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Con los últimos cambios a la Ley de Permisos, por la forma en que está operando la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) que no tiene director, nadie sabe por donde van los trámites del  proyecto Hard Rock Hotel, señaló a CLARIDAD, el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, quien ha cuestionado dicho proyecto por su ubicación y dimensiones.

El Hard Rock Hotel se presenta como otro mega proyecto, a construirse frente a todo el litoral portuario, en lo que es hoy el estacionamiento del Departamento de Hacienda, en la entrada del Viejo San Juan. Según se ha anunciado por sus inversionistas Harbor Bay Development Group Inc, sus socios, Stonecrets Investment management, Misla Hospitality Group y Rexach Builders, el proyecto a un costo de $850 millones de 12 pisos consistirá de 486 habitaciones de hotel, 190 residencias, casino, tiendas en el primer piso, cuatro restaurantes, un spa, un centro de convenciones con capacidad para mil personas y estacionamiento.  En el 2023 la Compañía de Turismo  informó sobre el proyecto y la  otorgación   de $96 millones en créditos contributivos.

Sobre lo que se conoce hasta el momento respecto a los trámites de permisos Cardona Roig indicó que según la empresa hay dos trámites corriendo y cuenta con varios endosos y autorizaciones, pero no se sabe cuáles. Lo que si dijo que se conoce mínimamente es que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), presentó sus objeciones en relación al volumen y el tamaño, por lo que sus proponentes cambiaron su diseño y “lo convirtieron en lo que parece un edificio de oficina de Metro Office Park”, describió el también arquitecto conocido como El Urbanista.

Añadió que no sólo desde el punto de vista del volumen el proyecto es objetable, sino que su confección  pretende recrear una tercera parte de todas las habitaciones de hotel que hay en el Viejo San Juan. Señaló que,  Puerto Rico no ha demostrado un crecimiento de ocupación hotelera en los últimos años, por lo que debemos presumir que este hotel  lo que va hacer es quitarle clientela a las facilidades existentes.

De otra parte señaló que cuando se hacen estos centros multitudinarios, y se hacen convocatorias implican a miles de personas, esto sobre carga las calles. Es sabido que el Viejo San Juan  tiene una capacidad limitada para manejar tráfico y que sólo  tiene tres vías, dos de entrada y una de ellas exclusiva para salida. Mientras el estacionamiento masivo que conlleva el proyecto  hace que el edificio sea mas alto.

A eso se le suma que el Viejo San Juan ya tiene problemas con el  suministro de agua y luz lo que también es preocupante porque aunque sus desarrolladores  dicen que van a tener una conexión independiente para el  agua, el  alcantarillado para descargas sanitarias  depende de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Cardona Roig, afirmó que la carencia de agua en el Viejo San Juan ya ha sido  documentada junto a una pérdida notable de población, por el desplazamiento que han provocado los alquileres a corto plazo (ACP).

“Si  nosotros ponemos un hotel de esa escala en ese punto tenemos que estar claros que entre el tráfico, la demanda de agua y luz  que esto va a supone, se va hacer mas difícil vivir en el casco del Viejo San Juan  y en tener actividades comerciales, esto va a robar todo el turismo que llegan a los pocos lugares de consumo que quedan  en el Viejo San Juan  que están orientados al turismo”, advirtió.

Permitir la construcción del Hard Rock Hotel como se ha presentado también pone en riesgo la designación del Viejo San Juan como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cardona Roig precisó que dicha denominación se refiere a las murallas del Viejo San Juan, a los fuertes El Morro y  el San Cristóbal y a la Fortaleza. Esas estructuras están diseñadas con el propósito de vigilar y proteger que se pueda ver desde la bahía, desde el mar, todo el litoral costero.  Si se construye el edificio y se bloquea la vista hacia la muralla se puede perder la denominación.

Un ejemplo de ese riesgo ya lo tuvo la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. En dicha ciudad se construyó para el 2017 un edificio llamado Acuarela, pegado a las murallas, por lo que el Comité de Patrimonio Mundial, de la UNESCO, les advirtió y se  le dio a la ciudad un término de dos años para derribarlo o si no se le retiraba su designación de Patrimonio de la Humanidad. En noviembre del 2024 la ciudad terminó de derrubar el edifico.

En términos de planificación Cardona Roig, señaló que dicho espacio para los años ’90 estaba predicado para que fuese vivienda e incluso podría ser hotel, pero en caso de hotel en una escala menos de la mitad de lo que se está proponiendo.  Destacó que en términos de planificación aun cuando los usos sean compatibles y la zonificación lo permita hay que analizar la carga que va a crear el futuro desarrollo. Con la pérdida de población y la situación en que se encuentra el Viejo San Juan se tendría que entrar con mayor seriedad a la consideración  de la carga que generaría el proyecto en términos  de infraestructura de cuartos,  volumen de personas que estarían  entrando y no hay ningún estudio que demuestre que se haya  estudiado dichos aspectos.

