CLARIDAD
Carlos Contreras fue Secretario de Trasportación y Obras Públicas durante el cuatrienio que terminó el 31 de diciembre de 2020. A pesar de los cambios en la jefatura del gobierno que hubo en esos cuatro años, se mantuvo en el cargo más por su inocuidad que por su competencia. No molestaba a nadie y, aunque hizo muy poco para mejorar el estado calamitoso de las carreteras luego del huracán de 2017, consumió su término hasta el último día.
Ahora sabemos que, a pesar de su irrelevancia en cuanto a las labores de su cargo, Contreras fue efectivo ayudando a algunos amigos de su partido político y de sus jefes. En los últimos días al frente del DTOP tuvo tiempo para certificar que un terreno del Condado que los vecinos del barrio utilizaban como parque, carecía de “utilidad pública” y, por tanto, era susceptible de ser trasferido a un desarrollador para que le diera “utilidad”. El terreno “inútil”, según Contreras, resulta ser sumamente valioso para el empresario dueño de un solar contiguo que ya está solicitando los permisos para construir un edificio.
Los eventos que condujeron a la enajenación de ese parque reflejan una conspiración que, como todas, se ocultó a los posibles afectados. Debió estar maquinándose por bastante tiempo, pero quienes utilizaban el pequeño parque se enteraron cuando el nuevo dueño les cerró el acceso y comenzó a destruir los árboles que les daban sombra.
El terreno en cuestión no estaba inscrito a nombre de titular alguno en el Registro de la Propiedad, algo que debieron averiguar los interesados. No podían apropiarse del solar porque la ley no los amparaba y, además, sabían que la comunidad lo utilizaba. Entonces se movieron hacia el gobierno que sí podía reclamarlo para el Estado, como sucede con muchos pedazos de terreno que quedaron como remanentes luego de una obra pública. Ese fue el primer acto conspirativo, ejecutado en el gobierno a petición de empresarios que siempre dan oportunas aportaciones a campañas políticas.
Para poder transferir el parque a los promotores del esquema era necesario la participación de otros conspiradores. En primer lugar, se requería que el DTOP, por conducto de su secretario, “certificara” lo que sería una mentira evidente: que el terreno no tenía “utilidad pública”. En segundo lugar, que un tasador, seguramente gestionado por los promotores, le pusiera un valor “manejable”. En tercer lugar, que el comité creado en 2017 para disponer de propiedades del Estado ordenara la venta directa a los interesados. Ese proceso conspirativo tomó meses y el empresario beneficiado es dueño registral del terreno desde hace más de un año, pero los vecinos se enteraron cuando les cerraron el paso.
El abuso de poder, y las maquinaciones para beneficiar a un ente privado, parecen evidentes. Es difícil imaginar que alguien pueda honestamente creer que un pedazo de terreno en la avenida Ashford carezca de utilidad pública. Además, con sólo mirar el lugar podían concluir que eso no era cierto. Ahora, a pesar de la protesta ciudadana que se ha desatado, nada indica que el gobierno esté dispuesto a buscar la manera de revertir el despojo. Todo lo contrario, el gobernador Pedro Pierlusi tartamudea, pero se reafirma en las acciones del gobierno.
No es la primera vez que una entidad gubernamental despoja a una comunidad del uso de una instalación pública para entregarla a un empresario. En la mayoría de los casos el despojo se materializa y queda impune. En otros, los menos, la movilización comunitaria logra revertir lo ocurrido, ya fuere por su fuerza o recurriendo a la vía judicial. Desafortunadamente, esta última vía no siempre está disponible y, además, requiere recursos que las comunidades de ordinario no tienen.
En nuestra jurisprudencia hay un caso donde una comunidad prevaleció tras una lucha que tomó años: Dorado del Mar v. Departamento de Recreación, KLAN2016 0123. Se trata de una instalación deportiva construida por el desarrollador de una urbanización, pero inscrita a nombre del gobierno en el Registro de la Propiedad como es el caso de la inmensa mayoría de las que existen en el País. El DRD entendía que esa titularidad registral le daba derecho a disponer de la instalación como le plazca y, mediante un contrato, se le entregó a una empresa de eventos deportivos. Como en el Condado, la comunidad se enteró cuando se toparon con los candados. La entrega la hizo el gobierno de Luis Fortuño en 2012, pero el de García Padilla que le siguió la ratificó y el Departamento de Justicia utilizó todos sus recursos para defender el derecho a “pleno dominio” del Estado sobre un parque comunitario.
Ante el tribunal la comunidad alegó que la instalación se construyó para su beneficio en cumplimiento de reglamentos que lo requerían, que en última instancia pagaron por ella al comprar sus casas y que, por tanto, el Estado no podía quitársela sin su consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón falló a favor de los residentes, decretando la nulidad del contrato y ordenando que toda contratación futura debía contar con la anuencia de la asociación comunitaria para poder ser válida. Luego el Tribunal de Apelaciones ratificó. A pesar de esas dos sentencias, Justicia acudió al Supremo donde recibió un “no ha lugar”.
El caso del parque en la avenida Ashford tiene hechos distintos, pero en su esencia es el mismo. Igual que en Dorado, se le está quitando un área a una comunidad para entregarla a un uso privado. Es probable que también el asunto desemboque en un procedimiento judicial, pero será la movilización comunitaria frente al abuso lo que puede hacer la diferencia. En Dorado la lucha tomó cuatro años, pero nunca desistieron.
