Especial para En Rojo
Con 8 votos a favor de Zayira Jordán Conde y 6 a favor de Agustín Rullán, ganó Jenniffer González. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico volvió a ser vehículo dócil de los intereses político-partidistas, en este caso del Partido Nuevo Progresista y, en específico, de Fortaleza.
La Junta de Gobierno nunca ha sido representativa de la comunidad universitaria, aunque quizás sea posible decir que nunca ha estado tan alejada de ella. Anteriormente, la intromisión era más disimulada, o involucraba a candidatos que eran, a pesar de todo, académicos con historial y del Sistema UPR. Lo que ahora mueve principalmente a los integrantes de la Junta de Gobierno es la presión política… o quizás incluso la económica. La UPR se encuentra en crisis, pero los contratos cuantiosos abundan. En el pasado, contratos escandalosos como los de BDO – empresa privilegiada por el pasado gobierno PNP – llegaron al nivel de involucrar arrestos federales para integrantes suyos. Todavía queda por investigar los conflictos de interés que existen entre la Junta de Gobierno y la propia UPR.
No debe olvidarse que esta situación pudo haberse evitado si el cuatrienio pasado se hubiera aprobado el Proyecto de Reforma Universitaria propuesto por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. El proyecto, en su última vuelta a la legislatura, fue derrotado por un voto en el Senado que controlaba el Partido Popular Democrático. Se destacaron en esa votación el Presidente del Senado José Luis Dalmau, con un turno demagógico en contra, y Gregorio Matías del PNP, quien prometió apoyar el proyecto pero, a la hora de la verdad, se ausentó de la votación. La UPR sigue siendo víctima, en ese sentido, de la política del bipartidismo.
Por segunda vez, la Presidencia de la UPR la ocupará una persona externa al sistema universitario. El caso anterior fue Jorge Haddock, quien, de paso, a diferencia de Jordán Condé, sí estudió y laboró como profesor en el sistema UPR (Colegio de Mayagüez) y, a la hora de ser nombrado, venía de trabajar de un sistema público complejo y con ciertas semejanzas al sistema UPR (University of Massachusetts). No por esto será recordado positivamente, sino por opinar que los recortes presupuestarios eran manejables – para luego reconocer su error – y porque bajo su presidencia se perdió la acreditación del Programa en Neurocirugía y se suspendió el Programa en Tecnología Radiológica. Esto recalca que la solución a los problemas se encuentra en la comunidad universitaria, no por prejuicio contra las personas fuera de la UPR, sino por la necesidad de conocer el sistema, y con el aval de la comunidad, porque solo esta puede promover sus mejores interés.
Jordán Conde, la nueva Presidenta de la UPR, fue nombrada sin contar con apoyo de la comunidad universitaria. El cónclave estudiantil no la endosó, y sólo el Senado Académico del Recinto de Aguadilla la incluyó en su terna, en un distante tercer lugar. Eso no impidió que el «Comité de Búsqueda» (que incluía como miembro a Francisco Domenech, Secretario de la Gobernación), la posicionara como la tercera recomendada, ni tampoco impidió a la Junta de Gobierno (con 8 posiciones de 14 decididas por el gobierno) nombrarla como Presidenta en propiedad.
El proceso de consulta, ignorado completamente por la Junta de Gobierno, por lo menos aportó a saber más de la entonces candidata y ahora Presidenta. Así, por ejemplo, en UPR Cayey esta expresó abiertamente oponerse a la reforma universitaria. Repite el error de Haddock et al. al dejar ver que la universidad se puede sostener y administrar con el presupuesto actual. En una entrevista concedida en El Nuevo Día, además, demostró menospreciar la crisis universitaria del momento producto de los recortes presupuestarios de Donald Trump, arguyendo incluso que no habría problemas en Puerto Rico por ser un país “donde la raza realmente no hace diferencia” (¿?) y, en todo caso, apostando por redirigir las investigaciones a áreas de interés de la administración de Trump, usando de ejemplo la seguridad nacional. En lugar de defender la libertad académica y la investigación, propone subordinarlas a lo que quiera el gobierno actual de Trump. Esa actitud contra la libertad de cátedra no sería aceptada en universidades privadas que valoren la investigación (incluso Harvard, universidad productora de élites, se encuentra en desafío abierto con la política trumpista), pero en la UPR se quiere aceptar impunemente.
La comunidad universitaria – estudiantes, docentes, no docentes – ha expresado su contundente rechazo a la Junta de Gobierno y el nombramiento de Jordán Conde. Los reclamos principales de la comunidad (la restitución de los fondos y la reforma universitaria) siguen siendo ignorados por el gobierno en turno, los administradores impuestos por los partidos y, también, sus portavoces al interior de la comunidad. El gobierno no da otra opción que movilizarse para adelantarlos.
