Recursos naturales privilegia el desarrollo sobre el ambiente

CLARIDAD

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Expertos en Derecho Ambiental y activistas en defensa del ambiente consideran que la política pública  del Departamento de Recursos Naturales privilegia el llamado “desarrollo” por sobre la protección del ambiente y los  recursos naturales. La agencia llamada a proteger el patrimonio natural carece de recursos, cuenta con funcionarios poco comprometidos con sus deberes ministeriales y ha privatizado el proceso para otorgar permisos.

La ventilada situación del crimen ambiental de la Reserva Natural de Investigación y Estuario de Bahía de Jobos, en Salinas ejemplifica al máximo todo lo anterior. Esta no es la única situación de daño ambiental y usurpación de espacios naturales por grupos privilegiados, en perjuicio de comunidades, coincidieron los entrevistados.

El caso de Bahía de Jobos ha provocado la renuncia del secretario Rafael Machargo. Claro, tanto Machargo como el gobernador Pedro Pierluisi, atribuyeron la renuncia a “razones de salud y de familia”.

“Somos muy cuidadosos con lo que está pasando en Las Mareas porque no es una situación nueva. Lleva muchos años ocurriendo y, al final, quien se queda en medio de la controversia es una comunidad negra, pobre, que vive allí. La reserva está dentro de la comunidad. Cuando se le declaró reserva, se les excluyó”, declaró Vanessa Urriarte, directora de la organización Amigos del Mar. Las Mareas es el nombre del sector donde ubican la reserva y la comunidad que allí se encuentra.

La directora de Amigos del Mar, quien junto a otras organizaciones relacionadas con el ambiente le presentaron en julio del año pasado un pliego de siete peticiones al entonces Secretario, afirmó que en la isla hay otras situaciones tan graves como la de Salinas.

“Entendemos que sacar a Machargo es una estrategia política para distraer un poco la atención de los desastres que están explotando alrededor de la isla con el mercado de bienes raíces, no solo de las costas, sino de terrenos con acceso a los ríos y otras áreas naturales. Por ejemplo, la Junta de Control Fiscal  aprobó 18 proyectos  de energía solar, en su mayoría, sobre terrenos agrícolas”.

De hecho, a un año de las peticiones que hizo el grupo, entre las cuales estuvo la renuncia de Machargo, todavía la agencia no ha respondido. En esa ocasión fueron atendidos por la entonces subsecretaria, Cynthia Rivera Morales. Una de las peticiones fue que se publiquen las solicitudes de deslindes de la zona marítimo terrestre, cosa  que no ocurre desde el 2018, y que se hagan los  monitoreo de la calidad del agua, que tampoco están disponibles desde el 2014. Solo se hacen los de las playas. Urriarte subrayó que era importante tener estas y otras informaciones para conocer si se cometen o no violaciones. Apuntó además que incluso Machargo, siendo secretario del DRNA, se expresó en oposición al proyecto de una moratoria en las costas.

A  juicio de Uriarte, en el caso de Salinas ha habido un show of force de parte del Gobierno, ya que siempre hay una impunidad para aquellos privilegiados que violentan la naturaleza. A preguntas de CLARIDAD sobre los encuentros de comunidades costeras que ha estado celebrando Amigos del Mar, describió que en estos encuentros las historias presentadas por las comunidades son comunes: la   injerencia de los alcaldes, a propósito o no, el hacerse de la vista larga y facilitar procesos de endoso o expropiaciones de litorales costeros completos para entregar los terrenos a desarrolladores e inversionistas.

“Hay mucha confusión de cómo las personas pueden obtener información y de los procesos. Pero todos

están conscientes de los ataques a la integridad de sus comunidades e intentos de desplazarlos del país; de que  esto es una lucha de clases de ricos contra pobres. Esto está pasando en los 44 municipios costeros, no hay ninguno que se salve de estar amenazado con una construcción que afecte el ambiente”.

Vamos a ver si el gas pela

 Al entrevistar a Víctor Alvarado, asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y miembro del Comité Ambiental de Salinas, este expresó que hace mucho ha denunciado que en Puerto Rico no existe una agencia ambiental. En ese sentido, mencionó por ejemplo, la gestión de la exsecretaria Tania Vázquez, que “demostró que estaba más preocupada por proteger la planta de carbón que por proteger el ambiente”.

“En este cuatrienio lo que hemos visto es que el secretario Machargo no estaba cumpliendo sus funciones de proteger el ambiente. Parecería ser más el secretario de Manuel Cidre, porque ahora lo que pasa con el ambiente lo decide Manuel Cidre”, director ejecutivo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).  Alvarado destacó y censuró que la construcción en reservas naturales y el desarrollo de las costas viene de la política pública del gobernador y otras personas favorecidas con  las Leyes 20 y 22, que vienen apropiarse de los terrenos y a desplazar a la gente. “Esa es la mentalidad que permea  en el Gobierno”.

El activista indicó que  en otros sectores de Salinas está pasando la misma situación que en Bahía de Jobos. Igual trajo a la atención que la alcaldesa de Salinas, Evelyn Bonilla,  también  se ha opuesto al proyecto de moratoria en las costas.

