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El PS 63: cero derechos de acceso a la información pública

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Luego de todo un día de vistas públicas  y de que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez,  afirmara que la medida no sería examinada con prisa, como ladrón en la noche,  la Cámara aprobó por descargue el PS 63, el supuesto proyecto de Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que enmienda la Ley 141 de 2019.

En la vista pública ante la Comisión de lo Jurídico, en la sesión de la mañana del 12 de noviembre, gremios periodísticos, entidades de Derecho defensoras de los derechos civiles y líderes comunitarios, denunciaron que el PS 63  limita el derecho constitucional de acceso a información pública.

Esta fue  la primera y única vez en que el proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schazt, fue sometido a vista pública. Fue presentado en el mes de enero y aprobado en el Senado el 23 de octubre. Al día siguiente, se envió a la Cámara, a la Comisión de Gobierno. Tras denuncias públicas de que la medida fue aprobada en el Senado sin vistas públicas, el presidente de la Comisión, Víctor Parés, anunció que haría vistas públicas y, al día siguiente, la medida fue redirigida a la Comisión de lo Jurídico, que preside el representante José Pérez Cordero.

En la aprobación por la Cámara, el proyecto recibió 24 votos en contra de las minorías del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD).  Siete representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) también le votaron en contra: José Pérez Cordero, Fernando Sanabria Colón, Odalys González, Emilio Carlo Acosta, Wanda Del Valle, Carmen Medina y Christian Muriel Sánchez. El resto de la  delegación del PNP  votó a favor de la medida.

Ante la aprobación, las reacciones no se hicieron esperar. En expresiones escritas, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) hizo un llamado a senadores y representantes del PNP a que reconsideren su posición en torno al proyecto y se coloquen del lado correcto de la historia ahora que tendrán una última oportunidad de emitir su voto cuando la medida salga del Comité de Conferencia y se presente para su aprobación final.

La presidenta de la ASPRO, Nydia Bauzá,  lamentó que una mayoría cameral le haya asestado “un golpe bajo al pueblo de Puerto Rico al aprobar la noche de este jueves el PS 63, en el afán de hacer aún más inaccesible la información pública”.

Denunció que, como parte de una estrategia tras bastidores, se le arrancaron páginas al documento para que la pieza legislativa quedara viva en uno de los comités de conferencias, “que sabemos son criaturas legislativas donde no se conferencia nada o muy poco”.

La presidenta del gremio periodístico cuestionó: “¿Por qué tanta prisa por aprobar este proyecto?, ¿a qué le temen?, ¿qué se pretende esconder?, son preguntas que quedan sobre la mesa. Necesariamente tenemos que preguntarnos por qué procuran intencionalmente dificultar la transparencia y el derecho del pueblo a la información pública, sabiendo que a nivel mundial eso se entiende como mecanismo para ocultar la corrupción gubernamental”.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), en declaraciones escritas, se unió al coro de voces institucionales y comunitarias que rechazaron la medida y manera atropellada y poco democrática en que se consideró el PS 63,  tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“Tratándose de limitaciones a un derecho fundamental, resulta decepcionante y sospechoso que se apruebe sin permitir una participación amplia de los sectores interesados. En la vista solicitamos que se ampliara el proceso para que otras organizaciones pudieran expresarse. Pero además, que la comisión dedicara tiempo para considerar nuestros argumentos. Sin embargo, nos hicieron perder nuestro tiempo y esfuerzo en una vista pro forma”, denunció la Lcda. Yanira Reyes primera vicepresidenta del Colegio, quien compareció a la vista cameral junto a la Lcda. Vivian Pellicier, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del CAPR.

La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, también censuró la aprobación por la Cámara de Representantes. LA ACLU calificó las vistas públicas en la Cámara como una afrenta al pueblo, una mera formalidad realizada a la prisa para continuar con un trámite expedito sin justificación.

