Especial para CLARIDAD
En marzo de 2016 escribí este artículo. Seis años más tarde lo reviso para denunciar la agenda inconclusa y mezquina que la alta gerencia de la Corporación de Servicios Legales lleva contra los trabajadores unionados y todo lo que representa un sindicato. Desde su inicio como “Bufete de los Pobres” el sindicalismo tuvo una silla en la Junta de Directores de Servicios Legales. Hace cerca de cinco años despojaron al movimiento obrero de su silla sin notificación alguna. Servicios Legales como patrono ha efectuado dos procesos de cesantías enviando a la calle decenas de trabajadoras y trabajadores en las pasadas décadas. Desde marzo de 2018 la Unión de Abogados y Abogadas están negociando su convenio colectivo. Desde el inicio la Unión propuso dejar el convenio igual y negociar lo económico. El patrono se negó porque ellos querían eliminar derechos y logros alcanzados en el convenio. En marzo de 2019 la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales comenzó a negociar. Propuso cambios al convenio para mejorar sus logros. El patrono se opuso alegando que existían muchos beneficios que no se justificaban. Entre ellos, derecho a un debido proceso en casos de disciplina, o a tener 30 días de vacaciones y 18 días de enfermedad, o a tener participación en la contratación del plan médico o la administración de los fondos de retiro, en fin, a tener un convenio colectivo a favor de los trabajadores.
La realidad es que hoy la negociación continúa con ambas uniones en la calle y el patrono dilatando el proceso de negociación. La entrada a Servicios Legales de abogados patronales privados no solo ha afectado el clima de respeto y cordialidad que debe prevalecer en el “Bufete de los Pobres” sino que ha facilitado el desvío de fondos para el pago de servicios que anteriormente se hacían por gerentes de la propia Corporación. Ahora todo se compra fuera de la casa. Incluso se contratan empleados mediante compañías de empleo para así evitar reclutar trabajadores en plazas unionadas.
¿Qué hay detrás de todo esto? Recordamos nuestro escrito en 2016. Nos invitan a reinventarnos como trabajadores y trabajadoras. La reinvención tiene como premisa que la salvación es individual, por tanto lo colectivo es secundario o innecesario.
Para la clase trabajadora que entendió la necesidad de unirse para mejorar las condiciones de trabajo, lograr un mejor salario, un efectivo plan médico y un retiro para después de décadas de trabajo asalariado, la propuesta de reinventarnos resulta en un suicidio social y laboral.
La reinvención, reingeniería, transformación o cruelmente, medicina amarga, es la propuesta del capital dirigida a aumentar las ganancias mediante una reducción en los gastos de operar una empresa. La principal cuota de esa reducción de gastos recae en los trabajadores.
Pero existe otra carga económica que el capital desea reducir a un mínimo. Nos referimos al costo del Estado Benefactor, ese gobierno que persigue el bien común, la justicia social, el derecho al trabajo, a la educación, la salud, la protección social, la vivienda, la recreación, la protección de la infancia, la mujer, el envejeciente, el derecho a vivir feliz.
Para eliminar ese Estado Benefactor la receta tiene tres ingredientes, desacreditar el gobierno por ineficiente, reducir el estado mediante la privatización o venta de sus empresas y la desregulación de toda actividad económica. La mezcla de estos ingredientes nos lleva a elevar al Mercado a la figura de un Dios todo poderoso, donde todo se vende y se compra. Donde se alega que dejar a las fuerzas de oferta y demanda es la solución. Que la supuesta competencia de Walt Mart y los comerciantes locales nos darán los mejores productos y precios. ¿A qué costo? Esa es la virtud del mercado, el nuevo Dios.
¿Y dónde queda la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, SLPR, en este escenario? En la propuesta de un estado benefactor, SLPR es un mecanismo para garantizar el acceso a la justicia. Pero si la salvación es individual y debemos reducir el costo de lo social, entonces para qué SLPR. Es por ello que los logros alcanzados mediante el esfuerzo colectivo de las uniones tienen que ser detenidos. Por ello hay que eliminar puestos, crear la discordia entre lo colectivo para que se reinvente lo individual. La tecnología intenta sustituir los brazos y las mentes humanas para reducir los gastos.
Estamos de frente a la LUCHA DE CLASES, en lo ideológico (qué país queremos) y en lo material (debemos trabajar, a qué costo) (como se vende mi fuerza de trabajo). Y no estamos solos, toda la clase trabajadora, en empresas públicas y privadas enfrentan el reto. Los pequeños comerciantes, el cooperativismo, la academia, toda fuerza productiva está amenazada, incluso la naturaleza (y porqué el cambio climático).
Ante este reto, se impone la SOLIDARIDAD Y LUCHAR. Uno para todos y todos para uno. Resulta lamentable que en el bufete que dice defender a los pobres se practique por la alta gerencia la política neoliberal más retrograda contra los y las trabajadoras. Como ya dijimos, entre estas prácticas se desatacan la contratación de bufetes patronales y anti obreros para negociar convenios colectivos reducidos a las garantías de ley, recurrir a la mentira y a distorsionar los hechos de manera que se dificulte el objetivo de llegar a acuerdos.
Los trabajadores y trabajadoras de Servicios Legales están en la calle para luchar por un empleo seguro y digno. Pronto cumplirán cuatro años en este proceso de negociación y lucha. Cada vez que han realizado paros han logrado avances. La lucha no es una moda, tampoco es un flu de temporada. La lucha es el motor que mueve a la humanidad a un mejor futuro.
Por ello no nos podemos rendir. Tenemos que luchar por defender el trabajo de todos y todas. Levantemos la bandera de la Unidad y la Solidaridad para devolver a Servicios Legales su norte y noble oficio.
Es la unidad, la solidaridad, la fuerza del colectivo, la lucha social, lo que garantiza y construye la Patria que queremos para todos y todas.
