Por Víctor Rodríguez Vázquez

CLARIDAD reproduce este reportaje investigativo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por la vigencia y pertinencia del tema de los permisos costeros y la creciente preocupación pública por el adecuado uso y preservación de los recursos naturales de Puerto Rico. El título original del reportaje es Los permisos de construcción en las costas aumentaron en 29% en el 2021 al compararse con los aprobados el año 2020 y fue editado por CLARIDAD por razones de espacio. Aunque el reportaje tiene fecha del mes de enero pasado, y algunos de los entrevistados ya no ocupan el cargo público correspondiente a dicha fecha, el reportaje tiene un alcance y relevancia informativa que amerita su publicación.

Lejos de reducir el ritmo de construcción en las costas de Puerto Rico para afrontar el cambio climático, como han solicitado los expertos, la administración del gobernador Pedro Pierluisi pisó el acelerador para aprobar permisos de construcción en los litorales.

Durante su primer año en la gobernación, y ya entrados en la pandemia, la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó 29%, en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) analizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En total, los permisos de construcción otorgados para proyectos en las costas de Puerto Rico aumentaron 239% al comparar los permisos concedidos en 2015 con los aprobados en 2021. Según OGPe, solo se tienen datos digitales desde mediados de 2014 al presente debido a un cambio en la plataforma digital que usa la agencia para documentar los permisos.

De los 20,048 permisos de construcción aprobados durante ese periodo de siete años, el 65% fueron para alguno de los 44 pueblos costeros, en los que algunas obras están cerca de la zona costanera y otras más retiradas. Aunque durante los pasados siete años los permisos de construcción a pueblos del litoral han sobrepasado el 60% respecto al universo de estos trámites anuales aprobados, tanto en 2020 como en 2021 la cifra se ubicó en el punto más alto, con 68%.

Las construcciones que se han autorizado en las costas son, en su mayoría, hoteles, residencias o negocios. Muy pocas van dirigidas a atender los efectos del aumento del nivel del mar, la erosión costera, mitigar inundaciones y proteger comunidades vulnerables, con pilotes hidráulicos, arrecifes artificiales, restauración de dunas y mangles, colocación de piedras, sistemas de drenaje o muros de contención, reveló el análisis. En los municipios costeros se ubica el 60% de los 3.2 millones de residentes de Puerto Rico, según datos del Censo de 2020.

El desarrollo en las costas ocurrido tan aceleradamente desde la llegada de Pierluisi   a La Fortaleza es contrario a las disposiciones de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico que entró en vigor en mayo de 2019, en particular con el Artículo 9, que establece que se debe implementar planificación costera que se ocupe de la subida del mar y que a la vez dirija el nuevo desarrollo a distancia de las costas. También, choca con las recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático que el Gobierno gestó a partir de esta ley y cuyos integrantes han recomendado la anulación de nuevas construcciones en los litorales.

Aunque el cambio climático y la erosión afectan especialmente a todas las personas que viven en las costas, hay comunidades de clase alta que están construyendo sus propios proyectos de mitigación y adaptación, mientras que las más pobres están a la merced de que el Gobierno actúe. Los primeros tienen mayor probabilidad de quedarse en sus hogares, los segundos posiblemente tendrán que migrar para protegerse.

Esta desigualdad en los impactos de la crisis climática se ve en Guanajibo Homes en Mayagüez.

Sentada en su silla de ruedas frente al portón de la marquesina, Zaida López mira a su esposo, Rafael López, que está en el suelo pintando parte de la pared que da a la calle. Llevan 15 años viviendo en esta comunidad, pero pronto esperan reubicarse a un hogar “más seguro”.

La comunidad de Guanajibo Homes, desarrollada en la década de 1950, comprende tres calles con alrededor de 260 casas, de las que cerca de 75 están vacías. Para los vecinos, el lugar “es una isla” en sí misma, pues al frente está la carretera 102 que da al mar, de un lado el caño Corazones y del otro la desembocadura del río Guanajibo. Dos puentes en cada extremo de la carretera 102 son las únicas vías de desalojo.