“La amplia oposición de diversos grupos y organizaciones comunitarias demuestra que esta medida no le conviene a nadie, excepto a aquellos que persiguen ocultarle algo al país. La aprobación del Proyecto del Senado 63 es contrario a todo lo que representa una democracia participativa”, declaró Martínez Orabona.

El Centro de Periodismo Investigativo; el Overseas Press Club (OPC);  la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía; la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, así como Facultad de Derecho  de la  Escuela de Derecho de la UPR fueron otras de las entidades que  se expresaron en las vistas públicas en contra de la medida.

Entre los argumentos elaborados por la presidenta del OPC, Wilma Maldonado, se planteó que la medida complica de manera innecesaria el procedimiento para solicitar información, al exigir que toda persona que solicite información deba notificarlo al director de la agencia, al presidente de la Rama Legislativa o del Poder Judicial, con copia al oficial de información. “Esto, en la práctica, hará casi imposible que un ciudadano pueda ejercer su derecho, porque los correos electrónicos de muchos funcionarios pocas veces están disponibles al público”.

El proyecto establece que “ninguna entidad estará obligada a crear o preparar un documento inexistente al momento de recibir la solicitud” y además extiende el periodo para que una agencia entregue la información solicitada de 10 a 20 días laborables, con posibilidad de prorrogarlo otros 20 días.

El consenso de las organizaciones que depusieron en la vista pública fue que además de representar una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, la medida no es enmendable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraísos fiscales coloniales, desarrollo y crecimiento económico en Puerto Rico

Por
martha quinones dominguez
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Especial para CLARIDAD

La discusión que trae Caraballo Cueto sobre el papel de los paraísos fiscales coloniales en el desarrollo económico contemporáneo plantea una paradoja profunda: ¿puede un territorio dependiente y subordinado al capital externo alcanzar desarrollo mediante ventajas fiscales y servicios financieros, del mismo modo que antes lo hizo con la manufactura? En el caso de Puerto Rico, esta cuestión adquiere una relevancia particular. A lo largo del siglo XX, la isla transitó de ser un enclave militar, agrícola a manufacturero dependiente de capital estadounidense, impulsado por programas como la Operación Manos a la Obra, a convertirse en el siglo XXI en una jurisdicción de servicios financieros y tecnológicos orientada a atraer inversión mediante incentivos fiscales y enclave turístico de atracción de individuos de alto patrimonio.

Puede un paraíso fiscal colonial basado en servicios y atracción de individuos de alto patrimonio podría reproducir resultados macroeconómicos similares a los de la etapa manufacturera, pero sin lograr un desarrollo económico y social genuino, perpetuando así la dependencia estructural y la desigualdad interna.

Históricamente, Puerto Rico ha encarnado la tensión entre crecimiento y desarrollo, dos conceptos que en apariencia se complementan pero que en la práctica divergen. El crecimiento económico, definido como el aumento cuantitativo del producto interno bruto, puede alcanzarse mediante la expansión de la producción o la entrada de capital externo. Sin embargo, el desarrollo económico implica un proceso cualitativo de transformación social, diversificación productiva, justicia distributiva y fortalecimiento institucional. Siguiendo a autores como Amartya Sen (1999), el desarrollo no puede reducirse al incremento del ingreso, sino que debe entenderse como la expansión de las capacidades humanas y la autonomía de las sociedades. En esta distinción se encuentra la clave para comprender la trayectoria puertorriqueña: tanto el modelo manufacturero del siglo XX como el modelo de servicios fiscales actual se apoyan en una base de crecimiento dependiente, exógeno y excluyente.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, Puerto Rico fue un laboratorio de industrialización subordinada. Un laboratorio de industrialización es un espacio especializado donde se realizan pruebas, investigaciones y proyectos para desarrollar, mejorar y automatizar procesos industriales. Bajo la tutela política y económica de Estados Unidos, la isla atrajo capital manufacturero mediante exenciones fiscales federales, particularmente a través de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Este modelo produjo un crecimiento notable en términos de PIB y empleo industrial, pero sin generar autonomía ni desarrollo estructural. Las decisiones estratégicas permanecieron en manos de corporaciones estadounidenses, y cuando los incentivos fueron eliminados en la década de 1990, la base productiva local colapsó. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1979), se trató de un enclave productivo clásico, funcional a los intereses metropolitanos y desconectado del tejido social puertorriqueño.

