CLARIDAD
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“Puerta de Tierra despertó, Puerta de Tierra se cansó y vamos a estar luchando por nuestros derechos y nuestros envejecientes. Aquí estamos dejándoles saber que vamos a empoderar a nuestros jóvenes para que el día que no estemos aquí peleando siga la lucha para que el barrio no muera, porque sin los residenciales el barrio va a morir. Aquí vive gente y Puerta de Tierra se respeta”.
Con vehemencia e indignación, la joven Caroline Sánchez Feliciano, nacida y criada en el antes Residencial Puerta de Tierra, se expresó ante la evidente amenaza de desplazamiento de la población puertorriqueña que vive en Puerta de Tierra, desplazamiento respaldado por el Gobierno mediante las Leyes 20 y 22 que favorecen a inversionistas extranjeros.
Líderes comunitarios de Puerta de Tierra junto a los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Dennis Márquez Lebrón, dieron a conocer que inversionistas de la Ley 22, hasta la fecha, han comprado 30 edificios en esta comunidad, incluidos la Escuela Brumbaugh y el edificio que albergó el periódico El Vocero. La investigación, que incluye la identificación de los edificios y sus compradores, fue llevada a cabo por el asesor de la senadora, el licenciado Adrián González Costa. Estas transferencias de titularidad —denunció— han ido alterando la identidad del barrio más antiguo del país, convirtiéndolo en la sede de numerosas unidades destinadas al alquiler a corto plazo.
El viernes 25 de marzo, decenas de residentes se movilizaron en una marcha que salió del residencial San Agustín, hasta el Capitolio, en donde le entregaron una carta al senador Henry Neumann, y continuaron hasta la Casa Alcaldía para exigir una reunión con el alcalde de San Juan, Miguel Romero.
En las inmediaciones del residencial San Agustín, residentes de Puerta de Tierra dejaban ver su inquietud y molestia por la situación. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo, nosotros estamos en contra del desplazamiento que nos quieren hacer. Cuando nos dimos cuenta, hicimos las averiguaciones. Vimos que son personas adineradas que están comprando nuestros sitios donde vivían nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hijos. Entonces quieren reemplazarnos. Estamos de acuerdo con que remodelen, pero sacarnos, que emigremos, ¿pa’ dónde? ¡Somos de aquí, esto es de nosotros!”, manifestó José Luis Vélez, quien antes vivía en el residencial Puerta de Tierra y ahora vive en San Agustín.
Sánchez Feliciano, quien también vive en el residencial San Agustín, narró que el problema viene ocurriendo desde el año 2000. “Comenzaron con Las Acacias y continuó con Puerta de Tierra. Al día de hoy en Puerta de Tierra no está ni el 60 % de los residentes que vivían ahí”.
Sobre el desplazamiento que ha sufrido la población del residencial, tanto Sánchez Feliciano como Vélez denunciaron que los residentes fueron removidos bajo el acuerdo de que, una vez remodelado el residencial, regresarían a sus apartamentos. Pero ya remodelado, solo ocho familias que vivían en el antes residencial Puerta de Tierra cualificaron para la nueva vivienda en el ahora llamado “Bayshore Villa”.
La joven líder comunitaria denunció que lo que se ha visto es que Vivienda Pública aduce que se van hacer unas mejoras, pero las mejoras han resultado en el desplazamiento de la mayor parte de la gente de la comunidad. A la luz de esa experiencia, ahora mismo tienen una señal de alarma debido a que en San Agustín, en octubre, empezaron un realojo de varias familias por unas aparentes escaleras que están en desperfecto. Tienen la sospecha de que como el solar que está al lado de residencial Parque San Agustín es propiedad del municipio, el municipio también se propone venderlo. “No es que estamos hablando por hablar, las evidencias están”.
A esos efectos, denunció que el centro de salud ha recortado los servicios, se vendió la escuela Brumbaugh y han limitado las paradas de la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses). “Lo que han hecho es hacer la vida más tediosa y dejar que los edificios se deterioren para terminar teniendo un soporte para sacar a la mayor parte de la comunidad”, subrayó. Expresó preocupación por las personas envejecientes del residencial, que son la mayoría de los residentes.
Estamos en un lugar estratégico. Nunca pensé yo, que soy nacida y criada aquí en Puerta Tierra, que vivir en Puerta Tierra iba a ser algo tan costoso. Hoy, aunque yo quiera comprar una propiedad aquí, va a ser imposible. Los precios han subido. Lo más económico, si conseguimos, es en el Falansterio, ¡y ya están subiendo!”
No pueden comprar sus propias casas
Sánchez Feliciano relató que el 8 de febrero un grupo se reunió con el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, y este se comprometió con que no habría desplazamientos. Recientemente, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, visitó Parque San Agustín. En ambas reuniones los residentes expresaron su preocupación. Estos le expusieron a Rodríguez que se supone que el DV tiene un programa de alquiler con derecho a compra; pero para sorpresa de ellos, este les dijo que los residenciales de Puerta de Tierra no están en ese proyecto. Como resultado de las reuniones, las agencias se limitaron a enviarles una carta a algunas personas en la cual se les indica lo que dice el contrato de arrendamiento, de que no hay nada que les asegure la vivienda.
La excusa que se les dio para que los residenciales de Puerta de Tierra no figuren en el programa de compra de vivienda es que eso había que solicitarlo a HUD (Departamento de Vivienda Federal). Los residentes le replicaron que les interesaba solicitarlo; pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta, por lo que consideran que el próximo paso es comunicarse con HUD.
