Hasta ahora, el cuatrienio con más acusados de corrupción había sido el segundo del gobierno de Pedro Rosselló y el PNP, con más de 40 oficiales y funcionarios de aquella administración señalados en diversos casos de corrupción con fondos públicos. Los más patéticos fueron el del Instituto del Sida, donde un puñado de malandrines se apropiaron para fines propios y político partidistas de fondos destinados a servicios a los pacientes de Sida, y el del Departamento de Educación, donde el secretario Víctor Fajardo y un grupo de ayudantes suyos desviaron fondos de los niños y niñas escolares para uso propio y convirtieron dicha agencia en una sucursal del partido anexionista.
Llegamos a pensar, luego de aquella pesadilla, que tanta magnitud de pillaje no volvería a darse en nuestro país, pero nos equivocamos. Este cuatrienio, nuevamente con una administración del PNP, ahora encabezada por Pedro Pierluisi, amenaza con romper aquella cifra récord de acusados y convictos, y presenta nuevos y más sofisticados esquemas para desviar y apropiarse del dinero destinado para servicios al pueblo. Esta vez, con el agravante de que el gobierno está atravesando por un proceso de quiebra fiscal, y nuestro pueblo apenas empieza a recuperarse de una sucesión de calamidades: huracanes, terremotos, pandemia del Covid- 19, y un proceso atropellante e insensible de reestructuración de la deuda pública que se ha ensañado contra nuestra gente más vulnerable y nuestras instituciones públicas más preciadas y necesarias.
Por eso, es tanto más frustrante e indignante la conducta corrupta de tantos funcionarios de ambos partidos dominantes- PNP y PPD- que han traicionado, esta vez con más vileza, la confianza del pueblo en esta coyuntura económica y social particularmente difícil y sensitiva.
La pasada semana la comparsa creció más. Según su abogado, la ex gobernadora Wanda Vázquez está a punto de ser acusada en el foro federal por el esquema del momento: aceptar donativos de inversionistas políticos a cambio de alguna intervención o iniciativa que beneficie a este, ya sea personalmente o a su negocio. Ya uno de sus colaboradores de recaudación, John Blakeman, negocia con las autoridades federales un acuerdo de culpabilidad por la creación de un esquema de financiamiento ilegal de la campaña primarista del 2020, entre la entonces gobernadora y su retador, el actual gobernador Pedro Pierluisi.
El propio Pierluisi ya había quedado en entredicho varios días antes, cuando un íntimo amigo suyo se declaró culpable de organizar un esquema ilegal para beneficiar los esfuerzos electorales del ahora Gobernador. O sea, que ambos contendientes en la primaria por la candidatura a la gobernación por el PNP, Vázquez y Pierluisi, tenían cada uno el respaldo de un esquema ilegal para beneficiarlos. ¿ Qué más decir de este par de «ejemplares» funcionarios públicos?
La diferencia es que Pierluisi alega que no estaba enterado de la actividad ilegal tras su candidatura, mientras Wanda Vázquez no puede alegar lo mismo porque aparentemente dejó evidencia sobre el asunto en su teléfono celular, desde hace meses incautado por los federales.
En los próximos días, se conocerá el desenlace para la ex gobernadora, y si será acusada y de qué. Por lo que ya se conoce públicamente, el banquero venezolano que colaboró con su campaña lo hizo para lograr cambios en las leyes y reglamentos bancarios de Puerto Rico que favorecieran a su institución bancaria. Eso no lo puede prometer ningún político o gobierno de Puerto Rico porque el sistema bancario y financiero de Puerto Rico es parte del sistema bancario y financiero de Estados Unidos, y está sometido a la disciplina de la Reserva Federal. Si el banquero venezolano no lo sabía, alguien debió explicarle que así funcionan las cosas en las colonias.
En el caso de Pierluisi, también se sabrá lo que sabe o lo que supo.
Un reportaje del periódico digital Noticel, asegura que Joey Fuentes, el amigo del Gobernador que hizo admisión de culpabilidad por el esquema ilegal de financiación en apoyo a las campañas de Pierluisi, cooperaba con la investigación federal desde mayo del año pasado, y estaba » alambrado» para grabar conversaciones, cuyo contenido de seguro habrá de tener mucha utilidad en este entramado de investigaciones entrecruzadas que realiza la Fiscalía Federal en Puerto Rico.
Mientras tanto, nuestro pueblo sigue en compás de espera sobre los próximos pasos que habrán de darse, de un lado y de otro, en esta batida contra la corrupción con dinero del gobierno federal en Puerto Rico.