Debido a que Zaida y Rafael perdieron todo cuando el río se metió a su casa durante el huracán María, solicitaron reubicarse a otra casa por medio del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, financiado con los fondos federales CDBG-DR destinados a la recuperación del ciclón ocurrido en 2017.

“Yo me voy, por la situación, porque estoy enferma de los nervios y, además, por la situación que pasamos con María. No puedo darme el lujo de pasar por algo así otra vez”, dijo Zaida, que aún espera por el trámite de R3 a pesar de que ya se aprobó la reubicación hace dos años.

Por años la comunidad ha hecho múltiples exigencias al gobierno municipal y central para buscar soluciones que ayuden a mitigar las inundaciones y los embates provocados por la erosión costera. Por ejemplo, varios vecinos luchan por mantener una última duna de arena que separa parte de la costa de la carretera 102. Allí, pescadores lanzan sus embarcaciones al mar, aunque no hay muelle. Desde diciembre de 2020, comenzaron gestiones ante la oficina regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Hormigueros, pero estas no han rendido frutos, explicó la líder comunitaria Rosario Davis.

“La carretera [102] se está cayendo. En uno o dos años van a tener que hacer una carretera nueva. Pero eso lleva tiempo y se están haciendo de la vista larga”, comentó, por su parte, Luis Hernández, tapicero de 52 años y residente en Mayagüez. Su abuela, Judith Vélez Rivera, de 93 años, reside en Guanajibo Homes desde la fundación de esta comunidad.

Ante la falta de disponibilidad del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el vicealcalde del municipio, el ingeniero Jorge Ramos, explicó que el municipio trabaja en un proyecto para atender la situación en Guanajibo Homes de la mano de la organización no gubernamental Protectores de Cuencas, con quienes esperan delinear las opciones más viables para mitigar la erosión costera. Aclaró que la complicación para estas iniciativas es que, por tratarse de una vía principal, conllevan la participación del DRNA y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Según Ramos, el desarrollo de la propuesta está encaminado, pero todavía habrá reuniones con los jefes de ambas agencias para establecer las pautas.

Por su parte, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, dijo al CPI que los vigilantes de su agencia concluyeron que el espacio de arena que defiende la comunidad de Guanajibo no es considerado como una duna, pero indicó que pedirá una investigación más a fondo para conocer todos los detalles de la zona.

Las luchas de los residentes de Guanajibo Homes por mitigar los efectos del aumento del nivel del mar — asociado con el cambio climático — contrastan con medidas inmediatas que han podido iniciar por su cuenta otras comunidades de Puerto Rico con mayor poder económico.

Ese es el caso de Palmas del Mar en Humacao, donde los residentes evalúan un proyecto de mitigación costera frente a The Marbella Club a un costo ascendente a $1.5 millones. La propuesta se encuentra bajo la evaluación del DRNA y de la OGPe.

En un correo enviado a los residentes de The Marbella Club, al que el CPI tuvo acceso, Joseph McCloskey, presidente del complejo, explica que el diseño de la obra está a cargo de la firma de ingeniería y construcción Tetra Tech. El proyecto consistirá en la colocación de piedras para un rompeolas y un paseo en concreto en todo el litoral que colinda con los cuatro edificios.

Según dice la propuesta, la firma de ingeniería hizo una consulta al Cuerpo de Ingenieros de Ejército Estados Unidos (USACE, en inglés), pero el 15 de octubre de 2020, el ente federal les informó que el proyecto está “fuera de su jurisdicción”. El 16 de octubre, el Programa de Gestión de la Zona Costera de Puerto Rico del DRNA les indicó que el proyecto no requerirá una certificación del USACE.

USACE detalló al CPI que la determinación se tomó debido a que el proyecto propuesto no estaría ubicado en aguas navegables de Estados Unidos, “no incurre en dragado o descarga de material para rellenar agua”.

El secretario de Recursos Naturales y Ambientales dijo desconocer los detalles de este proyecto cuando se le abordó para una reacción.

En el caso de Guanajibo Homes, USACE planifica un dique para canalizar el río que le da nombre al lugar. Para ello, la agencia federal taló dos veredas de mangles y en su lugar tiró piedras. Sin embargo, según los vecinos, desde junio no ha ido nadie al lugar, provocando temor por la seguridad ante la constante entrada de personas a la zona deforestada que no está restringida.

