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El portavoz del Movimiento de Solidaridad Sindical, José Rodríguez, expresó en entrevista que el movimiento sindical espera que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, actúe responsablemente en esta ocasión y permita que se hagan los cambios que necesita el proyecto de reforma laboral PC 1224 que fue aprobado en la Cámara de Representantes.

Se supone que este lunes (14 de marzo), el Senado examine la medida aprobada en la Cámara que sustituyó a su vez al PC 03, el cual recibió un veto expreso del gobernador, Pedro Pierluisi, a inicios del mes, por este considerar que contenía errores de redacción y conflictivos en detrimento de los derechos de los trabajadores. Ante el veto del gobernador, el presidente del Senado se negó a adelantar la sesión para reconsiderar el PC 1244.

Rodríguez denunció que aun el PC 1244 no restituye los derechos que tenían los trabajadores en o antes de la llamada Reforma Laboral del 2017. Indicó que la medida sí rescata el bono de Navidad y el periodo probatorio, pero establece diferencias entre los patronos que tengan 12 o menos empleados y los que tengan más de 12. Esto implica que si tiene menos de 12 mantiene la reforma laboral del 2017 que le permite concederle al trabajador solo seis días de vacaciones, no importa los millones en ganancias que tenga el patrono.

“Entendemos que tanto la delegación del PNP (Partido Nuevo Progresista) como el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) le van hacer enmiendas; pero nos preocupa que el presidente del Senado haga lo mismo que con el PC 03, que no abrió vistas públicas ni permitió que se le hicieran enmiendas, y pueda pasar lo mismo en estos momentos”, denunció.

Rodríguez considera irresponsable que la medida pase en el Senado sin vistas públicas y sin la posibilidad de que se le hagan enmiendas por otros senadores. Denunció que el proyecto está hecho a la medida del Centro Unido de Detallistas, “que son unos cabilderos de poder y no quieren darles a los trabajadores los derechos que tenían antes del 2017. Este proyecto es desalentador para los trabajadores que están pensando en regresar al mercado laboral, no es alentador ir a trabajar con seis días de vacaciones” Comparó que mientras otros países en Europa y América Latina están dando más tiempo de vacaciones, en Puerto Rico es todo lo contrario.  “Tenemos un país como Honduras, en que los trabajadores tienen un mes de vacaciones y el patrono sigue  produciendo. En España se está reduciendo la jornada laboral, eso genera economía también. Y aquí es todo lo contrario, es esclavizar a la clase obrera con menos días de vacaciones”.

El portavoz del Movimiento Sindical Solidario, que organiza a trabajadores del sector privado, señaló que además de darle seguimiento al proyecto de la reforma laboral están dando seguimiento al proyecto sobre el subsueldo de las meseras y meseros.

Un proyecto retrógrado

Por otra parte, en conferencia de prensa, los legisladores del PIP, Dennis Márquez Lebrón y María de Lourdes Santiago Negrón, denunciaron y calificaron el PC 1244 de retrógrado.  Señala el PIP que el proyecto aprobado en la Cámara tiene unos términos reprochables y acusan al PPD de optar, por más de un año, en hacerle el juego a los patronos y negarse  a cumplir su promesa de campaña de una reforma laboral.

Márquez Lebrón, quien le votó en contra a la medida, resaltó que si bien era cierto que hay cambios, el proyecto de ley tiene la particularidad de que es un golpe a la gente joven del país que está empezando a buscar trabajo y va a integrarse al mundo laboral. Prosiguió con que el proyecto tiene toda una serie de artículos dirigidos de manera específica a afectar al nuevo empleado porque no se le protege adecuadamente. Calificó de una visión retrógrada en pleno siglo XXI  lo que establece el proyecto en los temas  medulares como el periodo de tomar alimentos y la limitación de las vacaciones.