Una de las desplazadas, Laura Mía González, contó que un inversionista compró el edificio Ferretería Méndez, donde vivían 22 familias. Tras la compra, les dieron 30 días para que abandonaran los apartamentos. Ahora el edificio ostenta el nombre de Hotel Ferretería, de alquiler a corto plazo. Cuando durante la marcha de la comunidad pasó frente al edificio, varios de los huéspedes que se encontraban en el balcón se sonreían.
González explicó que antes la renta de alquiler de los apartamentos de vivienda era entre $300 y $500 al mes y que ahora cada habitación cuesta $150 la noche. “Mucha gente culpa a los puertorriqueños porque venden. Yo me pregunto, ¿esas personas, por qué venden? ¿Cómo un puertorriqueño que heredó un edificio de 21 apartamentos puede mantenerlo, puede pagar deuda de CRIM, puede mejorarlo, sin que represente una carga económica? Y obvio, tiene la competencia desleal del que viene de afuera con todos esos beneficios económicos”.
A preguntas de CLARIDAD sobre una resolución presentada por el PIP en ambos cuerpos legislativos para que se investigue los efectos desplazamiento por la ley 22, tanto en Puerta de Tierra como en otras comunidades, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que la resolución está en primera lectura, por lo que aún no se ha aprobado.
“Yo creo que en este tema hay poco interés en el PNP y PPD. Los dos han sido cómplices en el tema de las leyes 20 y 22 y en estas estrategias de desplazamiento que a su vez son parte de un proceso de recolonización: un Puerto Rico sin puertorriqueños. Han desamparado a las comunidades poco a poco. Entonces se ve cómo todo está enlazado”.
La senadora reveló el dato de que en los residenciales que tienen apartamentos para personas con dificultades de movilidad han clausurado esos apartamentos y se niegan a restaurarlos. Resaltó que la intención es hacer más difícil la permanencia de los puertorriqueños en esas comunidades y generar la impresión de que estos son lugares abandonados, decaídos y que necesitan el gran rescate del capital extranjero.
Señaló que después de unas vistas públicas el verano pasado, el senador Juan Zaragosa y Thomas Rivera Schatz radicaron una medida con enmiendas para exigir un depósito de $2 millones al inicio del decreto y el que los beneficiarios generen una cantidad mínima de empleos. Para la senadora del PIP, esa es una visión estrecha. “Aquí no estamos solo pidiendo que se pague un precio, es cómo detenemos lo que estamos viviendo. Aquí, en Puerta de Tierra, hay unos elementos que son esenciales, que no son cuantificables. ¿Qué vamos hacer cuando desaparezca el carácter de identidad de esta comunidad? Eso no es sustituible, eso no es comprable y, claro, todo esto está insertado en el proyecto que comenzó con la bahía. Los cambios a la ley son iniciativas insuficientes”, denunció.
“¡Miguel Romero, Judas, traicionaste a Puerta de Tierra!”, se escucha durante la marcha.
El legislador municipal por el PPD Manuel Calderón Cerame, también presente en la actividad, dio a conocer a CLARIDAD que hace unas semanas radicó una resolución (R 60) para investigar los terrenos de propiedad del municipio, ante los rumores de que se está buscando venderlos a un inversionista de ley 22. Esa es la parcela que queda al lado del residencial Parque San Agustín. Pero hasta el momento la resolución no ha sido atendida. Confirmó que el municipio no ha hecho un censo de cuántas personas viven en Puerta de Tierra y que eso es parte de lo que los residentes han estado denunciando, que aunque hay personas esperando por vivienda pública, no los envían a Puerta de Tierra, esperando que se vaya reduciendo la población para desplazarlos. Así accederán los inversionistas de la Ley 22.
En la Plaza de Armas, frente a la alcaldía, el líder comunitario Jorge Luis González, quien dirigió todo el trayecto micrófono en mano, fue directo al grano. Lo primero que hizo fue cuestionar dónde estaba el alcalde. “Miguel Romero, cada cuatro años vas a Puerta de Tierra. Nosotros fuimos los que te pusimos ahí de alcalde. Baja, tú decides. Nos atiendes o no nos vamos de aquí, tú decides. Sé valiente, baja, alcalde, te esperamos”.
Los residentes entregaron una carta en la que exponen la situación de desplazamiento que enfrentan. También emplazan al alcalde a que confirme o desmienta si en efecto el municipio se propone vender el terreno colindante con el residencial Parque San Agustín a un inversionista para un desarrollo turístico.
El Gobierno promovió la venta de Puerta de Tierra a inversionistas extranjeros
La venta de tan elevado número de propiedades en Puerta de Tierra podría colegirse como resultado de la conferencia ofrecida por la entonces administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Compañía de Turismo (CT) en noviembre de 2018. La conferencia, titulada The Old City of San Juan Puerto Rico-Why this is a Ground Floor Opportunity, estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas extranjeros. La agenda de la conferencia incluyó el despliegue de los beneficios contributivos que ofrecen las leyes 20 y 22. (Ver CLARIDAD, edición del 22 al 28 de noviembre de 2018).
La investigación también reveló que existe un contraste entre las convicciones cuando la Policía maneja los casos de violencia de género de sus miembros. En el 2017, cada vez que se presentó una queja de violencia doméstica, al 63 % de las personas se les arrestó. En el caso de miembros de la Policía, solo al 53 %. De los casos presentados, al 37 % de los no policías se les radicaron cargos, a los policías fue de 24 %. Las convicciones para todos los casos de violencia de género para personas no policías fue de 14 %. En el caso de los policías no hubo ninguna convicción.
