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La historia se repite: un proceso de permisos cuestionable, los que serían los vecinos se enteran cuando llegan las maquinas, ninguna agencia responde a sus preguntas. En fin, se privatiza la playa para residencias de ricos. Ese es el más reciente caso,  el pretendido proyecto en terrenos adyacentes del humedal Punta Bandera, que colinda con el conocido balneario La Monserrate, en Luquillo.

“Lo triste es que eso lo empiezan a hacer calladito. Nosotros nos damos cuenta porque caminamos bien a menudo, vivimos aquí y  primero vimos a una gente midiendo con unos drones y marcando en las palmas. Hemos visto gente entrando, nadie está informado de que va haber una construcción. De momento encontramos en un website que iba a haber una construcción”. Maribel Barba, residente en el sector Mata de Plátano, vecina de Punta Bandera, narró cómo fue que se enteraron del proyecto.

Fabiana Espíndola añadió  que empezaron a darse cuenta de que había movimiento en el terreno a inicios de enero cuando vio a unas personas que llegaron en una guagua y comenzaron a medir  la distancia del mar hasta dentro del terreno. “Eso me llamó la atención. Nunca ha habido ninguna notificación de parte de las agencias de gobierno  a la comunidad sobre el proyecto. Buscamos en  OGP y encontramos que había permisos desde noviembre, pero no está todo el expediente completo”.

Lo que sí encontraron en internet fue el anuncio del proyecto y una foto aérea que muestra la hermosa vista de Punta Bandera, el desarrollo de 13 edificios (208 unidades)  en una extensión de 18.47 acres (1,320 metros)  frente al mar en plena zona marítimo terrestre. Los precios de las unidades comienzan en $1,250,000 y llegan hasta los $3,400,000 y, por supuesto, en el anuncio figura que los compradores tienen el beneficio contributivo de la Ley 22 y otros. El agente de bienes raíces es el multimillonario  Jorge Uribe.  También dice la página que el proyecto tiene todos los permisos aprobados.

El anuncio del proyecto movió a   la joven a  solicitar a la  Oficina de Gerencia y Permisos (OGP)  una copia completa del expediente  y le dijeron que en dos semanas. Pasadas ya dos semanas, al momento de la entrevista con CLARIDAD, todavía no le habían entregado la copia.  “Necesitamos el  expediente completo para saber a ciencia cierta cuáles son los planes que quieren hacer ahí. Tenemos alguna información, pero no está completa. Se supone que es una información pública que todo ciudadano tiene derecho a esa información. Debería ser de una forma simple”.

Estamos hablando de un humedal, en donde existen cuatro tipos de mangle, sirve de área de anidaje del tinglar,  de refugio de aves migratorias y es uno de los lugares donde hay yacimientos arqueológicos de los más importantes estudiados en Puerto Rico. Entre los vecinos entrevistados se encontraba el esposo de Maribel, Francisco Barba, y Jorge Vélez. Jorge Vélez. Estos señalaron que las marejadas ya están entrando al bosque.

Espíndola contó que algunas de las gestiones que han hecho para obtener información sobre el proceso de permisos para el proyecto fue acudir al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ahí  le pidieron que anotase a mano en un papel cuál era la información que estaba solicitando. La persona, que no se identificó,  le ponchó el papel y Espíndola le tomó una foto con su celular, lo que constituye su única evidencia de su solicitud. A la pregunta de cuáles eran las personas que iban a estar encargadas de hacer la gestión  le contestaron que no sabían.

De los documentos que sí han logrado obtener está una Resolución sobre Reapertura de OGP aprobada el 12 de agosto del 2021, a nombre del dueño del proyecto, Azure Development, el proponente, ingeniero Enrique Blanes Palmer. Según el documento, en las conclusiones de derecho, en el Mapa de Calificación vigente para el municipio de Luquillo los terrenos ubican bajo los distritos calificados como Conservación de Recursos ( CR 79 %) Residencial TurísticoIntermedio (RTI 21 %).

