CLARIDAD
Una crisis social no se mide solo por las situaciones de maltrato hacia los menores que se alcance a denunciar, los casos de violencia doméstica, los feminicidios, los asesinatos, la violencia en general son elementos de una crisis social. Los casos de maltrato hacia los menores son precisamente uno de los efectos de una crisis social mucho más profunda. En esa apreciación coincidieron un sociólogo y una psicóloga clínica entrevistados por CLARIDAD.
Luego de una conferencia de prensa en la que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes insistiera en que se declare un “estado de emergencia por violencia infantil”, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Zuzanne Roig Fuertes, hizo declaraciones públicas rechazando que en el país haya una crisis social por maltrato de menores.
Según datos de la propia agencia que dirige, en el 2025 se recibieron 13,747 referidos de maltrato de menores, de los cuales 3,862 tenían fundamentos. En lo que va de este 2026, en la primera semana de febrero se había recibido 1,466, 85 de referidos con fundamento.
En el cuatrienio pasado la delegación del PIP en la Cámara logró que se aprobara un proyecto de ley para declarar un estado de emergencia infantil, pero la medida quedó en suspenso en el Senado.
“Que la secretaria del Departamento de la Familia haya negado que en Puerto Rico existe una crisis por violencia infantil no es solo negligente. Es también una tergiversación decir que los casos de violencia infantil han disminuido”, expresó en declaraciones escritas el portavoz del PIP, Dennis Márquez Lebrón. Este indicó que desde hace nueve años se ha reunido, escuchado y trabajado con diversas organizaciones y personas que luchan día a día por los derechos de las niñas y niños que sufren maltrato.
En entrevista, el sociólogo y exsecretario del Departamento de Educación (DE), doctor César Rey Hernández, apuntó que el país lleva décadas en una descomposición social que tiene síntomas de todo tipo. El maltrato de menores, la pobreza. En el caso de los menores de 18 años, el 56 % vive bajo el nivel de pobreza. “Estamos entre los primeros cinco países de las Américas con mayor desigualdad, lo que nos ubica en una posición de muy desprestigio”.
Aclaró que no es una pobreza paupérrima, sino en los niveles de ingresos, que cada vez se polariza más y deja a la clase media empobrecida versus el 1 % más rico. “La violencia contra la mujer es uno de los síntomas más visibles e invisibilizado, muchas veces por toda una cultura machista y una negación de la realidad desde el punto de vista gubernamental. Y se nos hace muy difícil reconocer los problemas sociales y, al no reconocerlos, lo que se hace es profundizar más la crisis”, describió.
El doctor Rey Hernández afirmó que en el país hay una crisis social cuando una Secretaria no lo reconoce y lo toma personal habiendo 2 mil casos reportados de agresiones contra menores en un mes. “Eso nada más debería ser una primera plana para convocar una asamblea de propósito de voluntades para atacar el problema”. Acotó que la situación no se resuelve solo con la Policía, el Departamento de Educación o el Departamento de la Familia, sino que tiene que haber una toma de conciencia social y gubernamental sobre la gravedad del problema.
El exsecretario del DE trajo señaló que hace 20 años señaló que los protocolos de las agencias son disímiles (Salud, Educación, Familia), por lo tanto, la fotografía de cada agencia es distinta y que de esa manera una agencia no se entera de lo que está pasando en la otra. Más aun, al presente hay una falta de transparencia en el acceso a los datos de cada agencia y de compartir un protocolo, que lo que hace es agravar el problema porque las agencias no lo reconocen aunque el país lo está viviendo.
“Los niveles de violencia contra la mujer, contra los viejos, los niños, la violencia en términos generales, hay una cultura violenta. Uno se levanta por las mañanas escuchando programas de radio que lo que alimentan es la violencia, programas de televisión. El careo es la forma de sobrevivir”, manifestó.
En términos de política pública, el sociólogo indicó que hay estrategias que se pueden seguir si hubiese continuidad en las administraciones versus la alternancia política. Reparó en que hasta funcionarios de una misma administración no permiten que haya continuidad y, por lo tanto, al no haber continuidad, no hay protocolos a seguir. De haber una estrategia clara de definición del problema, independiente de quién esté administrando, que se lleve a cabo por espacio, por ejemplo, de 10 años, se podría medir los resultados.
