1. Dominga de la _____ Becerril; patriota puertorriqueña. Ingresó al Partido Nacionalista en el 1932.
4. 21 de _____ de 1937; fecha de la Masacre de Ponce. Ese día De la Cruz rescató la bandera de Puerto Rico antes de que cayera al pavimento.
5. _____; país caribeño donde vivió exiliada De la Cruz y enseñó poesía revolucionaria.
9. Dativo de pronombre, pl.
12. Hogar.
13. Amarraré.
15. Sin lesión alguna.
17. Ingerid alimento.
18. Sección de _____ de la Junta Nacionalista de Mayagüez; fue dirigida por De la Cruz.
19. Preposición.
20. Carta de la baraja.
22. Catedral.
24. Lirio.
27. 22 de _____ de 1909; nacimiento de De la Cruz.
30. _____; ciudad donde el Partido Nacionalista realizó su Asamblea en 1935. De la Cruz propuso allí la creación de un Cuerpo de Enfermeras que, auxiliaría a los Cadetes de la República heridos en el cumplimiento del deber.
32. Hinchazón blanda en el cuerpo; pl.
34. _____; ciudad natal de De la Cruz.
35. Bulto pequeño y rojizo que sale en la piel.
36. Peligro, inseguridad.
37. Apuntes _____ Dominga de la Cruz Becerril (1909-1981); conferencia dada por Olga Jiménez de Wagenheim en la Escuela de Comunicación, UPR-Río Piedras, el 16 de noviembre de 2016.
40. Pedro Juan _____; profesor y escritor puertorriqueño. Autor de «Bolívar ante Marx y otros ensayos».
42. Miguel _____ Becerra; pintor puertorriqueño. Autor del óleo «Los coches de Ponce».
43. Artículo neutro.
45. _____ de la Cruz Becerril; Jacinto Rivera Pérez, expresidente del Partido Nacionalista. La distinguió como «Heroína de la Patria», al dar a conocer el fallecimiento en 1981 de De la Cruz.
47. Símbolo del tantalio.
48. Línea que se traza sobre una superficie.
51. Metal precioso.
52. Boga.
55. La _____; ciudad donde falleció De la Cruz.
56. _____; país centroamericano donde De la Cruz vivió 16 años exiliada.
Verticales
1. Sombrero de copa alta, que por medio de muelles puede plegarse.
2. Desafíos.
3. Utilizamos.
6. Doctor de la ley islámica, pl.
7. Base sobre el que se pone la columna o la estatua, pl.
8. Anillos.
10. _____ Albizu Campos; dirigente del Partido Nacionalista. Favoreció la creación del Cuerpo de Enfermeras propuesto por De la Cruz.
11. _____ Castro Ruz; revolucionario cubano. Él y el Che, conocieron a De la Cruz en México. Al triunfo de la Revolución, la invitó a vivir en Cuba.
14. Nota musical.
16. Artículo gramatical.
21. Dominga de la Cruz _____; dirigió la Sección de Damas de la Junta Nacionalista de Mayagüez.
23. Moneda de la Unión Europea anterior al euro.
25. Elevé la bandera en el asta.
26. El pueblo no solo es testigo. La _____ de Dominga; libro escrito por Margaret Randall, en 1978. Randall entrevistó a De la Cruz en La Habana.
27. Parte del molino de viento, pl.
28. Licor antillano.
29. Pasaré la vista por lo escrito.
31. Triunfar.
33. _____; ciudad visitada por De la Cruz en 1963 para tratamiento médico. En el Kremlin, habló sobre Puerto Rico y la lucha por la independencia Patria.
38. Árbol de la familia de las ulmáceas.
39. Ciervo de los países septentrionales.
41. _____ Chávez Frías; docente universitario, físico y político venezolano. Embajador de Venezuela en Cuba.
42. Deténgase.
44. Reza.
46. Símbolo del iridio.
47. Ruido que producen ciertos movimientos acompasados.
La Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada diez embarazos no planificados y tres de cada diez embarazos finalizan con abortos inducidos (WHO, 2022).
Las críticas de miembros de su partido y la presión pública de los grupos feministas hicieron retroceder la pretensión del presidente del Senado, José Luis Dalmau, de presentar para aprobación sin vistas públicas el proyecto PS 693 que impondría restricciones al derecho al aborto.
