CLARIDAD
Había dos escenas. La primera, situada en el lado norte del capitolio, contaba con una tarima en que dos animadores saludaban a un gentío novoprogresista. Minutos antes de la alocución de la gobernadora, adelantaron algunos puntos como el “chequecito” del reintegro que arguyen miles de personas están recibiendo. Les rodeaban, en cada lado de la tarima, banderas de la campaña electoral de Jenniffer González Colón. Llovía. Los partidarios de la mandataria se guarecían en alguna de las seis carpas erigidas.
La segunda escena, ubicada al lado sur de la casa de las leyes, clamaba consignas en contra de las políticas de la administración de turno. También recordaban la figura del activista viequense Ismael Guadalupe. Rafael Bernabe, María de Lourdes Santiago, Adrián González y Angel Figueroa Jaramillo formaban parte de la manifestación. Un hombre resguardado por un paraguas del gobierno de González Colón comentaba «pérate, que aquí están haciendo protesta», mientras intentaba entrar al edificio por el anejo del Senado.
A las 5:21 p.m., decenas de hombres engalanados y oficiales en uniforme cubrían las tribunas del hemiciclo cameral. Josué Colón Ortiz, el Zar de Energía, lucía una gorra que leía «Make Puerto Rico Great Again» mientras observaban a los presidentes legislativos. Carlos “Johnny” Méndez Núñez daba inicio a la ceremonia sentado al lado de su homólogo senatorial, Thomas Rivera Schatz. Reconocieron la asistencia de Francisco Domenech– secretario de la gobernación y de la Aafaf–, la Secretaria de Justicia, el Secretario de Educación, el Secretario de Salud y otros titulares de agencia.

Era la última escena, la más esperada. Los alcaldes de Ceiba, Culebra, Juncos, Lajas, Río Grande, Vega Alta, Vieques, Aguadilla y otros municipios acudieron en una muestra bipartita de interés en el Mensaje de Situación de Estado. State of the state, como tradujeron en las cuentas oficiales del Gobierno de Puerto Rico. También se dieron cita el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el exgobernador Luis Fortuño y la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde. La gobernadora entró a la Cámara de Representantes a las 5:35 p.m . Diez minutos después, tras varias ovaciones y saludos, comenzó el mensaje.
“Hoy vengo a hablarles de resultados”, aseguró.
Los “resultados”

Con un cheque simbólico en la mano, González Colón se atribuía el logro de su reforma contributiva. Se arrogaba también “el primer presupuesto balanceado” desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), en 2016. Ahora, expresó, busca “repetir la hazaña” de un presupuesto certificado por el ente federal. Y a ese plan, que no altera la situación del primer centro docente del país, Zayira Jordán Conde aplaudía. $33 mil millones para este nuevo presupuesto divididos entre $44 millones para escalas salariales en la Uniformada, $20 millones para «garantizar» el aumento salarial de oficiales de corrección y otra andanada de cifras para carreteras, amas de llave y municipios.
El anuncio del aumento para los oficiales provocó vítores especiales. La gobernadora miraba a una fila de policías parapetados en la tribuna, ellos le aplaudían y ella reiteraba mil gracias por el servicio que le prestan al Estado. Afirmaba, además, que la agencia requiere nuevas patrullas y equipos que apoyarían “la limpieza de junkers (lotes de chatarra)”. Una reacción similar ocurrió cuando destacó los $82.1 millones para las vías. Varios empleados públicos se incorporaron con pancartas que leían «Breacción». González Colón remataba estos logros con un «prometimos y cumplimos».
“En enero,
radiqué la segunda fase de la Reforma Contributiva para, por primera vez desde 2011, reducir las tasas contributivas a la clase media. Actualmente, los hogares que ganan más de $61,500 al año están sujetos a una tasa del 33%, la más alta en toda la nación (estadounidense)”, explicaba la mandataria sobre el «merecido alivio contributivo» para este sector de la ciudadanía.
Del mismo modo, elaboró sobre sus planes por partes, como desarrollo económico, educación, salud e infraestructura. Habló, como tema aparte, de los servicios de energía eléctrica y acueductos. La gobernadora contradijo las nuevas medidas que modifican el uso de terrenos en Puerto Rico al aseverar que «las protecciones ambientales se mantienen y el Código no modifica ninguna de ellas. La Oficina Central de Permisos será la única agencia del gobierno que otorgará permisos».
Para la gobernadora, la Reforma Contributiva supone una de dos consignas repetidas durante el mensaje. La segunda trataba la reducción de tiempo que tomaría obtener permisos del Estado. «Tendremos un proceso consolidado con una sola agencia, una sola solicitud y un solo criterio».
Asimismo, González Colón expresó su apoyo por los municipios, su defensa de ellos ante la JCF y cómo los planes de ordenamiento territorial permanecen intactos. Dijo haber firmado revisiones a los reglamentos de Loíza, Cayey, Aguadilla, Cidra, Dorado, Río Grande y otros pueblos en los que actualmente existen múltiples proyectos que alteran el uso de tierras. Como en la comunidad Carrasquillo, en Cayey, o en las residencias contiguas al río Piedras.
Jorge “Georgie” Navarro Suárez sorbía de un vaso que pocos legisladores tenían en sus escaños. Vertió un poco del líquido en su pantalón, y lo frotó por un rato con una servilleta. Arriba, desde el estrado, la lista de los logros ocupó gran parte del discurso de González Colón. Esto es obra real. Seguimos cumpliendo con nuestra gente. Les prometí y les voy a seguir cumpliendo.
Al final, luego de jurar su compromiso para con la estadidad, las minorías de la oposición señalaron los “ausentes” del mensaje. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) resaltó a la UPR, las escuelas, la quiebra de New Fortress Energy y la salud como elementos que González Colón ignoró.
“Se habla de algunos fondos federales, pero de lo que no se habla es de cuál es el problema del fracaso y de la crisis del sistema de salud, que también es el modelo privatizador. Donde hay problemas de cubiertas por parte de los planes médicos, donde las aseguradoras del Plan Vital le deben millones de dólares al Hospital Universitario de Centro Médico y a la Administración de Servicios Médicos”, denunció la representante Adriana Gutiérrez Colón.