Aquí entra una de las interrogantes en este proceso de permiso. “Es gracioso cómo se puede estar pidiendo prórroga para un permiso  desde el 1999”, se cuestionó Francisco Barba. Detalló que a ese proyecto, ya en el 1999, se le había negado el permiso. En ese momento, el alcalde de entonces y la comunidad se opusieron y lograron detener el proyecto. En el 2008 lo intentaron de nuevo.  “Y ahora con el nuevo Reglamento Conjunto del 2019 y 2020 están tratando de coger esa ventana, y la Junta de Planificación se ha hecho de la vista larga de lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Pero aquí hay un problema grande: las razones por las cuales ese proyecto se denegó en el pasado es porque aquí no hay capacidad para agua potable, las playas se están erosionando, la infraestructura no ha  cambiado en nada. Por ese ángulo nada más no da para un proyecto nuevo”.

En el sector residencial de Mata de Plátano hay 700 unidades de vivienda y una sola calle de entrada y salida. El grupo reconoce que los fines de  semana no pueden salir de sus casas porque todos quieren disfrutar de la playa. “Si ponen  700 viviendas más no se va a poder vivir”.

Además de la importancia y valor natural ambiental que tiene el terreno, una construcción de tal magnitud traería problemas de tránsito,  de inundación, de descargue de aguas negras, advirtieron. Ya hay partes donde se descargan las aguas negras, que ahora las desvía el humedal.

En tanto, Espíndola también cuestionó cómo se puede pedir prórroga para un proyecto por 20 años y censuró la postura de la JP respecto al Reglamento Conjunto.

“Ahora viene la agencia y dice  vamos a usarlo eso, es decir, a la población. Mira no hay ley, tú puedes hacer lo que tú quieres si la propia  agencia de gobierno no está siguiendo lo que dice el Supremo de Puerto Rico.    Se supone que todo permiso que se otorgó bajo ese RC se puede impugnar, por eso es tan importante para nosotros tener todo el expediente, porque no sabemos  bajo qué reglamento se dio el permiso. Queremos hacer las cosas en ley, pero no tenemos a quién tocar en la puerta. Estamos viendo las cosas pasar, si no tenemos los papeles legales en nuestras manos es frustrante ver el tiempo pasar, esperando el expediente; nosotros esperando y el desarrollador está ahí dentro tomando las medidas, haciendo lo que ellos quieren  hacer, rápido”.

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Aunque ya el mal está hecho y no se sabe si la próxima persona que venga sea peor, de momento, la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, no deja de producir satisfacción.

En cinco años, a Jaresko, que nunca antes había  puesto un pie en Puerto Rico, le pagamos la suma de $3,125,050. Claro, es un hecho que la ley PROMESA es una imposición colonial del Congreso de Estados Unidos. Pero no se puede dejar de remarcar que parte de la responsabilidad de su sueldo es del primer presidente de la Junta, el millonario puertorriqueño José Carrión III, que le aprobó el sueldo; del resto de los miembros de Junta, que lo acogieron, y del llamado Ejecutivo y Legislativo del “Estado Libre Asociado”, que se sometieron y continúan sometidos a los dictámenes de la JCF.

El anuncio de la renuncia, efectiva el próximo 1.⁰ de abril, puede decirse que nos tomó por sorpresa a las y los ciudadanos, pero no a los miembros  de la Junta. Una determinación como esa, en un ente cuya encomienda era sacarle el dinero al pueblo de Puerto Rico para pagar una deuda impagable como fuese, donde la directora ejecutiva y coordinadora interina de revitalización tomaba decisiones diarias acerca del gobierno de Puerto Rico, no se toma de manera sorpresiva. Según reclama Jaresko en sus   declaraciones donde informó de su renuncia, “luego de cinco años de esfuerzo incansable,  estoy orgullosa de lo que alcanzamos juntos”. ¡Cuánto cinismo!

