Por Manuel de J. GonzálezCLARIDAD
Los detalles ya conocidos sobre el llamado “billboard” que pretenden instalar en un área residencial de Puerto Nuevo resumen a la perfección cómo el Partido Nuevo Progresista ha pervertido la operación gubernamental. Ahí está retratada la forma muy diáfana la manipulación de normas y reglamentos para beneficiar a los de la casa. La manera burda como todo se hizo es típica de aquellos que se sienten impunes. Resumo y comento esos detalles que dramatizan todo lo que se ha estado denunciando de cara las elecciones próximas donde el PNP intenta lograr otros 4 años a cargo del gobierno.
Sorpresa. Lo primero que sobresale es el factor sorpresa. Ninguno de los vecinos del lugar sabía que lo que ahora llaman “adefesio” se estaría instalando frente o al lado de sus casas. Según relataron, se enteraron cuando se cerró la calle y las máquinas empezaron a romper el pavimento. Un elemento esencial del procedimiento administrativo que conduce a la otorgación de un permiso de construcción es la notificación a quienes podrían afectarse. Cuando se inicia un proceso el primer paso es notificarles a estas personas. Todo indica que ese requisito esencial no existió en esta ocasión, al menos de lo que ocurrió en la Oficina de Reglamentos y Permisos (ARPe). Tampoco se notificó el permiso solicitado al Municipio de San Juan (el mismo que ahora preocupado por los votos cuestiona el proceso) para cerrar la calle durante la construcción. Ambos eventos -la autorización para construir y el cierre de la calle- sorprendieron a los residentes.
Ahí vemos el vicio principal de lo que llaman “permisología”. Los procesos se conducen sin tomar en cuenta las comunidades que serán afectadas. En el papel, la reglamentación exige la notificación, pero buscan la manera de evadir el requisito.
Compadrazgo político. De ordinario, lo que explica el vicio del mecanismo que conduce al permiso es el poder económico. Las grandes empresas o las personas ricas corrompen el proceso. Lo vimos hace algunos años en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón que pretendía construir una piscina privada en plena playa pública. Allí también había un permiso “válido” con el que empezaron a construir y luego se demostró que fue obtenido de forma fraudulenta.
El poder económico se junta casi siempre con el compadrazgo político, pero también cada uno de esos factores puede aparecer por separado. En este caso, la presencia del elemento politiquero es dramático. La persona que consiguió el permiso para “sembrar” una mole de cemento y acero en medio de una comunidad es un exsecretario general del PNP. Obviamente se trata de alguien muy conectado con el gobierno y con acceso directo a los funcionarios que aprueban los permisos. Eso explica por qué los vecinos afectados no se enteraron de la propuesta hasta que vieron las máquinas rompiendo la calle y porqué tampoco se enteraron de que el Municipio autorizó cerrar la vía pública hasta que la cerraron. Tanto la administración central como la municipal están controladas por el PNP, el mismo partido que el proponente dirigió y al que se mantiene vinculado.
Dirigió Planificación. Hay otro detalle en la noticia todavía más dramático y hasta espeluznante, y un ejemplo muy vivo de cómo el PNP ha pervertido el llamado “servicio público”. Las informaciones de prensa nos dicen que el individuo que se benefició con esos permisos manipulando el proceso, Héctor Morales Vargas, fue en el pasado presidente de la Junta de Planificación (JP).
La JP es una de las agencias más importantes del gobierno y, sin duda, la más importante del entramado que aprueba los permisos de construcción. Quienes la dirigen se suponen que sean profesionales de prestigio en el campo, desvinculados de los traqueteos partidistas. Desde que la ideó el gobernador estadounidense Rexford Tugwell en 1942 la agencia ha tenido alzas y bajas, pero nunca había descendido al nivel que la tiene en estos momentos el PNP. Ahora vemos que el mismo individuo que dirige la estructura puramente partidaria, ocupando la secretaría general, antes o después estuvo a cargo de la agencia más importante para la regulación de la actividad económica. Eso explica porqué este individuo pudo burlar el procedimiento administrativo para obtener el permiso y porqué los vecinos no se enteraron hasta que las máquinas comenzaron a romper la calle, pero, además, dramatiza el alto grado de politización de la administración pública.
Finalmente, a quienes creen que el procedimiento judicial que el alcalde Romero corrió a iniciar puede detener el abuso, les recuerdo algunas cosas. Primero, que Romero lo hizo preocupado por el impacto electoral de la noticia y sin reconocer que el propio municipio que dirige está tan embarrado como ARPE. Segundo, que desde 2009 el PNP también controla el sistema judicial una vez se aseguró la mayoría del Tribunal Supremo. También controla la Oficina de Ética a dónde referirían a los funcionarios corruptos y el Departamento de Justicia que debería investigar.
Ya ven que no exageramos cuando decimos que el PNP pervirtió el servicio público.