Los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vila y los legisladores miembros del partido que preside, el Partido Popular Democrático, censuraron las pretensiones del proyecto y el que no se hubiesen celebrado vistas públicas, así como las expresiones de Dalmau de que una persona implicada en un proceso de aborto de un feto “viable” estaba cometiendo un “asesinato”. El proyecto fue presentado por la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, con Dalmau y el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, de coautores.
El lunes, en declaraciones a la prensa, los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, José Rivera Madera, Domingo Torres, Angel Tito Fourquet y Estrella Martínez expusieron: «El tema del derecho al aborto tiene que atenderse con seriedad, responsabilidad y compasión hacia todas las partes del debate. La forma en que se ha manejado el proceso del PS 693 dista mucho de eso. La determinación de monopolizar la discusión por parte de la principal autora de la medida y la aceptación de dicho proceso por parte del Senado no ha sido responsable”.
El mismo lunes, el presidente del Senado anunció que el proyecto sería devuelto a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside Rodríguez Veve. Este había sido aprobado en esa comisión el 29 de marzo. Según sus proponentes y defensores, el proyecto es para regular los procesos de aborto a partir de las 22 semanas de gestación.
Por otra parte, la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, en conferencia de prensa frente al Capitolio también censuró que el proceso del proyecto PS 693 haya sido uno amañado y antidemocrático. “Aprobar un proyecto que resta derechos fundamentales, que elimina e impone criterios médicos y que pone en peligro la vida de mujeres y personas gestantes, sin participación pública, atenta contra los elementos más básicos de la democracia”.
La licenciada salubrista Patricia Otón, integrante del grupo Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) argumentó que el informe positivo emitido por la Comisión fue sesgado a favor del proyecto 693. El informe, dijo, rechaza argumentos basados en Derecho, cientificidad, y recurre a argumentos que han sido rechazados por organismos y personas expertas que dominan el tema del aborto desde una amplia diversidad de disciplinas. “Por todo lo cual, el informe es deficiente y poco confiable. Desde Aborto Libre Puerto Rico exigimos que el PS 693 se retire y que se permita la participación ciudadana en espacios de respeto a la diversidad de opiniones”, expresó.
Mayra Díaz-Torres, salubrista, organizadora antirracista y también integrante de Aborto Libre agregó que la determinación de viabilidad es un asunto enteramente médico y no legislativo. Atribuyó a los proponentes del proyecto pretender ejercer la medicina desde sus sillas y sustituir la pericia médica por la legislativa.
“El presidente del Senado, José Luis Dalmau, tildó de “asesinas” a las mujeres y personas gestantes que recurren a un aborto. Con sus expresiones, Dalmau hace alarde de su desconocimiento, misoginia y desprecio a la salud de las personas gestantes puertorriqueñas y su poca diligencia en su labor como presidente del Senado, evidenciándose en la ausencia de rigor en el proceso legislativo. Las medidas, particularmente las que coartan derechos de las personas, tienen que ser abiertas a vistas públicas donde personas expertas puedan aportar y sustentar por qué están a favor o en contra. Tal es el caso del derecho a decidir”, afirmó Díaz Torres.
En tanto, la licenciada Mayte Bayolo, de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, una de las primeras organizaciones en dar la voz de alerta sobre la medida, trajo a la atención que el derecho al aborto es uno constitucional y fundamental, amparado en el derecho a la intimidad, el cual en Puerto Rico es más sólido y amplio que el derecho bajo la Constitución de Estados Unidos. Al igual que sus compañeras, repudió la medida y la conducta del presidente del Senado y emplazó a la Cámara de Representante a que se distancie de las acciones del Senado y “respete la vida y poder decisional de las personas con útero en la isla y los procesos democráticos”.
Por otra parte, no fue hasta este 1.0 de abril que el Departamento de Justicia presentó ante la Comisión su evaluación sobre la medida. En su escrito, le aclara a Rodríguez Veve que la ausencia de comentarios por parte de una agencia no implica una aprobación de la medida. El informe del proyecto que aprobó la Comisión dice que la ausencia de comentarios por parte de Justicia se interpretaba como un aval a la medida.
En la ponencia del Departamento se repasan todos los casos en los que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos garantizan el derecho al aborto. Entre otros señalamientos, Justicia le indicó a la Comisión que desde el 1976 el TS EE. UU. ha rechazado que se disponga mediante legislación un número específico de semanas para establecer la viabilidad de un embarazo. Justicia sugiere que se debe requerir el insumo del Departamento de Salud (DS) y de organizaciones que representan la clase médica.
