CLARIDAD
Tras seis años de una sucesión de gestiones, la familia Viqueira Vicente no descansa en su intento de vivir en paz
Nota editorial: Esta es la tercera entrega de una serie de cuatro artículos a partir de la entrevista que hiciera CLARIDAD a Moshayra Vicente Cruz, viuda de Viqueira Ríos. Apoya el periódico de la Nación Puertorriqueña suscribiéndote a CLARIDAD.
Sin aceptar un “no” por respuesta, Moshayra Vicente —la viuda del biólogo Robert Viqueira (asesinado en su hogar, el verano del año pasado)— acudió, este miércoles, al Palacio de Santa Catalina, para entregar una carta a nombre de sus hijos y el suyo propio. La determinación de clamar a la gobernadora Jenniffer González Colón no la tomó sola; se comprometió a eso, el miércoles pasado, tan pronto salió de las oficinas del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y se enteró de que el Ministerio Público no apelaría la sentencia absolutoria del juez municipal de Ponce, Ángel Llavona Folguera.
Al discutir la noticia con sus hijos de 21, 17 y 15 años, entendió que la carta tendría cuatro firmantes. “Cuando hablé cara a cara con ellos, me dijeron: ‘Mamá , tú le vas a escribir a la gobernadora, ¿verdad? Yo les contesté: ‘Si es lo que ustedes quieren, lo vamos a hacer’; y aquí estamos. Ellos van conmigo”, reveló Vicente Cruz en entrevista telefónica con CLARIDAD.
Esta es la más reciente de una ristra de acciones, que ha tomado la familia, en el transcurso de seis años desde que comenzó la disputa vecinal en 2020, que culminó en la muerte trágica de Viqueira Ríos baleado por su vecino Eduardo Meléndez Velázquez. El 6 de este mes, el juez municipal Llavona Folguera absolvió al asesino al juzgar que había actuado en defensa propia.
A pesar de la inseguridad que le genera ese veredicto, la mujer de 43 años —maestra de profesión— dice que no se está quieta. “Yo estoy tocando puertas. Donde me escuchen, ahí yo voy a estar. Estoy consciente de que esto es inusual y novel, pero no me puedo quedar sentada ante la injusticia que se le cometió a Robert”, dijo en una entrevista previa con CLARIDAD, que se ha publicado en una serie de cuatro partes. (Esta es la tercera entrega).
Cuando conversó con CLARIDAD —el miércoles, 11 de febrero— Vicente Cruz aún se disponía a reunirse con el jefe de Fiscales, Juan Ramos García, y el Procurador General, Omar Andino Figueroa. “Estoy segura de que el Procurador General no me va a dejar sola en esta gestión. Es evidente que ocurrió una falla en derecho, pero también una actuación negligente e imprudente del juez Llavona”, dijo entonces. El encuentro con Ramos García y Andino Figueroa sucedió el pasado miércoles, 18 de febrero, cuando le comunicaron que —a pesar de su disgusto con la decisión— no iban a apelar por entender que no existen precedentes.
Ahora, dirige sus esfuerzos a la gobernadora, mientras sigue aferrada al deseo de que el Procurador abogue por ella. “Este fallo no afecta solamente a nuestra familia, sino a todo el pueblo de Puerto Rico porque envalentona a cualquiera que quiera tomar la justicia en sus manos[…]. Esta decisión da licencia para matar. Es peligroso lo que ocurrió con este fallo para todo Puerto Rico. Hay un deber moral del gobierno para que se atienda lo que sucedió con el fallo del juez Llavona”, insistió Vicente Cruz.
Sobre su ánimo, la viuda se expresó “bien tranquila, bien confiada de que actuamos como debíamos actuar ese 15 de julio y que en ese juicio todo el pueblo de Puerto Rico pudo ver la evidencia y no hay duda de que fue un asesinato premeditado”, comentó haciendo caso omiso a los detractores.
En su carta a González Colón, Vicente Cruz expuso que la interpretación del juez Llavona Folguera plantea interrogantes jurídicas sustanciales que ameritan una evaluación adicional por un foro revisor.
“Si los tribunales concluyen que no procede la revisión, se habrá cumplido cabalmente con el diseño constitucional, el Ejecutivo habrá ejercido su función y el Poder Judicial la suya. Lo que respetuosamente solicitamos es que, no sea el propio Departamento quien cierre la puerta a esa evaluación, sino que, de ser denegada, lo sea mediante una determinación judicial formal”, le intentó persuadir en la carta que firma, junto a sus hijos Beatriz, Elías Hiram y Mariana.
La familia solicita una reunión con la gobernadora, como uno de los últimos esfuerzos dentro de una sucesión de gestiones administrativas, civiles, penales y políticas que se han prolongado durante seis años. Vicente Cruz alegó que la defensa de su hogar y su paz son la única razón por la cual han perseguido estas acciones.
Vicente Cruz comentó que está siendo asesorada por abogados que entienden que el fallo del juez no está correcto; que no hubo legítima defensa; que lo que demuestra la prueba es que el acusado actuó de forma premeditada, primero, al iniciar la provocación con el sonido de los coquíes mecánicos; y segundo, viniendo hasta frente de la casa de los Viqueira Vicente. “Está probado que nuestra reacción siempre fue después, y se está llevando una visión errada de lo que es legítima defensa, lo que sienta un precedente errado para el país de cómo cualquier individuo puede usar la legítima defensa de manera indiscriminada”, contestó a preguntas de este medio.
Cuando el juez Llavona Folguera hizo su alocución para dictar sentencia, comentó que las piedras lanzadas por Viqueira Ríos fueron utilizadas como un arma blanca y “nadie en la ley está autorizado a tomarse la justicia en sus manos”. Añadió que “decidió resolver esa controversia sin acudir a las autoridades”, lo que alteró a la viuda de la víctima en la sala quien gritó y sufrió un colapso nervioso.
En su entrevista con CLARIDAD, Vicente Cruz cuestionó la ironía de que el juez haya interpretado como legítimo que alguien tome un rifle y asesine a otro, mientras juzga como erróneo a quien tiró piedras. “Envalentona a cualquiera que quiera tomar la justicia en sus manos. Irónicamente, eso fue lo que dijo el juez que nosotros hicimos”, lamentó.
La familia había acudido a la Policía, al menos, en dos ocasiones previo a la noche fatídica con alegaciones de alteración a la paz; tenía una demanda civil por hostigamiento; y había iniciado negociaciones con la dueña de la residencia. “Nuestros reclamos ni ante la Policía ni al tribunal de derecho nunca fueron reconocidos. No nos escucharon ni validaron, a pesar de que proveímos fotos y declaraciones juradas”, denunció la mujer.
La autora es periodista independiente, que colabora con CLARIDAD. También, es editora del medio periodístico 9millones.com, nombrado así por los 9 millones de boricuas en el mundo.
