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La falta de personal preparado y con experiencia y la falta de previsión de parte de la  privatizadora LUMA Energy son responsables de que el país se quedara a oscuras por completo durante casi dos días.

El incidente ocurrido en la central Costa Sur el pasado miércoles (6 de abril), pasadas las 8:30 de la noche, dejó al país sin el servicio de energía eléctrica por más de 20 horas. El doctor en ingeniería eléctrica, Agustín Irizarry Rivera, explicó a CLARIDAD que lo ocurrido, aparentemente se debió a un fuego en un disyuntor (palabra en español para breaker) de 230 mil voltios. Esta  es la tercera vez que esto sucede, dijo. En otras centrales ya ha habido fuegos de esta misma naturaleza.

A los disyuntores se les da mantenimiento, son piezas muy robustas. En el uso por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), han salido muy buenos. A estos se le saca el aceite, el cual sirve de aislación y para remover el calor. Los disyuntores se abren, se limpian y examinan los sellos. Las piezas que se mueven, si se nota desgaste, se remueven. Eso lo hacía la AEE antes de la privatización, que le asignaban presupuesto, indicó.

Irizarry Rivera se remontó a los tiempos en que teníamos la Autoridad de Fuentes Fluviales. En esa época nunca ocurrió nada igual porque se le asignaba presupuesto para mantenimiento. Hasta los años 80, esa operación la hacía la AFF “y lo hacía completo bien. Lo reparaba en el taller de Palo Seco. Todo eso se perdió porque se empezó con el discurso de que no podíamos tener una compañía pública buena y que las cosas nos cuestan y que el mercado lo hace todo gratis y mejor. Y como lo público no sirve, ahora tenemos a LUMA, que no tiene personal entrenado para hacer nada de eso”, manifestó.

El exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE puso en duda que LUMA le haya dado mantenimiento a esos disyuntores desde sumió las operaciones de transmisión y distribución y, con ello, la operación, en particular de Costa Sur,: “En nueve meses y un año de transición lo único que hicieron fue cobrar”, denunció. Agregó dudar que aun con el  presupuesto que tiene LUMA le haya dado mantenimiento a uno solo de los disyuntores.

“Esto va a seguir pasando mientras a esos disyuntores no se les dé mantenimiento o se reemplacen”. No obstante, hizo la aclaración de que aunque LUMA reclama que esa tecnología ya está obsoleta, esta  se usa en todas partes del mundo, y que aunque  es cierto que hay otras tecnologías más modernas que se podrían usar, mientras se continúen usando las plantas de combustibles fósiles para producir energía, estos se van a necesitar, por lo que hay que darles mantenimiento o reemplazarlos, y eso es lo que precisamente LUMA no ha hecho.

Irizarry Rivera trajo a la atención que  LUMA tiene un contrato aparte de entre $40 a $ 60 millones para atender, “eso que se quemó”, es decir, la operación de los patios de interruptores, los puntos donde se conectan las plantas con la red eléctrica. Esa adición se hizo debido a que en el contrato básico eso no se tomó en consideración.  Al contrato le llaman Servicios adicionales. “Y  LUMA está cobrando ese dinero”.

Se supone que el  personal de LUMA inspeccione y le dé mantenimiento a esas  instalaciones. Recalcó que la responsabilidad es completa y absolutamente de LUMA porque esas instalaciones están en bajo su control desde que entró a la red. “Lo  que pasa que esa es la boca de la planta, ahí es donde se coloca la planta para poder generar. Por eso es que el personal de la AEE está allí y fueron los que salieron instintivamente ayudar”, tal  como se dio a conocer por los medios, que fue personal de la AEE quien  primero atendió la emergencia del fuego.

En cuanto a las  razones  para que todas las plantas salieran del sistema, explicó que cuando  hay fuego los sistemas eléctricos se desconectan, como en este caso. Por eso se desconectaron Costa Sur y Ecoeléctrica. Cuando se salen esas dos plantas del sistema, las otras plantas tienen que cargar con el resto de la energía del sistema, y no pueden. Ahí se desaceleran las máquinas y se empieza a caer la secuencia. El sistema desconecta las máquinas para protegerse. Eso ocurre en cuestión de menos de un segundo, por eso es que se apagan todas rápido. “Eso es cierto, no es un defecto, así es como se supone que opere el sistema para proteger las demás plantas”, aclaró.

