CLARIDAD
Privatización de espacios públicos en la zona costanera, vertederos clandestinos, destrucción de mangles, contaminación, ocupación de terrenos agrícolas para proyectos de energía fotovoltaica, desplazamiento de comunidades pobres para personas pudientes ocupar sus espacios, todas estas circunstancias fueron expuestas en el Tercer Encuentro de Comunidades Costeras, llevado a cabo en el Centro de Iniciativa Comunitaria de Desarrollo de Bahía de Jobos en Salinas (IDEBJO).
Los encuentros tienen el propósito de proveer un espacio en donde las comunidades puedan dialogar sobre cómo proteger nuestras costas, informó Vanessa Uriarte, directora de Amigos del Mar. El primer encuentro se llevó a cabo con comunidades del norte y el segundo, con comunidades del este. Todos han sido convocados por Amigos del Mar y Toabajeños en Defensa del Ambiente y en esta ocasión, junto a IDEBJO.
Localizado en la histórica comunidad de la antigua central azucarera Aguirre, en Salinas, al encuentro llegaron personas de Patillas, Arroyo, Guayama, Yauco, Ponce y, por supuesto, Salinas. Tras la presentación de los asistentes, se abrió una descarga de situaciones.
“El problema que tengo en Arroyo per se es que a los residentes de la comunidad no les importa y no hay forma de organizarlos, no quieren”. Fue la primera reacción de Robert Sastre respecto a su preocupación por el efecto de la privatización del lugar conocido como Los Bohíos, en la playa de Arroyo. Los Bohíos está localizado en el sector conocido como Punta Figuras. Sastre denunció que unas personas que dicen ser herederos de una alegada sucesión están negociando la venta de los terrenos y han cerrado el acceso al área por el mar Caribe y, al este, por el río Nigua, aduciento que es propiedad privada.
“Eso va en contra de cualquier ley. El único acceso que había ahí era Los Bohíos, que es un área en que se construyó una cancha, baños y unos kioscos. Lo cerraron y dicen que es propiedad privada, pero se construyó con el dinero del pueblo hace muchos años”.
Otro de los asistentes expuso que, en el sector Las Mareas, en Guayama, tienen el problema de que las personas lo están usando como vertedero debido a que el vertedero del Municipio se niega a recibir escombros. En Guayama también, en el sector Pozuelo y la Playa los Limones, hay dos proyectos de apartamentos de más de medio millón de dólares, expresó perturbado el joven.
Agregó que en Patillas, pueblo contiguo a Arroyo, hay construcciones en la costa, que no todas son por la Ley 22. Especificó que ya una playa conocida como La Escuelita, donde se daban clases de surfeo, ha sido privatizada.
Ponce tampoco escapa en este caso de las denuncias contra la actuación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Justiniano Díaz contó que aquí la costa que va desde la Guancha hasta el hotel Ponce Hilton, fue afectada por la remoción que se hizo de material de caliche. Este material fue removido de la costa para tirarlo en el conocido sector La Guancha.
También en Ponce, la joven Carla Montalvo, quien maneja el proyecto Raíces y Brotes en la Reserva Natural Punta Cuchara, lamentó que al lugar “lo tienen como vertedero clandestino. Ya le dicen rooms to go”. Esto ante la inacción tanto del DRNA como del Municipio.
Qué no pasa en Salinas
En Salinas, el reconocido crimen ambiental contra la Reserva Estuario Bahía de Jobos no es el único cometido contra los recursos naturales y sus residentes. Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y portavoz del Comité Ambiental de Salinas, p lanteó que en Salinas la privatización de la costa tanto en las áreas de mangle como en la zona marítimo-terrestre no es la única situación que enfrentan sus residentes. Los salinenses además enfrentan la deforestación en terrenos de la desembocadura del río Nigua, en donde se pretende instalar un campo de tiro. Las comunidades en la costa enfrentan el desplazamiento debido a la proliferación de marinas deportivas privadas que no tienen permisos, situación de la que la administración municipal sabe y no hace nada, denunció. Esto sin dejar pasar que el pueblo ha sido utilizado para depósito de cenizas.