El Departamento de Salud
Fotos por Alina Luciano
El memorial explicativo sometido por el Departamento de Salud a la Comisión expone que resulta necesario contextualizar algunos elementos acerca del aborto. A esos efectos, Salud señaló que los procedimientos de terminación de embarazo son comunes en el mundo. “La Organización Mundial de la Salud estima que seis de cada diez embarazos no planificados y tres de cada diez embarazos finalizan con abortos inducidos (WHO, 2022). Muchas de estas terminaciones de embarazo (45 %) son realizadas de forma poco seguras, por lo que se le considera una situación de salud pública que resulta imperativo atender y proveer servicios médicos de calidad. Se considera un avance fundamental para elevar los indicadores de bienestar en la población el poder proveer servicios relacionados con abortos que sean efectivos, eficientes, accesibles, aceptables (centrados en las pacientes), equitativos y seguros”.
La ponencia de Salud también centró la atención sobre la determinación de 22 semanas y la viabilidad del feto. De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, en inglés) “es una determinación médica la decisión de si existe o no esta capacidad. Puede variar con cada embarazo y es un asunto para el juicio del proveedor de la salud responsable” (ACOG, 2020).
“De hecho, el proyecto habla de 22 semanas, sin especificar el criterio clínico o científico que fundamentaría ese punto en corte. De igual forma, la medida plantea que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario e importante garantizar que en todo proceso de terminación de embarazo que se lleve a cabo en Puerto Rico en una etapa gestacional de viabilidad se empleen las mejores prácticas de la medicina para preservar la vida de la mujer y del concebido” (p.2), sin que se establezcan las bases que hacen sospechar que no se están siguiendo esas mejores prácticas de la medicina. Por otra parte, suponiendo que el feto muestre viabilidad, ¿cuál será el procedimiento que se seguirá para sostenerlo, más allá del aspecto biológico, en sus dimensiones de filiación y humanización”, cuestionó el DS.
Salud defendió que el criterio médico y las mejores prácticas de la medicina tanto en el aborto como en la profesión médica son asuntos ya regulados en Puerto Rico.
Además de los argumentos médicos expresando su desacuerdo con el proyecto, el DS añade que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia de la agencia ha manifestado su oposición al proyecto por considerar que interfiere en un asunto que atañe a la gestante y al personal médico que la atiende, sin tomar en cuenta circunstancias que afectan la salud de las mujeres y el acceso a servicios en las terminaciones.
La primera cabeza en rodar fue la del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA), Rafael Machargo, quien ya poseía un historial nefasto al mando de dicha agencia.
Es insólito lo ocurrido con el asunto de los daños ambientales y las construcciones ilegales en los terrenos de la Reserva Natural de Bahía de Jobos en Salinas. Algunas informaciones datan los problemas a 10 años, otras dicen que persisten desde hace cerca de 35, y otras que comenzaron con la mismísima colonización americana en el año 1898. Como sea, es el típico caso de cómo una burocracia inepta puede dejar perder un tesoro ecológico por pura inacción. También es el caso típico de mercaderes inescrupulosos que actuando en desprecio a la ley se apropian impunemente de bienes que nos pertenecen a todos.
Ninguna de las instancias gubernamentales de Puerto Rico y Estados Unidos, con el poder para detener el atropello en la Bahía de Jobos, lo ha detenido. Ni los sucesivos gobiernos de la Isla, ni las agencias federales concernidas, ni el municipio de Salinas. Ni por separado ni juntos han tenido la visión y la voluntad para detener el asalto brutal de las peores prácticas desarrollistas en dicha reserva natural, daño que puede evidenciarse claramente en las fotos aéreas que han sido difundidas en los medios de comunicación. Descrita en forma simple, la situación en la Bahía de Jobos es la siguiente: por décadas, personas inescrupulosas- con recursos económicos, conexiones políticas y contactos en las agencias del gobierno- han ido comprando o invadiendo terrenos de la bahía, construyendo viviendas y otras estructuras, consiguiendo- ya legalmente o mediante fraude- los permisos de construcción y uso correspondientes, las conexiones de utilidades ( agua, energía eléctrica, internet, cable tv) y todo lo necesario para montar allí una mini villa de recreo, playa, pesca, botes, y sabe Dios qué más, en medio de los manglares más bellos y necesarios de toda la zona del Caribe. La construcción más reciente es un parque para casas móviles, con todas las facilidades necesarias para un fin de semana de recreación. Además de las ilegalidades que hayan podido cometerse al invadir terrenos del Estado, levantar construcciones y conseguir los permisos y las conexiones para utilidades en una reserva natural protegida, dichas personas inescrupulosas han cometido también otros delitos de tipo ambiental, como la tala indiscriminada de árboles, el relleno de los manglares, el depósito de desperdicios sólidos en un área protegida, y hasta la construcción de un muelle para botes.