En el siglo XXI, la isla ha buscado reinventarse bajo una lógica similar, pero ahora como un paraíso fiscal colonial de servicios y capital financiero. Las leyes 20 y 22 —hoy unificadas en la Ley 60 de 2019— ofrecen exenciones casi totales a inversionistas no residentes y a individuos de alto patrimonio que establezcan residencia en Puerto Rico. Este régimen fiscal ha atraído empresas tecnológicas, fondos de inversión y figuras del mundo cripto, quienes aprovechan la doble condición de la isla: parte del sistema económico estadounidense, pero con autonomía tributaria limitada. En términos cuantitativos, este modelo ha generado ingresos y cierto dinamismo en los sectores de servicios profesionales, bienes raíces y turismo de lujo. En apariencia, el “paraíso fiscal de servicios y personas” reproduce el crecimiento que en otro tiempo generó la manufactura, aunque basado ahora en capital financiero y humano de alta renta, no en producción material.

Sin embargo, el análisis cualitativo revela una dinámica análoga de crecimiento sin desarrollo. La mayor parte del capital atraído no se reinvierte en la economía local, sino que se canaliza hacia actividades especulativas o de optimización fiscal. Los beneficios se concentran en una élite reducida, mientras amplios sectores de la población enfrentan pobreza, migración y pérdida de poder adquisitivo. La infraestructura, los servicios públicos y el empleo formal continúan debilitados, y la política económica está sujeta a la supervisión de la Junta de Control Fiscal impuesta por la Ley PROMESA de 2016. En términos de economía política, el modelo fiscal reproduce la lógica de un enclave financiero, donde la función principal del territorio es ofrecer su marco legal y su soberanía limitada al capital global, sin control pleno sobre sus resultados ni sobre la redistribución del ingreso.

Desde la perspectiva teórica de la colonialidad del poder (Quijano, 2000), Puerto Rico opera dentro de una estructura neocolonial en la que la fiscalidad se convierte en una extensión del dominio metropolitano. La transición de enclave manufacturero a enclave fiscal no modifica las relaciones de dependencia, sino que las reconfigura. En lugar de exportar bienes tangibles, la isla exporta ventajas jurídicas y residencias fiscales; en lugar de atraer fábricas, atrae fortunas. El resultado económico puede ser comparable en términos de indicadores macroeconómicos, pero sus efectos sociales y distributivos son aún más concentrados y excluyentes. Al igual que el modelo industrial anterior, el régimen fiscal actual se sostiene en una inserción subordinada en el capitalismo global, donde la capacidad de decisión y la creación de valor permanecen fuera del territorio.

Ambos modelos —manufacturero y fiscal— generan crecimiento económico exógeno basado en incentivos y dependencia externa, pero no desarrollo endógeno. En ninguno de los dos casos se fortalece la autonomía productiva, ni se diversifica la economía local, ni se reducen las desigualdades estructurales. El paraíso fiscal colonial de servicios y personas puede replicar el crecimiento numérico de la era manufacturera, pero sin transformar las condiciones sociales que impiden el desarrollo sostenible. Como advierte Zucman (2015), los paraísos fiscales son territorios que acumulan riqueza global sin crear bienestar local, perpetuando así un desequilibrio entre los indicadores macroeconómicos y la realidad social.

