presupuesto. Hay otros $51 millones que serían para el Fondo de Beca, según la ley 4 del 2022.
“Así que la Junta está en unas negociaciones extrañas y la comunidad universitaria no tiene idea de si esa negociación es justa porque no tenemos nada de lo que está pasando con eso. Cuando digo no tenemos nada, me refiero a estudiantes que somos de otros recintos; pero los estudiantes que son de los recintos bajo el plan, tampoco. Es un desconocimiento general”.
En tanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND), licenciada Jannell Santana Andino, confirmó que el Plan Piloto es en específico para los empleados no docentes, por lo que advirtieron en una carta a la JG que ahora, más que en otro momento bajo la ley 130, la Hermandad es la representante exclusiva de todos los y las trabajadoras no docentes que pertenecen a la unidad apropiada. Hasta el momento de la entrevista, la reacción de la JG a la carta es de solo un acuse de recibo.
Santana Andino censuró que en ningún momento el plan haya sido consultado con los trabajadores ni los gremios. A lo único que han tenido acceso es a un documento de preguntas y respuestas. Al respecto, indicó que a claras luces hay unas violaciones a lo que está vigente en el convenio colectivo en la manera en que se pretenden hacer una serie de reclutamientos y traslados. Además, se plantea una remuneración económica, pero no se dice si los fondos son recurrentes o no. Expuso que se supone que la OTI es algo que va cesar en su momento, según se creó a la luz del Plan Fiscal preparado por la JCF. Ello deja las interrogantes de si desaparece la OTI, cesan los fondos, son o no son recurrentes, qué va a pasar con los trabajadores que aceptaron esas tareas o si los van a dejar comoquiera. En la actualidad, entre los tres recintos hay entre a 300 a 400 trabajadores.
La licenciada se reiteró en su censura a que la JCF condicionara una asignación de $20 millones a que se acepte el plan. Describió que lo que han recogido de parte de los trabajadores son muchas dudas, preocupaciones e incertidumbre. Planteó que, por ejemplo, las oficinas de recursos humanos de los recintos no han estado inmersas en el proceso y todo ha llegado de manera directa de la OTI y de BluHaus, la cual no tiene conocimiento de los funcionamientos de la Universidad. Añadió que ahora mismo en el papel funcionan ciertas oficinas, entre ellas la de Asistencia Económica. Si la persona trabaja en el recinto de Utuado, se queda ahí; pero va a atender casos de los recintos de Aguadilla y Arecibo. De ser así, qué van hacer las oficinas de Aguadilla y Arecibo, cuestionó. “No se sabe”.
A su juicio, hay cosas que se pueden entregar vía correo electrónico. Pero cuando un oficial tenga que evaluar físicamente a un estudiante porque hay documentos de los que no se pueden enviar fotocopias, como el certificado de nacimiento, ¿quién se va a mover?, ¿el estudiante?, cuestionó. Las pretensiones del plan son fusionar las oficinas de Asistencia Económica, Recursos Humanos, Finanzas, Admisiones y Registro. El plan habla hasta de crear plazas, ¿con qué dinero?, advirtió la presidenta de la HEEND. “Tampoco explican. Lo que sí dijeron es que si por ejemplo la plaza es para Utuado, el presupuesto lo va a tener Arecibo porque es el recinto que va a dirigir el plan piloto”.
Mientras, para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, la OTI ejemplifica los problemas que tiene la UPR. Este comparó el presupuesto de $10 millones de la OTI con el presupuesto del recinto de Cayey, que ahora mismo es de alrededor de $25 millones. Es decir, más de 1/3 parte de un recinto completo en una oficina de transformación institucional que a su vez contrata elementos externos para determinar cómo se va a transformar la institución sin consultar a nadie. “Esto, en una universidad que tiene una escuela graduada de administración pública que tiene los expertos más reconocidos en el país en esa área. Deciden contratar compañías externas porque, claro, toda la llamada transformación de esa oficina no tiene ningún elemento académico”.