“El resultado es que nos quedamos todos sin electricidad y el problema es que hay que restaurar el sistema e ir añadiendo poco a poco, sincronizadamente, y eso toma tiempo. Y hay que tener personal entrenado que sepa hacerlo”, añadió.

Es en este punto de tener personal que LUMA no parece estar preparada. Adiestrar un técnico en este manejo del sistema toma años. Para que un técnico de Centro de Control esté apto para atender el protocolo, debe practicarlo. Eso se simula en la central de Monacillos, donde hay unos operadores que se supone que tengan de cinco a seis años o más manejando el sistema. Estos operadores tienen unas consolas que son para simular. El aprendiz se sienta con el operador, quien lo expone a diversos escenarios para enseñarle cómo se hace. Al operador le puede tomar de uno a dos años aprender a subir el sistema y sincronizarlo en combinación con las plantas.

“Es un trabajo que requiere experiencia, si no la tiene, necesita un supervisor que esté allí”, insistió el profesor. Ante el tiempo que se tardó LUMA en restablecer el sistema y la poca información que ofreció, se duda que tuviese el personal adecuado.

Los trabajos que conllevan reparar el disyuntor que se quemó es otro asunto. Al disyuntor  hay que reconstruirlo completo, sacarle  la costa gruesa que deja el  humo y limpiar los aisladores. Es mucho el trabajo mecánico que hay que hacer antes de la reconstrucción del breaker. En tiempos de la AEE, se movilizaban cuatro  brigadas trabajando 24 horas y en 3 días  tenían el sistema otra vez montado. “Pero no sé cuánto tiempo le tome a LUMA.  Para ello habría que saber cuántas brigadas tiene y cuánto cuestan”.

El especialista en ingeniera eléctrica  hizo hincapié en que  hay que inspeccionar y darle mantenimiento a todas las subestaciones principales y mantener el desganche. Subrayó que LUMA no está preparada para enfrentar un huracán porque no hay el personal entrenado ni suficiente para mantener el sistema.   “Los ciudadanos lo saben, por eso se están moviendo a comprar paneles solares y baterías. Esto es un ejemplo de cómo una mala decisión  gubernamental y un esquema absurdo de copiar algo que no es copiable coge algo que funcionaba bien y lo destruye, dijo refiriéndose a la privatización. “Necesitamos una corporación pública responsable”.

Para Irizarry Rivera, quien favorece la energía solar, siempre hace falta un proyecto colectivo, y la red eléctrica es una propiedad nuestra, una inversión que, ajustándola a la nueva energía distribuida, puede ser útil y efectiva.

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¿Qué se puede decir de sistema eléctrico, y de los apagones recurrentes, que no se haya dicho ya? Obviamente muy poco porque ha sido tema permanente casi desde siempre, aunque desde 2017 la recurrencia es mayor. Los apagones son tan frecuentes que poco a poco dejan de ser noticia, pero el dolor y la angustia que generan permanece. Es como una guerra que se torna “estacionaria”: las noticias cesan, pero la muerte sigue rondando.

De nuestro último “apagón general”, que arropó el país por tres días, quedará por siempre una imagen que circuló profusamente gracias a las redes sociales. Es la de un hombre en su temprana vejez que, sentado en el taburete de una panadería, aprieta sobre su nariz el aditamento de la terapia respiratoria que le permite seguir vivo. No llegó al negocio a desayunar un viernes en la mañana, sino a buscar un lugar donde enchufar la máquina que activa su terapia. El generador de la panadería del barrio le daba la electricidad que necesitaba para la más vital de las funciones humanas: respirar.

La imagen nos trasporta inevitablemente a lo que sucedió tras el huracán María, cuando el apagón general duró largos meses. Según los datos que se conocieron mucho tiempo después, aquella catástrofe produjo cerca de cuatro mil muertes, no por los vientos de la tormenta, sino por la ausencia de energía eléctrica y agua potable, sobre todo lo primero. En esta ocasión el hombre de la escena en la panadería encontró el generador para su terapia respiratoria, y pudo llegar hasta el lugar, pero en los largos meses que siguieron al huracán ese servicio de emergencia del comerciante amigo tampoco hubiese estado disponible.

La imagen de la terapia en la panadería nos dice algo más. Ese hombre, que obviamente necesita cuidado especial, tiene que valerse por sí mismo porque los servicios médicos del estado estaban ausentes. Como ocurrió en 2017, la gente tiene queda la deriva, aunque vivan solos, aislados o con dificultades de movilidad. Que cada cual resuelva.