Sus logros los desglosa en una reducción masiva, en más de 80 % de la deuda. Esto ha sido desmentido una y otra vez por economistas expertos en la Ley PROMESA y la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda. Su segundo logro, “seguridad de retiro mejorada”, si solo hay que mirar la respuesta del magisterio. El Plan de Ajuste de Deuda (PAD) congela las pensiones por los próximos diez años. “Un presupuesto balanceado”, pero no dice que es a costa de medidas de austeridad, sin definir los servicios esenciales. “Mayor inversión en servicios públicos”. Tampoco dice que es a costa de la privatización como ya se hizo con la transmisión y distribución de la energía —es decir, LUMA—, que ya aumentó la tarifa.  También está en proceso la privatización de la generación, es decir, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta privatización implica un aumento que comienza en 2.768 centavos el Kvh hasta llegar a los 4.552 en los próximos 47 años y un impuesto al sol para pagar la deuda de la AEE. No hay que olvidar el aumento en los peajes. Ésas serían algunas de esas inversiones que reclama la directora ejecutiva de la Junta.

Se fue o la fueron

Para el experto en la ley PROMESA, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la renuncia de Jaresko,    sea porque la despidieron o porque ella haya renunciado, viene por el desastre que esta conjuró. Si se mira el Plan Fiscal (PF)  es una lista enorme de cosas que están incompletas.

Entre estos asuntos inconclusos está que el Título V de la ley PROMESA nunca se puso en vigor, que es el nombramiento del coordinador de los proyectos estratégicos. Tampoco se han  implantado las  reformas estructurales que dice que hay que hacer para cumplir con el plan de ajuste de deuda (PAD) de la deuda del Gobierno central.  Mientras, el propio ¿Plan Fiscal? de la Junta establece que para el 2029 habrá un crecimiento negativo del país, por lo que no se va a poder pagar la deuda tan pronto como esa fecha.

Otro asunto crucial que queda pendiente es  la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica,  que es crucial para que PAD se pueda cumplir. A la pregunta  de si será difícil que una nueva dirección, después de que  Jaresko ha dejado  establecido los parámetros para la negociación de la deuda, pueda hacer algo diferente, el licenciado Emmanuelli Jimenez subrayó que tendrá que hacerlo  porque el acuerdo de reestructuración como está no lo van a poder aprobar. Describió que a la AEE la han “destartalado”  —para usar los términos del gobernador—, por lo que  va a ser difícil que la puedan reestructurar con el plan que tiene la JCF. “Va  a ser difícil reestructurarla sin un aumento en la tarifa, y eso va a hacer que la economía  se vaya por el despeñadero y no se pueda cumplir con el PAD del  Gobierno central”, reiteró.

La apreciación de Emmanuelli Jiménez es que antes de que todas estas cosas vengan a menos, de que se vea la debacle, a la señora Jaresko “se fue o la fueron.  En cualquier corporación donde ese sea el pronóstico, botan al GO”. Reparó en que el   hecho de que haya sido tan sorpresivo, el hecho de que el congresista Grijalba haya dicho que nadie le dijo nada y de que incluso la Casa Blanca se estaba quejando de que nadie  le había dicho nada de  la renuncia sorpresiva, evidencia que hubo un tropiezo en la dirección de la  Junta.

Subrayó y denunció como irónico que, mientras la directora ejecutiva de la JCF se opone a la Ley 80, que establece una mesada por despido injustificado,  su contrato tiene una mesada de $208 mil por el mismo concepto.

“Pero pienso que independientemente de que sea despido o no, el asunto de su salida responde a que los números no van a cuadrar Ella se va cuando supuestamente terminó. Todo es falso, están a mitad montones de cosas”.

La verdad no nos importa

Para el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, la verdad sobre las razones de la renuncia de Jaresko no importan.