El ente federal rechazó la denuncia de la comunidad de Guanajibo Homes al sostener que, debido a que el proyecto se encuentra en fase de diseño, aún no tienen injerencia o responsabilidad total para restringir el acceso al área. Se indicó que esa responsabilidad es del DRNA hasta que USACE inicie la construcción del dique, que iría desde Hormigueros hasta Guanajibo Homes, y que se estima que comience en 2025 y finalice cinco años después. Aún no hay un costo estimado para el proyecto, aclaró el ente federal.

Machargo tampoco conocía sobre la situación del acceso abierto a la zona que taló USACE y dijo que enviaría a vigilantes de la agencia a investigar.

Para la abogada y líder comunitaria Ruth Santiago, quien es parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, la manera más acelerada en que ciertas comunidades atienden sus desafíos ambientales en contraste con las que no tienen los recursos para hacerlo, podría responder a un elemento de injusticia ambiental.

“Esto ocurre cuando comunidades más desaventajadas, mayormente afrodescendientes, no tienen los recursos para enfrentar la crisis climática en contraste con las clases más altas”, alertó Santiago.

Desde septiembre del año pasado, el CPI solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con el gobernador Pierluisi para conocer su visión de política pública sobre el cambio climático, la construcción en las costas y las medidas de mitigación que está tomando su administración a corto plazo, pero el funcionario no accedió.

En una conferencia de prensa, el CPI le preguntó sobre sus planes o directrices para manejar las zonas vulnerables al cambio climático, especialmente, en los pueblos costeros.

Pierluisi dijo que acogió 87 de las 103 recomendaciones que hiciera el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático respecto a las medidas a seguir para enfrentar la erosión costera y su impacto. Dijo que dará a conocer las recomendaciones acogidas luego de recibir el análisis de otras agencias — como la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio — con las que se compartió el informe para evaluación. No precisó cuándo ocurrirá esto.

“Ahora mismo hay un reglamento que tiene el DRNA en vigor desde 1978; un plan de manejo de desarrollo costero. Una de las cosas que recomienda el Comité, si mal no recuerdo, es revisarlo, actualizarlo; yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay detalles que yo no he decidido todavía, por ejemplo, cuál es la franja de terreno precisa que se va estar protegiendo. El Comité sí dio recomendaciones, pero yo necesito el asesoramiento de otras agencias”, dijo Pierluisi.

Pablo Lázaro, uno de los científicos que compone el Comité dijo que ha habido inacción por parte del Gobernador, quién pidió las recomendaciones con carácter de urgencia para ser entregadas en septiembre de 2020, “y no ha implementado ninguna de ellas”. El Comité es presidido por el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, quien ha sido blanco de críticas por su inacción en la protección del ambiente, incluso en zonas costeras, y cuya visión sobre el asunto es que no es necesario frenar las construcciones en los litorales, sino procurar que esas obras “se hagan bien”, según dijo al CPI.

“Si soy un dueño responsable tengo que construir tomando en cuenta la realidad de que ha habido un aumento en los niveles del mar en el 70% de las costas. Y tomar en cuenta las experiencias de [los huracanes] Irma y María y construir asumiendo esas dos realidades”, dijo Machargo más adelante en la entrevista.

En el norte y el oeste las zonas con más construcciones costeras

El problema de la construcción en las costas en tiempos en que el cambio climático se ha intensificado ha sido señalado por años por investigadores, académicos y líderes comunitarios, e incluso políticos, como los senadores del Partido Independentista Puertoriqueño Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago. Tanto Dalmau en el pasado cuatrienio, como Santiago en este, han presentado legislación para que se apruebe una ley de costas en Puerto Rico. Por su parte, en junio de 2020 los representantesJosé Pérez Cordero, del Partido Nuevo Progresista y Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad, presentaron un proyectopara crear la Ley del Comité para el Desarrollo y Protección de las Costas.

“Estoy pendiente [a] qué sucede con esos proyectos y, si llegan a mi despacho, pues lo voy a evaluar contando con el asesoramiento, entre otros, del Comité de Asesores de Cambio Climático”, dijo Pierluisi.

