CLARIDAD
¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!
Reunidos frente al Capitolio, en ocasión del reinicio de la sesión legislativa en la Cámara de Representantes, portavoces de la Campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible advirtieron en conferencia de prensa sobre la ambigüedad y amplitud del el proyecto del Senado PS 923y sus repercusiones en la salud y vida de las personas gestantes.
El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado por descargue, pretende enmendar el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para definir el asesinato como dar muerte a propósito, con conocimiento o temerariamente a una persona, incluido el concebido no nacido en cualquier etapa de gestación.
La abogada y profesora de Derecho Yanira Reyes Gil expresó que espera que la Cámara de Representantes no haga lo mismo que el Senado y que haga valer la democracia y permita la participación ciudadana en la discusión de la medida.
“En este país parece que la democracia se fue a dormir o se fue de viaje a España. Me parece que es importante que el Senado, la Cámara, la Legislatura y la gobernadora recuerden que están ahí para servir al pueblo y que hay una serie de grupos que estamos interesados en la participación, así que esperamos y exigimos a la Cámara que no asuma la misma actitud antidemocrática del Senado y que permita vistas públicas”
Sobre el proyecto, lo describió como ambiguo y excesivamente amplio, lo que genera una confusión legal y pone en duda si se extiende o no a decisiones válidas, legales y constitucionales que pueden tomar las personas sobre su salud y sus cuerpos.
“Insistimos en que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y afirmamos que las decisiones que tomamos las mujeres y las personas gestantes sobre nuestros cuerpos están protegidas por un derecho superior al Código Penal. Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, indicó Reyes Gil.
Por su parte, la médico de familia Dra. Enid Quintana señaló que “ya el presidente del Colegio de Médicos advirtió que se practicará la medicina defensiva y que prevé que muchos médicos dejarán de atender pacientes embarazadas, en un país donde ya hay una crisis por falta de médicos especialistas y obstetras”. Añadió que la medida no solo afecta la práctica del aborto, sino el acceso a la salud para todas las personas en estado de embarazo.
A preguntas de CLARIDAD, expuso que hay condiciones de salud previas al embarazo que pueden crear conflictos. Hay personas que tienen anatomías distintas en el útero que hace que un embarazo sea de alto riesgo, personas que tienen condiciones preexistentes como la diabetes e hipertensión o condiciones neurológicas que necesitan medicamentos que son contraindicados en un embarazo. Todas esas personas quizás tendrían que tener un plan reproductivo que les permita tener acceso al aborto.
Otro aspecto que trajo a la atención es que se sabe cuando los estudiantes de medicina van a decidir su especialidad o ya están terminándola, este tipo de medida les va a hacer pensar dos veces si el país les dará la bienvenida y si los va a dejar practicar la medicina como un paciente se merece.
En tanto, la licenciada Reyes Gil resaltó que el proyecto “no viene solo”. Enumeró que ya se aprobó la Ley 166 del 2025, que es conocida como la Ley Keisha Rodríguez, que le da personalidad jurídica al feto y que enmienda el Código Civil. A esta se le añade PS 923 que define como asesinato toda muerte con conocimiento a una persona, que incluye al concebido no nacido en cualquier etapa de gestación. Apuntó que una combinación de todas estas leyes realmente lo que crea es un aislamiento de la mujer de su propio cuerpo.
“Fíjense que ya hay personas del movimiento provida que están diciendo que las mujeres perdemos la autonomía una vez que estamos en estado de embarazo. Fíjate que en la medida en que se le reconoce personalidad al concebido no nacido, en la medida en que se criminaliza cualquier acto que vaya en contra del desarrollo de un feto o la vida, la libertad de la mujer queda desplazada precisamente mientras está durante el tiempo de gestación. Pero queremos decir que aun más que todo, que para las mujeres que están en etapa reproductiva también implica que van a estar en un ejercicio de vigilancia constante”, manifestó Reyes Gil.
La activista Ruth Arroyo denunció que la medida es un ejercicio simplemente de acoso a las mujeres y a los proveedores de salud de los servicios sexuales y reproductivos. “Nosotras sabemos que están en una agenda que va en aceleración. Hay que reafirmar que el aborto es legal en Puerto Rico, que existen clínicas que están reglamentadas que son totalmente legales y atendidas por profesionales que están altamente capacitadas para atender estas situaciones”.
Luego de la conferencia de prensa, se llevó a cabo una manifestación en la plazoleta del Capitolio. Entre los presentes estuvo la presidenta del Colegio de Abogados. A preguntas de este medio, la licenciada Vivian Godineaux Villaronga afirmó que el Colegio se opone a la medida y repasó que esta fue aprobada en el Senado, por lo cual ya presentaron un memorial en la Cámara porque no se sabe si habrá vistas públicas. “Nos hemos expresado en contra del proyecto por las repercusiones que puede tener en las mujeres gestantes y a nivel del mismo sistema judicial”. Precisó que con la medida lo que se pretende es enmendar la definición de asesinato, que es un delito grave, a los fines de aplicarla al no nacido en cualquier etapa de gestación.
La presidenta del CAPR reafirmó que, en general, los proyectos denunciados representan un retroceso en términos de derecho no solo para las mujeres, sino para la sociedad entera. “Estamos teniendo desde el año 2025 del primer proyecto de ley de retroceso en derecho y lo que ha habido continuamente es una agenda que está impactando derechos que son adquiridos”.
“¡Aborto libre, seguro y accesible!” Tal como lo adelantaran y denunciaran durante la conferencia de prensa, una vez concluida la manifestación, se tuvo conocimiento de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto mediante descargue.