“Pero sí sabemos que se ganó en cinco años tres millones de dólares y que desde el punto de  vista económico ya logró sus objetivos de ganancia  económica. En términos de lo que deja en el país ha marcado la historia nuestra como la expresión más cruda del colonialismo porque el efecto real de la ejecución de Natalie Jaresko  ha sido que en la ejecución y toma de decisiones ha sustituido al gobernador y a la Legislatura”, manifestó.

Aun cuando reconoció que esta facultad surge del esquema de la Ley PROMESA, criticó el que todos —en referencia al Ejecutivo  y Legislatura— se quejaban de la directora ejecutiva,  pero le seguían pagando  un salario exorbitante.  Sí apuntó que su salida  representa ya una inestabilidad en la ejecución de la Junta  en Puerto Rico  porque ninguno de sus miembros está  en el día a día, y eso  desestabiliza su estructura ejecutiva.

Era un poco previsible

 En entrevista por separado, la licenciada Eva Prados, activista que aboga por una auditoría de la deuda, comentó que la salida de Jaresko era un poco previsible que ocurriera una vez completada la parte más difícil del proceso de quiebra, que es el PAD del Gobierno central.

“Sin  embargo, no podemos calificar como positivo el trabajo que ella ha realizado, a diferencia de la  expresión que se ha hecho de parte de ella, de que ha adelantado un plan de ajuste.  Todo lo contrario, es falso que este plan vaya a promover la prosperidad para Puerto Rico”. Recalcó que no es cierto, como alega la directora ejecutiva de la JCF, que la deuda haya sido reducida de manera sustancial,  pero que ciertamente ya el rol de la Junta es uno más pasivo luego de la aprobación de los planes de ajuste y “el golpe más fuerte lo vamos a sentir de ahora en adelante, no importa si está la Junta o no, porque ya el plan de ajuste compromete el futuro de Puerto Rico  por los próximos 30 y 40 años”.

Eso tuvo que estar ya acordado

En tanto, para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, dijo estar anonadado de primera intención, a la vez de estar seguro de que a los miembros de la Junta no les tomó por sorpresa. “Eso tuvo que estar ya acordado. Me parece bien interesante,  va por dos niveles. Una por una alegría incontrolable que siento porque dentro de todas las tareas que tenía Natalie Jaresko también hay un elemento personificado, un elemento particular de insensibilidad demostrada, de ella como persona. Eso es una parte que me causa gran alegría como universitario”.

Por el otro lado, señaló que no nos podemos llamar a engaño dado a que Jaresko  tomó la gestión que se le delegó de manera seria y con una insensibilidad humana particular. Pero la gestión que se le delegó fue una desde el   Congreso de EE. UU.,  y la JCF fue creada por la ley PROMESA y esa parte de la gestión, no importa quién venga puede ser que tenga un nivel de sensibilidad humana y no sea tan dura como Natalie Jaresko;  pero va a tener la misma tarea.

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La masiva protesta de maestras y maestros el viernes 4 de febrero sorprendió a mucha gente. Sin que hubiese sido convocada por el sindicato único que oficialmente los representa, la Asociación de Maestros, ni por una organización de alcance nacional, la gran mayoría de los trabajadores del sistema público de enseñanza abandonó labores. Miles se concentraron en el lado sur del Capitolio en San Juan desde donde marcharon hacia Fortaleza, abarrotando las calles de la vieja ciudad, mientras otros organizaron protestas en diferentes partes del país. Un gran número de estudiantes se unió a las marchas o hicieron demostraciones de solidaridad en las propias escuelas.

La movilización se produjo justamente cuando el gobierno de facto que ha estado a cargo de Puerto Rico desde 2016, la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos, se vanagloriaba porque supuestamente ya encaminó el final del proceso de bancarrota mediante la aprobación de un plan negociado con los grandes fondos tenedores de bonos. En el nuevo “plan fiscal” impuesto por el grupo estadounidense, se incluía, como si fuera la gran cosa, un aumento de $470 a los maestros del sistema público dividido en dos etapas. La “ucraniana-americana” Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, manifestó su sorpresa ante la masiva protesta que se producía, precisamente, cuando por primera vez en más diez años se anunciaba un aumento de sueldo al magisterio.

