Gobierno español en pánico ante el Grito de Lares de 1868

 

Especial para En Rojo

Desde el inicio de la conquista y colonización española, Puerto Rico estuvo sometido a gobiernos militares dictatoriales. Ello se recrudeció en el siglo 19 cuando ya se había plasmado la diferenciación nacional entre puertorriqueños y españoles. Con las guerras de independencia y la liberación de toda hispano-américa colonial entre 1810 y 1830, con la excepción de Cuba y Puerto Rico (sus últimas colonias), el Gobierno se mantenía en estado de alerta permanente.

Al asumir el gobierno, el general de turno emitía un Bando de Policía y Buen Gobierno, estableciendo todo tipo de prohibiciones y tomando diversas medidas de vigilancia a toda la población, en cada pueblo y barrio. En el Bando del general Miguel de la Torre, del 2 de enero de 1824, entre otras disposiciones, militarizó a todo país. Por ejemplo, en Corozal con una población de 1,985 habitantes dispuso la organización de cuatro compañías con 14 oficiales y 335 soldados urbanos, equivalente a 17.5% de sus compueblanos. Usualmente, hubo oficiales españoles al mando, pero la mayoría de los soldados eran puertorriqueños obligados. (Véase el texto en Cayetano Coll y Toste, Editor, Boletín Histórico de Puerto Rico, Tomo II, 1915, pp. 32-43).

Pero todo eso no bastó para contener e intentar tapar el descontento general del pueblo cuando estalló la revolución puertorriqueña por la independencia el 23 de septiembre de 1868, comenzando en el pueblo de Lares. La noticia del Grito de Lares y de la batalla del Pepino, pueblo de San Sebastián, en la mañana del día 24, se esparció por todo el país.

Hubo sobre 1,000 insurrectos en armas, de todas las clases sociales. Estaban dirigidos por hacendados y profesionales, con apoyo de la clase trabajadora mixta consistiendo en una mayoría de jornaleros, seguido por esclavos y artesanos. Para los jornaleros significaba acabar con del régimen de la libreta coercitiva. Mientras que para los esclavos se anhelaba la abolición de la esclavitud. Los artesanos procuraban la libertad plena de contratación y de asociación.

El Gobierno y autoridades locales inmediatamente adoptaron la medida ideológica de criminalizar a los revolucionarios. Los tildaron de “bandoleros”, “malhechores”, “perversos perturbadores”, entre otros epítetos. (Véase nuestro artículo, “El Grito de Lares y la ideología colonialista”, Claridad, 19 al 25 de septiembre de 1997, pp. 22-23).

Tanto el Gobierno central en la capital de San Juan como las autoridades municipales entraron en pánico y clamaron por medidas urgentes para evitar que la revolución se desparramara. De esto hay constancia en centenares de documentos que componen el oficial Expediente sobre la rebelión de Lares, 1868-1869 (ESRL), del que citamos aquí. Se trata de miles de fuentes primarias. Pueden acceder a toda esa documentación manuscrita y alguna impresa en el portal de internet, Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, organizado y dirigido por el historiador Joseph Harrison Flores. Compartimos con él la misión de democratizar las fuentes de información, divulgar y poner en discusión abierta y crítica el conocimiento, y esclarecer todo lo que haya que iluminar con nuevas investigaciones documentadas.

Veamos, pues, algunas pruebas del ESRL, Pieza 1. De la Alcaldía Municipal de Peñuelas, el 27 de septiembre – cuatro días después del estallido revolucionario – su apavorado alcalde Joaquín L. Dapena informó y clamó por apoyo al Gobierno, en los términos siguientes; “Como este pueblo está casi en las colindancias del insurreccionado, tiene mil y más jornaleros, sobre quinientos esclavos y no hay fuerza de tropa ninguna con que poder hacer frente en un caso dado”. Al enterarse, de Ponce le despacharon lo identificado como “la 4ta milicia”.

Un alarmado Gobierno comenzó a recibir noticias y pedidos de apoyo militar de todos los pueblos. El avispero colonial estaba revolcado. Eso es lo que sucede cuando los pueblos se disponen a cambiar las situaciones de opresión y explotación. Del Corregimiento de San Germán solicitaron al gobernador, en acta del 25 de septiembre, “autorización para que los dueños de esclavos puedan castigar con rigor a los esclavos que merezcan la falta que cometan”. El 28 de septiembre, el alcalde de San Germán notificó al gobernador “la fuga de ocho esclavos del barrio de Maricao próximo a la jurisdicción de Lares”.

El alcalde de Trujillo Bajo informó, el 29 de septiembre, que escuchó a la puerta de casa a un individuo decir: “si vienen los bandidos me uno a ellos”. Los alcaldes de Santa Isabel y de Coamo notificaron el 26 de septiembre al administrador de rentas y aduana de Guayama “que en el pueblo de Lares se amotinaron en el día 23 del corriente unos seiscientos hombres que se han diseminado”. Dieron alerta, “a fin de que el movimiento no trascienda en esa jurisdicción”.

El 5 de octubre la Junta Municipal de Juana Díaz solicitó al Gobierno “40 fusiles para defensa del pueblo”. El peligro para el mantenimiento de la dominación colonial estaba en todas partes.

