CLARIDAD
De algún tribunal federal del Gobierno de Estados Unidos acoger la demanda presentada por tres de los miembros despedidos de la Junta de Control Fiscal (JCF), uno de los primeros misterios que tendría que resolver es qué significa ‘causa’.
De acuerdo con los ahora exmiembros de la JCF Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa, sus despidos fueron “ilegales”. La demanda fue presentada contra el presidente Donald Trump; el director de la oficina de personal de la Casa Blanca, Sergio Gor; el único miembro que queda en la Junta, John E. Nixon, y Robert F. Mujica, el director ejecutivo de la JCF. Aunque también fueron despedidos Cameron McKenzie, Juan Sabater y Luis Ubiñas, estos no figuran en la demanda.
Entrevistado por CLARIDAD sobre las posibilidades de la demanda, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que quien único puede despedir a los miembros de la JCF es el presidente, y que la Ley PROMESA dice que es por “causa”. Además, aclaró que ya el Tribunal Supremo de EE. UU. (TS) dijo que los funcionarios de la JCF son territoriales, lo que significa que uno de los primeros misterios que debe ver el tribunal es qué es causa. Sin embargo, esos criterios no están en la Ley PROMESA.
A juicio del experto en la Ley PROMESA, la defensa de Trump va a decir que la causa él la explicó. Trump declaró que los despedidos no habían sido eficientes, que habían gastado demasiado dinero, que se habían tomado demasiado tiempo. Aunque esas son causas, se presume que “causa” es algo mucho más grave, como cometer un delito de depravación moral y otros, pero la Ley PROMESA no lo define.
Sin embargo, el tema es mucho más amplio porque ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que le permite al presidente despedir a funcionarios federales que tienen protecciones de ley similares, que no tienen términos fijos, cuando la ley dice que la persona no se puede remover porque hay que garantizar su independencia, y ha habido casos donde el TS ha dicho que el presidente sí puede despedir. Eso significa que si el tribunal de primera instancia acogiera el caso, tendría que contestar esas primeras preguntas de sobre si el presidente articuló una causa. De acogerse el caso por el tribunal de primera instancia, este continuará hasta el TS. Ahí, como ha sucedido en todas las ocasiones recientes, en que el Supremo le ha dado la razón al presidente, se revocarían las decisiones del tribunal inferior.
En cuanto a las implicaciones que podría tener la demanda sobre el litigio del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, recordó que ya el pleito está detenido por petición de los bonistas acreedores en lo que se constituye la nueva junta. Resaltó que el interés de los bonistas es evitar que la actual JCF siga tomando acciones en su contra, por lo que van a esperar los nombramientos nuevos. Esta situación no cambiará a menos que haya una orden de interdicto del tribunal, de parte de los demandantes, que diga que estos se tienen que mantener en la Junta hasta que el presidente los sustituya.
No obstante, Emmanuelli Jiménez estima que los bonistas están apostando a que el tribunal no dé esa orden y que eventualmente lleguen los nombramientos. Aparentemente, los nombramientos se han atrasado porque han tenido dificultad en conseguir la gente que Trump quiere y que se quiera “inmolar”: un boricua que llegue a un acuerdo con los bonistas y nos suban la luz. No creo que haya un boricua con esa mentalidad. Ha tomado tiempo por lo difícil de conseguir a alguien. No se ha dicho nada de nombres”.
Por otra parte, indicó que los casos de Título III relacionados con liquidaciones del Gobierno central continúan, como por ejemplo el pleito de las familias de Educación Especial.
El licenciado Emmanuellli considera que el asunto va a tomar tiempo hasta que no se nombre una nueva junta: seis miembros. De darse la circunstancia de que se ocurran los dos procesos, es decir, que se nombre la nueva junta y que el tribunal acoja el caso, alertó de que en la mayoría de los casos en que el tribunal de primera instancia falla a favor de los demandantes, Trump lo que ha hecho es ir al TS. Allí pide que se deje sin efecto la orden del tribunal inferior hasta que el TS resuelva en sus méritos. Entonces, se quedan los demandantes fuera de la JCF y él nombra a su gente.
Plazo de 48 horas
Este lunes 29 de septiembre en el Tribunal Federal, en Puerto Rico, ante la jueza Maria Antorgiorgi-Jordán, se llevó a cabo la vista de la demanda radicada por los ex tres miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), contra el presidente Trump, por alegado despido injustificado.
Concluida la vista la jueza indicó que anunciaría su decisión en las próximas 48 horas.
