Independientemente de cómo se piense del fallo absolutorio del juez Angel Llavona Folgueras en el caso contra el enfermero Eduardo Meléndez por el asesinato del biólogo Roberto Viqueira Ríos el 15 de julio de 2025, y de la evaluación que pueda hacerse de la prueba presentada en el juicio, resulta muy perturbador para el pueblo de Puerto Rico enfrentar la realidad de que, de ahora en adelante, cualquier «guapetón de barrio» resentido, anti social, peligroso y armado hasta los dientes, pueda segar una vida en solo minutos, y salir por la puerta ancha en un Tribunal de nuestro país, bajo el manto de una supuesta legítima defensa.
Eso fue lo que ocurrió el pasado, 6 de febrero en Puerto Rico, con la declaración de no culpable en todos los cargos emitida por el susodicho juez a favor de Meléndez, fallo que no sólo ha galvanizado la discusión pública en el país, sino que incluso ha revelado profundos desacuerdos entre varios de los más connotados expertos en derecho criminal en Puerto Rico.
Viqueira, un activista ambiental y social de larga trayectoria, y líder de la organización ambiental Protectores de Cuencas, y su vecino contiguo, Eduardo Meléndez Velázquez, enfermero de profesión y aficionado a las armas ( se le ocuparon once armas inscritas legalmente a su nombre la noche de los hechos), llevaban desde el 2020 enfrascados en una disputa vecinal, que incluyó un patrón de provocaciones y actos hostiles de Meléndez hacia su vecino inmediato y su familia. La animosidad y provocaciones del enfermero contra la familia Viqueira eran conocidas y motivos de preocupación para otros vecinos de la misma calle y urbanización en Yauco, según se reflejó en reportajes televisivos con testimonios de vecinos, que fueron al aire con motivo del juicio.
Pero, presentar específicamente el contexto violento y hostil que luego desembocó en tragedia no se permitió en el Tribunal, donde sólo se presentó la prueba de la noche de los hechos, cuando ya Viqueira y su familia habían llegado al límite que podían tolerar de las provocaciones del vecino, desatando el episodio que culminó con el asesinato del biólogo. Viqueira fue asesinado frente a su esposa. Ella y sus hijos también habían sufrido por años las provocaciones y hostilidades del agresor.
La determinación judicial absolutoria, que se basó en que el acusado actuó en legítima defensa, causó la reacción desbordada de la viuda e hijos de Viqueira como un dique contenido que al fin cede a la furia de las aguas. También entre vecinos y un sector grande de la opinión pública en todo Puerto Rico, el veredicto se sintió como un golpe inesperado a la confianza de los ciudadanos en los tribunales como el último reducto de la justicia en nuestro país.
Roberto Viqueira Ríos gozaba de respeto y admiración generalizados por sus muchos años de trabajo científico en protección de las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas asociados, tales como costas y arrecifes de coral alrededor de nuestro archipiélago. El hecho de que fuera asesinado de forma tan cruel y violenta levantó una gran ola de indignación ciudadana. El científico se había querellado de su vecino en varias ocasiones desde el año 2020, por incidentes de música a volumen irritante, ruidos innecesarios y acecho. El hallazgo de una bocina que el enfermero instaló en el techo de su casa, y colocó en dirección de la de sus vecinos, la cual emitía un ruido ensordecedor de coquíes, fue el detonante de la tragedia que culminó en el asesinato de Roberto Viqueira.
A nadie que haya seguido este caso le cabe duda de que las víctimas primaria y secundarias fueron Viqueira y su familia inmediata. Que el juez quisiera justificarse y convertir a las víctimas en victimarios no altera la realidad de este suceso. Con sangre fría, y un arma larga de alto poder en sus manos, Eduardo Meléndez Velázquez mató a Roberto Viqueira frente a su casa del primer tiro de veintidós que le disparó. Hoy, está «libre de polvo y pajas», con su récord limpio y en posesión de las once armas registradas legalmente a su nombre.
¿Qué puede llevar a un enfermero que trabaja en la sanación de sus pacientes a un acto de tanta crueldad? ¿ Qué puede conducir a un profesional que se presupone sensible al dolor ajeno a tener en su casa casi un arsenal de armas letales y estar dispuesto a usarlas con tanta libertad?
Los pormenores del caso Viqueira y el incongruente veredicto absolutorio del juez Llavona Folgueras son el ejemplo de un sistema de justicia criminal que crecientemente le falla a las víctimas en nuestro país. No queremos pensar que el activismo ambiental, social y político de Roberto Viqueira haya sido un factor en la indulgencia extrema demostrada por el juez hacia el acusado en este caso. De ser así, sería un precedente nefasto en un país cada vez más desconfiado de sus instituciones que, como los Tribunales, una vez fueron vistos y sentidos como refugio y protección ante las injusticias.