Mas aun confirmó que  donde se ubica el proyecto es una zona inundable y que tampoco habrá vistas públicas. Cardona Roig expresó sus dudas de que el proyecto se comience y luego se deje a mitad. Atribuyó que en sus inicios el proyecto era todo habitaciones de hotel y el componente de residencias ha sido un patrón típico de inversionistas  para obtener créditos contributivos de la Compañía de Turismo. “Dicen que es un proyecto hotelero y luego lo convierten en un proyecto de vivienda”.

Por su parte la residente del Viejo San Juan, la escritora Vanessa Droz, manifestó a este medio que desde el momento en que los residentes del Viejo San Juan se enteraron del proyecto han expresado su oposición a la construcción.  “Cuando se presentó la primera opción del diseño era horrorosa, tenia las guitarras que son el icono de la cadena”. Reconoció que la intervención del ICP  hizo que se suavizara el diseño aun así coincidió con la apreciación de Cardona Roig. “Ciertamente hay una falta de armonía  en el diseño con el entorno”, reiteró.

Al igual que el planificador, Droz  señaló los problemas de infraestructura de agua y luz, y el problema fundamental que es el tráfico que viven los residentes de la ciudad vieja.   “Es  espantoso porque todo  el mundo quiere llegar con el automóvil donde se va a sentar a comer”.

Comparó que el proyecto es uno muy  parecido a Esencia en varios aspectos. “Hay mucho dinero involucrado, mucha gente que está planificando ya no de la política pública, sino  en adueñarse del país con unos estilos de vida, proyección de propiedades que deja fuera a los puertorriqueños,  es también igual en ese sentido es construir una ciudad dentro de la ciudad es un peso extraordinario lo que va a traer”.    

La reconocida escritora se cuestionó el “cómo  habiendo tantos problemas y tantas circunstancias en el país,  que  haría que cualquier inversionista dijera ‘yo para allá no voy’,  mucho menos que los muelles van a  estar chavos por la insistencia en construir, entonces qué es lo qué está sucediendo, qué plan macro  hay,  que eso solo sabe el  gobierno y todos los que son dueños de los medios de producción a nivel global, qué es lo que está detrás de esto”.

La escritora hizo referencia a que poco a poco estos intereses han ido implantando lo que decía el publicista del ex gobernador Ricki Rosselló, de ‘un Puerto Rico sin puertorriqueños’.

“Me parece horroroso una ciudad dentro de la ciudad, me asombra que los comerciantes del casco no se hayan escandalizado ni  opuesto a la construcción”.

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 El Departamento de Educación (DE) recibió, en febrero de este año, una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez. La calificación representa una mejora en los servicios que presta el DE en el Programa de Educación Especial, según las métricas establecidas por el Tribunal. No obstante, el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió que muchos de estos “logros” no reflejan cambios estructurales profundos.

La directora de la organización, Carmen Warren, recordó que la monitoría a la que está sujeta Educación, dirigida por la Dra. Pilar Beléndez Soltero, analiza los datos provistos por la propia agencia. Luego de una primera evaluación, explicó la portavoz, la monitora corrobora los datos con la retroalimentación de los abogados, el Comité Timón, los padres y todos los agentes de la parte demandante.

“Tienen muchos modos de corroborar. Esas puntuaciones que ellos obtienen no necesariamente son finales. En la mayor parte de las ocasiones, esas puntuaciones bajan después del proceso de monitoría porque se identifican fallos en los informes o información incompleta, duplicada. Son observaciones y señalamientos que realiza la propia monitora”, explicó Warren en entrevista con CLARIDAD.

Entre las formas de corroborar, la monitora recoge, de forma aleatoria, expedientes para comprobar si contienen las firmas de todos los participantes del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) que establecen el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada estudiante. Del mismo modo, Beléndez Soltero observa a menudo si estos documentos se archivan adecuadamente.

“Las 87 estipulaciones (del pleito de clase) están divididas por temática. En las evaluaciones que se realizan, el Departamento tiene evaluaciones más o menos aceptables  —entre 3 o 4— en las estipulaciones relacionadas con la divulgación o el proceso de registro. Por ejemplo, el derecho de cada padre a que, con la sola sospecha de que su hijo tiene alguna necesidad, pueda registrarlo en el programa”, agregó la directora.

Empero, el registro supone el comienzo del camino. Tras proceder a otros procesos de evaluaciones, Educación determina la elegibilidad del estudiante dentro de las 13 categorías contempladas en Educación Especial. De resultar elegible, la agencia prepara el PEI e identifica una ubicación en donde estudiaría el alumno.