Uno de los aspectos que trajo a la atención es que históricamente en Puerto Rico se ha interpretado que los contratos,  los acuerdos y los asuntos entre patrono y empleado siempre se van  a interpretar de la manera más liberal  a favor del empleado. Según explicó, el proyecto aprobado equipara al trabajador y al patrono como si hubiese una relación contractual de igual a igual. Pero el proyecto añade una oración que dice que “en los casos en que el patrono se reserve la discreción para la interpretación de sus políticas o reglas, debe reconocerse dichas reglas”.

Márquez Lebrón tronó que lo que se está diciendo es que la interpretación de las relaciones obrero patronales va a estar condicionada a las reservas e interpretaciones que haga el patrono.

En cuanto a los cambios de  horario, reparó en que esto a quienes afecta más es a las mujeres trabajadoras. Aunque se pueda hacer una solicitud de cambio de horario, esta puede quedar sujeta a las condiciones o requisitos acordados entre empleadas y patrono. Márquez cuestionó “qué requisitos y condiciones acordadas, si aquí en este país, de  una vez y por todas, hay que entender que las y los trabajadores, la inmensa mayoría, no tienen la capacidad ni el poder para  negociar nada; aquí el individualismo en el trabajo es un asunto brutal, solo el  del 2 % de  los que trabajan en la empresa privada.  Más del 95 % de los que trabajan en este país no tiene convenio”.

Sobre el periodo de descanso explicó que en Puerto Rico hay una legislación que hace obligatorio que nadie puede trabajar más de 5 horas sin descanso. Ahora la ley  permite  que un patrono le requiera a una persona trabajar más de 5 horas consecutivas sin parar, bajo el argumento de que después de cinco le pagará tiempo y medio.  Aclaró que la hora de descanso no es una hora extra de trabajo y que el pago doble por horas extra de trabajo es una penalización al patrono por violentar la ley, un disuasivo para que no imponga un periodo continuo de trabajo.  Antes de la reforma del 2017, las horas extras se pagaban doble. “Ahora el patrono le puede requerir incluso trabajar  hasta 12 horas sin un periodo de alimentos”.

Resaltó que el asunto del pago doble es una batalla del mundo entero y que en Puerto Rico siempre ha sido así. Ahora, con la ley que se quiere aprobar, la política pública del siglo XXI,  si se trabaja en una microempresa que puede generar millones al año, esta podría pagar a tiempo y medio y dar solo seis días de vacaciones. Esto afecta más a los empleados nuevos.

Otro aspecto cuestionable es que, aunque la medida bajó el periodo probatorio a los tres meses, permite que el patrono notifique al Departamento del Trabajo y explique el despido. Márquez Lebrón puso en duda quién el DT va a ver o cuestionar la notificación y cuándo.

En tanto, la senadora Santiago Negrón señaló que cuando comenzó la discusión de una nueva reforma el año pasado, se le pidió al Departamento del Trabajo que presentara y explicara cómo la reducción de derechos laborales de la reforma del 2017 había mejorado la economía y a los trabajadores. El DT no ha podido presentar prueba de ello. Aun no lo ha hecho y en la actualidad hay más de 200 mil plazas de trabajo a tiempo parcial. Ese número significa que las personas necesitan más de un empleo para sobrevivir en la medida en que persistan condiciones precarias en el empleo.

Recalcó que el proyecto de la Cámara afecta más a la gente joven. Le llama la atención que este fue aprobado en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es la que más perjudicada va a salir con esta reforma.

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Después de que el gobernador, Pedro Pierluisi, cancelara el acuerdo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),  el panorama actual se limita a que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene que regresar a la mesa de negociación con los bonistas. La Legislatura podría  imponer condiciones para el pago mediante legislación  mientras el Gobierno lleva en secreto la privatización de la generación. Al final, conel plan que se haga será que los consumidores sabremos cuánto vamos a pagar por la deuda, quién va a recibir el dinero  y quién lo va administrar.

