A la Junta de Control Fiscal todavía le quedan 10 años aquí

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Junta de Control Fiscal (JCF) le seguirá costando al pueblo de Puerto Rico. De aquí a los próximos 10 años serán $960 millones. A la vez, habrá que cumplir con el pago de $33,0000 millones del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y llegará un momento en que no habrá dinero ni para unos ni para otros. Hasta el presente, la JCF tiene un presupuesto de $60 millones al año.

El hecho de que la jueza del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, Laura Taylor Swain, haya aprobado finalmente el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la Junta de Control Fiscal no implica que se ponga fin a su presencia en el país, como han proclamado algunos políticos. Al ente colonial, que en la práctica lleva las riendas del gobierno de Puerto Rico, le quedan al menos diez años de permanencia en la isla, estima el experto en casos de quiebras, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

El PAD confirmado por la juez Swain, el 18 de enero, supone que los acreedores de los bonos de obligación general (GO,en inglés), los de la Autoridad de Edificios Públicos y de la Administración de Sistemas de Retiro recibirán el pago de $7,048 millones de entrada, en efectivo. Emmanuelli Jiménez, indicó que para la ejecución del plan hace falta emitir los nuevos bonos, firmar toda una serie de documentos constitutivos y hacer el intercambio con los bonitas; es decir, entregarles un bono a cambio del anterior.

Además, queda por negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras. Todo esto supone que la Junta todavía no puede prescindir de su equipo legal. Recientemente se dio a conocer que entre los cinco bufetes de la JCF facturaron sobre $17 millones en servicios legales y reembolsos.

Todavía la JCF tiene que lograr los cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados. Aun logrando estos dos objetivos, los casos en el tribunal continuarían abiertos. Emmanuelli Jiménez presentó como ejemplo que el plan de la quiebra de la ciudad de Detriot se concretó en el 2014 y aún en este pasado mes de diciembre continuaba abierto. “Así que mientras el caso esté abierto, la Junta tiene que estar”.

En expresiones dadas al periódico El Nuevo Día, el presidente de la JCF, David Skeel, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, adujeron que quienes se oponen al plan no conocen lo que este plantea. A preguntas de CLARIDAD sobre qué reacción tenía a este argumento, Emmanuelli Jiménez, quien representa a unos de los acreedores más perjudicados con el PAD, que son los pensionados del magisterio, al principio guardó silencio.

“Es incontestable. ¿Cómo que quienes nos oponemos al plan no lo hemos leído, si llevamos litigando en los procesos directos? Esa es una respuesta absurda. Los economistas que han mirado el plan han refutado las bondades que la Junta plantea”.

Emmanuelli denuncia que la Junta está mintiendo con las estadísticas. Primero, porque no se reduce en 80 % la deuda, como alega. La deuda, como mucho, se reduce a un 50 %. “Ellos no quieren incluir a los pensionados como acreedores cuando, obviamente, son acreedores del plan, y ahí hay una deuda que se está pagando, en la práctica, completa”. Añadió que si se miran los bonos en su conjunto, lo que reciben de recorte es un 20 %, porque se incluye los acreedores no asegurados. A esos les dieron el 18 % de acreencia. “La Junta está jugando con las estadísticas para que parezca un recorte dramático, cuando no lo es”, dijo enfático.

La Junta podría pensar que hay otros entes gubernamentales que podrían radicar una quiebra por Título III de Promesa. “La Junta podría estar por lo menos 10 años más en Puerto Rico. No nos hagamos ilusiones, el discurso de Tatito Hernández (presidente de la Cámara de Representantes) es falso. Mientras el proceso del Plan esté, la Junta estará, a menos de que se enmiende la ley”.

En esa línea confirmó que en caso de que se enmendara la Ley PROMESA, en nada se puede alterar lo ya negociado en el PAD. Solo en un proceso de descolonización podría dar margen a cambios.

Ya confirmado el PAD, ahora viene un proceso al cual hay que darle cumplimiento y hay que sacar cerca de $3,200 millones anuales. Esto dejará apenas unos $1,700 millones al Gobierno de Puerto Rico para cumplir con sus obligaciones.

“Ahora hay que enfocarse en la AEE porque la viabilidad del país está en juego”, advirtió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo anteriorUn “businessman” con título de rey y el pedestal sin estatua
Artículo siguienteEsta semana en la historia