Presidente de la Cámara “Se ha vendido por $50 millones y ha traicionado los intereses del pueblo de Puerto Rico  por esa miseria.»

 

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Como un acto de total imprudencia. Así calificó el experto en la Ley PROMESA, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el que la Legislatura llegue a aprobar la resolución Concurrente de la Cámara RC 278 que autorizaría un pago adelantado a los bonistas de $10,800 millones del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del Gobierno  de Puerto Rico.

Aun cuando la RC 278 fue derrotada el pasado viernes 11 de febrero en la Cámara de Representantes, con 25 votos a favor y 21 en contra —se requieren 26 votos para su aprobación—, el presidente del cuerpo, Rafael Hernández Montañez, insiste en su aprobación. La medida volvería a votación este martes 15 de febrero (fue aplazada) bajo el argumento de que el vicepresidente de la Cámara, José Varela, no estuvo presente en la sesión pasada por compromisos previos. Este sería el voto de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) que haría falta para su aprobación. La medida fue también derrotada en el Senado.

Emmanuelli, representante legal de los grupos magisteriales, en entrevista este lunes en WPAB, denunció que la insistencia del presidente de la Cámara de Representantes de que se apruebe la resolución se debe a querer complacer a la Junta de Control fiscal (JCF), dado a que la Legislatura se ha pasado complaciendo a la Junta en las cosas cruciales. Un ejemplo es la ley 53, la cual destruyó el sistema de  retiro de los maestros y jueces.

Emmanuelli Jiménez, quien compareció la semana pasada a una vista pública sobre la RC 278, contó que tuvo que enfrentarse en varias ocasiones al presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y a Hernández Montañez  porque tenían una actitud  beligerante en su contra. Aun así les expresó que  la resolución es malísima, ya que en caso de ser aprobada  tiene  la consecuencia de eliminar el derecho apelativo,  porque podría provocar que la apelación fuese académica. Los grupos magisteriales Federación de Maestros, Educamos y Unete, conformados en el Frente Amplio en Defensa de la educación Pública (FADEP), han apelado el PAD.

Agregó que no  solo es complacer a la Junta en acelerar el pago, sino que hace que las apelaciones se hagan académicas. Pero más aun, atribuyó al presidente de la Cámara también querer un barril de tocino de $50 millones. “Se ha vendido por $50 millones y ha traicionado los intereses del pueblo de Puerto Rico  por esa miseria”.

Insistió en que es  una barbaridad que la Legislatura esté autorizando el pago de $10,800 millones sin que haya  una sentencia final y firme. “Eso nunca se ha visto, que el gobierno, sin que se hayan agotado todos los mecanismos apelativos, decida pagar, y eso pone en riesgo de que se pague ese dinero y venga el Tribunal de Apelaciones y modifique la sentencia”.

Otra posibilidad, prosiguió, es que el Tribunal de Apelaciones diga que los maestros tienen razón y, de el Gobierno haber desembolsado ese dinero a los acreedores, no va a poder recobrarlo porque son miles de acreedores y dispersos por todo el planeta. “Así que en ese sentido es un acto de total imprudencia aprobar esa resolución cuando la sentencia de la jueza Taylor Swain todavía no es final y firme”. Precisó que, de hecho, todavía hay tiempo para apelar, por lo que podrían salir otras apelaciones en el  proceso. Reiteró que  la postura de la Cámara de querer acelerar ese trámite,  “demuestra  del lado de quién están. Están a favor de la Junta, a favor de que los bonistas reciban prematuramente ese dinero y en contra de las maestras y maestros, que han apelado con mucho sacrificio, porque ese plan de ajuste los condena a la miseria”. Recalcó que con la resolución se estaría ya  ejecutando el  PAD, por lo que  el Apelativo podría determinar que la apelación es académica debido a que ya se consumó la transacción.  “Eso es lo que está pretendiendo ese señor”, señaló de Hernández Montañez.

Sobre las expresiones del presidente de la Cámara acusando a las líderes magisteriales de oponerse al PAD por motivos ideológicos independentistas, el  representante legal defendió que cuando a estas personas se les acaban los argumentos se van a lo personal y lo que hacen es exacerbar miedo. “Nada más lejos de la verdad. Lo que hacen es luchar por los derechos de los maestros y las maestras. Es evidente que es una lucha por unas condiciones de trabajo, de vida y, ahora, de un  retiro digno. Acusarles de un prejuicio ideológico es tratar de menoscabar, menospreciar un mensaje y unas actividades que son justas”.

Respecto a la suerte de una segunda votación, Emmanuelli Jiménez comentó que la Junta usa la Legislatura dependiendo de la coyuntura.  “En este caso, son 50 millones que ellos van a repartir para politiquear por todo el país. En este asunto la Junta juega sus cartas estratégicamente. Cuando tiene que impresionar al gobernador, lo hace, y cuando tiene que ir a la Legislatura, lo hace”. Afirmó que  nadie puede negar que el proyecto viene de la JCF, ya que está redactado en un inglés impecable, no como el inglés de la Ley 53. “Es evidente que es un proyecto que preparó la Junta. Y el presidente de la Cámara es el abogado de la Junta en ese proyecto”.