En entrevista, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez,  representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores Industria Eléctrica y Riego), explicó que uno de los acreedores de la AEE indicó que ese es el panorama actual de la situación de la deuda de la AEE luego de que el gobernador decidiera cancelarlo, después de meses de haber defendido el acuerdo junto con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Emmanuelli Jiménez atribuyó la decisión del gobernador a que este reconoció la realidad de que la Legislatura no iba a aprobar el acuerdo. “El gobernador lo que hizo fue reconocer la realidad de que la Legislatura no iba aprobar el plan nunca. Escogió atribuirse el crédito de anularlo. El acuerdo murió en la Legislatura, él lo que hizo fue darle cristiana sepultara”.

Tras la cancelación, la JCF tiene que  informar a la jueza Taylor Swain, el 18 de marzo, qué plan tiene para tratar de llegar a un acuerdo. Entre esos trámites podría llevarse a cabo un proceso de mediación con los bonistas; pero también con todas las partes, incluido el Sistema de Retiro y la UTIER. Se supone que en esa negociación, otra vez, la Legislatura quedaría fuera, aunque el presidente de la Cámara de Representantes radicó una moción en la que pide participar. Por ahora, la negociación es un asunto de los acreedores. Esto es así debido a que en realidad la Legislatura no es acreedora, aunque se supone que sí podría decir algo si para implementar el acuerdo al cual se llegue se requiera una legislación habilitadora. Esto hasta ahora no se sabe, alertó, porque eso va a depender de cuál es el acuerdo al que lleguen.

Los aspectos que puedan requerir legislación son que se requiera que los bonos estén asegurados con la tarifa. Esto se explica dado a que en la actualidad la AEE puede emitir bonos por sí sola, pero esos bonos no tienen una corporación aparte para su administración y para garantizar el pago. Esto era parte de lo que tenía el acuerdo rechazado por la Legislatura, entre otros aspectos, como el impuesto al sol y el aumento en la tarifa. Aclaró y añadió que la Legislatura  podría tener algo que decir estableciendo condiciones para el acuerdo, pero no tiene que avalarlo como antes. Sí podría poner condiciones como que no se aumente la tarifa y no haya impuesto al sol.

Mientras se negocia un acuerdo de pago, el Gobierno lleva un proceso de privatización de la generación de la energía en secreto, del cual no se sabe nada. Ello levanta la interrogante de quién va a administrar la parte de la tarifa para pagar la deuda una vez se privatice. En opinión de Emmanuelli Jiménez,  la AEE tiene que seguir existiendo porque es la dueña del sistema de generación, que es la que recibe los fondos federales para la reconstrucción, por lo que siempre va a haber un pequeño núcleo de organización que es la que haría el pago de la deuda. “Por eso habría un aumento en la tarifa para pagar la deuda y al privatizador que administre, además de los otros agravantes”.

En tanto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes llevó a cabo una vista pública a inicios de esta semana para examinar la imposición de restricciones para las emisiones de bonos a las corporaciones públicas. El presidente de la Comisión, Jesús Santa, hizo alusión directa a que la AEE ha podido concretar este tipo de transacciones sin la exigencia de fuese un proceso transparente.

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“Solo pierde el que no lucha”.

Palabras de la feminista María Dolores (Tati) Fernós Cepero, a quien el movimiento feminista, agrupado en la Coalición 8 de marzo, le dedicó la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No hubo asunto, circunstancia, tema relacionado a la situación de la mujer que no se abordara durante el largo trayecto de la marcha que salió poco después de las tres de la tarde desde el frente del Cuartel General de la Policía, en Hato Rey para culminar frente al edificio que alberga las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la llamada Milla de Oro, es decir que alberga el sector bancario en Puerto Rico. Ambos edificios emblemáticos que acogen lo que es el sistema patriarcal y colonial que impera en la isla.

Bajo la consigna Justicia de las Mujeres, antes de comenzar el recorrido se dirigieron a las presentes, en su mayoría jóvenes y los presentes, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, doctora Irma Lugo Nazario, quien destacó la participación de Fernós Cepero, en la gestión para la creación del observatorio.