De la Pieza 3 sale a relucir que, en Aguadilla, el 7 de octubre, el Corregimiento había puesto “a los dominicanos residentes en esta villa bajo la constante vigilancia de la autoridad militar”. En la zona oeste de la isla se establecieron muchos dominicanos inmigrantes, algunos de los cuales eran conocidos por sus ideas liberales. El 8 de octubre el alcalde de Gurabo remitió al gobierno en San Juan a “un negro sospechoso” de estar vinculado con los acontecimientos de Lares. Ese mismo día la alcaldía municipal de Hatillo informó del “homicidio de un estanciero [agricultor] del Barrio de Naranjito”; si aclarar las circunstancias.

El 7 de octubre de 1868, la alcaldía municipal de Aguada envió al Gobierno una detallada “Relación de vecinos de confianza para armarlos”. Incluye comerciantes, hacendados y otros propietarios. Ello significa que había otros habitantes, especialmente trabajadores, de quienes desconfiaban. Los esclavistas, por supuesto, estaban atemorizados.

Eso se pone de manifiesto en la notificación del Corregimiento de Ponce al gobernador, del 12 de octubre, de la disposición dada a los “dueños y administradores de las haciendas del territorio para que sostengan una exquisita vigilancia sobre sus respetivas esclavitudes, a cuyo logro deben tener los cuarteles con toda solides”. Cuarteles se refiere a las casuchas donde encerraban a los esclavos. Esta advertencia se hizo por conocimiento que tenían de la Hacienda Esperanza, en el barrio de las Vayas, que “pertenece al concurso de don José Lucas Aranzamendi”, y cuyo cuartel estaba “en completo deterioro y sin dinero para reparar”.

Según el Acta de la Junta Municipal de Arroyo, del 5 de octubre de 1868, allí organizaron un pelotón de Voluntarios compuesto por “los mayores contribuyentes”. Estos eran leales a España, y su objetivo era “defender el orden, el gobierno constituido y el trono de nuestra excelsa reina doña Isabel 2da”. De lo que no estaban enterados, obviamente, es que el día 19 de septiembre de 1868 se produjo una revolución en España que derrocó a la monarquía absolutista Borbón, y la reina tuvo que huir a Francia.

El 13 de octubre, el alcalde de Utuado informó al gobernador que el coronel de las Columnas de Operaciones “confidencialmente” se enteró “del intento de robo de la caja municipal que encierra unos 10,000 escudos”. Señaló que días antes los “cabecillas Rojas y hermanos Ramírez” y “don Federico Valencia” estuvieron en ese pueblo “cuando se preparaba el alzamiento”. Además, indicó que “dos espías fueron atrapados y entregados al Tribunal. El oficial manifestó “que seguía las confidencias que había recibido en Ciales”, y que “allí como en los otros pueblos inmediatos esperaban el alzamiento de este para secundarlos”.

Por otra parte, en la Pieza 5 del ESRL se registra la noticia de la alcaldía de Hatillo, del 3 de noviembre de 1868, de estar averiguando sobre “la persona que anoche a las 10 diera la voz de fuego”, en el caserío del Pajuil. En noviembre, dos meses después del Grito de Lares hubo noticias de que, entre los esclavos de haciendas en Guayama, especialmente en la hacienda del francés Luis Boirie, se esparcían rumores “de próxima libertad”. El gobernador instruyó al corregidor de Guayama a vigilar a otro francés, Julio Gustal: “Si levanta la menor sospecha de que trata de seducir a los esclavos…sea entregado a los tribunales”.

Ante los temores de agitación general, el 19 de noviembre el Gobierno expidió una orden a los comandantes militares de todos los departamentos de la isla en que “autoriza a organizar secciones de Voluntarios en los pueblos de los mismos, en personas de confianza”.

El 23 de diciembre, tres meses después del estallido en Lares, el alcalde de Adjuntas notificó que el alcalde de Utuado le informó lo que sigue: “Tengo noticias de que en el barrio de Ángeles de esta jurisdicción se nota algún malestar y excitación, por lo que es de temerse que pueda alterarse el orden”. Solicitó establecer vigilancia en los barrios limítrofes y que los comisarios de barrios fueran “instruidos a organizar patrullas”. Cuatro días después, el alcalde de Utuado informó que en el Barrio Ángeles se mantendría un destacamento de un oficial y 22 hombres “hasta pasado el día de Reyes”. Con eso nos metemos en el 1869. Mientras tanto, el número presos amontonados en cárceles de Arecibo y Aguadilla pasó de 600 y seguía aumentando cada día.

Esto es solo una muestra de la mina de muchísima información que aún permanece inédita. Evidentemente, la magnitud del Grito de Lares está por investigarse mucho más a fondo. El Gobierno español tuvo suerte de enterarse del movimiento algunos días antes del 23 de septiembre, lo que le permitió tomar medidas de represión rápida. Los patriotas revolucionarios resolvieron iniciar la revolución aún en circunstancias muy adversas.  De haberlo logrado con el elemento sorpresa a su favor, en varios pueblos a la vez, y en distintos puntos de Puerto Rico, la historia sería otra.

El autor es historiador.

 

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