Sin embargo, después de que por tantos años los gobiernos “patearan la lata” con las violaciones de ley en Bahía de Jobos, no es hasta ahora que el escándalo se enciende y pone a correr a todo el mundo, tras la denuncia documentada de la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana (MCV), y la intervención del activista ambiental Eliezer Molina con los dueños de casas móviles que acampaban en el lugar. La primera cabeza en rodar fue la del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA), Rafael Machargo, quien ya poseía un historial nefasto al mando de dicha agencia. La nueva secretaria interina del DRNA se apresuró a establecer el punto de que en Bahía Jobos se han cometido crímenes ambientales. Otras dependencias gubernamentales también han despertado del letargo: el Departamento de Justicia dice que investigará, la Legislatura también investiga y hasta el Fiscal Federal ha dicho que su oficina está interesada en intervenir en el asunto.
El problema es que la intervención de los gobiernos para defender la Reserva de Bahía de Jobos ha tardado tanto que ha permitido que crezca desmesuradamente en su entorno una espesa y confusa madeja de intereses creados y corrupción. Este es un gran pulpo, con tentáculos abarcadores, por lo cual desenredar la madeja, identificar los violadores de la ley y llevarlos ante la justicia implicará tiempo, dinero y los recursos económicos necesarios para realizar una investigación que permita presentar un caso robusto ante los tribunales. En otras palabras, habrá que tomar acciones firmes y valientes, lo cual nunca ha sido el fuerte de los gobiernos de Puerto Rico. Solo así la naturaleza de la Reserva podrá rehabilitarse completamente, lo cual requerirá demoler las estructuras construidas en sus terrenos, sembrar nuevos árboles, y limpiar el relleno del mangle para que vuelva a ser humedal.
Puerto Rico tiene muchos tesoros naturales únicos, como lo es la Reserva de la Bahía de Jobos en Salinas. Pero la trayectoria de los gobiernos de nuestro país deja mucho que desear por su inacción ante los perpetradores de crímenes ambientales, quienes operan en total impunidad amparados en su poder económico y conexiones políticas. La Reserva de la Bahía de Jobos le pertenece al pueblo de Puerto Rico, y como pueblo estamos llamados a defenderla. No tendremos país del futuro sin el equilibrio natural adecuado, y tampoco permitiendo que nuestros recursos naturales sigan cayendo en manos de mercaderes y corruptos.
Comparto una nota de duelo, un homenaje, un abrazo solidario a Nilda Medina y al pueblo viequense ante la partida dolorosa de un gran luchador Bob Rabin Siegal. Duele, solo la convicción de un mundo mejor por cual él luchó y nos toca seguir, nos sostiene.
En la columna anterior explicamos la importancia de rechazar un proyecto de administración presentado en la Legislatura. El PS 715 es un proyecto nefasto que de aprobarse tendría efectos adversos sobre el sistema cooperativo en general. Con sus debilidades parece ser la respuesta del gobierno estatal a los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal que lejos de fortalecerlo pudieran impactar negativamente al sistema cooperativo. Frente a este entuerto legislativo el sistema cooperativo antepuso y respalda otro proyecto de ley. El PS 644 que fue presentado por las senadoras García Montes y González Arroyo y que en la actualidad se encuentra bajo análisis de la Comisión de Cooperativismo del Senado que dirige la senadora Rosamar Trujillo Plumey.