Mientras Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, observatorio ciudadano, de la conducta de la Policía destacó: “Estamos aquí frente al Cuartel General de la Policía, no existe un símbolo más violento, ni más claro del orden patriarcal de nuestro gobierno que esa institución. El orden patriarcal que se nos impone acerca de nuestras vidas es violento. Da la casualidad que esa institución representa lo más evidente de lo violento del gobierno de este país, hay muchísimas otras violencias que no son tan evidentes. No solo por las personas que mueren a manos del estado, que mueren todos los meses y que después quieren esconder. No lo digo por eso llevamos años documentando las muertes a manos de la Policía, y normalmente esas muertes, intervenciones muchas veces arbitrarias, suelen ser varones este año estamos muy consternadas ya se han documentado cuatro muertes por el uso de fuerza policial y las cuatro son mujeres”.

Frente al Cuartel General y como ha ocurrido en años anteriores y en ocasiones en que las manifestantes son en su mayoría mujeres, el contingente de diez agentes desplegados para bloquear el acceso al edificio estaba integrado solo por mujeres.

Mari Narváez, añadió y trajo a la atención que en la Policía hay una impunidad absoluta contra los agentes que cometen violencia doméstica. En ese aspecto declaró que se van a cumplir diez años de la reforma de la Policía, y el mismo Monitor Federal ha señalado en sus informes que no ha habido mejoría alguna en la manera en que la Policía atiende los casos de violencia domestica y agresiones sexuales de sus miembros.

“No puedo leer la cantidad de razones por las cuales el monitor dice eso pero está ampliamente documento de que la Policía sigue victimizando a las personas sobrevivientes de violencia, no atiende sus querellas, no sabe hacer una entrevista a una victima, no ha demostrado que han adiestrado a sus agentes”, reiteró.

La marcha partió luego de otro mensaje por parte de la directora de la Clínica de Derechos Humanos, de la Universidad Interamericana (UIA) Annette Martínez Orabona, enmarcado en el reclamo de una justicia restaurativa y en la prevención. El mensaje fue leído por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Capitulo de Puerto Rico, Liza Gallardo.

El recorrido tuvo unas siete paradas en la que en cada una de ellas se abordó un tema en especificó. Al llegar al cruce de la salida del centro comercial Plaza las Américas, frente al parque Hiram Bithorn nos esperaba el contingente de Taller Salud de Loíza. Entre comparsas de zancos las y los miembros de Taller Salud expresaron sus demandas de garantía y acceso a servicios de salud, salarios justos, educación y un país libre de discriminación racial.

En la próxima esquina nos esperaba el contingente Eco Feminista-Anticapitalista, pro Justicia Climática. El grupo denunció y expresó su rechazo a la privatización de las playas, la venta de las mejores tierras a intereses extranjeros, la privatización de la energía y exigió el cierre del zoológico de Mayagüez, sobre el cual se ha denunciado en otras esferas que los animales en cautiverio están siendo mal cuidados. Al pie de la salida de esta parada llamó la atención que el contingente de mujeres policías, que custodiaba un tramo de la avenida lucía mascarillas de color violeta.

La próxima parada (frente al edificio de la Departamento de Desarrollo Económico y Comercio), correspondió al grupo Justicia Salarial. Shelimar Velázquez, portavoz se expresó entre otros reclamos sobre la necesidad de una reforma laboral justa que esté acorde con los cambios en el mundo del trabajo, con perspectiva de género, que contenga licencia para atender las necesidades particulares de la mujer, respeto a la mujer trabajadora jubilada y que se reconozca el trabajo no remunerado del hogar. Se creen mas espacios para la formación sindical para y por las mujeres hasta un plan de salud universal. En particular Justicia Salarial se expresó sobre la situación de las personas que trabajan por propina -la mayoría mujeres- y apoyó la eliminación del sub salario, y que la reforma laboral incluya un protocolo contra el acoso sexual.