En conclusión, la experiencia puertorriqueña demuestra que la transición de un enclave manufacturero a un enclave financiero no implica una ruptura con la colonialidad económica, sino una adaptación a las nuevas formas del capitalismo global y de la colonia. Puerto Rico, como paraíso fiscal colonial, puede alcanzar niveles de crecimiento similares a los de su pasado industrial, pero ese crecimiento carece de contenido social y de sostenibilidad estructural. La verdadera cuestión no es si un modelo de servicios puede sustituir a uno de manufactura, sino si cualquiera de los dos puede generar desarrollo bajo condiciones coloniales y dependientes. Mientras el marco institucional y político permanezca subordinado a los intereses metropolitanos, la isla continuará atrapada en un ciclo de crecimiento exógeno y desarrollo ausente, donde la riqueza circula sin arraigo y la promesa de prosperidad se diluye entre los márgenes del capital global y la desigualdad local.

 

 

 

 

El PC 310 permite la violación de leyes y reglamentos a los desarrolladores

Por
redaccion-de-claridad
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En otra medida que atenta contra el derecho de los ciudadanos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto PC 310, que impone que para presentar una acción judicial por violaciones en obras de construcción haya que probar daño inminente de parte de los desarrolladores, reveló la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La representante Adriana Gutiérrez Colón contrastó que, en la actualidad, la ley permite que cualquier persona o comunidad afectada pueda acudir al tribunal cuando se violan leyes o reglamentos relacionados con permisos en obras de construcción. Con esta nueva medida, se transgrede esa función preventiva del estatuto, permitiendo que obras ilegales continúen a sus anchas violando la ley mientras deliberadamente obligan y retrasan la fiscalización ciudadana de las comunidades, forzándolas a demostrar un daño específico.

Agregó que, al igual que el PS 63 del Senado, también aprobado durante la noche del jueves, para limitar el derecho constitucional de acceso a la información pública, el proyecto 310 obstruye la capacidad del pueblo para fiscalizar proyectos que podrían poner en riesgo su salud, su comunidad, su seguridad o el ambiente. La medida es de la autoría del representante Jorge Georgie Navarro.

“Hasta ahora, los tribunales han interpretado que no es necesario probar daño, sino simplemente demostrar la violación, y este proyecto revierte esa interpretación en beneficio de quienes incumplen coartando los derechos de las comunidades, como por ejemplo en Adjuntas, Guaynabo y Trujillo Alto, por las operaciones ilegales de varias canteras que atentan contra la salud de las personas y el medio ambiente, apuntó la representante, quien es abogada.

Nelie Lebrón Robles, también legisladora del PIP, censuró la medida: “Las comunidades que históricamente han actuado conforme al estatuto vigente para proteger playas, ríos, áreas residenciales, terrenos públicos y cualquier espacio de alto valor ecológico, histórico o, incluso, con sentido de pertenencia comunitaria, de convertirse en ley este proyecto, quedarán casi sin herramientas para velar por su entorno como resultado de la visión de los gobiernos bipartidistas que siempre dan la espalda al pueblo para alinearse con los poderosos” .

Gutiérrez Colón exhortó a los grupos defensores del medio ambiente y a las comunidades a oponerse a la medida en el Senado.

La Libertad de expresión en la cuerda floja 

Por
alina luciano reyes
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La libertad de expresión no es solo una garantía constitucional; es un principio ético, un mecanismo de transformación social y una trinchera de resistencia. En tiempos de autoritarismo disfrazado, campañas de desinformación y censura encubierta, este derecho adquiere una dimensión más profunda y urgente: se convierte en el termómetro de la salud democrática de una nación.

Este ensayo se adentra en la raíz filosófica, histórica y política de la libertad de expresión, destacando por qué su defensa no puede ser parcial ni circunstancial, especialmente en contextos donde las voces vulnerables —minorías, oposición y prensa independiente— enfrentan ataques sistemáticos. Históricamente, los regímenes represivos han eliminado o distorsionado la libertad de expresión para perpetuarse. Cuando el Estado teme, silencia.