“Está por verse qué va hacer la secretaria interina, si va a seguir permitiendo que se destruyan los recursos naturales en Puerto Rico  o va asumir el rol que se supone de proteger el ambiente a pesar de que se tenga que ir en contra de la posición del gobernador y las determinaciones de Manuel Cidre. Ahí es que vamos a ver, como dicen en mi barrio, si el hagas pela”, expresó en referencia a la nueva secretaria interina del DRNA, licenciada Anaí Rodríguez, quien era subsecretaria durante la incumbencia de Machargo.

Por su parte, la licenciada  Verónica González, miembro  de la organización Ayuda Legal y profesora de Derecho Ambiental en la Facultad de Leyes de la Universidad Interamericana, declaró que en Recursos Naturales hay unas realidades prácticas de lo que es el funcionamiento que van más allá de quien esté al mando. Se refirió a que el DRNA  ha asumido muchas responsabilidades, como las de la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Desperdicios Sólidos, las cuales fueron fusionadas al Departamento, al que además le han recortado recursos. “Apenas hay vigilantes en toda la isla, y esa es la primera línea de defensa cuando hablamos de la protección de los recursos naturales”, señaló.

González también explicó que quienes establecen la política pública del DRNA son el gobernador y el secretario de Recursos Naturales.  “Pero hace mucho tiempo que la política pública en Puerto Rico no es la protección de los recursos naturales; por el contrario, lo que se impulsa es el desarrollo económico bajo la perspectiva errónea refrendada de que el desarrollo económico ocurre a expensas del ambiente que es un impedimento para el desarrollo. Eso es un disparate que ha sido descartado hace mucho tiempo: el desarrollo que no protege la naturaleza no es desarrollo, a la larga cuesta”.

Con el mismo ahínco apuntó a que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) tiene también  responsabilidad en otro monto de situaciones alrededor de la isla, donde se han dado permisos indebidos. “Esta agencia tiene una trayectoria igual a la del DRNA, pero es mucho más nueva. Cuando se creó OGP en el 2009, esta agencia adquirió un montón de facultades que estaban en otras agencias, incluyendo del Recursos Naturales, supuestamente bajo la premisa de que había que dar los permisos más rápido; pero no se evalúan correctamente”.

El veterano activista del Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns se unió a la denuncia de que Recursos Naturales  no está cumpliendo con su deber ministerial por razones propias del Departamento, pero también por la política pública más amplia.

“El Gobierno de Puerto Rico  y la Junta de Control Fiscal  no le han dado los recursos adecuados para que supervise y tenga una voz más fuerte ante procesos de otorgamientos de permisos”. Precisó  que antes, la JCA tenía una función importante en la evaluación de permisos, pero que eso se le quitó y se le dio a la misma agencia que otorga los permisos, que es la OGP. Precisó que eso explica parte de los problemas, como por ejemplo en Rincón, donde OGP dio un permiso luego de un  certificado fraudulento  con la aplicación de una exclusión categórica. Igual ha pasado en el caso de Jobos.

Saadé considera que ha sido un error colocar a la Junta de Planificación (JP)  bajo el Departamento de Desarrollo Económico debido a que son tareas diferentes.  Advirtió de que dado la  mezcla de elementos,  unos estructurales, y la falta de recursos, van a seguir saliendo situaciones como la de Salinas y el abandono de otras reservas como la de Caja de Muerto. A su juicio, se deberían evaluar todas las reservas y el estado en que se encuentran, “porque me sospecho que lo de Jobos y Caja de Muerto se repite. Por ejemplo, Caño Tiburones”.

Estamos pagando las consecuencias de la reforma de permisos d Fortuño

 Los dos expertos en Derecho Ambiental coincidieron en cuestionar la pertinencia de la reforma de permisos de Fortuño con las situaciones de violaciones ambientales. Con la movida a la privatización que se instaló en el 2009 con la ley de permisos, se le transfirió la responsabilidad del Estado de velar por los bienes comunes a los llamados agentes autorizados. Ese fue el año en que Fortuño votó a la mayoría de los científicos y personal técnico del DRNA.  Con la llamada Reforma el proponente es el que certifica que la obra cumple con los reglamentos y es el proponente quien presenta los planos y la solicitud a OGP. Esta agencia, denunció Sadeé Lloréns, ha secuestrado los procesos ambientales y los mantiene en secreto. La OGP ni siquiera le está pidiendo al proponente de una obra a que ponga un letrero; la excepción es cuando se requiere una evaluación ambiental, lo cual se ha visto que ocurre de ‘una en mil’.

“Ese cambio en la ley de permisos del 2009 lo estamos pagando. Esas son las consecuencias ahora, porque no solo es el profesional autorizado, sino que le quitaron las funciones de evaluar el cumplimiento ambiental a la JCA y se la dieron a los mismos OGP”, recalcó.

Ambos letrados coincidieron en señalar  que nunca se ha procesado a nadie por permisos certificados de manera  incorrecta.

Tanto para la situación en Salinas, como en otros lugares como en Luquillo, Bosque Seco, Caño Tiburones, el Corredor Ecológico del Noreste, las cenizas en Peñuelas y Guayama, la proliferación de antenas de comunicaciones y el abandono de los parques nacionales, a corto plazo es pertinente la denuncia pública.

Para Sadeé Lloréns, más allá de la denuncia ciudadana, la cual es la clave siempre,  no se debe abandonar la tarea de que la situación se atienda por legislación. Identificó que la moratoria de la construcción en las costas es una legislación importante para atender la situación de destrucción en las costas de manera temporal, pero que es necesario implementar los deberes que tiene el Departamento de Recursos Naturales.

 

 

 

 

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