¡Si nosotras paramos… el país se detiene! Entre consignas la marcha siguió a su próxima parada para hablar de la situación de las mujeres con diversidad funcional. De acuerdo a los datos expresados a nivel mundial las mujeres con diversidad funcional reciben el doble de discriminen que los hombres, sólo el 20% a nivel mundial está empleada. Durante su niñez están expuestas a sufrir 10 veces más violencia de género, que las otras niñas debido a que tienen menos probabilidades de defenderse. Entre otras expresiones se defendió que el acomodo razonable tanto en la educación como en el trabajo no es un privilegio, sino un derecho.

Los derechos reproductivos fue el otro asunto abordo. Se llamó la atención a que el derecho al aborto está en peligro en estos momentos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En EEUU hay dos casos ante el Tribunal Supremo, cuya decisiones podrían trastocar ese derecho. En Puerto Rico al presente hay 10 proyectos presentados que también podrían trastocar el derecho al aborto como existe al presente.

Una de las próximas paradas fue en memoria de la licenciada María Dolores Fernós, a cargo de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), de la cual fue una de sus gestoras.

A la llegada a la Milla de Oro la marcha fue recibida por un grupo musical de mujeres barrileras, tocadoras de tambores. Entre toques de bomba y cantos afro el grupo, presentó escenas teatrales que ilustraban la violencia contra la mujer y trajo a la memoria casos que han impactado a la sociedad puertorriqueña.

Todavía falta mucho

Entre las asistentes que recorrieron el trayecto se encontraba la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago Negrón, junto a un nutrido grupo de compañeras. A preguntas de CLARIDAD sobre su apreciación como feminista y política sobre la situación de la mujer reconoció; “todavía nos falta mucho eso sin desmerecer los logros alcanzados. Por ejemplo sigue siendo un espacio de gran desigualdad el espacio doméstico, el espacio familiar y desde el PIP en este 8 de marzo del 22 queremos enfatizar que el de la casa también es trabajo, que el de las cuidadoras también es trabajo, en un país donde hay mas de 300 mil personas que necesitan asistencia porque no tienen la autonomía suficiente ese trabajo recae de forma abrumadora sobre las mujeres, mientras no haya una distribución mas justa de esa responsabilidad se perpetúan esas desigualdades”.

La senadora indicó que era importante iniciar la conversación de que el estado asuma su responsabilidad -en relación al cuido de estas personas – pero también reparó en que hay cosas que no se pueden decretar, que no son legislables por lo que ese es el proceso de educación y el reconocimiento de que ese trabajo de concientización no es único de las mujeres, sino que los hombres también tienen que liberarse.

En términos legislativos dio crédito de que hay señales importantes de adelanto como por ejemplo de que la primera vista pública que se celebró en la Legislatura fue la del feminicidios. “Yo creo que eso fue una señal, en el tema de las terapias de conversión logramos avanzar mas que en el cuatrienio pasado. Nuestro proyecto para hacer una encuesta del tiempo del trabajo no remunerado se aprobó en el Senado, estamos moviendo ahora el tema de las cuidadoras yo creo que hay mas apertura no tanta como debería a estas alturas de los tiempos aunque las mujeres somos mayoría no todas las mujeres están por las mujeres. Hay mujeres que son gatilleras de la igualdad y que niegan que haya un problema de género pero están allí por las luchas de las que ahora quieren renegar y esas son las contradicciones del sistema”.

Especial para CLARIDAD

Haití vive una de las peores crisis sociopolíticas y económicas de su historia, marcada por la creciente inseguridad, los asesinatos, las violaciones de cientos de mujeres, miles de secuestros, una grave crisis alimentaria y el empobrecimiento de las clases más desfavorecidas.