“En esas primeras estipulaciones, en ese orden, el Departamento generalmente obtiene una puntuación aceptable, pero las estipulaciones más dirigidas a servicios directos, que impactan al estudiante diariamente, le bajan esa puntuación en la monitoría. Hay unas estipulaciones en las que siempre salen bien. Las de divulgación, por ejemplo, que cumplen todos los meses de abril con la concienciación del mes del autismo. Ellos hacen campaña anunciando la condición, pero eso es fácil. También van a programas radiales y televisivos, como estipula el pleito de clase. En eso cumplen: las cosas físicas, naturales, que no impactan a la niñez”, argumentó Warren.

De acuerdo con la portavoz del Comité Timón, Educación incumple con la asignación de un maestro cualificado para atender las necesidades particulares del estudiante, con el programa educativo diseñado y terapias que no se limitan a las del habla, ocupacional, física o psicológica. Existen servicios especiales, como la terapia equina, acuática, educativa o procesamiento auditivo del lenguaje, que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estas infracciones de Educación afectan, por ejemplo, la comprensión lectora y escritura de los estudiantes.

“Ocurre que el Departamento muchas veces incumple porque no hay suficientes profesionales para poder ofrecer la cantidad de servicios que los estudiantes requieren o no están dispuestos a pagar los costos de muchas de estas terapias. Por eso ellos tratan de enfocarse en las terapias tradicionales”, comentó.

Para Warren, Educación Especial debe, además de atender las necesidades de estudiantes con métodos alternos de aprendizaje, integrar a esta demografía la comunidad. Que la comunidad tenga la información para insertarse en la vida de los estudiantes. «Por muchísimas malas prácticas», Warren afirma que el país no ha llegado a ese punto de mejora.

El comisionado especial del pleito de clase, el licenciado Carlos Rivera Martínez, celebra vistas mensualmente en las que se reúnen las partes del caso para evaluar los datos sometidos. El informe de la monitora, por su parte, se publica anualmente para pasar al proceso de corroboración. Hasta el momento, la monitora ha adelantado algunos puntos de esa segunda evaluación.

“Aún cuando existían leyes federales y estatales que definen claramente los servicios a los que tienen derecho los estudiantes de educación especial, no se hacía. El que todavía el Tribunal tenga jurisdicción en el pleito es lo que ha logrado que se empiece a dar cumplimiento a todas las leyes que nadie cumple, aun cuando se supone que ocurran sanciones contra esos incumplimientos”, elaboró.

A pesar de reconocer las herramientas que ha brindado la determinación del caso 22 años después, Warren puntualizó que la agencia estatal lo continúa manejando con deficiencias severas. El DE paga, en ese sentido, $11,000 diarios en multas por incumplir con las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez. Además, Educación infringe la ordenanza de la jueza Eileen Navas Auger al no sancionar a funcionarios que obstaculizan la prestación de servicios.

Asimismo, Warren arguye que la Oficina de Remedio Provisional y Querella ha cambiado desde que está bajo el manejo del DE. Reconocido como uno de los grandes logros del caso, en el que Educación financia servicios privados que no puede proveer, la portavoz del Comité admitió que el acuerdo “se ha salido de las manos” puesto que la agencia privilegia el remedio provisional en lugar de habilitar condiciones adecuadas en las aulas.

“Se ha vuelto todo un negocio. Son escuelas subsidiadas con fondos de Educación. Nadie (de la agencia) supervisa, nadie visita”, argumentó con relación a cómo las compañías privadas cobran cerca de $2,500 por niño. En muchos casos, estos centros cierran súbitamente y dejan al estudiante en un limbo procesal.

Warren también denunció que los reembolsos que Educación expide para los estudiantes de Educación Especial no han cambiado su tarifa desde que se fijaron por primera vez. La amalgama de deficiencias de Educación con las 87 estipulaciones del caso, sumada a los “logros” que se arroga, le han merecido la broma del «cumpli-miento».

“El cumpli-miento, le decimos: Te cumplo y te miento”, dijo Warren.

La Junta surte efecto

Desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF) en 2016, los tres cuerpos encargados de manejar los fondos de Educación —y por consecuencia, Educación Especial— se han tenido que ajustar a las imposiciones del ente federal. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Síndico federal asignado tras el arresto de la secretaria Julia Kelleher han tenido que apelar ante el organismo.

Sin embargo, la JCF comparte la preocupación con el Comité de los gastos que el DE invierte en servicios que no se proveen por las empresas privadas. Tres de las más de 26 compañías contratadas han enviado cartas a padres en las que avisan de la terminación de servicios para los estudiantes, contó Warren. La portavoz sostiene que la agencia prefiere continuar con estos remedios, “parchos», como con las multas diarias, en lugar de enmendar las causas sistémicas de fondo.