Sin embargo, la OGPe ha seguido aprobando permisos de construcción y desarrollo de infraestructura en las costas del archipiélago de Puerto Rico.

Según datos de esa agencia analizados por el CPI, nueve de los primeros 10 municipios costeros en los que se han aprobado más permisos de construcción entre 2015 y 2021 están en el norte y el oeste de Puerto Rico. Estos son San Juan (1,489), Guaynabo (635), Aguadilla (612), Arecibo (612), Dorado (544), Mayagüez (541), Isabela (530), Manatí (443), Rincón (398); y Cabo Rojo, en el suroeste (527).

“Aquí se ha tenido una mentalidad de destrucción, como si eso [las costas] fueran una mina. Que si las dunas valen chavos, pues las venden, cuando estas son de dominio público. Aquí se ha permitido que personas, se beneficien de esos bienes de dominio público, los han privatizado y los han puesto para beneficio personal, cuando sabemos que eso tiene una función [como barrera natural]”, dijo Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante un conversatorio en octubre.

Ante este panorama, la geomorfóloga Maritza Barreto Orta — quien ha investigado la erosión costera en Puerto Rico durante dos décadas — alertó que se deben frenar las construcciones nuevas en las costas para evitar mayor impacto a las comunidades que viven cerca del mar. La profesora de la UPR Recinto de Río Piedras, recomendó evaluar la infraestructura existente y atemperarla a las nuevas condiciones ambientales y climáticas que enfrenta Puerto Rico.

“Se acabó el tiempo. Ya no se puede seguir construyendo en las costas nuevas estructuras. La prioridad está en adaptar lo que se construyó en lugares que no deberían haber construído. Hay que hacer una planificación integrada, que se protejan [esas propiedades] con las mejores estrategias de mitigación”, advirtió Barreto Orta, quien es integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático del Gobierno.

La profesora también alertó sobre la necesidad de establecer proyectos de mitigación en estas zonas, al destacar que en las costas de Puerto Rico se ubica la mayor parte de la infraestructura vital: 11 aeropuertos, 7 plantas generadoras de energía, 100 kilómetros de infraestructura de agua y 81 parques industriales.

Aunque promueve el desarrollo de barreras naturales en las costas, Barreto Orta reconoce que, debido a lo impactadas que están ciertas zonas, existen lugares en los que sí se tendría que optar por infraestructura en concreto para lidiar con el aumento del nivel del mar.

“Lo mejor sería usar estructura natural… Si se entiende que el área está tan impactada, la segunda alternativa sería híbrida, es decir, con algo natural y con algo gris [concreto o piedras]. Si tampoco funciona, evaluaría la estructura gris, pero no cualquiera, como las paredes, que pueden causar más erosión”, dijo.

El Gobernador evade el asunto del Cambio Climático

Hasta el momento, el Gobernador ha evitado atender los reclamos en contra del modelo de desarrollo que prioriza la infraestructura en detrimento de las barreras naturales.

Así fue el pasado año, cuando hubo protestas en el complejo Sol y Playa en Rincón, debido a que residentes del lugar impulsaron la reconstrucción de una piscina que había sido destrozada por las marejadas del huracán María y cuya estructura — ahora en plena zona marítimo terrestre debido a la pérdida de playa — pondría en jaque el anidaje de tortugas. Walter Pierluisi Isern, primo del Gobernador, es titular de un apartamento en ese complejo de viviendas.

El desinterés del Gobierno de Pierluisi ante las barreras naturales también ha quedado en evidencia ante el aval que se mantiene al desarrollo del hotel Fairfield Inn & Suites, de la cadena Marriott, en Luquillo y que, según ambientalistas y líderes comunitarios, afectaría un humedal en la zona este. El hotel, que se espera inaugurar en marzo de 2023, es propuesto por la firma Luquillo Hotel Company, cuya empresa matriz es PRISA Group, de Federico Stubbe, un importante donante del Partido Nuevo Progresista y desarrollador de otros proyectos costeros como el complejo residencial-turístico Dorado Beach y el Distrito T-Mobile en Isla Grande.