En Puerto Rico y Estados Unidos, este derecho tiene reconocimiento constitucional. La Primera Enmienda de EE.UU. y el Artículo II, Sección 4 de la Constitución puertorriqueña son garantías vitales. Sin embargo, la garantía legal no siempre se traduce en plena libertad real. El derecho existe, pero también lo hacen la intimidación, la estigmatización y la autocensura.

Un derecho que no se defiende es un derecho inexistente. La defensa de la libertad de expresión no nace en los palacios legislativos, sino en las calles, los medios y las comunidades. Han sido periodistas, artistas, académicos, activistas y ciudadanos comunes quienes han pagado el precio de hablar. Y es que el poder, cuando no quiere ser interpelado, tiende al silencio ajeno.

A lo largo de distintos gobiernos, especialmente cuando el Partido Nuevo Progresista ha gozado de mayoría legislativa, se han aprobado medidas que han puesto en entredicho este derecho. Desde proyectos como el de delitos electrónicos que criminalizaban opiniones en redes sociales, hasta ordenanzas municipales que prohíben el pasquinar político, el patrón es claro: restringir para controlar.

No se trata sólo de leyes. La represión en protestas, el uso excesivo de fuerza contra periodistas y manifestantes, la exclusión de las minorías legislativas en debates vitales, y la aprobación acelerada de leyes sin vistas públicas son formas sofisticadas de censura política. Callar sin prohibir. Silenciar sin confesar.

Pero ahí ha estado la ciudadanía. Activistas, estudiantes, periodistas del Centro de Periodismo Investigativo y organizaciones como Kilómetro 0 han documentado violaciones, denunciado ante foros internacionales y enfrentado amenazas por ejercer lo que no debe ser un acto heroico: expresarse. También han estado los tribunales, como en el caso Rivera Turner v. Municipio de Barceloneta, recordándonos que ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución.

La libertad de expresión no es un lujo que se permite a quienes están de acuerdo con el poder. Es el derecho fundamental de toda democracia plural. Y su defensa requiere vigilancia constante, especialmente cuando los gobiernos legislan desde la comodidad de una mayoría que no escucha. El público tiene derecho a la información porque saber no es un privilegio.

Los muros legales no pueden contener lo que el pueblo decide decir. Porque cada vez que se censura una pancarta, un artículo o una consigna, se enciende una chispa más en esa llama de dignidad que nunca deja de arder

La libertad de expresión tampoco es un privilegio de quienes tienen micrófonos, sino un derecho que pertenece a todos. Es la herramienta para decir lo incómodo, lo urgente, lo esperanzador. Defenderla es también defender la democracia, la dignidad humana y la posibilidad del cambio.

La historia ha demostrado que cuando se apaga la palabra, se enciende la represión. Pero también ha mostrado que la palabra no muere: se transforma en canción, en mural, en poema, en grito, en consigna, en memoria. Y mientras haya alguien dispuesto a hablar, la libertad de expresión seguirá viva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del MINH en la Ministerial de MNOAL

Por
ivan elias rodriguez
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Especial para CLARIDAD

En los días del 13 al 16 de octubre de 2025 se realizó en Uganda la Reunión Ministerial de Medio Término del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), en la que tuve la responsabilidad de representar al Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH). En este escrito queremos explicar brevemente porqué mi participación representando al MINH en la Reunión Ministerial es una aportación para la lucha de independencia de nuestro pueblo.

Porqué en Uganda se pueden preguntar, y la razón es que en la XIX Cumbre de los Países No Alineados, que se llevó a cabo en enero de 2024 en Kampala (capital de Uganda), Uganda pasó a ser el país que preside al MNOAL, entre esta Cumbre y la siguiente – la XX Cumbre – que se realizará en Uzbekistán en el 2027.

La participación del MINH en MNOAL

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) se funda en 1961 en Belgrado (capital en ese momento de Yugoslavia – que fue arrasada por el imperialismo, dejando de existir). Se enmarcó su fundación en los Principios de Bandung, adoptados en la Cumbre Afro-Asiática de Bandung, Indonesia en 1955.

