CLARIDAD
La organización Ayuda Legal preparó un conversatorio de múltiples temas relacionados con la recuperación
Para quienes viven en Puerto Rico tras los embates del huracán María y otros eventos naturales recientes, la recuperación ha sido un proceso largo y lleno de complicaciones administrativas. Desde la distribución de suministros hasta la provisión de servicios esenciales, la historia de esta reconstrucción está repleta de anécdotas de ayudas ausentes. Para discutir las causas y repercusiones del estado actual del país, Ayuda Legal Puerto Rico reunió a varios profesionales para ampliar en distintos subtemas del “Desastre tras el desastre”, nombre del VI Encuentro Hacia una Recuperación Justa.
“Nosotras llevamos seis años haciendo trabajo para reunir organizaciones y a personas afectadas por desastres para pensar, no solamente en temas de política pública, también en el saldo del proceso de recuperación, y en temas que inciden. En este caso, este año nos estamos reuniendo alrededor del tema de la corrupción y del mal manejo de fondos”, dijo Ariadna Godreau, de Ayuda Legal.
Dentro de este marco, cuatro expertos conversaron sobre las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico luego del paso de María y de la llegada de los fondos de emergencia.
“Lo que estamos viviendo es imposible. De alguna manera estamos sobreviviendo porque sobrevivimos; estamos aquí todavía, pero es en unas condiciones que no son dignas. En unas condiciones que no promueven nuestro desarrollo, que no promueven que podamos lograr las metas que queremos lograr”, expuso Nicole Díaz González, asesora legal y panelista del tema.
En esa línea, la abogada coincidió con el economista Iyari Ríos González en que la clase trabajadora está sometida a unas condiciones laborales precarizadas en los últimos años, especialmente desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF). Sin embargo, el doctor Ríos González argumentó que, a pesar de la inyección económica que ha recibido Puerto Rico tras los huracanes, terremotos y otros desastres, no ha habido una mejoría en las condiciones de vida de las personas.
“Ha habido una precarización del trabajo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y eso responde en parte a las políticas públicas que se han ido elaborando. Menciono algunas: la Ley 7 del 2009, que despidió miles de empleados públicos; la Ley 66 del 2014, que menoscabó derechos contractuales de los trabajadores y trabajadoras en el sector público; la Ley 4 del 2017, que fue una reforma laboral en menoscabo de los derechos laborales”, adujo el profesor Ríos González.
De igual forma, el economista agregó que ese “comportamiento macroeconómico” no se ha traducido en las condiciones de vida de la ciudadanía por factores como la importación de alimentos, que mayormente provienen de afuera, y otras estructuras sociales de Puerto Rico que dependen de recursos extranjeros.
“Creo que, viendo cómo nosotros pensamos en la ciudad de manera integral, es lo que provee que sea un lugar que no fomenta el aislamiento de las personas. Las ciudades y nuestros espacios comunales no están diseñados para ser de compartir, de intercambio”, opinó, por su parte, la ambientalista Isatis Cintrón Rodríguez. Ese “reflejo de nuestra humanidad” que significa el espacio, adujo la científico, desmoraliza a las personas que permanecen en Puerto Rico.
Desde el punto de vista energético, el exintegrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Juan Rosario esbozó, al igual que Ríos González lo hizo con las condiciones laborales, cómo la “bonanza económica” de este tiempo posdesastre agudizó la crisis que enfrenta el sistema eléctrico, sobre todo desde la llegada de los consorcios privados, LUMA y Genera PR. No obstante, el experto en temas de la AEE también responsabilizó a la ciudadanía por “comprar la narrativa” de que la corporación pública, por estar en manos del Estado, era el problema.
“Eso [la precariedad] no es a pesar del crecimiento económico, eso es debido al crecimiento económico. El crecimiento económico produce destrucción, injusticia, eso está requete estudiado. Todos los períodos de mayor injusticia en el planeta y de mayor miseria de la gente que menos tienen en los países son los períodos de bonanza económica”, amplió Rosario en su punto. “Tenemos que mirar lo que hemos creado colectivamente”.
Por otro lado, Díaz González explicó cómo estas condiciones empeoran cuando se trata de una mujer trabajadora. Muchas veces obligadas a criar sus hijos, cuidar a sus padres y cumplir con los pagos mensuales, este sector demográfico recibe un azote doblado por no contar con días de maternidad, mecanismos o redes de apoyo que nutran sus particularidades.
Mientras tanto, Rosario y Cintrón puntualizaron en los escollos que enfrenta la preservación ambiental entre tanta actividad económica. “Hay un patrón de desinvertir en nuestros servicios esenciales y privatizarlos […] por el mal llamado desarrollo hemos perdido. No hemos apostado a nuestro entorno”, agregó la ambientalista del panel
Los cuatro recursos concordaron en que una posible solución al problema es la organización comunitaria que, mediante colaboraciones, puede reconstruir aquellas partes que el sistema pierde de vista.
Ayuda Legal Puerto Rico organizó unos cuantos conversatorios que tocan diversos temas parecidos al del panel citado. Igualmente, la colectividad cuenta con documentos impresos relacionados con las elecciones, informes de la recuperación, políticas de vivienda y otros recursos dirigidos a apoyar a que las personas permanezcan en Puerto Rico.
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