CLARIDAD
En el 2020 la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista configuró y aprobó un Código Electoral, Ley 58-2020, dirigido a facilitarle ganar las elecciones y perpetuarse en el mando de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ahora el Partido Popular Democrático pretende hacer lo mismo y afianzar el bipartidismo.
Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, radicó un proyecto dirigido a enmendar el código electoral del 2020, en cuya redacción solo participaron los comisionados electorales del PPD, Ramón Torres, y el del PNP, Edwin Mundo, aseguraron fuentes a CLARIDAD.
Preguntamos al respecto a la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, y esta recordó que el 2 de enero del 2021 radicó una propuesta para que se formara una comisión especial en que todo el mundo se sentara sin ideas preconcebidas a delinear un nuevo reglamento electoral, y no pasó nunca nada. También radicó una medida para garantizar la representación de todos los partidos políticos que quedaron inscritos en las elecciones.
“Con ese proyecto no pasó nada. Si estamos hoy en la Comisión Electoral es por virtud de una resolución judicial”, precisó.
A estas dos gestiones se le suma el envío de una carta al presidente del Senado pidiéndole hablar sobre el tema de la reforma electoral. También hubo acercamientos personales en más de una ocasión para que todos los portavoces de los partidos se sentaran hablar sobre la necesidad de la reforma electoral. No fue hasta la semana pasada que el presidente del Senado le anticipó que iba a presentar el proyecto.
La senadora del PIP censuró la acción de Dalmau Santiago y la describió de arbitraria, con la voluntad de imponerse, ignorando las preocupaciones principales del país, que son las irregularidades en los votos especiales y la capacidad de fiscalización interna en la CEE. Señaló que ninguno de esos problemas son atendidos en el proyecto presentado.
Se supone que el proyecto vaya a vistas públicas, pero la portavoz del PIP en el Senado duda de que ese proceso se dé y haya consenso, dado a que el último día para la aprobación de medidas es el 25 de junio. A su juicio, es necesario sentarse con tranquilidad a la mesa. El elemento de más peso en la propuesta de Dalmau Santiago es que la presidencia de la CEE sea decidida por la Asamblea Legislativa, distinto a lo acostumbrado, que es que siempre en este nombramiento ha funcionado el elemento de consenso entre los comisionados.
Para la senadora del PIP, quien fue comisionada electoral de su partido, no es tarea de la Asamblea Legislativa el nombramiento del comisionado electoral. Esto plantea unos problemas de conflicto, ya que los legisladores van a votar por la persona que dirige el proceso electoral, siendo ellos candidatos. “Eso está muy lejos de ser el mecanismo adecuado”.
La licenciada Santiago Negrón coincidió con que el proyecto presentado es un retroceso, por lo que es importante volver a los tiempos del consenso. “Conocemos lo que pasó en el 2020. Nunca en este país se había tenido que posponer un evento electoral por cuestiones administrativas, y pasó con las primarias. Eso no es poca cosa, no es liviano”, expresó.
Sobre este asunto, afirmó que el proyecto da la impresión de haberse redactado con el insumo del PNP y cerrado a las otras instituciones políticas. “El PPD necesita los votos del PNP para pasar el proyecto. Es desafortunado, es triste, abusivo, y reitera que el PPD no sabe leer al país”.
El control de la CEE
Por su parte, el comisionado electoral del PIP, licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, expuso que, a la luz de la experiencia de las elecciones del 2020, lo más importante que habría que cambiar en el actual Código Electoral es precisamente lo que tiene que ver con la pluralidad y representatividad de todos los partidos en la toma de decisiones de la CEE y en los niveles electorales que se atienden en unas elecciones generales. Puntualizó que, sobre todo, es de ese primer aspecto que parte todo lo demás. De igual manera, en vista del caos que hubo en las elecciones pasadas, otro elemento a atender es la fiscalización y la transparencia en el proceso de cómo se atiende el voto adelantado.
“Lamentablemente, el código electoral que aprobó el PNP llevó a que no haya los procesos de fiscalización que había en años anteriores. Por ejemplo, no se solicitó certificado médico que diga las razones por las que una persona no puede moverse y tiene que quedarse en su casa, que es por lo que se acude a su casa a buscar el voto de esa persona. Eso permitió que no se sepa cuánta gente votó ilegalmente. De igual manera, se debe analizar mucho más la representación de todos los partidos que tienen que ver con eso”.
