CLARIDAD
El Caucus de Representantes Estudiantiles ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (JU- UPR) calificó de urgente el que se inicie un proceso formal de evaluación de la presidenta, Dra. Zayira Jordán Conde, ante el deterioro en la gestión administrativa de la institución.
El coordinador del caucus estudiantil, Edward J. Maldonado Rosa, a preguntas de CLARIDAD señaló que en los pasados meses de la gestión administrativa de la doctora Jordán Conde, desde la Junta Universitaria (JU), que por ley es la encargada de ser el cuerpo asesor de la presidencia, han estado pidiendo la presentación de informes acerca del estatus de la universidad y las propuestas de su administración para la Universidad. Denunció que fuera de llevar a la prensa su apoyo a las iniciativas de la gobernadora, Jenniffer González, no han visto que de su presidencia en estos seis meses hayan salido propuestas concretas de avance para la UPR.“Ni tampoco ha utilizado a la Junta Universitaria como el espacio que debe ser de diálogo para tomar decisiones para su mejoramiento”, manifestó.
Maldonado Rosa resaltó que la exigencia de la evaluación cobra mayor urgencia dado a que en la reunión de diciembre de la Junta de Gobierno (JG) su representante estudiantil, Simonelly Hidalgo, presentó una moción para que se evaluara el desempeño de la presidenta, proceso que está facultado por completo por el reglamento de la JG. Ante eso, el presidente de la JG, el CPA Ricardo Dalmau, decidió no atender la solicitud en el pleno de la reunión, sino encomendarla a un comité de la Junta para que evaluara si es posible se evalúe el desempeño de la presidenta. La representante estudiantil expuso que la moción no ameritaba ser enviada a un comité, sino que era una decisión que la JG podía tomar en pleno.
Ante ese planteamiento, Dalmau ordenó un receso de la reunión. Cuando se retomaron las labores, dijo que la decisión estaba tomada y que se haría el comité, el cual deberá entregar un informe de la evaluación de la presidenta para el próximo mes de marzo. El coordinador del caucus estudiantil anticipó que es muy posible que la evaluación quede pendiente en el comité y que no se atienda.
Sobre la presentación de informes acerca del estatus de la universidad agregó que, por ejemplo, de parte de la administración universitaria no se tiene información sobre la solicitud de presupuesto para el próximo año fiscal. “Esperamos que ahora, en el próximo semestre académico, la administración sea un poco más abierta en los procesos de preparación presupuestaria, debido a que ahí sí que comienza el proceso, que serían las vistas públicas, y lo que sería la solicitud del primer presupuesto de Jordán ante la Asamblea Legislativa”.
Respecto a la alineación de Jordán Conde con las políticas de la gobernadora, el representante estudiantil expuso que la propuesta de la presidenta de que la UPR ofrezca cursos vocacionales es parte de las iniciativas de campaña de la gobernadora. Sobre el curso de esa propuesta dio a conocer que la presidenta le solicitó a los recintos que identificaran cuáles cursos podrían ofrecer. Además, la información que se les ha dejado saber es que la propuesta de la presidenta sería encaminada a través de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, no sería una oferta académica que emane directamente de los departamentos académicos.
Maldonado señaló que da la casualidad que en las semanas posteriores al anuncio de la presidenta de que los recintos se movilizaran a realizar esas ofertas académicas, el senador Héctor Joaquín Sánchez presentó el proyecto PS 794 que propone transferir los institutos tecnológicos del Departamento de Educación (DE) para ser administrados por la UPR. Al presente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Educación del Senado y se sabe que se le pidió un memorial explicativo al DE. De acuerdo con Maldonado Rosa, la presidenta mencionó en una reunión que le pidieron un memorial, pero no le ha dicho a la JU la postura que ella tomaría al respecto. “Por sus acciones podemos inferir que será a favor”, aseguró el estudiante del recinto de Río Piedras.
Otro aspecto que señaló en el que todavía hay un muchas lagunas es sobre la Ley 113 del 2025, la cual dispone una admisión automática a la UPR a todo estudiante de grado once, que esté en el 20 % de índice académico más alto, de su clase graduanda, cuando termine el grado 12. La ley es tanto para estudiantes de escuelas públicas, privadas o home schooling. Denunció que en todas las reuniones de la JU han levantado el tema del proceso a seguir. Se supone que las escuelas tienen que hacerle llegar la lista de los estudiantes a la UPR en colaboración con el DE. De parte de la UPR se supone que le envíe una solicitud al estudiante y le invite a que llene el formulario de admisión, dado a que se supone a que ya está admitido. Según lo que les ha dicho la administración, el estudiante que demuestre interés recibe una segunda comunicación para que entonces exprese en el programa que desea ser aceptado.
Maldonado Rosa dijo que el problema con la implementación de la ley es que esta se aprobó fuera del calendario académico en verano y la presidenta decidió implementarla, aun cuando la ley establece que la administración central universitaria le debe presentar a la JG un reglamento o un protocolo para la admisión de estos estudiantes, paso a paso, de cómo se va hacer esa admisión. Denunció que no fue hasta este mes de diciembre que la Administración Central le presentó el reglamento a la JG, pero todavía no se ha aprobado. Los primeros estudiantes admitidos se estarían graduando el próximo mayo de 2026 para entrar en agosto.
El coordinador del caucus estudiantil resaltó que los estudiantes y el caucus claustral de la Junta Universitaria coinciden en que el estilo de liderazgo de la doctora Zayira Jordán no incluye a la comunidad universitaria. Aunque están representados en los cuerpos de gobernanza, no son tomados en consideración, “incluso su dinámica y actitudes en las reuniones rayan en la falta de respeto a los miembros de la comunidad universitaria, entiéndase, los representantes estudiantiles y claustrales”, afirmó.
Administración pone en peligro plan médico de pensionados
Por otra parte, la Junta de Retiro de la UPR denunció que los pensionados de la UPR podrían enfrentar riesgos en la continuidad de sus servicios médicos a días de comenzar el nuevo año, debido a que la administración universitaria ha incumplido con la aportación patronal al plan médico por tres meses consecutivos y se ha negado a firmar el contrato requerido por la aseguradora MCS para garantizar la continuidad del plan.
En comunicado de prensa, la Junta de Retiro dio a conocer que la aseguradora le informó que la deuda asciende a $3 millones y advirtió que la póliza podría verse afectada si no se reciben los pagos adeudados ni se formaliza el acuerdo requerido para su continuidad.
“Responsabilizamos directamente a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, por someter a los pensionados a un proceso de incertidumbre totalmente innecesario en plena época navideña. Ya van tres meses sin enviar la aportación patronal al plan médico y esta es la segunda vez que ocurre este año”, denunció Luis Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro UPR, cuerpo fiduciario del plan de pensiones universitario.
“Además, la aseguradora nos ha informado que tiene serias preocupaciones ante la negativa de la presidencia de la UPR a comprometerse a firmar el contrato correspondiente. Esa falta de acción es lo que coloca a los pensionados como afectados ante el incumplimiento de la administración universitaria”, añadió.
El presidente de la Junta de Retiro destacٕó que si en realidad se quisiera actuar de forma responsable, se convocaría a todas las partes, se llegarían a acuerdos claros y, sobre todo, se harían los pagos correspondientes. “Nada de eso ha ocurrido. Todo se ha manejado tras bastidores y, cuando la situación se tranca, pretenden trasladar la responsabilidad al Fideicomiso. Invitamos a la administración universitaria a actuar con premura y de buena fe ante la seriedad de estos asuntos”, declaró.