Las zonas de humedales y pantanos costeros en Puerto Rico están reguladas por la Ley de Puertos y Bahías de 1899 y por la Ley Federal de Agua Limpia (CWA), así como por los reglamentos promulgados por el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia de Protección Ambiental federal. Sin embargo, estas disposiciones parecen ser letra muerta para los efectos del modelo económico que se sigue en Puerto Rico.

Según Machargo, el proyecto propuesto para Luquillo se encuentra bajo investigación. “La información que tengo es que a ese proyecto [el DRNA] le pidió mucho más allá de lo que USACE les pidió y fueron bien celosos en la protección de humedales y la protección de hábitats. Pero, obviamente, han habido querellas y hemos enviado a funcionarios para que verifiquen que todo está dentro de la ley. Cuando la investigación tome su curso se seguirán los canales del DRNA y se le tratará como a cualquier otra persona”, aseguró Machargo.

El CPI cuestionó a Pierluisi si su administración pondera limitar o regular el otorgamiento de permisos para construcción en las costas, y el mandatario indicó que es una posibilidad que aún se encuentra bajo análisis para lograr “un balance justo o un punto medio” entre desarrollo económico y protección del medio ambiente.

“Lo que pasa es que hay que decidir si va haber algún tipo de moratoria [de permisos de construcción en las costas], la extensión de la misma y su aplicabilidad, porque una cosa es decir que va haber una moratoria en la isla entera, y otra cosa es decir: ‘vamos a tener una moratoria en una área en particular que ha sido seriamente afectada por la erosión costera’. Esas son las cosas que se están evaluando”, sostuvo el gobernador.

Machargo, por su parte, no quiso dar una opinión categórica respecto a si se debe o no establecer esta moratoria y se negó a responder al CPI cuál sería su recomendación al gobernador sobre este asunto.

“Si el gobernador me pide una recomendación, yo con mucho gusto se la doy, pero en privado, pues no me gusta adelantar lo que le voy a recomendar al gobernador”, dijo.

Pero, ¿cuál es su opinión sobre una moratoria?, inquirió el CPI.

“Mi opinión es que se tiene que evaluar si existe alguna causa de emergencia. No podemos hacer moratoria por hacer moratoria. Hay que evaluarla y que tenga un propósito”.

Pero, entonces, ¿se aleja de la opinión del resto de integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático que están pidiendo una moratoria?, se le insistió.

“Como esto está bajo la evaluación del gobernador, prefiero discutirlo con él, sin discutirlo públicamente, para que el consejo mío sea el más objetivo para el gobernador. Una vez el gobernador tome una decisión podemos discutir esto más a fondo”, respondió Machargo.

Sobre qué otras opciones se pueden auscultar para mitigar el impacto en las costas ante la falta de una moratoria en nuevas construcciones, Machargo reconoció que se deben reforzar la evaluación de la concesión de permisos.

“Es importante, para proteger las costas, que los sistemas de permisos estén claros cuando se va a construir en la zona costanera y se tenga la evaluación más completa posible. También es importante tener recursos, como el personal en cada agencia, para que evalúe esos documentos”, sostuvo.

Para la abogada y profesora en derecho ambiental, Érika Fontánez, la búsqueda de un balance entre la protección ambiental y el desarrollo económico no es real.

“Cuando surge una controversia, el Gobierno o las partes privadas siempre dicen ‘hay que tener un balance entre la economía y el ambiente’, pero ese balance nunca existe.Es decir, cuando la gente llama la atención sobre un problema es que ya hay un desbalance, ya se ha ocasionado pérdida de hábitat, un daño que es casi irreparable o que se ha provocado que haya gente o comunidades afectadas desproporcionadamente en términos de salud”, analizó Fontánez.

“Se supone que el Estado y las agencias como el DRNA sean los que representen el interés público y atiendan la protección del medio ambiente pero uno escucha a los secretarios de las agencias, como el de Recursos Naturales y en realidad es como si cerraras los ojos y escucharas a los funcionarios de desarrollo económico”, apuntó la profesora.

El climatólogo Rafael Méndez Tejeda reiteró la urgencia de definir “una nueva costa” en Puerto Rico que permita establecer mejor los puntos de construcción alejados del riesgo provocado por el aumento del nivel del mar.