“Pero ese no es el caso. Aquí se improvisa con fondos federales para la política pública que se va a asumir: eso es un disparate. En ocasiones, son fondos que no se adaptan a la idiosincrasia de nuestro país”. Agregó que no hay mirada visionaria a largo plazo para buscar atender los problemas de una manera distinta ni una visión de alcance realista. Por el contrario, se sigue legislando para complacer en ocasiones a unos sectores que no entienden la complejidad de una realidad social.
El doctor Rey Hernández afirmó que la crisis social, incluyendo las situaciones de maltrato de menores, va a continuar si no se toman medidas radicales. Hizo la anotación de que nadie en este momento se tiene que sentir responsable por lo que está pasando: “Se tiene que sentir corresponsable por no hacer las cosas que tenga que hacer”.
Aseguró que negar e invisibilizar el problema es un error táctico, estratégico y hasta político que no favorece a quien lo practica y que, a la larga, el asunto va a explotar. “Es cuestión de credibilidad, sería honesto, creo, que toda aquella persona seria que quiera un mejor Puerto Rico se uniera a una convocatoria que hubiera para trabajar esta crisis social. Hay que escuchar”.
Por su parte, la psicóloga clínica Alice Pérez igual reconoció que el país vive una crisis social que se ve todos los días en actos violentos, pero que no todos aparecen en la prensa.
“En el caso de los menores, es todavía más importante, igual que ocurre con los ancianos, porque tenemos dos grupos que son vulnerables porque dependen de los cuidados de otros. La niñez y la juventud se supone que puedan contar con adultos que puedan proveerles seguridad, bienestar y protección continua para un buen desarrollo, igual que pasa con los ancianos, que necesitan de unas protecciones para su calidad de vida. Así que cuando un país empieza a ver que esos grupos están siendo afectados diariamente, tenemos que estar pensando en una crisis social”.
Pérez describió el maltrato a menores como un problema de salud pública que está ligado a los determinantes sociales, que son la pobreza, la violencia, de género, la falta de acceso a servicios de salud, educación y vivienda. Esos determinantes sociales son los que permiten que una sociedad se pueda desarrollar de manera adecuada o no. En el caso de Puerto Rico, esos determinantes sociales están muy marcados. Insistió en que el maltrato a menores es el resultado de una violencia sistémica, estructural a través de un Estado que no da un acceso adecuado a los servicios esenciales.
Señaló que hay distintas variables que se tienen que mirar. En la pobreza infantil, sobre todo, no es solo el aspecto parental. “La realidad es que es producto de esta violencia estructural bajo la que estamos viviendo y que genera todas unas violencias que incluyen el maltrato de menores”. Hizo referencia a que los datos del mismo DF demuestran que los casos van en aumento y alertó de que, si no se atienden los problemas esenciales de país que promueven esa violencia estructural, la situación de crisis social se va agudizar.
La psicóloga clínica también apuntó que hay políticas públicas que se pueden adoptar para abordar la situación, pero que hay que tener la voluntad de querer atender el problema y, para eso, hay que nombrarlo. “Hay que decir que existe la crisis para poder trabajar con la crisis. Una vez eso, hay que tener realmente la voluntad de quererlo trabajar, porque las estrategias deben estar dirigidas a la prevención para no llegar a la crisis”.
Para ello, se necesitan políticas públicas basadas en evidencia, que se estén midiendo de manera continua los resultados, “que es algo que no pasa. A veces, se hace una política pública, pero no se mide, no se le da seguimiento y por eso no se lleva a cabo de manera correcta”, denunció. Se necesitan programas de prevención ínteragenciales. “Vivimos en un país en que cada agencia tiene su librito y trabaja de manera desarticulada. Ciertamente, esa desarticulación trae también inconveniencias, aparte de los procesos, que son en extremos burocráticos”.
La psicóloga llamó también la atención a la falta de transparencia, a que la falta de información lo que hace es perjudicar. No es solo fiscalizar y la rendición de cuentas, sino desarrollar programas de prevención.
“Estoy de acuerdo en que se debe declarar un estado de emergencia, que se dispongan los fondos para que se trabaje con esta necesidad de país lo antes posible”, concluyó.
