Los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda (CCAD) catalogaron la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) como el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y de la impunidad para los responsables de este desastre fiscal. El Plan, que reestructuraría el pago de $33,000 millones en obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, fue presentado por la Junta de Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain, de la Corte de Quiebras de Estados Unidos.

Entre los miembros de la Comisión se encuentran el CPA José González Taboada, el planificador José Rivera Santana y la licenciada Eva Prados. Estos denunciaron en comunicado de prensa que como habían advertido, el legado del octavo PAD propuesto por la JCF y que aprobó la jueza Swain, es el aval de sobre 21 emisiones de bonos impugnados por haberse emitidos de manera ilegal y en violación de la Constitución de Puerto Rico. Estas emisiones totalizan $13,500 millones o el 40 % de la deuda a pagar.

Taboada González, presidente de la Comisión, indicó que la sentencia del Tribunal Federal deja sin dar respuesta a más de 120 reclamaciones contra 20 bancos por la devolución de comisiones ilegales, por participar del esquema ilegal y por la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses por la no cancelación de una deuda que es nula.

“Ni la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal han representado una solución al problema del endeudamiento insostenible y a la crisis fiscal que enfrenta la isla, sino que lo está agravando. La Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una reestructuración justa. sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz. Dichos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro o aumentos insostenibles a la calidad de vida en la isla.” expresó Rivera Santana.

La Comisión Ciudadana fue fundada por representantes del interés público, luego de que la administración del Partido Nuevo Progresista eliminara en el 2017 la Ley 97 del 2015, que creaba una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

Se expresan grupos sociales

Por su parte, portavoces de grupos magisteriales, trabajadores, pensionados, universitarios, estudiantiles, profesionales y de ciudadanos a favor de la auditoría de la deuda que se unieron en la Jornada contra el Tumbe y el PAD también expresaron su repudio a la confirmación final del plan.

“Repudiamos la decisión de la Jueza Swain, que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante, poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar, y la mayoría emitida ilegalmente, en el magisterio, que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos”, censuró Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADE).

La líder magisterial atribuyó a la Asamblea Legislativa y al Gobernador Pedro Pierluisi ser los verdaderos responsables de esta pésima decisión. Estos brindaron su apoyo a JCF en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales, como era su deber con el pueblo.

“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de ‘cero recortes’ a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el gobernador y los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar», expresó Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y de Construyamos Otro Acuerdo

Por parte de los grupos representativos de la Universidad de Puerto Rico, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, añadió: “Como llevamos meses diciendo, las nefastas consecuencias que tendrá el PAD por los próximos 25 años para Puerto Rico no solo será en las pensiones, sino para todo el país. Sin un plan real de desarrollo económico, este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una segunda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico. Más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos, que ya estamos viendo, como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz, para garantizar el pago a los bonistas.”

Mientras, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves sentenció;   “La confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico. El gobernador y los legisladores que aprobaron la Ley 53 del 2021 impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico.”

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Junta de Control Fiscal (JCF) le seguirá costando al pueblo de Puerto Rico. De aquí a los próximos 10 años serán $960 millones. A la vez, habrá que cumplir con el pago de $33,0000 millones del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y llegará un momento en que no habrá dinero ni para unos ni para otros. Hasta el presente, la JCF tiene un presupuesto de $60 millones al año.

El hecho de que la jueza del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, Laura Taylor Swain, haya aprobado finalmente el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la Junta de Control Fiscal no implica que se ponga fin a su presencia en el país, como han proclamado algunos políticos. Al ente colonial, que en la práctica lleva las riendas del gobierno de Puerto Rico, le quedan al menos diez años de permanencia en la isla, estima el experto en casos de quiebras, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

El PAD confirmado por la juez Swain, el 18 de enero, supone que los acreedores de los bonos de obligación general (GO,en inglés), los de la Autoridad de Edificios Públicos y de la Administración de Sistemas de Retiro recibirán el pago de $7,048 millones de entrada, en efectivo. Emmanuelli Jiménez, indicó que para la ejecución del plan hace falta emitir los nuevos bonos, firmar toda una serie de documentos constitutivos y hacer el intercambio con los bonitas; es decir, entregarles un bono a cambio del anterior.