“Tenemos una nueva realidad con el cambio climático. Antes se podían tener construcciones como a 160 pies de la costa, pero hoy hay estructuras incluso a 120 pies. Tenemos que adaptarnos a esa realidad. No esperamos que esa realidad vaya a cambiar. No nos van a devolver la costa, al contrario, la expectativa es que se seguirá erosionando”, alertó.

Entre los próximos 30 a 40 años el mar subirá alrededor de tres pies, prevén estimados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, principal organismo de expertos a nivel mundial sobre el tema, y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica federal (NOAA, en inglés).

Mercaderes de la permisología costera

La construcción en las costas también ha estado mayormente en manos de un puñado de firmas y gestores que se dedican a tramitar y gestionar los diversos permisos que requieren los desarrollos en Puerto Rico en la OGPe y también en el DRNA, que se encarga de evaluar concesiones de construcciones en la zona marítimo terrestre o de impacto ambiental.

Entre ellas, el CPI encontró que CMA Architects and Engineers, LLC — una firma de arquitectura e ingeniería fundada en Cuba en 1948 como SACMAG — es la que más trámites ha hecho ante OGPe relacionados con proyectos de alto impacto en los pasados siete años.

Esta firma llegó a Puerto Rico a finales de los años 1950 para trabajar proyectos con la destilería de ron Bacardí. Los ingenieros José Luis Capacete e Ignacio Martín, la establecieron aquí en 1959. Durante seis décadas, trabajaron como Capacete, Martín & Associates, hasta 1989, cuando cambiaron al nombre actual, después de que en ese año ejecutivos de la firma se vieron involucrados en el caso de fraude y quiebra del Caguas Central Federal Savings Bank.

Desde 2014 hasta 2021 esta firma ha tramitado un total de 1,388 permisos generales en Puerto Rico, de los cuales el 86% ha sido para pueblos costeros y el 21% de estos han sido permisos de construcción.

Pedro A. Janer es el gestor que más trámites ha hecho en OGPe en representación de CMA, con un total de 1,232. Además de permisos de construcción, esta firma se ha destacado por gestionar trámites de Determinación de Cumplimiento Ambiental vía Exclusión Categórica, un reglamento que estuvo vigente hasta el año pasado y tenía 118 excepciones que no tenían que pasar por el proceso riguroso de cumplimiento ambiental, como construcciones livianas de bajo presupuesto, legalización de construcciones preexistentes o mejoras a instalaciones que ya cuentan con permisos. Por medio de una orden administrativa del DRNA de enero de 2021, ese proceso fue incluido dentro de los trámites a completar en las solicitudes de permisos de construcción.

Entre los proyectos que se han beneficiado de la gestoría de CMA se encuentran el proyecto turístico Four Seasons Resort at Cayo Lago en Fajardo (entre 2016 y 2020) y el proyecto farmacéutico EOS Facility PR14 (entre 2017 y 2020). CMA también gestionó permisos de construcción para los proyectos de Atlantic Estates at Bahia Beach Resort, en Río Grande, el JW Marriott Hotel & Marriott Vacation Club International Tower y la reconstrucción del Dorado Beach Resort a Ritz Carlton Reserve, ambos en Dorado. CMA no respondió a peticiones de entrevistas del CPI.

Para Fontánez, el problema con el otorgamiento desmedido de permisos no necesariamente está en los trámites y quiénes los hacen, sino en la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico de 2009, que “ha tirado por el piso ordenamientos ambientales importantes”

“Esa ley fue del [exgobernador Luis] Fortuño y después vinieron otros gobernantes y la cosa básicamente se ha mantenido. Con los años se le fue quitando poder a la Ley de Política Pública Ambiental…”, dijo la abogada.

Añadió que la Ley de Permisos y los reglamentos conjuntos de permisos “han facilitado la dilapidación de los suelos, el desparrame urbano y la mala planificación de las costas y en la montaña”.

Construcción en Dorado elimina el paso peatonal de la playa

En Dorado, uno de los pueblos de Puerto Rico que tiene comunidades con mayores ingresos y donde se concentran algunos de los beneficiarios de las leyes 20 y 22 que buscan atraer inversionistas de alto capital como medida para mover la economía, los proyectos e infraestructura — como la ubicación muros de contención para mitigar marejadas o la colocación de piedras — protegerán mansiones a expensas del litoral.