Después del huracán María el gobierno se paralizó o, dicho con mayor corrección, dejó de existir. Esa desaparición se le adjudica, a manera de perdón, a que la magnitud de la catástrofe superó cualquier previsión. La bisoña administración de Ricardo Rosselló no supo cómo reaccionar y el país se quedó al garete, porque los “amos” federales tampoco aparecieron. Pero desde aquel evento han pasado casi seis años. Cualquier administración de gobierno, utilizando aquella experiencia como lección, tendría algún plan de contingencia para lidiar con un apagón general. Ese plan, al menos, cubriría a las personas con mayor vulnerabilidad. La escena de la panadería nos confirma que ese no es el caso.

Tanto el gobierno como la Junta de Control Fiscal, fieles a las políticas neoliberales, creyeron que la privatización del sistema de distribución de energía eléctrica resolvería la crisis. Seguros de su proyecto, procedieron a desmantelar el sistema que había operado por décadas para que, partiendo de cero y desplazando a miles de trabajadores, la privatizadora creara uno nuevo. No es necesario explicar cuál ha sido desempeño de Luma Energy, la empresa que crearon dos consorcios norteamericanos. También resulta evidente que en lugar de mejorar el sistema, lo empeoraron.

El último apagón, provocado por el pobre desempeño de Luma le costó al país alrededor de $600 millones. Supongo que en ese estimado de valoración no están los 18 fuegos que se produjeron en otros tantos hogares ni la angustia que se repartió por todo el país, ni los efectos sobre las personas.

Tarde o temprano, tal vez cuando cambie el gobierno y se flexibilice la camisa de fuerza de la Junta, Puerto Rico tendrá que declarar nulo el contrato de Luma Energy. Tal resultado, a mi juicio, será inevitable, pero cuando llegue ese momento el costo acumulado será enorme. Cuando eso ocurra, los consorcios dueños de la privatizadora se habrán embolsillado cientos de millones de dólares y otro tanto se habrán llevado los ejecutivos mediocres que la dirigen, quienes disfrutan de salarios asombrosos en un país en quiebra. El costo mayor, sin embargo, no sería ese saqueo, sino lo que habrá que invertir para crear una nueva estructura capaz de administrar con eficiencia el sistema eléctrico.

Mientras eso llega, preparémonos para lo que viene.

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Expertos en Derecho Ambiental y activistas en defensa del ambiente consideran que la política pública  del Departamento de Recursos Naturales privilegia el llamado “desarrollo” por sobre la protección del ambiente y los  recursos naturales. La agencia llamada a proteger el patrimonio natural carece de recursos, cuenta con funcionarios poco comprometidos con sus deberes ministeriales y ha privatizado el proceso para otorgar permisos.

La ventilada situación del crimen ambiental de la Reserva Natural de Investigación y Estuario de Bahía de Jobos, en Salinas ejemplifica al máximo todo lo anterior. Esta no es la única situación de daño ambiental y usurpación de espacios naturales por grupos privilegiados, en perjuicio de comunidades, coincidieron los entrevistados.

El caso de Bahía de Jobos ha provocado la renuncia del secretario Rafael Machargo. Claro, tanto Machargo como el gobernador Pedro Pierluisi, atribuyeron la renuncia a “razones de salud y de familia”.

“Somos muy cuidadosos con lo que está pasando en Las Mareas porque no es una situación nueva. Lleva muchos años ocurriendo y, al final, quien se queda en medio de la controversia es una comunidad negra, pobre, que vive allí. La reserva está dentro de la comunidad. Cuando se le declaró reserva, se les excluyó”, declaró Vanessa Urriarte, directora de la organización Amigos del Mar. Las Mareas es el nombre del sector donde ubican la reserva y la comunidad que allí se encuentra.

La directora de Amigos del Mar, quien junto a otras organizaciones relacionadas con el ambiente le presentaron en julio del año pasado un pliego de siete peticiones al entonces Secretario, afirmó que en la isla hay otras situaciones tan graves como la de Salinas.

“Entendemos que sacar a Machargo es una estrategia política para distraer un poco la atención de los desastres que están explotando alrededor de la isla con el mercado de bienes raíces, no solo de las costas, sino de terrenos con acceso a los ríos y otras áreas naturales. Por ejemplo, la Junta de Control Fiscal  aprobó 18 proyectos  de energía solar, en su mayoría, sobre terrenos agrícolas”.