Cualquiera que haya vivido en Puerto Rico durante la última década, o que repase las noticias acumuladas a lo largo de ese tiempo, no puede expresar sorpresa por el estallido de protesta del 4 de febrero, ni por los que seguramente vendrán en los próximos meses. Cuando los agravios sociales se acumulan, se produce un proceso similar al del calentamiento de los volcanes previo a que entren en ebullición.

Durante los últimos doce años ningún empleado público puertorriqueño se ha beneficiado de un aumento de sueldo. En el caso de las corporaciones públicas, que negocian convenios colectivos y tienen derecho a la huelga, la sequía comenzó hace cinco años, cuando la JCF asumió el control de sus finanzas. Todas las negociaciones previas entre el gobierno como patrono y sus empleados quedaron a merced de la Junta. Durante ese largo periodo, que todavía persiste, todo aquel que labore para alguna entidad pública ha tenido su salario congelado.

En cuanto a los llamados “beneficios marginales” – aportaciones a plan médico, vacaciones, días por enfermedad, aportaciones a sistema de retiro, etc. – la situación ha sido peor. Estos renglones se han reducido o desaparecieron del panorama futuro. Antes se decía que los empleados públicos ganaban menos que otros del llamado sector privado, pero, a diferencia de estos últimos, tenían garantizada una pensión de retiro, junto a otros beneficios. Todo eso desapareció o cambió a partir de 2016 y, ahora mismo, nadie en el sistema público tiene alguna certeza de qué le depara el futuro.

Los trabajadores del llamado sector privado no lo han estado pasando mejor. El salario mínimo que deben pagar las empresas no cambió durante ese largo tiempo, mientras que los beneficios legislados se redujeron. En 2017, por mandato de la JCF, se impuso una llamada “reforma laboral” que limitó el pago por horas extras, flexibilizó la jornada de trabajo, abarató y facilitó el despido, aumentando la precariedad de todos los trabajadores. A principios de 2021, la Legislatura electa el año anterior inició un proceso dirigido a restituir alguno de los derechos despojados, pero hasta ahora todo ha quedado en nada.

Mientras ese proceso de despojo se daba, los efectos del capitalismo salvaje continuaban su curso. Mientras escribo este artículo la prensa nos informa que la inflación sigue incesante y que el último aumento en los precios de la llamada “canasta básica” (los productos indispensables para vivir) ha sido el más alto de los últimos trece años. En el renglón de alimentos el aumento fue de 17%, mientras la gasolina y otros productos del petróleo se dispararon al 30%. Cada año hemos sufrido aumentos, pero el último ha sido peor. Quienes vivimos en Puerto Rico y, con mayor rigor los que trabajan para el sector público, tenemos que enfrentar ese incremento continuo en el precio de todo lo que necesitamos para vivir, mientras el salario se estanca o se reduce y los beneficios desaparecen.

El resultado neto de este proceso, que ya lleva doce años, ha sido el creciente empobrecimiento de la población y el deterioro general de las condiciones de vida. Para mayor prejuicio, el periodo ha sido uno de los peores en cuanto a corrupción pública e ineficiencia gubernamental. La población trabaja igual, gana menos y vive peor. La trasportación pública es inexistente o deficiente, por lo que hay que ir al trabajo en autos privados por calles llenas de rotos, y capear el continuo aumento en los precios mientras el salario se queda igual. Todo lo anterior se agravó con los efectos de los dos eventos naturales de los últimos cinco años – el huracán de 2017 y los terremotos de 2020 – que fueron enfrentados por un gobierno limitado en recursos y amarrado por la corrupción.

El deterioro creciente en la calidad de vida inevitablemente tiene consecuencias sociales y el estallido de protesta del magisterio fue un aviso. La emigración hacia Estados Unidos -esa omnipresente válvula de escape- es una de las razones que explica que el estallido no haya sido generalizado, pero vendrán otros.