El ingeniero Ángel Cabán González compartió con el CPI varias querellas que ha cursado ante el DRNA debido al desarrollo que considera ilegal de tres construcciones en Dorado, Vega Alta y Cabo Rojo.

Según Cabán González, esas construcciones “eliminan la franja de arena peatonal por completo. Además, solo protegen la propiedad privada, en detrimento del dominio público”.

En el caso de Dorado, la querella aduce que “las construcciones eliminaron el litoral e impide caminar libremente” frente a la playa. Este proyecto cuenta con tres permisos aprobados por la OGPe para construcción y cumplimiento ambiental.

El CPI encontró que este proyecto también cuenta con un permiso de emergencia para construcción en la zona marítimo terrestre (ZMT) aprobado por el DRNA en julio de 2020 a la Asociación de Propietarios de Dorado Reef. El DRNA mantiene bajo evaluación una solicitud de reconstrucción de un rompeolas y la estabilización de taludes en la ZMT allí.

Por su parte, el Proyecto The Cottages of Dorado Beach, donde se observa el desarrollo de un rompeolas que va viento en popa, no cuenta con permiso alguno solicitado o aprobado por OGPe, relacionado con la reconstrucción de esta infraestructura, según la base de datos suministrada por OGPe al CPI. Tampoco se identificaron permisos de concesión de ZMT ni deslinde de ZMT del DRNA para esta área.

El alcalde de Dorado, Carlos López, no accedió a una entrevista. Por medio de su portavoz de prensa, Lynette Moreno, indicó que “el municipio no adjudica permisos” de construcción. Moreno no respondió si el municipio había sido consultado para este proyecto o para la concesión del permiso de construcción.

El secretario de Recursos Naturales dijo desconocer sobre estas querellas pero aseguró que las investigará.

Denuncian tala desmedida de mangles en Salinas

La debilitación de las barreras naturales, como los manglares, las dunas de arena, los humedales, los corales y las algas marinas, también se observa en el sur de Puerto Rico.

En Salinas, por ejemplo, se ha estado desforestando una extensa zona de manglar para la ubicación de trailers para vacacionar. En la zona también hay construcciones de concreto en plena orilla.

La denuncia llegó al CPI por medio de tres pescadores que hablaron de manera anónima por temor a represalias.

Un recorrido en bote desde el sector Playita, pasando por Punta Arena y llegando a Las Mareas, permitió al CPI observar desde el mar el contraste abismal entre los espacios con mangles y la grieta abierta para los trailers.

“Esta situación lleva como cinco años de deforestación y limpieza de mangles y relleno de humedales. De hecho, los rellenan durante las noches para solidificar los suelos. En caso de un huracán, toda esa área lo va a coger y lo va a barrer. Por ejemplo a Las Mareas, en la que viven como 60 familias, que está más a mar abierto y están más expuestos”, contó uno de los pescadores al que llamaremos Juan para proteger su identidad.

La tala de mangles allí aumentó luego del paso del huracán María, dijo.

Según el pescador, la dinámica es la siguiente: los desarrolladores invaden terrenos, deforestan manglares y rellenan humedales para vender lotes de terreno.

Tras las talas, los tres pescadores comenzaron a notar una baja en los frutos de mar que usualmente pescaban en la zona. Estiman que la deforestación ha provocado la escasez de diversas especies marinas, como arrayao, sama, pargos, colirubia, y langostas, lo que también conlleva un impacto en la subsistencia económica de los pescadores.

“Este problema también se da en el sector Playita, donde se ubica la pescadería. Los pescadores dicen que un sujeto se apropió de un solar al lado de la pescadería y lo ha seguido deforestando para hacer un lote para alquilar espacios para estacionar botes privados”, señaló Juan.

Los tres pescadores coincidieron en que el DRNA se ha hecho de la vista larga con la situación.

“Se han hecho denuncias, los vigilantes del DRNA van, pero todas las querellas se caen. Incluso, se habló con el Secretario [de Recursos Naturales y Ambientales] y éste se ha hecho de la vista larga. Por medio de una persona cercana al funcionario, se nos dijo que el Secretario no quiere intervenir porque estos proyectos involucran a ‘mafiosos’”, apuntó Juan.