“A nosotros nos cuesta y no se nos paga”, expresó el joven Hery Colón Zayas, residente de Aguirre, respecto al daño que provoca a los residentes del sector la operación de la Central Termoeléctrica. El joven, que dirige el proyecto Casa Comunitaria de Medios, como una herramienta de empoderamiento de la comunidad, repasó que los residentes tienen que vivir con el ruido que emite la Central y el descargue del agua caliente a la bahía, lo cual ha dañado el acuífero. “Al final del día, es un asunto de clase. Los pescadores no tienen dónde pescar, ni siquiera las villas pesqueras están en función”.
La licenciada Ruth Santiago alertó sobre el acaparamiento de las tierras del llano costero de Salinas para proyectos de energía fotovoltaica a escala industrial. Las tierras del llano de Salinas están consideradas como las mejores tierras agrícolas de Puerto Rico. “El Gobierno ha puesto a Puerto Rico en venta sin pensar en las implicaciones que esto tiene para la agricultura”. Los proyectos en cuestión están ubicados entre el barrio Aguirre, sector La Julia, y Ranchos Guayama.
Las costas, un objeto mercadeable
En tanto, el licenciado Adrián González Costas, asesor legislativo del PIP, expuso que el Gobierno no está mirando a las zonas costeras ni otras áreas naturales como recursos naturales que hay que proteger, sino que mercadear. Trajo como ejemplo el caso más reciente del anuncio de la venta de 100 cuerdas de terrenos en el Bosque Seco de Guánica.
González Costas recomendó a los líderes comunitarios a estar atentos a las páginas en inglés, en particular, en las redes sociales, que anuncian la venta de propiedades en la isla con clasificaciones de zonas protegidas, con la garantía de que habrá un cambio de zonificación. “Los de la ley 22 tienen que ver con eso porque esas compañías de bienes raíces se aprovechan de esos terrenos privilegiados en la costa”.
Exhortó, además, a que las comunidades estén atentas a si se pone un anuncio de venta por algún agente de bienes raíces: “Es una bandera que hay que levantar. En las comunidades van a las millas, es gente muy poderosa, muy conectada, y gente con capacidad económica que van muy rápido. En Isabela, la venta de propiedades está al garete. Lo mismo en Las Picúas está pasando todo esto”. El asesor legislativo, quien hizo la investigación sobre la compra de 40 propiedades en Puerta de Tierra por inversionistas de la Ley 22, dijo que recientemente vio dos anuncios de ventas millonarias: una en Patillas y otra en Naguabo, esta última, la venta de una hacienda por $50 millones.
Campaña Crisis en las Costas
Las organizaciones de los encuentros costeros han impulsado una campaña, Crisis en las costas, para que las personas documenten las situaciones que encuentren en las costas. Vanessa Uriarte reconoció que no es real repetir la acción de Amigos del Mar, que ocupó por 16 años parte de la playa del balneario de Isla Verde para evitar su privatización. Apuntó que el problema es uno político, pensado, en que las comunidades no pueden demandar.
Uriarte se refirió a la responsabilidad de los municipios costeros en la protección de la zona marítimo-terrestre, después del huracán María, se supone que estos cambiaran sus mapas de inundaciones. Por tanto, no es cierto que no tengan responsabilidad o injerencia en los permisos.
Al presente, Amigos del Mar y el Comité Toabajeños en Defensa del Ambiente favorecen la presentación de varios proyectos de la delegación legislativa del PIP que tienen que ver con la moratoria en las costas: una ley de costas para definir la zona marítimo-terrestre y una ley para declarar las playas públicas (PS 557). Aunque en la Constitución de Puerto Rico s establece que las playas son públicas, en este momento esta es la única herramienta con que se cuenta.