Los Principios de Bandung son un conjunto de diez principios en los que se expresa la posición de un grupo de países que buscaban establecer un marco de cooperación internacional diferente al que establecían las potencias capitalistas por un lado y el campo socialista por el otro. Se basaban en el respeto mutuo, el respeto de la soberanía de los pueblos y la autodeterminación; establecen la necesidad de cumplir con los siguientes asuntos: respetar los derechos humanos fundamentales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la no interferencia en asuntos internos, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la igualdad entre naciones, la no agresión, la solución pacífica de controversias y la cooperación entre los pueblos.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano forma parte del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) como una organización que participa en calidad de Miembro Observador a partir de la segunda Cumbre de MNOAL, realizada en El Cairo, Egipto. Esto es así porque somos una organización de 66 años (el MPI, el PSP y NMI forman parte de nuestros antecesores históricos) y a partir de la 2da Cumbre que se realizó en el Cairo se permitió que el Movimiento Pro Independencia (MPI) participara en calidad de Observadora.

La Reunión Ministerial

Entre Cumbre y Cumbre, que se realizan cada tres años, se realiza una Reunión Ministerial en la que participan los Cancilleres de los países miembros y de los países observadores, en adición de las delegaciones de organizaciones observadoras. Es una reunión de medio término de los Ministros de Relaciones Exteriores que se celebra dieciocho (18) meses después de la Cumbre. Es la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación, para revisar el progreso en la implementación de las decisiones de la Cumbre. El Buró de Coordinación del MNOAL es un cuerpo integrado por los Representantes Permanentes en Nueva York de los países miembros y constituye el brazo técnico de coordinación del Movimiento, que se ocupa regularmente de los asuntos del MNOAL.

Fuimos convocados desde la Misión en Naciones Unidas de la República de Uganda, ya que es el país que preside al MNOAL desde la XIX Cumbre que se realizó en Kampala en enero del 2024.

Previo a la reunión el MINH envió al presidente de Uganda, H.E. Gen Yoweri Kaguta Museveni – en calidad de Presidente Pro Témpore del Movimiento – una carta en la que se le mencionó la importancia que siempre ha tenido para el MNOAL la lucha contra el colonialismo, y se recordó el apoyo que siempre le han brindado al pueblo de Puerto Rico en su lucha contra el dominio colonial al que nos somete Estados Unidos. Para el MNOAL la lucha contra el colonialismo constituye uno de sus estandartes de lucha. Le hicimos saber que enfrentamos un incremento en la presencia militar de las fuerzas armadas estadounidenses y el uso de nuestras playas para prácticas de desembarco marino, como parte del despliegue en el Caribe de sus fuerzas militares, lo que representa una amenaza a otros pueblos y un obstáculo mayor para que podamos alcanzar la descolonización e independencia nacional.

El lunes 13 y el martes 14  de octubre se reunieron los Altos Oficiales de las Misiones de los países miembros representados en la ONU (que constituyen el Buró de Coordinación). Continuaron el proceso de consensual el documento final y la Declaración sobre Palestina que fueron aprobados. Nosotros participamos en la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores que se reunieron el miércoles 15 y el jueves 16 de octubre de 2025.

El miércoles 15 de octubre le hicimos llegar un Comunicado de Prensa a los representantes de la prensa, de Uganda e internacionales, explicando la participación del MINH y expresando una explicación breve sobre la situación de Puerto Rico. Suponemos que por este medio la condición colonial de Puerto Rico se dio a conocer a miles de lectores de dichos medios.

A cada uno de las delegaciones presente en la Reunión Ministerial se le entregó un folleto que incluyó una explicación breve sobre la situación de Puerto Rico y una copia de la carta enviada al presidente de Uganda. Con el mismo se cumple el propósito de convertirlo en material de estudio de los funcionarios de las cancillerías de los países miembros de MNOAL.