Muchos estarán preguntándose porque el sistema cooperativo está bajo la mirilla de la JSF. Todos conocemos que el gobierno de Puerto Rico hace más de dos décadas que enfrenta insuficiencia fiscal. Para el año 2000 el gobierno comenzó a impulsar la emisión de bonos del gobierno que sabemos contribuyó a la acumulación de una deuda astronómica que pretenden pagar con el Plan de Ajuste Fiscal que impacta severamente al pueblo. Fue para el 2009 que la administración de entonces hizo acercamientos a las cooperativas de ahorro y crédito y estimuló entre estos la inversión en esos instrumentos. Lo próximo fue la incapacidad gubernamental de cumplir con esas obligaciones. Desde entonces el sistema cooperativo ha manejado responsablemente este desafío buscando asegurar su activo más valioso que es el servicio y la confianza del pueblo. Trabajaron afanosamente y lograron que la Legislatura aprobara en el 2015 la Ley 220-2015 que autorizó la amortización de las pérdidas generadas por la inversión en bonos de gobierno, mediante un sistema de contabilidad estatutaria especial con vigencia de 15 años. Esa ha sido una herramienta fundamental en el proceso de recuperación del sistema.
En el 2016 nos llega la Junta de Supervisión Fiscal creada en virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad de Puerto Rico “PROMESA”. Esta ubicó a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, (COSSEC) bajo su jurisdicción. La explicación que emana de los planes fiscales es que era necesario por el riesgo que representa a esa entidad, como aseguradora, la alta inversión en bonos del gobierno del sistema cooperativo. El PS 644 es el proyecto que recoge las aspiraciones del sistema cooperativo recogidas en reuniones, asambleas y congresos de amplia participación democrática promovidos por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. En términos generales el proyecto reafirma la política pública de adelantar el desarrollo del sector cooperativista como estrategia de progreso socio económico de Puerto Rico. De igual manera, asegura la estabilidad de sus estructuras y garantizar la autonomía indispensable para propiciar su competitividad.
Propone medidas específicas para resolver desafíos del sistema financiero cooperativo mencionados en los planes fiscales de la JSF. En específico ante la necesidad de reponer las reservas causadas por el gobierno ante el impago de los bonos los planes disponen el requerimiento de un 6% de capital adicional a base de sus activos. Ante este el PS644 se fundamenta esencialmente en el fortalecimiento del fondo del seguro de COSSEC mediante la capitalización con fondos provenientes del gobierno. Este es un asunto viable en el ámbito legal pues así lo dispone la Ley 114 que rige a COSSEC. El sistema se ha fortalecido con sus propios recursos por la astucia de su liderato voluntario y ejecutivo y por la confianza y lealtad del pueblo en él. Si se pretende recabar un capital adicional a las cooperativas este es un aspecto necesario. El sistema cooperativo lleva más de siete décadas de servicios a los nuestros. Nunca ha recabado ayuda o aportación del gobierno. Cabe resaltar el dato sobre que las reestructuraciones bancarias mencionadas por la JSF en sus Planes Fiscales (bancos de ahorro en Estados Unidos y la crisis bancaria de España), implicaron el uso de dineros del gobierno. Eso mismo pasó con la restructuración bancaria realizada en Ucrania. Por otro lado, no olvidemos que en mayo de 2021 la JSF pautó una contribución de capital de $750 millones de fondos del ELA a la AEE para que dicha agencia realice pagos a LUMA.
Además, de fortalecer económicamente el sistema financiero el PS644 defiende la representación del sistema cooperativo en la Junta de Directores de COSSEC. Esa presencia ha permitido una vigilancia constante necesaria para evitar los desmanes que todos conocemos se han desarrollado en corporaciones y entidades públicas.
El fortalecimiento del sector de tipos diversos del sistema cooperativo es otro de los renglones que cubre este proyecto. El Plan Fiscal vigente establece trasferir la función regulatoria de estas cooperativas a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, agencia de gobierno que promueve el cooperativismo. En estos momentos estas cooperativas tienen que cumplir con normativas y requisitos operacionales, además de las agencias concernientes a sus operaciones de negocio. La CDCOOP les exige el cumplimiento de requisitos de constitución y por otro, la COSSEC exige nuevos requisitos para la expedición del permiso operacional y ejerce funciones regulatorias y de supervisión. El PS644 es un proyecto de avanzada que propone el apoderamiento del propio Movimiento de la función reguladora de estas cooperativas. La autorregulación propiciará un desarrollo vigoroso del cooperativismo en todos los sectores (producción, servicios, vivienda, trabajo asociado, agrícolas, otros) cuando más el país lo necesita. Esa propuesta impone una gran responsabilidad al sistema cooperativo que está comprometido con desarrollar los procesos para que este sector tenga mentoría y acompañamiento en sus procesos operacionales, no así una regulación que atente contra su propio desarrollo. Además, desde la Liga de Cooperativas trabajarían la verificación del cumplimiento con el modelo cooperativo sus estatus y funcionamiento.