De hecho, a un año de las peticiones que hizo el grupo, entre las cuales estuvo la renuncia de Machargo, todavía la agencia no ha respondido. En esa ocasión fueron atendidos por la entonces subsecretaria, Cynthia Rivera Morales. Una de las peticiones fue que se publiquen las solicitudes de deslindes de la zona marítimo terrestre, cosa  que no ocurre desde el 2018, y que se hagan los  monitoreo de la calidad del agua, que tampoco están disponibles desde el 2014. Solo se hacen los de las playas. Urriarte subrayó que era importante tener estas y otras informaciones para conocer si se cometen o no violaciones. Apuntó además que incluso Machargo, siendo secretario del DRNA, se expresó en oposición al proyecto de una moratoria en las costas.

A  juicio de Uriarte, en el caso de Salinas ha habido un show of force de parte del Gobierno, ya que siempre hay una impunidad para aquellos privilegiados que violentan la naturaleza. A preguntas de CLARIDAD sobre los encuentros de comunidades costeras que ha estado celebrando Amigos del Mar, describió que en estos encuentros las historias presentadas por las comunidades son comunes: la   injerencia de los alcaldes, a propósito o no, el hacerse de la vista larga y facilitar procesos de endoso o expropiaciones de litorales costeros completos para entregar los terrenos a desarrolladores e inversionistas.

“Hay mucha confusión de cómo las personas pueden obtener información y de los procesos. Pero todos

están conscientes de los ataques a la integridad de sus comunidades e intentos de desplazarlos del país; de que  esto es una lucha de clases de ricos contra pobres. Esto está pasando en los 44 municipios costeros, no hay ninguno que se salve de estar amenazado con una construcción que afecte el ambiente”.

Vamos a ver si el gas pela

 Al entrevistar a Víctor Alvarado, asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y miembro del Comité Ambiental de Salinas, este expresó que hace mucho ha denunciado que en Puerto Rico no existe una agencia ambiental. En ese sentido, mencionó por ejemplo, la gestión de la exsecretaria Tania Vázquez, que “demostró que estaba más preocupada por proteger la planta de carbón que por proteger el ambiente”.

“En este cuatrienio lo que hemos visto es que el secretario Machargo no estaba cumpliendo sus funciones de proteger el ambiente. Parecería ser más el secretario de Manuel Cidre, porque ahora lo que pasa con el ambiente lo decide Manuel Cidre”, director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).  Alvarado destacó y censuró que la construcción en reservas naturales y el desarrollo de las costas viene de la política pública del gobernador y otras personas favorecidas con  las Leyes 20 y 22, que vienen apropiarse de los terrenos y a desplazar a la gente. “Esa es la mentalidad que permea  en el Gobierno”.

El activista indicó que  en otros sectores de Salinas está pasando la misma situación que en Bahía de Jobos. Igual trajo a la atención que la alcaldesa de Salinas, Evelyn Bonilla,  también  se ha opuesto al proyecto de moratoria en las costas.

“Está por verse qué va hacer la secretaria interina, si va a seguir permitiendo que se destruyan los recursos naturales en Puerto Rico  o va asumir el rol que se supone de proteger el ambiente a pesar de que se tenga que ir en contra de la posición del gobernador y las determinaciones de Manuel Cidre. Ahí es que vamos a ver, como dicen en mi barrio, si el hagas pela”, expresó en referencia a la nueva secretaria interina del DRNA, licenciada Anaí Rodríguez, quien era subsecretaria durante la incumbencia de Machargo.

Por su parte, la licenciada  Verónica González, miembro  de la organización Ayuda Legal y profesora de Derecho Ambiental en la Facultad de Leyes de la Universidad Interamericana, declaró que en Recursos Naturales hay unas realidades prácticas de lo que es el funcionamiento que van más allá de quien esté al mando. Se refirió a que el DRNA  ha asumido muchas responsabilidades, como las de la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Desperdicios Sólidos, las cuales fueron fusionadas al Departamento, al que además le han recortado recursos. “Apenas hay vigilantes en toda la isla, y esa es la primera línea de defensa cuando hablamos de la protección de los recursos naturales”, señaló.