Emanuelli reparó en que aun cuando el proyecto sea aprobado en la Cámara, todavía  habría que aprobarlo en el Senado, y ahí la delegación PNP también ya votó en contra. Reveló que  hay mensajes de que el gobernador no estaría de acuerdo con esa votación, por lo que habrá  que ver cómo se desenvuelve la resolución en el Senado y con el gobernador.

Mientras, dio a conocer que el martes 15 de febrero los y las maestras presentarán su réplica a los argumentos de la JCF para que la jueza no paralice la implementación del plan. La junta y otros acreedores le han solicitado a la jueza Swain que se le imponga una fianza a los grupos magisteriales de $1,500 millones si paraliza la implementación del plan.

Emmanuelli Jiménez manifestó en tono crítico que con la petición de fianza la Junta lo que está diciendo es “mira, caramba, a pesar de todo el sufrimiento, toda la desgracia y de la condena a una miseria permanente de los maestros y maestras, al momento de su retiro eso no vale nada frente a los daños que le va a ocasionar a los acreedores de este caso”. Las consecuencias de esta fianza serían que se va a  tener que desembolsar $10,800 millones.

El experto en la Ley PROMESA y casos de quiebra puntualizó que la JCF se equivoca en ese planteamiento porque este no es cualquier caso de quiebras de un acreedor. Esto, debido a que los maestros y maestras no son cualquier acreedor. En el proceso de quiebra, cuando se quiere parar ese plan de ajuste, la jueza o juez tiene discreción para no poner una fianza porque se estima que los planteamientos son razonables, son meritorios y porque de no permitirse la apelación se estaría causando un daño irreparable.

En esa dirección planteó que cuando se mira todo el contexto de la Ley PROMESA que se impone a Puerto Rico bajo la Clausula Territorial y los Casos Insulares que destruyó la pequeña gobernanza democrática que tenía Puerto Rico, se le impide al Gobierno influenciar sobre las decisiones de la Junta. Insistió en que no hay manera de que el Gobierno de Puerto Rico revise las decisiones de la Junta porque ni el Congreso ni el presidente las revisa. La única pequeña ventana que existe en este andamiaje colonial es apelar a un tribunal superior. Si a eso se le impone una fianza de $1,500 millones, lo que se está diciendo con eso es que no existe derecho a apelar, no se tiene derecho político ni derechos democráticos. “Tu Legislatura no vale dos chavos porque yo puedo anular tus leyes”. De paso, denunció que el Gobierno de Puerto Rico ha guardado silencio respecto a esta acción de la Junta.

“Fíjate hasta dónde llega el coloniaje, hasta dónde llega la insensibilidad de la Junta de Control Fiscal, la  papa caliente que tiene la jueza. Por un lado, todo este menoscabo terrible de los derechos a tener una vida digna luego del retiro, luego de haber dado 30 y más años. Hay  circunstancias en la que los maestros tendrían que trabajar más tiempo. ‘Resulta que no te vamos a dejar apelar porque es mi discreción de voy a poner una fianza que no pueden pagar’. Nadie podría pagar esa fianza, ni siquiera el Gobierno de Puerto Rico. Esa es la situación que tenemos”.

Emmanuelli recalcó que reconocía que según el derecho vigente la jueza tiene la opción de poner una fianza, pero no puede ser para privar del derecho a poder apelar. Además, la fianza no puede ser para castigar.

Por parte del magisterio, la réplica a la acción de la JCF va a denunciar todo ese andamiaje colonial, la destrucción de los derechos democráticos, de derechos humanos por falta de acceso a la justicia y a recalcar los daños terribles que sufre el magisterio con el PAD, el cual se supone entre en vigor este 15 de marzo. Apuntó que la jueza  tiene que hacer un balance de  intereses y permitirle al magisterio  que continúe  su trámite apelativo sin la imposición de una fianza. “La jueza tiene la discreción, vamos a ver cómo la ejercita”.

Según el representante legal del magisterio los jueces y juezas tiraron la toalla y retiraron su  apelación. No sabe, dice,  si fue porque vieron la moción de la Junta. Considera una pena que no hayan continuado  con el trámite. En caso de que la jueza impusiera una fianza se puede acudir al Tribunal Apelativo para solicitar que se elimine y pedir que se maneje el caso de manera expedita. Aclaró que la Sección 106 D de la Ley PROMESA dice que los casos en el Circuito Apelativo y en el Supremo de EE. UU. tienen que tramitarse de manera expedita, y si el Circuito lo acepta y establece un itinerario acelerado, el caso se podría  resolver antes de que haya un pago del PAD.

El licenciado Emmanuelli Jiménez fue enfático al indicar que el caso no acaba con una determinación de la jueza de imponer una fianza y reafirmó que el caso iba a seguir debido a que hay  planteamientos que tienen méritos para el TS de EE. UU. Uno de ellos es que PROMESA permite que la JCF legisle mediante el PAD, cuando la sección 314 dice que eso es asunto de la Legislatura.

Ante la crisis humanitaria que va a provocar el PAD la Junta está tratando de irse del País lo antes posible, dijo. “Ya  saltó del barco Natalie Jaresko, y ya hay varios miembros que quieren irse a la carrera porque saben las consecuencias de las cosas que están haciendo en términos de  sufrimiento humano que sus determinaciones van a ocasionar. Y quieren estar lo más lejos posible cuando esas cosas se empiecen a manifestar”.

 

 

 

 

 

 

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