El día martes, 15 de marzo, se formalizó el acuerdo que recorta $33 mil millones en obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico. El controvertido Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico (PAD) que dio paso al acuerdo fue elaborado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y refrendado por ambas cámaras Legislativas y el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y aprobado el pasado mes de enero por el Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA. El gran fin de fiesta de la quiebra comienza con un pago a los bonistas y otros acreedores de $10 mil millones en efectivo, y un compromiso de pagos millonarios continuos por los próximos cuarenta años. La pregunta obligada debería ser ¿de dónde saldrá tanto dinero si el país está en quiebra hace más de seis años? La respuesta es obvia. Ese dinero sale de las medidas draconianas de austeridad y racionamiento de servicios al pueblo impuestas por la JCF, sale de los numerosos aumentos en tarifas por servicios básicos como la energía eléctrica, el agua potable y el alcantarillado pluvial, los peajes, los marbetes, las licencias de conducir, las tablillas y otros documentos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, las patentes municipales, los documentos del Registro Demográfico, las primas del Fondo del Seguro del Estado, sale de la privatización de bienes públicos, del cierre y venta de escuelas públicas, de la inestabilidad de la Universidad de Puerto Rico, de los bajos salarios y pobres condiciones laborales de maestros, bomberos, policías, enfermeras y paramédicos, y demás empleados de primera línea en el servicio público.
Aún queda por acordar la reestructuración de deudas de la Autoridad de Carreteras y de Energía Eléctrica, procesos que sin duda acarrearán nuevas cargas sobre nuestro pueblo, y que reabrirán la controversia entre la embestida privatizadora del Gobierno y la JCF, y las fuerzas contrarias a la privatización de bienes públicos de importancia estratégica como la energía. La resolución final de todos estos acuerdos sin duda ahondará la brecha de desigualdad en el país, y aumentará la pobreza material y en la calidad de la vida colectiva.
En su mensaje televisado, un Pierluis jubiloso habló del comienzo de una llamada “nueva era” para Puerto Rico. Pero su tono celebratorio no corresponde a la realidad de la mayoría de nuestro pueblo. Mientras la alta oficialidad del Gobierno, los líderes legislativos y los miembros de la JCF se unieron para celebrar el acuerdo, el país lo mira con recelo. Primero, porque hemos sentido sus efectos negativos a lo largo del proceso. Además, porque nuestros más respetados expertos señalan que el mismo no es sostenible en el mediano y largo plazo, y que marcará el inicio hacia otra quiebra futura. Puerto Rico necesita desarrollo y sostenibilidad económica y, ninguno de los gobiernos, ni la Ley PROMESA, ni la Junta de Control Fiscal han tenido, solos o en conjunto, un plan para el desarrollo de nuestra economía. Por el contrario, el país se hunde cada vez más en la dependencia de fondos del gobierno de Estados Unidos, como lo demuestra un estudio publicado en días recientes por la firma de investigación económica Estudios Técnicos. Según el estudio, entre los años 2000 y 2019, la proporción de los ingresos del Gobierno de Puerto Rico que viene de fondos federales aumentó en un 201%. En cuanto a la proporción del ingreso de individuos que proviene de fondos federales, esta aumentó en un 94% durante el mismo período. Además, entre el 2000 y 2019, la proporción de los ingresos fiscales del gobierno de Puerto Rico que viene de fondos federales aumentó de 29.1% a 43.1%. Puerto Rico es la cuarta jurisdicción más dependiente de fondos federales en Estados Unidos, detrás de los estados de Luisiana, Montana y Mississippi. ¿Es ese el nivel de “desarrollo económico” que merece y al que debe aspirar nuestro país?
Nuestro pueblo nunca puede olvidar que los que hoy celebran el llamado “fin de la quiebra” representan a los partidos Popular y Penepé y a los gobiernos que endeudaron a Puerto Rico hasta la insostenible situación actual. Pedro Pierluisi, quien hoy se jacta de sus logros con este acuerdo, fue Secretario de Justicia del gobierno de Pedro Rosselló, y compañero de papeleta y Comisionado Residente del gobierno de Luis Fortuño, los dos ex gobernadores del PNP que más contribuyeron a la deuda y la quiebra de Puerto Rico. Por su parte, la Ley PROMESA y la JCF son las criaturas que el Congreso y el Presidente de Estados Unidos forjaron para garantizarle el pago de su acreencia a los buitres de Wall Street, contribuyentes de sus campañas políticas. Ninguno de ellos, ni los políticos desgastados de aquí, ni los buitres y sus padrinos de allá, han sido responsabilizados ni penalizados por haber llevado a Puerto Rico a la bancarrota y abusado de la confianza de nuestro pueblo. Seguimos en las peores manos y ante el espejismo de una falsa salida de la quiebra.