González también explicó que quienes establecen la política pública del DRNA son el gobernador y el secretario de Recursos Naturales.  “Pero hace mucho tiempo que la política pública en Puerto Rico no es la protección de los recursos naturales; por el contrario, lo que se impulsa es el desarrollo económico bajo la perspectiva errónea refrendada de que el desarrollo económico ocurre a expensas del ambiente que es un impedimento para el desarrollo. Eso es un disparate que ha sido descartado hace mucho tiempo: el desarrollo que no protege la naturaleza no es desarrollo, a la larga cuesta”.

Con el mismo ahínco apuntó a que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) tiene también  responsabilidad en otro monto de situaciones alrededor de la isla, donde se han dado permisos indebidos. “Esta agencia tiene una trayectoria igual a la del DRNA, pero es mucho más nueva. Cuando se creó OGP en el 2009, esta agencia adquirió un montón de facultades que estaban en otras agencias, incluyendo del Recursos Naturales, supuestamente bajo la premisa de que había que dar los permisos más rápido; pero no se evalúan correctamente”.

El veterano activista del Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns se unió a la denuncia de que Recursos Naturales  no está cumpliendo con su deber ministerial por razones propias del Departamento, pero también por la política pública más amplia.

“El Gobierno de Puerto Rico  y la Junta de Control Fiscal  no le han dado los recursos adecuados para que supervise y tenga una voz más fuerte ante procesos de otorgamientos de permisos”. Precisó  que antes, la JCA tenía una función importante en la evaluación de permisos, pero que eso se le quitó y se le dio a la misma agencia que otorga los permisos, que es la OGP. Precisó que eso explica parte de los problemas, como por ejemplo en Rincón, donde OGP dio un permiso luego de un  certificado fraudulento  con la aplicación de una exclusión categórica. Igual ha pasado en el caso de Jobos.

Saadé considera que ha sido un error colocar a la Junta de Planificación (JP)  bajo el Departamento de Desarrollo Económico debido a que son tareas diferentes.  Advirtió de que dado la  mezcla de elementos,  unos estructurales, y la falta de recursos, van a seguir saliendo situaciones como la de Salinas y el abandono de otras reservas como la de Caja de Muerto. A su juicio, se deberían evaluar todas las reservas y el estado en que se encuentran, “porque me sospecho que lo de Jobos y Caja de Muerto se repite. Por ejemplo, Caño Tiburones”.

Estamos pagando las consecuencias de la reforma de permisos d Fortuño

 Los dos expertos en Derecho Ambiental coincidieron en cuestionar la pertinencia de la reforma de permisos de Fortuño con las situaciones de violaciones ambientales. Con la movida a la privatización que se instaló en el 2009 con la ley de permisos, se le transfirió la responsabilidad del Estado de velar por los bienes comunes a los llamados agentes autorizados. Ese fue el año en que Fortuño votó a la mayoría de los científicos y personal técnico del DRNA.  Con la llamada Reforma el proponente es el que certifica que la obra cumple con los reglamentos y es el proponente quien presenta los planos y la solicitud a OGP. Esta agencia, denunció Sadeé Lloréns, ha secuestrado los procesos ambientales y los mantiene en secreto. La OGP ni siquiera le está pidiendo al proponente de una obra a que ponga un letrero; la excepción es cuando se requiere una evaluación ambiental, lo cual se ha visto que ocurre de ‘una en mil’.

“Ese cambio en la ley de permisos del 2009 lo estamos pagando. Esas son las consecuencias ahora, porque no solo es el profesional autorizado, sino que le quitaron las funciones de evaluar el cumplimiento ambiental a la JCA y se la dieron a los mismos OGP”, recalcó.

Ambos letrados coincidieron en señalar  que nunca se ha procesado a nadie por permisos certificados de manera  incorrecta.

Tanto para la situación en Salinas, como en otros lugares como en Luquillo, Bosque Seco, Caño Tiburones, el Corredor Ecológico del Noreste, las cenizas en Peñuelas y Guayama, la proliferación de antenas de comunicaciones y el abandono de los parques nacionales, a corto plazo es pertinente la denuncia pública.

Para Sadeé Lloréns, más allá de la denuncia ciudadana, la cual es la clave siempre,  no se debe abandonar la tarea de que la situación se atienda por legislación. Identificó que la moratoria de la construcción en las costas es una legislación importante para atender la situación de destrucción en las costas de manera temporal, pero que es necesario implementar los deberes que tiene el Departamento de Recursos Naturales.