CLARIDAD
¿Cuántas cositas podrá comprarse el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica con su sueldito de $625 mil al año, que no le permite ver lo que representa para un pensionado en Puerto Rico, que ha vivido y trabajado toda su vida en su país, recibir una vez al año un promedio de $1,503 por familia por trabajar?
La organización Espacios Abiertos (EA) dio a conocer un estudio en el que expone que la pretensión de la JCF de recortarle hasta $400 millones al programa de Crédito por Trabajo (EITC, siglas en inglés), dejaría al presupuesto de ese programa solo con $900 millones, lo que impactaría de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables de pensionados, jóvenes y familias sin dependientes. El estudio fue presentado en conferencia de prensa por el codirector de EA, el economista Daniel Santamaría Ots y la analista de Política Pública, Wilmarie de Jesús.
La “propuesta” de la JCF está contenida en el Plan Fiscal Certificado 2026, el cual se encuentra ante la consideración de la Asamblea Legislativa. El recorte de los $400 millones es del dinero del Gobierno de Puerto Rico, es decir del pueblo de Puerto Rico. La JCF propone que se eliminen del programa a los pensionados y a los jóvenes menores de 26 años sin dependientes. Según la JCF en el caso de los pensionados, estos no provienen de un empleo directo, lo que no ayuda al objetivo del programa, y en el caso de los jóvenes, dice que sus primeros ingresos de hasta $40 mil ya están exentos de tributación.
El codirector de EA señaló que en el contexto económico de Puerto Rico, de una economía en clara desaceleración y donde sectores económicos tan importantes como la construcción tienen dificultades para encontrar empleados, un recorte al crédito por trabajo desincentivará el trabajo en la economía formal afectando al crecimiento económico.
“Si a un ambiente de desaceleración, en la entrada de fondos federales se le añade austeridad de fondos locales en programas como el EITC, no solamente volveremos a ver decrecer nuestra tasa de participación laboral, sino que además la clase empresarial local se podría ver obligada a absorber gran parte del recorte en EITC si quiere mantener el actual incentivo a trabajar en la economía formal y si quiere continuar evitando que parte de su fuerza laboral regrese a la informalidad.”, opinó el economista y especialista en finanzas.
Resaltó que el crédito por trabajo fue aprobado para favorecer de manera directa a familias de bajos y moderados ingresos con el fin de estimular la economía. Está probado que este crédito reduce la pobreza, incentiva el trabajo y aumenta la fuerza laboral formal, afirmó EA.
De acuerdo con los datos presentados por EA en el año contributivo 2023, el EITC desembolsó $1,303 millones y concedió un crédito promedio de $1,873 a 695,689 familias. El crédito hizo además que más de 64,000 familias puertorriqueñas mejorarán su seguridad económica al cruzar el umbral de pobreza federal gracias al estímulo al trabajo. Parte de las poblaciones impactadas y que se afectarían por las pretensiones de la JCF incluyen: 86,735 hogares de pensionados que recibieron en promedio $1,208; más 127,399 jóvenes de 19 a 26 años que cobraron en promedio $1,503, y 494,458 hogares de familias sin dependientes que recibieron $1,145 en promedio.
Los municipios que se podrían ver más afectados con el recorte serían: San Juan, Bayamón, Ponce, Carolina, Caguas, Arecibo, Toa Baja, Mayagüez, Toa Alta y Guaynabo.
El estudio de EA concluye que el efecto directo del recorte será el aumento de la actividad económica informal y la reducción de la tasa de participación laboral, que desde el inicio del programa en 2018 aumentó en 3.9 puntos porcentuales.
El sesgo de la JCF
Mientras la JCF propone recortar el programa del crédito por trabajo, EA contrasta que el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 22 del 2012, ahora Ley 60) tiene un gasto tributario proyectado para este año fiscal 2026 de $683 millones.
Los analistas de EA trajeron a la atención el hecho de que, al presente, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que propone imponer un impuesto de 4,% a los ingresos pasivos de los beneficiarios de la Ley 60. Actualmente, estos están exentos de contribuciones.
Indicaron que un último informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que si esta propuesta de ley se adoptara, Puerto Rico podría aumentar los recaudos del Fondo General entre $27.8 y $60.6 millones en el año fiscal 2027.
“Además, el informe de la OPAL prevé que la extensión de los decretos vigentes de la Ley 22 a partir de 2037 generaría un aumento de $271 millones por año. Dicho aumento en los recaudos superaría en más de la mitad el potencial recorte de hasta $400 millones al actual crédito por trabajo”, afirmó Santamaría OTS.
Frente a estos datos subrayó que, “una reforma contributiva responsable debe preguntarse no solo cuánto cuesta cerrar el déficit, sino quién lo va a pagar. No podemos justificar un recorte de hasta $400 millones al crédito por trabajo mientras hemos dejado en la mesa $271 millones por cobrar a los beneficiarios de la Ley 22.”. Añadió que la discusión en torno a una reforma contributiva inminente debe partir de la premisa de que todos los sectores aporten de forma justa al desarrollo del país.
En esa dirección, la organización que promueve la transparencia hizo tres recomendaciones: una, que el Departamento de Hacienda reanude la publicación del Informe de Gastos Tributarios, cosa que dejo de hacer el año pasado; dos, que el Gobierno adopte una plataforma pública con datos que permitan hacer proyecciones contributivas y medir los efectos potenciales de medidas tributarias; tres, el diseño por la AL de propuestas de reforma contributiva justa, que compensen políticas fiscalmente regresivas, como un recorte de hasta $400 millones al EITC.
“Toda propuesta de reforma contributiva en Puerto Rico debe equilibrar el crecimiento económico, la protección social y la responsabilidad fiscal. No podemos seguir cargando a nuestra clase trabajadora y a las pymes mientras se blindan beneficios fiscales para grandes multinacionales y rentas altas. La equidad fiscal no es opcional, es condición ineludible para la sostenibilidad económica del país.”, concluyó Santamaría Ots.
Los resultados del estudio de Espacios Abiertos serían compartidos con municipios, la Legislatura y otros grupos interés.
