CLARIDAD
Ni los presidentes legislativos ni el gobernador han reaccionado a la carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) Capítulo de Puerto Rico, en la que les ponen al tanto de las barreras sobre terrenos de dominio público erigidas por la empresa Dorado Beach que prohíbe e impide el paso al público a las playas de Dorado Beach.
En la carta enviada el 8 de febrero al presidente del Senado, José L Dalmau Santiago, al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, se informa a los tres funcionarios sobre una visita al sector (el 1 de febrero) en la cual tuvieron que trepar por rocas y meterse en el mar para poder llegar al área de la playa. En el intento de su incursión el jefe de seguridad de Dorado Beach, Pedro Rosario les impidió el paso y les dijo que si no eran huéspedes o propietarios no podían estar en la playa. La situación fue denunciada en primera instancia por el grupo Brigada Legal Socialista junto a ACLU.
Este sábado 12 de febrero cientos de puertorriqueños en reclamo de hacer valer que las playas son públicas se movilizó a la playa y confrontaron los mismos impedimentos de la presencia de guardias privados armados y las barreras físicas levantas por el Dorado Beach. El Director Legal de ACLU, licenciado Fermín Arraiza Navas, confirmó a CLARIDAD que además de haber guardias privados en el área, el hotel Dorado Beach estaba resguardado por un contingente de la Policía Estatal.
De acuerdo con Arraiza Navas, la gerencia de Dorado Beach es la responsable de crear una servidumbre de paso para que el público pueda tener acceso al área de la playa. Aunque hasta el momento no se ha radicado ninguna acción legal, considera que el caso está maduro para presentar una tanto contra el privatizador como contra la agencia de gobierno concerniente.
En la carta de ACLU al Ejecutivo y a los presidentes Legislativos se advierte de que: “las barreras creadas por la gerencia del hotel sobre bienes de dominio público y zona marítimo terrestre(ZMT) ha contado por décadas con el consentimiento tácito y/o expreso del Gobierno de Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
La ACLU reclama al Ejecutivo y al Legislativo que ha llegado el momento de tomar acción contra estas prácticas, las cuales califica de indeseables. Exhorta además a que haya inspección ocular del lugar, a delimitar la ZMT, que permita una servidumbre de acceso para el pueblo a las playas, que son públicas, y a decretar la nulidad de cualquier permiso otorgado a la entidad privada. “Una acción dirigida en esta dirección evitará reclamaciones judiciales con los altos costos y peritaje que una acción como esta conlleva”.
La misiva de ACLU está firmada por Arraiza Navas, por el director ejecutivo William Ramírez Hernández y por la abogada de Asuntos Legislativos, Mayte Bayolo Alonso.