La negligencia denunciada por los pescadores podría responder al desmantelamiento que ha sufrido el DRNA en las pasadas décadas en las que se les han restado poderes, empleados y fondos para vigilar y proteger mejor los recursos ambientales de Puerto Rico.

“Si tu tienes un DRNA y no tienes geólogos, biólogos, hidrólogos o no tienes quien haga un deslinde de la zona marítimo terrestre, pues entonces tienes que dejar todo eso en manos privadas. El privado por supuesto te va a decir ‘todo esto yo lo estoy sometiendo y lo estoy sometiendo bien y conforme a la ley’”, cuando no necesariamente es así, reflexionó Fontánez.

Para la abogada ambiental, el estado en el que se encuentra el DRNA responde a un proceso paulatino de privatización de la agencia.

“El Estado lo que ha hecho es eliminar sus funcionarios, los sacó bajo la Ley 7 [de 2009 para el despido de empleados públicos], retiró a la gente que podía y en vez de contratar gente fija y empleados de carrera, se dedicaron a traer gente con puestos de confianza gastando cientos de miles de dólares en esos puestos y privatizando funciones que antes hacían empleados de las agencias”, sentenció.

De vuelta a tierra firme, el CPI fue a Las Mareas para observar la zona desde el otro lado de las construcciones. Tras pasar por varias estructuras, algunas en abandono, se identificó la parcela con trailers. En la entrada del lugar, un pequeño letrero en madera lee: “Welcome to the Camper Paradise”.

A través de las verjas donde se ubican los trailers, se observa al fondo el mar, algo que no ocurre en casas previas desde dónde lo que se ve es parte del mangle.

Los pescadores alegan que el municipio de Salinas ha sido cómplice de estos desarrollos, pues aunque han hecho las denuncias, una vez establecidos los terrenos, el gobierno municipal les ha “ayudado” con las tomas de electricidad y agua potable.

La alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla Colón descartó esas imputaciones al indicar que el municipio no tiene la potestad para manejar este tipo de conexiones.

“El municipio nunca ha promovido o instalado tomas de agua ni de electricidad en ninguna residencia, ni en Las Mareas, ni en ninguna otra comunidad. Es de conocimiento general que esas labores las hacen la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, respectivamente, luego de que los proponentes gestionen los permisos debidos. De hecho, la Oficina Regional de Permisos, que es parte del consorcio (CCVS- Coamo, Cayey, Villalba, Salinas), no ha endosado o expedido permisos en dicha zona”, dijo al CPI en declaraciones escritas.

Bonilla Colón mencionó que tanto ella como la Legislatura Municipal y líderes comunitarios, han hecho los referidos de deforestación ilegal de mangles y supuestas ventas ilegales de terrenos protegidos al DRNA, así como vistas oculares con la presencia de oficiales del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, y están a la espera de acción.

“Reiteramos nuestra posición con respecto a Las Mareas: al ser una zona bajo la jurisdicción del DRNA, le corresponde a los oficiales de dicha agencia informar sus gestiones allí. De hecho, el 18 de octubre de 2021, el secretario Rafael Machargo informó públicamente de un proceso de desalojos [de los trailers], lo que no ha ejecutado al día de hoy”, dijo.

Machargo, por su parte, dijo que sí se está manejando el asunto y que se tomarán acciones “pronto”.

“Esto es un caso que hasta que no se presente no puedo dar mucha información, porque en el pasado han habido amenazas de daños físicos contra nuestro personal. Es un caso que me preocupa y que es prioritario para el Departamento, así como para la NOAA. Prefiero ser reservado, pero estamos bien conscientes y estamos tomando acción”, explicó.

El CPI inquirió por qué ha tomado dos años en atender los reclamos de la comunidad de Salinas e incluso de la alcaldesa, pero el funcionario sostuvo que este tipo de trámites toman tiempo.

“Desde que yo asumí la secretaría hemos identificado los fondos y hemos hablado con las agencias federales y ya tenemos los recursos para tomar acción y pronto se verá acción”, respondió.

Esta investigación fue posible en parte gracias al apoyo de Para la Naturaleza, Open Society Foundations y la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL).

Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report For America.