Recomendaciones para una nueva reestructuración de la deuda de la AEE

 

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Un reducción  mínima de un 44 %, en la deuda, que el pago de  los bonos nuevos  estén  basado en los ingresos netos, la eliminación de la estructura de titularización,  minimizar un aumento en la tarifa y un plan de ajuste integral, son  las  recomendaciones del Centro para una Nueva Economía (CNE) respecto a una nueva reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Estas fueron presentadas por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, quien dijo creer que será difícil  para las partes cumplir con la orden del 8 de marzo de la jueza Taylor Swain,  de presentar un calendario detallado de negociación para su revisión y aprobación el próximo 2 de mayo.

De hecho, la jueza del Tribunal Federal de Estados Unidos asignada mediante la ley PROMESA a llevar los casos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas asignó el 1.0 de abril a los  jueces de quiebra Shelley C. Chapman, Robert D. Drain y Brendan L. Shannon como  mediadores en el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.

La nueva negociación responde a que el pasado 8 de  marzo el Gobierno de Puerto Rico, por medio de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),  dio a conocer que  daba por terminado el Acuerdo Definitivo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (RSA de la AEE), con fecha del 3 de mayo de 2019. Las nuevas negociaciones serían un cuarto intento de reestructuración.

Marxuach señaló que si no se lograr un acuerdo en los términos principales, hay varias alternativas. Una sería litigar todos los asuntos entre los distintos acreedores de la AEE bajo el proceso de Titulo 3, lo que implica que  el litigio podría tomar de año y medio a dos, tal vez más, dependiendo de las apelaciones y cuanta prueba se presente, lo que sería un juicio en su fondo.

Otra opción podría ser que la Junta de Control Fiscal (JCF) pidiera la  desestimación del caso a la juez  porque no es posible o factible proponer un plan que sea de acuerdo a todas las partes. “Aunque eso es una posibilidad, que lo veo bien poco probable porque solo se necesita una sola clase de acreedores que esté de acuerdo con el plan para proponerlo, tendría que surgir el escenario en que ninguna clase de los acreedores que hay se pueda poner de acuerdo con un plan”, observó. La desestimación  del caso tendría como consecuencias el que cada grupo de acreedores acuda a la corte a pedir el recurso que entienda que más le protege.

Las recomendaciones del CNE, comentó el director de Política Pública, tienen la intención de ofrecer un marco útil para analizar con cuidado cualquier propuesta nueva de reestructuración.

La primera de esas recomendaciones —que fue algo que se comentó respecto al acuerdo del 2019— es que el plan tiene que tomar en consideración el ambiente social y económico complicado en que opera la AEE.  El economista indicó que aun cuando puede parecer de sentido común, muchas veces en los procesos de renegociación se tiende  a aislar al deudor como un ente aparte. En este caso, se está olvidando que la AEE opera en una economía que lleva 15 años sin crecimiento, con una población que está decreciendo, donde se espera que los costos de combustible continúen aumentando, mientras la AEE continúa  dependiendo casi 100 %  de petróleo o derivados de petróleo o gas natural. Eso implica que el plan de ajuste tiene que ser uno de naturaleza integral.

Segundo, la reestructuración debe procurar dejar una entidad solvente. Marxuach subrayó que este asunto es más que un mero tecnicismo contable debido a que si la  AEE sigue siendo insolvente, incluso después de salir del proceso de negociación, entonces es cuestionable si el plan de ajuste sería confirmado por el Tribunal. Aunque PROMESA no requiere que se establezca la solvencia para confirmar un plan de ajuste, sí requiere que sea “viable” y, ciertamente, la solvencia es al menos un componente de cualquier análisis de “viabilidad”.

Tercero, la reducción de la deuda. El CNE resaltó que la reducción de la deuda de la AEE tiene que ser una drástica. Expuso que según el Informe Mensual de la AEE a su Junta de Gobierno, para el mes de diciembre de 2021 los pasivos de la AEE sumaron $18,100 millones, mientras que sus activos sumaron $10,100 millones; una diferencia de $8,000 millones. El director de Política Pública señaló que, en  teoría, esa es la cantidad mínima, $8,000 millones o 44 %  de todos los pasivos, por lo cual todas las obligaciones de la AEE tendrían que ser reducidas para mantenerla como una empresa mínimamente sostenible después de la reestructuración.“Sería extremadamente irónico, por no decir totalmente irracional, terminar este costoso proceso de cinco años con una entidad que sigue siendo técnicamente insolvente”.

La cuarta recomendación es la eliminación de la estructura de titularización, la cual requiere legislación. Este es uno de los puntos de desacuerdo del anterior acuerdo entre la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la JCF. La estructura de titularización se refiere a la creación de una nueva corporación pública, la cual se dedicaría  solo a emitir unos bonos nuevos para garantizar la fuente de repago, independiente de la situación operacional de la AEE. En el acuerdo rechazado este llamado cargo de transición que se impondría a todos los clientes comenzaba en 2.7 centavos y aumentaba a 4.5 centavos hasta que se repagaran en su totalidad los bonos nuevos. La JCF espera no llegar a una estructuración que necesite esa estructura

La postura del CNE es que no ve razón para mejorar esta estructura de garantía o para modificar de manera sustancial  las prioridades relativas de repago actuales de la AEE a menos que los acreedores proporcionen una infusión de dinero nuevo, algo análogo a un financiamiento de deudor en posesión o alguna otra consideración similar.

Por último, el CNE advirtió  de que cualquier aumento en las tarifas para pagar la deuda tendrá consecuencias económicas negativas dado a que los precios de la electricidad afectan la actividad económica y viceversa. Marxuach fue categórico en  prevenir que cualquier aumento significativo en las tarifas para pagar la deuda reduciría la actividad económica y el empleo, lo que a su vez reduciría la demanda de electricidad. Una menor demanda de electricidad obligaría a la AEE a aumentar sus tarifas para cubrir los costos fijos de operación y cumplir con sus obligaciones. De no hacerlo, habría que postergar las inversiones de capital o los gastos de mantenimiento, lo que afectaría negativamente la calidad del servicio.

“Bajo ese escenario, podríamos esperar un aumento en el “abandono de la red”. Es decir, podríamos esperar un aumento en el número de clientes que se cambian a sus propias fuentes de generación o que se conectan “informalmente” a la red de la AEE”.

 

 

 

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