Tanto en el gobierno como en la empresa privada, las y los trabajadores puertorriqueños han sido vistos y tratados siempre como «mano de obra barata». De hecho, el concepto de que en Puerto Rico lo hacemos mejor por menor paga ha sido un prolongado mantra de los gobiernos coloniales, como anzuelo para estimular la inversión privada en la economía y crear empleos en el minúsculo espacio que les permite nuestra subordinación colonial a la metrópolis estadounidense.
En el siglo pasado, luego de la explotación brutal de los trabajadores agrícolas y su emigración forzada a Estados Unidos en los tiempos muertos, y de que el proyecto de la industria de la aguja convirtiera a nuestras mujeres en jornaleras durante 12 horas cada día, la enorme lucha desarrollada por ellas y ellos por mejorar sus salarios y condiciones laborales obligó a los entonces gobernadores norteamericanos y luego a los gobiernos coloniales del patio a buscar alternativas con qué contrarrestar la aguerrida militancia de nuestros obreros y obreras.
Fueron los tiempos álgidos de las huelgas cañeras de las décadas de los años 30 y 40, y de la creación y desarrollo de la Federación Libre del Trabajo, que agrupaba a las más de 100,000 mujeres que en la década de los años 30 laboraban como costureras y bordadoras en las fábricas y desde sus casas. Fueron los años de la Confederación General de Trabajadores, la gran sombrilla sindical que nació en el 1940 y se convirtió en una gran fuerza de lucha por los derechos de las trabajadoras y trabajadores puertorriqueños.
Con el inicio de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, nuestros trabajadores y trabajadoras sufrieron nuevos cambios en el paradigma laboral en Puerto Rico, esta vez anclado en la estrategia diseñada en el Congreso de Estados Unidos para promover que grandes corporaciones estadounidenses operaran en Puerto Rico, a cambio de un generoso incentivo contributivo en Estados Unidos. Esta fue la llamada Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, a través de la cual se montó una plataforma industrial que requirió de mucha mano de obra puertorriqueña, altamente educada y adiestrada y con salarios más altos que en el pasado, aunque siempre ganando menos que lo que ganarían trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo.
Esta etapa terminó en 1996, cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó dicha sección, con el aval entusiasta del gobierno colonial de turno de Pedro Rossello y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Aunque las industrias bajo la 936 crearon una cantidad considerable de empleos, esa sola estrategia no fue suficiente para las necesidades y demanda por trabajo en Puerto Rico.
Así se comenzó a inflar la nómina en las ramas y agencias del Gobierno de Puerto Rico, convirtiéndose este en el principal empleador del País, generador de los monstruos que ahora son, el Departamento de Educación, el de Salud, el de la Familia y los de Seguridad Pública, entre muchas otras dependencias gubernamentales.
En 2005, cuando el periodo de transición de la 936 expiró, ni el Congreso de Estados Unidos ni el gobierno de Puerto Rico tenían un plan de desarrollo económico alternativo para Puerto Rico.
De ahí en adelante, nuestro país y nuestra clase trabajadora, tanto en el gobierno como en la empresa privada, han estado a la deriva, percibiendo salarios muy por debajo de los deberes que se les requiere, perdiendo derechos y beneficios adquiridos, sus organizaciones sindicales y uniones atacadas desde diversos flancos y debilitadas, hasta llegar nuestra clase trabajadora a la situación precaria y empobrecida en que se encuentra hoy.
La crisis de la quiebra y la deuda del Gobierno de Puerto Rico, la sucesión de desastres naturales y la pandemia del Covid- 19, junto a la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal por el Gobierno de Estados Unidos, y las políticas inhumanas y anti trabajador del capitalismo salvaje que arropa al mundo, han disparado la emigración de jóvenes en edad productiva hacia Estados Unidos, y han hecho estragos en el nivel y calidad de vida, en la autoestima y la motivación de los trabajadores y trabajadoras que se han quedado cumpliendo con su deber en el gobierno y la empresa privada. En Puerto Rico, el salario mínimo por ley no llega aún a $10, los salarios en el empleo público no aumentan hace más de una década, el pago de la deuda los ha dejado sin un retiro digno, y muchos deben tener dos trabajos para poder sostener a sus familias. A los trabajadores de la empresa privada se les despojó por ley de casi todos sus beneficios. Esto, junto al galopante aumento en el costo de vida, que se ha disparado tras la pandemia, conforma el cóctel explosivo que ha obligado a nuestros trabajadores y trabajadoras a tomar las calles y exigir respeto, trato digno y justicia salarial y laboral.
Enfurece, sobre todo, que mientras nuestros trabajadores y trabajadoras de primera línea reciben este trato indigno, hay miles de atornillados de «confianza», «batatas» y contratistas de todo tipo desbordando las agencias públicas y cobrando jugosos salarios y contratos millonarios por su cercanía y contribuciones a los candidatos de los partidos políticos Nuevo Progresista (PNP) y Popular ( PPD), que se han turnado el gobierno en Puerto Rico durante más de 60 años. Otro ejemplo es el engendro del Congreso, la Junta de Control Fiscal, que acabará por costarle a nuestro pueblo $1mil millones, al cabo de su término en nuestro país.
Los trabajadores verdaderos, los que dispensan los servicios públicos esenciales al pueblo de Puerto Rico, o los que, desde la empresa privada, hacen las labores que sus jefes o dueños nunca harían, son quienes sostienen el andamiaje de lo que queda de buen servicio en el gobierno y la empresa privada en Puerto Rico. Por eso, es indispensable que todo nuestro pueblo respalde sus reclamos de justicia laboral y que nunca más se permita que se les trate como «mano de obra barata.»
