CLARIDAD
Aunque, según el gobierno de Jenniffer González, en días recientes se han promovido 37 proyectos bajo el programa de Zonas de Oportunidad (ZO), con una inversión de más de $1,340 millones y 1,775 empleos, una investigación del planificador David Carrasquillo Medrano sobre los beneficios otorgados en dicho programa ligados a los beneficios contributivos de la Ley 60 concluye que hay un patrón sistemático de opacidad y debilidad institucional en torno a su diseño, implementación y evaluación.
La gobernadora ha declarado que no objeta que se reduzca el programa ZO en Puerto Rico. A la vez, su Legislatura aprobó extender los beneficios de la Ley 60 -2019 (antes Ley 22) hasta el 2055 con una tasa contributiva de 4 % para los nuevos residentes extranjeros que soliciten el decreto a partir de enero del próximo año.
La investigación de Carrasquillo Medrano, reveló que el gobierno carece de mecanismos básicos para asegurar el tracto, cumplimiento y justificación de la implementación del programa ante el interés público, a pesar del impacto fiscal considerable que conllevan estos incentivos.
En su investigación compartida con este semanario, el director ejecutivo de la organización Planifiquemos, hace una serie de recomendaciones al Departamento de Hacienda (DH) y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) dirigidas a transformar esta situación y alinear el uso de incentivos fiscales con los principios de justicia, transparencia y planificación responsable.
En primera instancia propone que se cree una base de datos pública de decretos, que sea una plataforma accesible donde se identifiquen todos los decretos otorgados bajo la Ley 60 y otras leyes de incentivos. La página debe de incluir el nombre del beneficiario, el nombre del proyecto, tipo de incentivo, año otorgado, duración y compromisos asumidos.
Se recomienda, además la publicación obligatoria de informes anuales de cumplimiento por decreto; realizar auditorías periódicas y hacerlas públicas y sancionar o revocar decretos que incumplan sus obligaciones; incluir los gastos tributarios en los presupuestos anuales, lo que permitiría visibilizar el costo real del Estado; priorizar recursos de forma estratégica y comparar beneficios fiscales con otras formas de inversión pública. Por último, evaluar el impacto tanto económico, social y territorial de cada incentivo, la utilización de indicadores de desempeño y retorno social de inversión y realizar estudios comparativos por región, sector y población beneficiada.
Carrasquillo Medrano hizo también un llamado a la Legislatura para que impulse reformas legales que garanticen el que se pueda trazar la evaluación y rendición de cuentas de estos incentivos fiscales; a las y los periodistas continuar investigando estos temas con rigurosidad y vocación democrática; a sus colegas y otros profesionales del desarrollo incorporar estos temas en su análisis de territorio, sostenibilidad y justicia social; a la ciudadanía a exigir transparencia y a que los recursos públicos sirvan a los interese colectivos y no a privilegios opacos.
A la luz de la investigación de la organización Planifiquemos, el Gobierno de Puerto Rico o no exige esta información o es que la tiene y no la quiere hacer pública.