Además, queda por negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras. Todo esto supone que la Junta todavía no puede prescindir de su equipo legal. Recientemente se dio a conocer que entre los cinco bufetes de la JCF facturaron sobre $17 millones en servicios legales y reembolsos.

Todavía la JCF tiene que lograr los cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados. Aun logrando estos dos objetivos, los casos en el tribunal continuarían abiertos. Emmanuelli Jiménez presentó como ejemplo que el plan de la quiebra de la ciudad de Detriot se concretó en el 2014 y aún en este pasado mes de diciembre continuaba abierto. “Así que mientras el caso esté abierto, la Junta tiene que estar”.

En expresiones dadas al periódico El Nuevo Día, el presidente de la JCF, David Skeel, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, adujeron que quienes se oponen al plan no conocen lo que este plantea. A preguntas de CLARIDAD sobre qué reacción tenía a este argumento, Emmanuelli Jiménez, quien representa a unos de los acreedores más perjudicados con el PAD, que son los pensionados del magisterio, al principio guardó silencio.

“Es incontestable. ¿Cómo que quienes nos oponemos al plan no lo hemos leído, si llevamos litigando en los procesos directos? Esa es una respuesta absurda. Los economistas que han mirado el plan han refutado las bondades que la Junta plantea”.

Emmanuelli denuncia que la Junta está mintiendo con las estadísticas. Primero, porque no se reduce en 80 % la deuda, como alega. La deuda, como mucho, se reduce a un 50 %. “Ellos no quieren incluir a los pensionados como acreedores cuando, obviamente, son acreedores del plan, y ahí hay una deuda que se está pagando, en la práctica, completa”. Añadió que si se miran los bonos en su conjunto, lo que reciben de recorte es un 20 %, porque se incluye los acreedores no asegurados. A esos les dieron el 18 % de acreencia. “La Junta está jugando con las estadísticas para que parezca un recorte dramático, cuando no lo es”, dijo enfático.

La Junta podría pensar que hay otros entes gubernamentales que podrían radicar una quiebra por Título III de Promesa. “La Junta podría estar por lo menos 10 años más en Puerto Rico. No nos hagamos ilusiones, el discurso de Tatito Hernández (presidente de la Cámara de Representantes) es falso. Mientras el proceso del Plan esté, la Junta estará, a menos de que se enmiende la ley”.

En esa línea confirmó que en caso de que se enmendara la Ley PROMESA, en nada se puede alterar lo ya negociado en el PAD. Solo en un proceso de descolonización podría dar margen a cambios.

Ya confirmado el PAD, ahora viene un proceso al cual hay que darle cumplimiento y hay que sacar cerca de $3,200 millones anuales. Esto dejará apenas unos $1,700 millones al Gobierno de Puerto Rico para cumplir con sus obligaciones.

“Ahora hay que enfocarse en la AEE porque la viabilidad del país está en juego”, advirtió.

CLARIDAD

En los casi quinientos años de colonialismo español, cuando los monarcas no sólo llevaban el título, sino que verdad ostentaban poder absoluto, nunca uno de ellos (o ellas, que también las hubo) pisó tierra borincana. Sin embargo, en los últimos 35 años, dos borbones nos han visitado tres veces. Esa aritmética (0 en 500 años versus 3 en 35) dice algo sobre la verdadera función de la actual monarquía española, que retomó la corona en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco y por mandato expreso de éste.

En el caso de España, a diferencia de Gran Bretaña y aún más de otras casas reales europeas, la monarquía tiene más poder porque la constitución le asigna el mando de las fuerzas armadas. Esa fue una de las medidas que los franquistas impusieron cuando se negociaba el fin del franquismo. No obstante, su injerencia en la marcha regular del gobierno es poca y su presencia está cada vez más impugnada tras los escándalos del primer monarca de la era post Franco, el rey Juan Carlos, hoy llamado “el Emérito”. El título se le adjudicó tras verse forzado a abdicar en favor de su hijo Felipe en una movida desesperada para evitar que la imagen de la casa real siguiera deteriorándose, al grado de perder todo asomo de legitimidad.