El 16 de octubre, último día de la Reunión Ministerial, presentamos nuestra ponencia hablando a nombre del MINH. Durante cuatro minutos los representantes de las cancillerías de139 países pudieron escuchar nuestra denuncia sobre la condición colonial de Puerto Rico y el incremento en la presencia militar de EEUU. Escucharon una voz que les recordó la condición colonial de nuestra Patria y en la que también se escuchó nuestro mensaje de solidaridad con el Pueblo Palestino. Nuestra ponencia forma parte de las ponencias de todas las delegaciones que serán publicadas por el MNOAL, lo que permitirá que nuestro mensaje llegue más allá de las puertas del edificio dónde se realizó la reunión.

En la Reunión Ministerial se aprobó un documento final que incluyó una sección específicamente para hablar sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos. En la misma se incluyeron varias referencias a la condición colonial de Puerto Rico y nuestro derecho a la libre determinación e independencia.

La inclusión de las menciones sobre Puerto Rico ha de ampliar el alcance y divulgación de la denuncia sobre la condición colonial de nuestra Patria. Tengamos presente que los documentos que se aprueban en este evento son documentos que forman parte del material de trabajo de todas las cancillerías del Mundo y grupos y organizaciones cuyo trabajo es el área internacional. Eso incluye a todos los países que son parte de la ONU y muchas otras organizaciones.

Algunos de las expresiones que se hacen en Documento  Final sobre Puerto Rico son las siguientes:

“El Movimiento reafirmó el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, con fundamento en la resolución 1514(XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, y expresó su firme apoyo a las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, e instó a su inmediata aplicación”.

Se exhortó “al Gobierno de los Estados Unidos a que asuma su responsabilidad de agilizar un proceso que permita al pueblo puertorriqueño ejercer plenamente su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”.

“Expresaron su preocupación por la actual subordinación política del pueblo puertorriqueño, que impide su toma de decisiones soberana respecto de sus graves problemas económicos y sociales, incluyendo la actual crisis fiscal, la insolvencia del gobierno de Puerto Rico y la necesidad de reestructurar la deuda pública”,

“El Movimiento tomó nota con satisfacción de la conmutación en 2017 de las penas del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien cumplió más de treinta y cinco años de prisión por motivos relacionados con su lucha por la independencia de Puerto Rico”.

Tomaron nota “con preocupación de la crisis institucional del gobierno colonial de Puerto Rico, que la potencia administradora está utilizando como excusa para retener la ayuda económica esencial para la recuperación y reconstrucción de la devastación causada por el huracán.”

“Expresaron su preocupación por la legislación aprobada en el Congreso de los Estados Unidos para imponer una junta de control fiscal al gobierno de Puerto Rico, lo cual infringirá de facto la limitada potestad del gobierno de Puerto Rico sobre su presupuesto y asuntos fiscales y de otra índole”;

“Instan al gobierno de los Estados Unidos a devolver al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña, los terrenos e instalaciones ocupados en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads”;

Expresan su intención de “Trabajar activamente para que la Asamblea General de la ONU examine la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos”;

Para terminar, debemos recordar que el Movimiento de Países No Alineados es la segunda organización internacional más grande del planeta, después de la ONU, en la que participan más del 70 % de los países. Y, por lo tanto, nuestra presencia en Kampala – como se ha hecho en el pasado por otros compañeros y compañeras que nos han representado en las Cumbres y Reuniones Ministeriales del MNOAL – representa un esfuerzo para mantener presente en el plano internacional la lucha de nuestro pueblo por su independencia. Les estamos recordando que no habrá descolonización sin que Puerto Rico sea libre.

Les decimos que contamos con su apoyo y que, más temprano que tarde, Puerto Rico Será Libre. Seremos Libres.

El autor es Secretario de Organización del MINH.

 

 

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