Más de 80 muertos, denuncias de ataques a náufragos y un informe que lo señala por comprometer la seguridad operativa reavivan la crisis del funcionario. Crecen los pedidos de renuncia.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una nueva ola de críticas y pedidos por su renuncia por sus recientes dichos tras la difusión de detalles sobre el manejo de la campaña militar contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico, y la reaparición del llamado Signalgate. Las acusaciones incluyen desde fallas en el manejo de información sensible hasta la autorización de ejecuciones ilegales en aguas internacionales.
Hegseth, exoficial de la Guardia Nacional y figura mediática antes de llegar al Pentágono de la mano de Donald Trump, ya había sorteado un proceso de confirmación ajustado en el Senado a comienzos de año. Ahora, enfrenta crecientes cuestionamientos por la campaña lanzada por Washington desde septiembre contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, que ya dejó más de 80 muertos y ninguna prueba.
Presión en aumento
Legisladores de ambos partidos accedieron esta semana a videos de uno de los operativos más polémicos, ocurrido el 2 de septiembre, donde las fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha y lanzaron un segundo ataque contra los dos sobrevivientes del primer bombardeo.
El representante demócrata Jim Himes, que integró la sesión a puertas cerradas en el Congreso el pasado jueves, describió las imágenes como “una de las cosas más perturbadoras” que vio en su carrera y aseguró que el material muestra “a marinos náufragos” siendo atacados nuevamente. La Casa Blanca y el Pentágono insisten en que la segunda salva de disparos fue ordenada por el comando operativo y no por el secretario de Guerra.
Sin embargo, el almirante Frank Bradley, quien supervisó la operación, negó haber impartido la orden de matar a los supervivientes. Según relató el senador republicano, Tom Cotton, Bradley sostuvo que actuó bajo la convicción de que la embarcación destruida aún representaba un objetivo militar legítimo.
Informes difundidos por CNN, NBC News y otros medios estadounidenses agregaron más elementos al caso. Bradley habría explicado en una sesión reservada que la lancha atacada no se dirigía hacia Estados Unidos, sino hacia un punto de encuentro con otra embarcación rumbo a Surinam. Hegseth respaldó públicamente los ataques y afirmó que él mismo habría aprobado la segunda intervención, pero ahora niega haberlo hecho.
Los cuestionamientos legales se multiplicaron. Expertos en derecho militar señalaron que el Manual de Leyes de Guerra del Pentágono prohíbe atacar a combatientes incapacitados o náufragos que ya no representan una amenaza, y cita como ejemplo “claramente ilegal” disparar contra sobrevivientes de un naufragio. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, sostienen que los ataques constituyen “homicidios ilegales” al no existir indicios de amenaza inminente por parte de las personas a bordo.
Desde el inicio de las operaciones, Estados Unidos bombardeó más de veinte naves sospechadas de transportar estupefacientes, y la Casa Blanca vincula a varias de ellas con organizaciones catalogadas como terroristas, como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, citando datos de inteligencia que aún no han presentado. Naciones Unidas, por su parte, señaló esta semana la existencia de “fuertes indicios” de ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la campaña, sin evidencia clara de relación entre las embarcaciones atacadas y los carteles de la droga.
No obstante, el secretario de Guerra defendió el sábado la política de bombardeos en un discurso en el Foro de Defensa Nacional Reagan, donde advirtió que Estados Unidos “hundirá” cualquier embarcación que considere que transporte drogas al país. Sus declaraciones renovaron la presión sobre su figura, en medio de acusaciones sobre manejo irresponsable de información sensible.
“Al filo de la navaja”
El llamado Signalgate, denominado así por el uso de la aplicación Signal, que estalló nueve meses atrás, volvió a tensar el clima político en Washington tras la publicación de un informe del Inspector General del Departamento de Defensa. El documento concluyó que el secretario de Defensa compartió, en un chat grupal con altos funcionarios, información sobre ataques inminentes en Yemen y detalles del equipamiento utilizado, lo que “creó un riesgo para la seguridad operativa”.
El episodio había salido a la luz en marzo, cuando la revista The Atlantic reveló que planes militares habían sido difundidos en un grupo de la red de mensajería Signal al que había sido sumado, por error, el editor jefe de la publicación. La investigación oficial sostiene que esa filtración interna pudo haber puesto en peligro a pilotos estadounidenses involucrados en las misiones.
A pesar del impacto político que generaron los ataques y las filtraciones del grupo de defensa, analistas consideran que la posición del secretario de Defensa atraviesa una crisis terminal. “No creo que esté en una situación insostenible. No obstante, si hay otro incidente, la Casa Blanca podría perder la paciencia”, explicó Mark Cancian, excoronel del Ejército y experto en seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales a EFE.
Por su parte, Jim Townsend, exfuncionario del Pentágono durante el gobierno de Barack Obama, afirmó que Hegseth está “al filo de la navaja”, y que cualquier movimiento que incomode al núcleo duro republicano podría desencadenar intentos de destituirlo.
Mientras el Congreso continúa evaluando la legalidad de los operativos y el Pentágono decide si publica o no las imágenes completas del ataque del 2 de septiembre, la situación de Hegseth sigue bajo escrutinio. Por ahora, conserva el respaldo del presidente Trump, pero el escenario político y militar se vuelve cada vez más difícil de sostener.
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