El PS644 es una pieza de avanzada que reconoce que las cooperativas de tipos diversos deben ser tratadas como otras estructuras y órdenes autorizados por el Estado como las corporaciones y asociaciones mercantiles. En la actualidad tienen requerimientos de políticas especiales, protocolos estructurados y programas técnicos especializados. Exigir a cooperativas de nueva formación y carácter comunitario tales como, pescadores, agricultores, costureras o amas de llaves es nefasto. A esto se suman la obligación de presentar estados financieros auditados y el ejercicio de intervenciones periódicas por funcionarios de las agencias. A veces las agencias actuales (CDCOOP y COSSEC) tardan tanto en autorizar los procesos que los grupos pierden el entusiasmo u optan por organizar una empresa no cooperativa. Tanto que miran al norte y en Estados Unidos, donde hay un desarrollo cooperativo avasallador en especial en la agricultura y vivienda entre otros, no existe una agencia y mucho menos dos que interactúen en esos procesos. Las cooperativas son reguladas por la industria a la cual pertenecen.
Esta pieza legislativa tiene el respaldo del sistema cooperativo por ser abarcadora, porque contiene medidas prácticas y por ser el insumo de años de análisis. Más importante es que reafirma la naturaleza de estas como instituciones sin fines de lucro, de base comunitaria, de capital 100% local y con la confianza de mas de 1.3 millones de puertorriqueños (as).
La autora es líder cooperativista. Comentarios a: mildredkairo@gmail.com
Un reducción mínima de un 44 %, en la deuda, que el pago de los bonos nuevos estén basado en los ingresos netos, la eliminación de la estructura de titularización, minimizar un aumento en la tarifa y un plan de ajuste integral, son las recomendaciones del Centro para una Nueva Economía (CNE) respecto a una nueva reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Estas fueron presentadas por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, quien dijo creer que será difícil para las partes cumplir con la orden del 8 de marzo de la jueza Taylor Swain, de presentar un calendario detallado de negociación para su revisión y aprobación el próximo 2 de mayo.
De hecho, la jueza del Tribunal Federal de Estados Unidos asignada mediante la ley PROMESA a llevar los casos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas asignó el 1.0 de abril a los jueces de quiebra Shelley C. Chapman, Robert D. Drain y Brendan L. Shannon como mediadores en el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.
La nueva negociación responde a que el pasado 8 de marzo el Gobierno de Puerto Rico, por medio de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), dio a conocer que daba por terminado el Acuerdo Definitivo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (RSA de la AEE), con fecha del 3 de mayo de 2019. Las nuevas negociaciones serían un cuarto intento de reestructuración.
Marxuach señaló que si no se lograr un acuerdo en los términos principales, hay varias alternativas. Una sería litigar todos los asuntos entre los distintos acreedores de la AEE bajo el proceso de Titulo 3, lo que implica que el litigio podría tomar de año y medio a dos, tal vez más, dependiendo de las apelaciones y cuanta prueba se presente, lo que sería un juicio en su fondo.
Otra opción podría ser que la Junta de Control Fiscal (JCF) pidiera la desestimación del caso a la juez porque no es posible o factible proponer un plan que sea de acuerdo a todas las partes. “Aunque eso es una posibilidad, que lo veo bien poco probable porque solo se necesita una sola clase de acreedores que esté de acuerdo con el plan para proponerlo, tendría que surgir el escenario en que ninguna clase de los acreedores que hay se pueda poner de acuerdo con un plan”, observó. La desestimación del caso tendría como consecuencias el que cada grupo de acreedores acuda a la corte a pedir el recurso que entienda que más le protege.
Las recomendaciones del CNE, comentó el director de Política Pública, tienen la intención de ofrecer un marco útil para analizar con cuidado cualquier propuesta nueva de reestructuración.