En las pasadas semanas, el pueblo de Puerto Rico ha sido impactado con la noticia de la muerte y tirada al mar de los cuerpos de nueve bebés que aparentemente se deshidrataron y murieron cuando con parte de sus familias venían buscando una mejor vida, pero viajaban en transportes inadecuados, víctimas de personas inescrupulosas que se aprovechan del dolor de la gente. El agravamiento de la crisis en Haití ha hecho que muchas personas  abandonen su país para escapar de la creciente inseguridad que sigue debilitando la economía y empobreciendo más sus vidas.

En los últimos veinte años, miles de haitianos y haitianas han huido de su país a varios países de América, como Brasil, Chile y Ecuador, aunque, en los últimos años, muchos cientos de ellos han cruzado más de una docena de países de la región para entrar a México y luego a Estados Unidos. A pesar de las promesas del presidente Biden, el recibimiento de estas personas no ha sido nada amable ni compasivo. Han deportado a miles y a otros los han querido dejar morir, como parece ser al caso de las nueve personas varadas en la isla de Desecheo, a los que tardaron más de 48 horas en rescatarlos y esto solo fue posible gracias a personas solidarias de Puerto Rico.

Desde la llegada al poder del  Partido de Cabezas Rapadas (PHTK) la situación ha ido de mal en peor: corrupción, masacres, inseguridad y total ineficiencia gubernamental. Primero, el presidente Martelly y, luego, Jovenel Moise, los dos siguiendo el camino trazado por la comunidad internacional y la burguesía haitiana y representando a una ínfima minoría que fue a las elecciones.

Se suponía que Jovenel Moise dejara el poder el 7 de febrero de 202, según la Constitución haitiana. No lo hizo, siguió en el poder de manera ilegal y el 7 de julio de ese mismo año fue asesinado en su residencia. Luego de ocho meses desde que ocurrió el asesinato no hay nada claro, muchos acusados pero nadie condenado. Sí se ha probado que hubo intervención extranjera en el magnicidio. Una investigación en la que han participado el FBI, la CIA, la INTERPOL de Colombia, la prensa internacional y las autoridades haitianas no ha llegado a nada.

Dos días antes del asesinato del presidente Moise, este había nombrado a Ariel Henry como primer ministro, sustituyendo a Claude Joseph. La oposición en Haití y la sociedad civil organizada no lo reconocen como un nombramiento legítimo; pero el CORE, un grupo de países que están interviniendo en la política haitiana —Estados Unidos, Alemania, España, Unión Europea, Canadá, Brasil Francia y un representante de la OEA— sí lo reconocieron. Ariel Henry y el CORE insisten en que se realicen elecciones a pesar de que se sabe que no hay condiciones objetivas para realizarlas.

Como respuesta a toda la situación que se vive en Haití, la oposición y la sociedad civil no se ha quedado paralizada. Desde el 2018, las manifestaciones de protestas multitudinarias han sido continuas, con participación de todos los sectores sociales, mujeres, campesinos, obreros y obreras, periodistas, estudiantes y docentes. No solo ha habido protestas, sino también propuestas. Luego de muchas reuniones, discusiones y el consenso de decenas de organizaciones de Haití y de la diáspora sale el Acuerdo de Montana (por el nombre del hotel Montana de Haití). Algunas de las propuestas planteadas en este acuerdo son.

1. Las personas haitianas que tienen que resolver sus problemas sin la injerencia de otros países.
2. Establecer un gobierno de transición durante dos años para poder organizar unas elecciones libres, justas y democráticas y en un país con mejores condiciones de estabilidad.
3. Las autoridades judiciales deben resolver la malversación de los fondos de PETROCARIBE y todas las masacres ocurridas en los últimos tres años.

Obviamente, se tiene que trabajar con la situación de violencia generalizada en el país y crear un ambiente de más seguridad ciudadana. Entendemos que es muy importante reforzar la solidaridad internacional desde la óptica del acompañamiento de los procesos del pueblo y las organizaciones progresistas haitianas.

Haití esta en pie de lucha y creemos que su historia de valentía le dará la victoria.