La postura de la JG y de la OTI de negarse a dar información, lo atribuye a que no es conveniente impulsar de parte de esa oficina una posición que pueda ser difundida en la opinión pública entre la comunidad universitaria. Recalcó que lo que está haciendo la OTI son transformaciones institucionales para justificar los recortes que se imponen desde el Gobierno central y la JCF.
Sobre el papel de la presidencia en este proceso, argumentó que no importa quién sea, la persona termina siendo un monigote, dado a que el poder discrecional que se la concedido a la OTI es de tal magnitud que se convierte de facto en la presidencia. Esa oficina es la que está determinando la vida académica de todo lo que pasa dentro de la UPR, denunció.
El portavoz de los docentes comparó la postura de la JCF, de condicionar la asignación de los $40 millones a si aprueba el plan piloto, a una del bajo mundo. “Es vergonzoso. Esa es la actitud de lo que pasa en el bajo mundo; por un asunto estrictamente ideológico”. Otro asunto en el que denunció la JCF quiere imponer su visión ideológica es con el Sistema de Retiro de la UPR. Aun cuando ese sistema de retiro es el quinto sistema de retiro de beneficios definidos en todos los EE. UU., ahora mismo tiene cerca de $2 mil millones en su fideicomiso y tiene un índice de retorno de inversión de cerca de 7 %, que es por encima del promedio de todos los índices de retorno de inversión en todo los EE. UU. La JCF lo quiere cambiar a uno de beneficios no definidos.
“Nuestro sistema de retiro es saludable. Ahora, en la medida en que se congelan plazas, se recortan presupuestos, el Retiro puede tener problemas. Pero el problema no es de funcionamiento del Retiro, es de la JCF, que limita las posibilidades del Sistema de Retiro. Es decir, la Junta lo quiere dañar para después decir que no sirve. Eso es una hipocresía”.
La selección de la presidencia
En medio de las denuncias respecto al Plan Piloto y la asignación de un presupuesto de apenas $500 millones, el Comité de Búsqueda y Consulta de la JG está considerando a los dos candidatos a la presidencia menos favorecidos por toda la comunidad universitaria. Estos son el rector del recinto de Río Piedras, doctor Luis A. Ferrao Delgado, y al rector del recinto de Arecibo, doctor Carlos Andújar Rojas.
El presidente de la APPU confirmó que esa es la información que han recibido, tanto en los recintos como en la Junta Nacional de la APPU. “No me parece en lo más mínimo sorprendente. Este ha sido el patrón cotidiano de las decisiones de los miembros de la JG nombrados por el gobierno de turno”.
El representante estudiantil Delvin Caraballo, reveló que en una reunión el estudiantado le preguntó al presidente del Comité, licenciado Alejandro Camporeal Mundo, si había un compromiso de parte de la JG con que el proceso de selección fuese uno vinculante, y su respuesta fue que no, que no podían renunciar a su prerrogativa o racionamiento.
“Cuando uno compara el racionamiento de 13 miembros con 11 senados académicos hay que poner en entredicho cuál es el razonamiento que tiene la JG en cuanto a esto”. No obstante el portavoz estudiantil atribuyó que la mayoría de los candidatos tienen un récord que es claro y que habla más de lo que puedan pintar en un plan de trabajo. “Como dicen por ahí, palo que nace dobla’o no se endereza”.
Por su parte, la presidenta de la HEEND, indicó que nunca han avalado a ningún candidato a la presidencia aunque esta vez sí expresaron su rechazo a la candidatura del vicepresidente ejecutivo de la UPR, Ubaldo Córdova Figueroa, quien está relacionado con la pérdida de la acreditación del RCM y con la gestión del expresidente Jorge Haddock.
“Ahora debemos decir que quien venga no puede ser un monigote, una marioneta más de la Junta de Gobierno. Tiene que ser una persona que venga a defender la Universidad, que tenga su criterio propio. Tiene que ser una persona que entienda que hay un reto grande en la UPR”, recalcó.