Los escándalos del “Emérito” no nacieron mientras ejercía las funciones como jefe de estado que el sistema político le asigna, sino en su otra función, mucho más activa e importante, la de “hombre de negocios”. La diferenciación que hago entre el “businessman” y “jefe de estado” es bastante tenue, porque el borbón, de forma inescrupulosa mezcló las dos, utilizando la última para beneficio de la primera. Mediante un esquema típico de la peor corrupción pública, se dedicó a gestionar grandes contratos para empresas españolas a cambio una jugosa comisión. Nadie sabe cuánto dinero se agenció el monarca porque la justicia española todavía no ha querido investigar, pero la cifra se calcula en cuentos de millones de dólares. Como buen corrupto, escondió el dinero mal habido en paraísos fiscales y lo utilizó para financiar la parte escandalosa de su vida “privada”, llena de amantes, cacerías y francachelas.

De esos escándalos nació la actual corona de Felipe, llamado el VI, quien ahora realiza su segundo viaje a la excolonia puertorriqueña. La visita se enmarca en la celebración del quinto centenario de la fundación de San Juan, nuestra ciudad capital, un evento que a pesar de su importancia ha pasado desapercibido, si lo comparamos con la gran fiesta que se montó en 1992 en ocasión de otro quinto centenario, el del “descubrimiento”. No sé si es por la pandemia, o porque tanto la gobernación como la alcaldía de San Juan están bajo el control del anexionista PNP, los quinientos años de la ciudad se han quedado sin brillo. No obstante, el rey de España de todos modos ha venido, aunque la fiesta se quede corta.

Tal vez la explicación para la visita está en una nota del diario El Nuevo Día de hace unos días. “Visita de Felipe VI enfocada en desarrollar relaciones de negocios”, decía el titular y el texto ampliaba que el monarca estaría presidiendo “una cumbre de negocios ente España y Puerto Rico con empresarios de ambos países”. Como vemos, la visita se enmarca en la función del rey como “businessman”, algo que Juan Carlos, el progenitor de Felipe, llenó a cabalidad. Lo que no sabemos es si esa labor de promover negocios el visitante estará cobrando una comisión como acostumbraba el ahora “emérito”. Esas cosas a veces nunca se conocen. En el caso de Juan Carlos se descubrió gracias a una de sus amantes, Corinna Larsen, una alemana que se hace llamar “princesa”. De modo que si Felipe está pasando factura por sus gestiones mientras celebra los 500 años de San Juan, tal vez nunca lo sepamos.

Esta visita sin brillo, centrada en “negocios”, demuestra el menguado papel que ahora juegan las monarquías europeas. Antes llegaban al extremo de llamarse “Rey Sol” y ordenaban la decapitación de un súbdito levantando un dedo. Otros, como aquel terrible Leopoldo de Bélgica, eran dueños de enormes territorios en el que millones de “nativos” esclavizados morían por él. Ahora siguen llamándose reyes y viviendo en palacios, pero no son más que parásitos del tesoro público o, como en el caso de los monarcas españoles, vulgares comisionistas de los que controlan el capital.

Y apenas unas horas antes de la visita del hijo del “Emérito”, un grupo de puertorriqueños decidió enviarle un mensaje muy pintoresco derribando la estatua del colonizador Juan Ponce de León. No es más que un pequeño desquite ante los desmanes que aquel bárbaro nacido en el siglo XV hizo en Borinquen tan pronto arribó en 1508. Con la fuerza de sus espadas y arcabuces, esclavizó la población taína buscando enriquecerse en el menor tiempo posible. Años después una flecha disparada en la Florida acabó con su vida, pero por sus desmanes en Borinquen nunca respondió. Ahora, el derribo de su monumento cumple, en parte, con la tarea pendiente. Cuando el rey visite la recién restaurada iglesia San José tal vez vea el pedestal vacío, como símbolo de lo que sus conquistadores representaron para la población originaria,