CLARIDAD
¿Qué,si algo, hará en Tribunal Supremo de Puerto Rico con el contrato de Luma Energy? ¿Lo anularán como solicita la actual gobernadora luego de que otro gobernador de su mismo partido político (asesorado tal vez por los mismos abogados) lo aprobó? ¿Sobrevendrá entonces el limbo caótico que anuncia Luma si la dejan sin contrato? ¿Podemos confiar en personas como Jennifer González y Josué Colón (¡nuestro Zar!) para que nos consigan un mejor servicio que el de Luma? Y si el Supremo no anula el contrato, ¿mejorará Luma tras consolidarse victoriosa? ¿Qué hará la todopoderosa Junta de Control Fiscal ante ambos posibles escenarios?
Estos son los interrogantes que, como la afilada espada de Damocles, se ubican en estos momentos sobre las cabezas de los puertorriqueños. No podemos predecir cuál de ellos se materializará. Lo que sí sabemos, sin necesidad de consultar una bola de cristal, es que en cualquiera de esos escenarios el pueblo de Puerto Rico será el perdedor.
El caso ante el Tribunal Supremo ya está “listo para sentencia” luego de que se emitiera una orden prohibiéndole a las partes presentar escritos adicionales, pero creo que ahora mismo la mayoría de los jueces deben estar arrepentidos de haber acogido el recurso de “Certificación” que presentó el Gobierno. Esto es una solicitud al alto foro para que atienda directamente un caso sin que los tribunales inferiores, el de Primera Instancia y el Apelativo, intervengan. Es algo muy inusual porque el Supremo nunca celebra una vista evidenciaría para recibir prueba y escuchar testigos, por lo que la controversia se adjudica solo en base a documentos y argumentos por escrito o en vista argumentativa. En caso de apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, uno de los argumentos de Luma será que se le privó de un juicio justo al no poder presentar prueba testifical. Los testimonios de los funcionarios del Gobierno que en 2023 redactaron y aprobaron la extensión del contrato le hubiesen favorecido.
Tampoco se pasó prueba sobre qué pasará si se anula el contrato. Sobre esto lo que el Supremo tiene ante su consideración son declaraciones vacías de Luma anunciando el caos y de Josué Colón diciendo que ya tiene la alternativa sobre la mesa. Después de lo que pasó el contrato de generación eléctrica temporera y el fraude de Power Expectations, la poca credibilidad que puedía tener el actual gobierno desapareció.
Por otro lado, para sorpresa de muchos, el Gobierno no basó su demanda en el evidente incumplimiento contractual de Luma, sino en la nulidad de la extensión al contrato aprobada en 2023 por el gobierno de Pedro Pierluisi. El problema que tiene ese argumento es que, aunque haya cambiado la cara del Ejecutivo, muchos de los funcionarios son los mismos.
En última instancia, creo que, en todo momento, Jennifer González ha estado contando con la lealtad de los siete jueces nombrados por Luis Fortuño y por ella misma. Aunque el caso sea un mamarracho, pensará, los míos no me fallarán. La “Certificación” emitida, acogiendo el caso en primera instancia, parecía darle la razón, pero ahora mismo, con las comparecencias de la Asociación de Industriales y de la Junta de Control Fiscal a favor de Luma, la situación no es tan clara.
Como decía al principio, ante cualquiera de las dos alternativas, el pueblo será el perdedor. El problema principal fue la privatización ordenada en 2020, que implicó desmantelar una estructura eléctrica montada durante siete décadas, lanzando a la calle miles de trabajadores diestros la mayoría de ellos comprometidos con su país. Aquella estructura fue sustituida por otra basada en la búsqueda del mayor lucro en el menor tiempo posible. Ahora, reconstruir lo que había tomaría tiempo, pero, además, esa alternativa no está siendo considerada por el Gobierno ni la permitiría la todopoderosa Junta colonial. Si sacan a LUMA vendrá otra igual o peor, regida por buscones que se esconden detrás de nombres como el de la propia LUMA o Power Expectations.
El desastre con el servicio de electricidad que vive Puerto Rico, que, como vemos, se agravará a partir de 2026, no es resultado del huracán María de 2017, ni de los otros huracanes que nos han visitado desde entonces. Es, en cambio, el resultado directo del gobierno neoliberal, incompetente y malversador que hemos tenido durante todo ese tiempo, siempre en manos del Partido Nuevo Progresista, “supervisado” por una Junta con poder omnímodo que nos impuso el Congreso de Estados Unidos apenas unos meses antes de que el huracán llegara.
