Desde ahora podemos vaticinar que eventualmente fracasará el Plan de Recursos Integrados (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fue aprobado en días pasados por la Comisión de Energía de Puerto Rico. Dicho plan fracasará principalmente por tres razones. Primero, porque está basado en la privatización del sistema energético de Puerto Rico. Segundo, porque su énfasis sigue concentrado en fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles que son importados, contaminantes y peligrosos (petróleo, gas y carbón). Tercero, porque ha sido aprobado frente a la oposición de la casi totalidad de las organizaciones ambientales del país y de las comunidades que se han afectado o se afectarían con su implantación. En resumen, pretender reciclar un modelo energético viejo y desgastado- además de cuestionado a nivel mundial- y presentarlo como ruta de futuro para Puerto Rico es, cuando menos ingenuo, y cuando más, absolutamente cínico.
Han vuelto los intereses de siempre a salirse con la suya apresurando contratos de privatización antes de que el PIR estuviese completado y aprobado. Por eso el PIR se aprueba luego de que ya se han firmado dos contratos que privatizan importantes activos de nuestro país: el contrato leonino con Luma Energy (LE) para la reconfiguración y reconstrucción del sistema de distribución y transmisión de energía, y el que se acaba de firmar con New Fortress Energy (NFE) para el establecimiento de una planta de gasificación con gas metano en los muelles A, B y C de la Bahía de San Juan. Ambos contratos amarran a Puerto Rico por varias décadas, y tienen cláusulas y condiciones sumamente desventajosas para nuestro país y las comunidades que se verán potencialmente afectadas por su implantación.
El escenario de ambos contratos no es muy halagador. En una columna de prensa reciente, el presidente de LE, Wayne Stensby, promete transformar la red eléctrica, brindar estabilidad al servicio eléctrico, hacer eficiente la operación de AEE y ofrecer garantías de seguridad de empleo y condiciones de trabajo a la fuerza laboral de la AEE. Todos los que hemos leído el contrato de LE con AEE sabemos que en términos de obligatoriedad con el cumplimiento del mismo, Luma Energy sale por la puerta ancha. Gana si cumple y si no cumple también. Gana si logra los objetivos, y si no los logra también. Gana incluso si la AEE se ve obligada a cancelar el contrato porque fracase la meta prometida de transformar el sistema eléctrico. Gana como quiera, porque su ganancia está garantizada bajo los términos actuales del contrato por un alza progresiva en las tarifas que tendremos que pagar los abonados residenciales y comerciales de la AEE.
El contrato con New Fortress Energy- que prácticamente le otorga control del puerto de San Juan a dicha empresa de gasificación durante veinte años- es una propuesta cínica y altamente peligrosa. La planta estará localizada en las inmediaciones de un área densamente poblada de nuestra zona metropolitana, colindando a muy poca distancia de comunidades urbanas y suburbanas tales como Pueblo Viejo, los sectores Amelia y Sabana y la barriada Vietnam de Guaynabo, la Puntilla, Cataño y la barriada Borinquen de Puerto Nuevo. Todo un conglomerado de decenas de miles de seres humanos que quedan a merced de que un accidente o desperfecto en la operación de la planta pueda desatar el poder de un combustible altamente volátil y explosivo como el gas metano. Ahí está la historia de la explosión en Caribbean Petroleum (CAPECO) en Cataño en el año 2009 como recordatorio ominoso de lo que puede pasar, y del riesgo que el Gobierno y la empresa asumen con esta decisión. Demás está decir que los residentes y vecinos de las comunidades que serán colocadas en tan inminente peligro no fueron consultados ni sus objeciones atendidas antes de que se firmara el contrato con NFE.
Nuestra gente de Puerto Rico ya ha sufrido demasiado con las equivocaciones y fracasos continuos del sistema energético, y con los proyectos y contratos relativos a la energía que se negocian de espaldas al pueblo, y a la corta y la larga solo benefician a los inversionistas privados dueños de las plantas. El ejemplo de la carbonera AES, que ha convertido el sur y suroeste de Puerto Rico en un vertedero de cenizas tóxicas, comprometiendo la salud respiratoria de varias generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas, residentes en sus áreas aledañas, no puede ser más elocuente.
Los monumentos al fracaso de políticas públicas y proyectos fantasiosos fallidos abundan en nuestro país y ahí están las ruinas de la industria petroquímica- CORCO en Guayanilla, Phillips en Guayama y SUNOCO en Yabucoa- para demostrarlo. Han sido muchas las promesas vendidas e incumplidas al pueblo de Puerto Rico a lo largo de su historia colonial, porque las políticas económicas, y la energía como bien estratégico, siempre han obedecido a poderosos intereses extranjeros, y no al verdadero desarrollo y bienestar del país.
El futuro de la humanidad está en el perfeccionamiento de la producción de energía proveniente de fuentes renovables. Puerto Rico es una isla pequeña y densamente poblada, y movernos hacia la dirección de la energía renovable es la única apuesta inteligente y sostenible hacia nuestro futuro. Lo demás, será un lamentable fracaso por el cual nuestro pueblo tendrá que pagar un precio demasiado alto.
