Especial para CLARIDAD
Al realizar un balance de lo ocurrido durante el año 2025, tanto en el ámbito económico como en el social y ambiental, el panorama que enfrentamos al 2026 es profundamente preocupante. Fue un año marcado por aumentos en los recaudos, pero también por una acelerada destrucción ambiental, la creciente militarización de la Isla como supuesta estrategia de crecimiento y la implantación de políticas públicas que limitan derechos fundamentales.
El clima social se deterioró aún más, delitos, feminicidios, asesinatos de ancianos, violencia sexual, violencia asociada al narcotráfico y violencia ambiental que se han normalizado. Vivimos en una sociedad golpeada por el miedo y la incertidumbre, mientras el gobierno carece de un plan claro para atender las causas estructurales de esta crisis.
En el contexto de la llamada “democracia liberal” y la “economía de guerra” impulsada por Donald Trump, reina la incertidumbre. Aunque abundan los anuncios contradictorios, ya es evidente que vendrán recortes a los fondos federales, junto con un aumento significativo en los recursos destinados a la militarización de Puerto Rico, convirtiéndonos nuevamente en un “enclave militar”. El fantasma de la recesión persiste, aunque se niegue oficialmente, y aquí el gobierno local no tiene una estrategia propia, sólo improvisa y obedece. Como lo percibimos ante el Cierre del Gobierno Federal que afectó a cientos de miles de empleados y servicios, y se resolvió con un acuerdo bipartidista que extendió la financiación hasta enero de 2026. La incertidumbre de si volverá a ocurrir y el pesimismo nos consumen.
Lo que antes se llamaba el “gobierno oculto” de los grandes empresarios capitalistas, las “élites bélicas” (complejo militar-industrial) hoy actúa a plena luz. La economía de Estados Unidos responde a los intereses de la industria armamentista y a su imperio global. Los “los zares de la guerra” mandan, esos grandes magnates y corporaciones del complejo militar-industrial, es decir, el grupo de empresarios, contratistas de defensa, fabricantes de armas y sus aliados políticos y financieros (fondos de inversión y bancos que financian la industria bélica), altos funcionarios que rotan entre el gobierno y estas corporaciones (la llamada puerta giratoria), cabilderos (lobbyists) que influyen en el Congreso y en el Ejecutivo que se benefician directa y sistemáticamente de la guerra, la militarización y los conflictos armados. La guerra, la agresión a otros pueblos y el saqueo de recursos generan ganancias para ellos, ganancias que el pueblo estadounidense no ve. Lo que sí ve es pobreza, ciudades enteras sumidas en el abandono, escuelas sin fondos y marcadas por tiroteos masivos, hospitales colapsados, veteranos olvidados, migrantes perseguidos y criminalizados. El presupuesto no es para la vida, sino para la guerra, los bloqueos y la expansión militar a miles de kilómetros de distancia.
El medio ambiente y el Cambio Climático no son prioridades, el petróleo se ha convertido en el nuevo dios. Muerte y genocidio, saqueo y destrucción fuera de EE.UU.; pobreza y desigualdad dentro. Las prioridades se dictan desde la presidencia y la llamada “democracia” se transforma cada vez más en una dictadura corporativa. Hoy Estados Unidos no disimula su ambición: aspira a controlar las mayores reservas petroleras del mundo y los recursos.
Desde el punto de vista económico, el escenario estadounidense se caracteriza por bajo crecimiento potencial, altos niveles de deuda pública, una reconfiguración del gasto donde la guerra es prioridad, conflictos geopolíticos y comerciales, aranceles y un mundo que comienza a reorganizarse en bloques, debilitando la hegemonía de EE. UU. El cierre del gobierno de EE.UU. y la amenaza de no enviar los fondos para sostener la dependencia colonial en Puerto Rico fue un escenario que puede repetirse, en nuestra economía dependiente.
En este contexto desafiante, Puerto Rico —como colonia— tiene las manos atadas por la Junta de Control Fiscal y un Gobierno ineficiente. A esto se suman el riesgo geopolítico, la volatilidad en los precios de materias primas, la inflación, la inestabilidad financiera que afecta al sector manufacturero y el aumento sostenido en el costo de alimentos, vivienda, energía eléctrica y otros servicios esenciales. Todo esto golpea directamente al pueblo.
Nuestra economía sigue anclada en servicios, comercio, entretenimiento y turismo, sin diversificación ni fortalecimiento de sectores estratégicos. Seguimos en reconstrucción permanente, mientras se nos impone la idea de que el nuevo “desarrollo” basado en la militarización. Se insiste en falsas soluciones, como culpar al sistema de permisos, promover una reforma contributiva basada en medias verdades o perpetuar el caos energético con LUMA, el juego de la privatización. Estas medidas solo maquillan la falta de equidad y justicia contributiva, profundizan la desplanificación y perpetúan la privatización, ignorando la voluntad del pueblo.