Relató que en las elecciones pasadas hubo pueblos como Corozal y Naranjito, pueblos pequeños, en que más de dos mil personas solicitaron el voto adelantado. Estas rutas para tomar estos votos se hicieron supuestamente en 10 días, lo que le parece un proceso atropellado que en muchas ocasiones no contó con fiscalización.
El comisionado electoral del PIP comentó que con el pasar de los años el voto adelantado se ha ido ampliando y en este se incluye el voto ausente; pero por alguna razón, el voto ausente fue menor en estas recientes elecciones que en elecciones previas, “cosa que choca, porque uno pensaba que se iba a disparar. Lo que fue contundente en términos de cantidad fue el voto adelantado en Puerto Rico, sea voto a domicilio, hospitales, por correo”.
Este hizo la advertencia de que los cambios que requiere el Código Electoral para que la estructura de la CEE no esté controlada por los dos partidos de mayoría no están contemplados en el proyecto presentado por el presidente del Senado: “El proyecto que presenta José Luis Dalmau el pasado viernes no cambia la estructura de la Comisión, es el código electoral del PNP para el PPD”.
Aponte Berríos denunció que el objetivo del PNP es eliminar los partidos de minoría con el Código Electoral del 2020. Pero el del PPD va más allá. “En esta ocasión, básicamente, la toma de decisiones sería por dos partidos políticos, lo que ellos llaman partidos electorales principales. Hay un lenguaje que es la trampa de todo: la definición de ‘comisionado electoral propietario’. Esa definición se refiere a aquellos comisionados electorales pertenecientes a los partidos electorales principales”. Según el proyecto, los partidos principales son los que sacan 25 % o más de los votos íntegros. Así, que esa es la intención obvia, y va más allá. Hay otro lenguaje, casi al final de la ley, que cuando habla de consultas de estatus, referendums, dice que quienes analizarán y aprobarán la papeleta de la campaña de orientación serán los partidos electorales principales.
El comisionado del PIP censuró el que con ello se cambie de manera dramática el asunto de representatividad en la toma de decisiones de la Comisión. Esto constituye “lo contrario al reclamo del pueblo puertorriqueño con los resultados de las elecciones del 2020, que quiere más pluralidad, más transparencia”.
Además de eliminar la participación de todos los comisionados electorales de los partidos que hayan quedado inscritos en unas elecciones, en el nombramiento del presidente de la CEE se propone que el juez no tenga que ser un juez de primera instancia, como lo es ahora, sino que puede ser de cualquier nivel. Otro cambio que acoge a los dos partidos es el que dispone que solo haya un secretario de la CEE, pero le agrega que habrá un subsecretario para el segundo partido.
Un aspecto adicional que hay que cambiar es el que tiene que ver con las figuras de destaque; pero el PPD y PNP lo trastocan a su favor. Aponte Berríos indicó que en las pasadas elecciones el PNP tuvo más de 600 destaques. Esta fue la razón de que se vieran tantos miembros de ese partido durante el recuento en el Coliseo. En lo que describió como increíble, es que ahora el PPD redactó un lenguaje que dice que los partidos principales no van a tener límite alguno en los destaques, mientras que el presidente de la Comisión decidirá si los otros partidos puedan tener entre cinco a seis destaques.
El asunto de la veda electoral es otro cambio que el PIP considera pertinente hacer en el Código Electoral. Aponte Berríos señaló que esta es una propuesta histórica del PIP, que lamentable en ningún momento la Legislatura ha querido aprobar. La propuesta es que la veda electoral se extienda a cuatro años en lugar de uno. La veda, argumentó, ahorraría millones de fondos públicos y evitaría el que un alcalde, representante, senador o gobernador pretenda resaltar su imagen durante su incumbencia pautando anuncios, como suelen hacer algunos, con su nombre o colores de su partido, lo que le deriva en una ventaja ante otros contendientes.
El proyecto también propone bajar el número de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a 13, cambiar el horario de votación a 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Esto, Aponte Berríos lo calificó de una bobería propuesta por Edwin Mundo y aceptada por el PPD. Otro absurdo, dijo, es que se dispone que el día de las elecciones se va a votar por el presidente de Estados Unidos. Esto ya estaba en el código del PNP, pero se atrasó en las pasadas elecciones debido a la consulta de estatus.
Ambos entrevistados coincidieron en que es evidente que el PNP y PPD están reaccionando a los resultados de las elecciones pasadas, que saben que cualquiera de los dos podría perder en las próximas elecciones y que están afianzando el bipartidismo. “Lo hemos visto en todos los renglones”, subrayó Aponte Berríos.
