CLARIDAD
¿Qué se puede decir de sistema eléctrico, y de los apagones recurrentes, que no se haya dicho ya? Obviamente muy poco porque ha sido tema permanente casi desde siempre, aunque desde 2017 la recurrencia es mayor. Los apagones son tan frecuentes que poco a poco dejan de ser noticia, pero el dolor y la angustia que generan permanece. Es como una guerra que se torna “estacionaria”: las noticias cesan, pero la muerte sigue rondando.
De nuestro último “apagón general”, que arropó el país por tres días, quedará por siempre una imagen que circuló profusamente gracias a las redes sociales. Es la de un hombre en su temprana vejez que, sentado en el taburete de una panadería, aprieta sobre su nariz el aditamento de la terapia respiratoria que le permite seguir vivo. No llegó al negocio a desayunar un viernes en la mañana, sino a buscar un lugar donde enchufar la máquina que activa su terapia. El generador de la panadería del barrio le daba la electricidad que necesitaba para la más vital de las funciones humanas: respirar.
La imagen nos trasporta inevitablemente a lo que sucedió tras el huracán María, cuando el apagón general duró largos meses. Según los datos que se conocieron mucho tiempo después, aquella catástrofe produjo cerca de cuatro mil muertes, no por los vientos de la tormenta, sino por la ausencia de energía eléctrica y agua potable, sobre todo lo primero. En esta ocasión el hombre de la escena en la panadería encontró el generador para su terapia respiratoria, y pudo llegar hasta el lugar, pero en los largos meses que siguieron al huracán ese servicio de emergencia del comerciante amigo tampoco hubiese estado disponible.
La imagen de la terapia en la panadería nos dice algo más. Ese hombre, que obviamente necesita cuidado especial, tiene que valerse por sí mismo porque los servicios médicos del estado estaban ausentes. Como ocurrió en 2017, la gente tiene queda la deriva, aunque vivan solos, aislados o con dificultades de movilidad. Que cada cual resuelva.
Después del huracán María el gobierno se paralizó o, dicho con mayor corrección, dejó de existir. Esa desaparición se le adjudica, a manera de perdón, a que la magnitud de la catástrofe superó cualquier previsión. La bisoña administración de Ricardo Rosselló no supo cómo reaccionar y el país se quedó al garete, porque los “amos” federales tampoco aparecieron. Pero desde aquel evento han pasado casi seis años. Cualquier administración de gobierno, utilizando aquella experiencia como lección, tendría algún plan de contingencia para lidiar con un apagón general. Ese plan, al menos, cubriría a las personas con mayor vulnerabilidad. La escena de la panadería nos confirma que ese no es el caso.
Tanto el gobierno como la Junta de Control Fiscal, fieles a las políticas neoliberales, creyeron que la privatización del sistema de distribución de energía eléctrica resolvería la crisis. Seguros de su proyecto, procedieron a desmantelar el sistema que había operado por décadas para que, partiendo de cero y desplazando a miles de trabajadores, la privatizadora creara uno nuevo. No es necesario explicar cuál ha sido desempeño de Luma Energy, la empresa que crearon dos consorcios norteamericanos. También resulta evidente que en lugar de mejorar el sistema, lo empeoraron.
El último apagón, provocado por el pobre desempeño de Luma le costó al país alrededor de $600 millones. Supongo que en ese estimado de valoración no están los 18 fuegos que se produjeron en otros tantos hogares ni la angustia que se repartió por todo el país, ni los efectos sobre las personas.
Tarde o temprano, tal vez cuando cambie el gobierno y se flexibilice la camisa de fuerza de la Junta, Puerto Rico tendrá que declarar nulo el contrato de Luma Energy. Tal resultado, a mi juicio, será inevitable, pero cuando llegue ese momento el costo acumulado será enorme. Cuando eso ocurra, los consorcios dueños de la privatizadora se habrán embolsillado cientos de millones de dólares y otro tanto se habrán llevado los ejecutivos mediocres que la dirigen, quienes disfrutan de salarios asombrosos en un país en quiebra. El costo mayor, sin embargo, no sería ese saqueo, sino lo que habrá que invertir para crear una nueva estructura capaz de administrar con eficiencia el sistema eléctrico.
Mientras eso llega, preparémonos para lo que viene.