El resultado es más corrupción, más privatización y un plan neoliberal que desmonta lo público, pero con un plan mediático para desinformar, engañar y manipular al pueblo. La mayoría legislativa gobierna para sus grupos de poder económico, de espaldas al país, recortando derechos. Hoy atacan el derecho a la información y libertad de prensa con la Ley de Información y Procedimiento Expedito (enmienda 2025) que representa un golpe a la democracia y dificultará el acceso a la información pública; mañana irán por más. Se gobierna por las ramas, reflejando una alarmante pereza intelectual en quienes diseñan políticas públicas sin investigar ni escuchar. Tendremos fiestas, propaganda y manipulación mediática para aparentar gestión, mientras la realidad se oculta.
Mientras en Estados Unidos se define una agenda económica, ambiental y social marcada por la guerra y persecución al emigrante, aquí nuestra agenda la dictan los empresarios que financiaron las campañas políticas. En ambas, el pueblo trabajador y el medio ambiente pierden; ganan las élites económicas externas y locales, aun cuando estas últimas se sabotean a sí mismas por su miopía.
Todo indica que el 2026 será un año dominado por un gobierno basada en la dependencia, que solo piensa en fondos federales, sin una ruta clara de desarrollo para Puerto Rico. La corrupción, la destrucción ambiental, la militarización y la lógica de guerra seguirán marcando el rumbo. Trump continúa usando el miedo para perseguir a trabajadores migrantes que, aun sin estatus legal, sostienen la economía y construyen país.
Merecemos un gobierno que deje de usar la “seguridad” y el “miedo” como excusa para intervenir en países soberanos, que deje de convertir a Nuestra América en un tablero geopolítico y que invierta en la seguridad real: empleos dignos, salud, educación, vivienda y estabilidad.
Seguir apostando a los fondos federales, a los créditos contributivos temporeros, a la privatización y a la militarización no es un modelo de desarrollo sostenible. La carga de la deuda pública, gestionada por la Junta de Control Fiscal, amenaza la estabilidad macroeconómica y debilita cualquier intento de crecimiento real. Nos deja mal preparados para una nueva desaceleración y para enfrentar cambios estructurales inevitables, la transición energética, los cambios demográficos y la transformación del aparato productivo.
Frente a esta realidad, comenzamos a sembrar esperanza. Es urgente una política pública que construya una economía propia, con objetivos sociales y económicos claros, y un nuevo modelo económico social y solidario que sustituya al actual en camino a mayores poderes soberanos. No podemos seguir legislando desde la improvisación y la dependencia. Necesitamos un proyecto de país con metas y una ruta a mediano y largo plazo, que rompa con los reflejos coloniales y recupere nuestra capacidad creadora y emancipadora.
En 2025 vimos un ejemplo claro con la economía de la cultura y la creatividad, evidenciada en la Residencia de Bad Bunny, y sus efectos multiplicadores y transversales. Aprendamos de esa experiencia. Existen propuestas concretas: una matriz energética diversificada impulsada por el sol y proyectos comunitarios como Casa Pueblo, así como propuestas académicas desde la UPR Mayagüez. También es importante recordar que no estamos para oportunismo económicos de algunos que quieren volver a la dependencia energética con proyectos de energía nucleares o incineradores. Ambas propuestas arriesgan la salud y seguridad del pueblo para que unos pocos (esa élite política y económica colonial) ganen y el pueblo pierda.
La Universidad de Puerto Rico ofrece alternativas con sus investigaciones e innovaciones, así que debemos exigir que se devuelvan los fondos a la UPR y que su administración deje de destruirla. Queremos la Reforma Universitaria, ya existe el proyecto de Ley 880 de la Cámara de Representantes, la universidad del pueblo y con el pueblo que genera desarrollo sostenible. Hay planes para invertir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), aprovechar la revolución de la inteligencia artificial y colocar a la Universidad de Puerto Rico como eje del desarrollo económico y social. También existen propuestas para enfrentar el cambio climático y sus consecuencias, así como un consenso creciente sobre la necesidad de erradicar la corrupción que desvía fondos públicos y debilita la confianza social. El Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático ha desarrollo de planes de mitigación y adaptación, como el «Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático». Cada política pública debe responder al bienestar colectivo.
Desde la esperanza, hay propuestas ciudadanas reales para impulsar el crecimiento económico y comenzar a construir el Nuevo Modelo Económico Social y Solidario, mejorar la competitividad y adaptar nuestra economía a la cuarta revolución industrial. Esto exige un replanteamiento profundo del modelo de desarrollo, colocando a la gente en el centro.
La agenda debe ser la del Pueblo de Puerto Rico: más participación, transparencia, protección social y ambiental y debate sobre el país que queremos. Queremos un Puerto Rico próspero, feliz, sostenible, con equidad y justicia, con protección ambiental y social, y donde quepamos todas y todos.