La primera de esas recomendaciones —que fue algo que se comentó respecto al acuerdo del 2019— es que el plan tiene que tomar en consideración el ambiente social y económico complicado en que opera la AEE. El economista indicó que aun cuando puede parecer de sentido común, muchas veces en los procesos de renegociación se tiende a aislar al deudor como un ente aparte. En este caso, se está olvidando que la AEE opera en una economía que lleva 15 años sin crecimiento, con una población que está decreciendo, donde se espera que los costos de combustible continúen aumentando, mientras la AEE continúa dependiendo casi 100 % de petróleo o derivados de petróleo o gas natural. Eso implica que el plan de ajuste tiene que ser uno de naturaleza integral.
Segundo, la reestructuración debe procurar dejar una entidad solvente. Marxuach subrayó que este asunto es más que un mero tecnicismo contable debido a que si la AEE sigue siendo insolvente, incluso después de salir del proceso de negociación, entonces es cuestionable si el plan de ajuste sería confirmado por el Tribunal. Aunque PROMESA no requiere que se establezca la solvencia para confirmar un plan de ajuste, sí requiere que sea «viable» y, ciertamente, la solvencia es al menos un componente de cualquier análisis de «viabilidad».
Tercero, la reducción de la deuda. El CNE resaltó que la reducción de la deuda de la AEE tiene que ser una drástica. Expuso que según el Informe Mensual de la AEE a su Junta de Gobierno, para el mes de diciembre de 2021 los pasivos de la AEE sumaron $18,100 millones, mientras que sus activos sumaron $10,100 millones; una diferencia de $8,000 millones. El director de Política Pública señaló que, en teoría, esa es la cantidad mínima, $8,000 millones o 44 % de todos los pasivos, por lo cual todas las obligaciones de la AEE tendrían que ser reducidas para mantenerla como una empresa mínimamente sostenible después de la reestructuración.“Sería extremadamente irónico, por no decir totalmente irracional, terminar este costoso proceso de cinco años con una entidad que sigue siendo técnicamente insolvente”.
La cuarta recomendación es la eliminación de la estructura de titularización, la cual requiere legislación. Este es uno de los puntos de desacuerdo del anterior acuerdo entre la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la JCF. La estructura de titularización se refiere a la creación de una nueva corporación pública, la cual se dedicaría solo a emitir unos bonos nuevos para garantizar la fuente de repago, independiente de la situación operacional de la AEE. En el acuerdo rechazado este llamado cargo de transición que se impondría a todos los clientes comenzaba en 2.7 centavos y aumentaba a 4.5 centavos hasta que se repagaran en su totalidad los bonos nuevos. La JCF espera no llegar a una estructuración que necesite esa estructura
La postura del CNE es que no ve razón para mejorar esta estructura de garantía o para modificar de manera sustancial las prioridades relativas de repago actuales de la AEE a menos que los acreedores proporcionen una infusión de dinero nuevo, algo análogo a un financiamiento de deudor en posesión o alguna otra consideración similar.
Por último, el CNE advirtió de que cualquier aumento en las tarifas para pagar la deuda tendrá consecuencias económicas negativas dado a que los precios de la electricidad afectan la actividad económica y viceversa. Marxuach fue categórico en prevenir que cualquier aumento significativo en las tarifas para pagar la deuda reduciría la actividad económica y el empleo, lo que a su vez reduciría la demanda de electricidad. Una menor demanda de electricidad obligaría a la AEE a aumentar sus tarifas para cubrir los costos fijos de operación y cumplir con sus obligaciones. De no hacerlo, habría que postergar las inversiones de capital o los gastos de mantenimiento, lo que afectaría negativamente la calidad del servicio.
“Bajo ese escenario, podríamos esperar un aumento en el «abandono de la red». Es decir, podríamos esperar un aumento en el número de clientes que se cambian a sus propias fuentes de generación o que se conectan «informalmente» a la red de la AEE”.
Verticales
En tanto, la licenciada Mayte Bayolo, de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, una de las primeras organizaciones en dar la voz de alerta sobre la medida, trajo a la atención que el derecho al aborto es uno constitucional y fundamental, amparado en el derecho a la intimidad, el cual en Puerto Rico es más sólido y amplio que el derecho bajo la Constitución de Estados Unidos. Al igual que sus compañeras, repudió la medida y la conducta del presidente del Senado y emplazó a la Cámara de Representante a que se distancie de las acciones del Senado y “respete la vida y poder decisional de las personas con útero en la isla y los procesos democráticos”.
