Carol E. Ramos-Gerena,
Javier A. De la Rosa López,
Patricia Cruz Muñiz,
Paula A. Miranda Marty,
Gabriel J. Dávila Ceinos *
Especial para Rn Rojo
Cada 16 de octubre, a nivel global se conmemoran dos fechas relacionadas, pero con enfoques contrapuestos sobre los sistemas alimentarios. La primera es el Día Mundial de la Alimentación, promovida por agencias intergubernamentales, y la segunda es el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, impulsada por un movimiento transnacional de base campesina que defiende el derecho a decidir cómo se producen y distribuyen los alimentos. Estos enfoques contrapuestos permiten identificar los retos que enfrenta Puerto Rico y las posibles soluciones para superarlos.
El Día Mundial de la Alimentación fue establecido en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), fundada el 16 de octubre de 1945. La FAO decidió conmemorar su fundación y el Día Mundial de la Alimentación con el fin de concientizar sobre el hambre y la seguridad alimentaria en la misma fecha.
Por su parte, la soberanía alimentaria se institucionalizó en 1996, cuando La Vía Campesina presentó el concepto en la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada por la FAO. Mientras el tema oficial de esta Cumbre era “garantizar la seguridad alimentaria para todos”, La Vía Campesina subrayó que no basta esta garantía si no se democratiza el control de su producción y distribución. Desde entonces, los movimientos campesinos declararon el 16 de octubre como el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, una jornada de movilización política y social no reconocida por la FAO.
Según la FAO, la seguridad alimentaria existe cuando “todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable.”
En cambio, la soberanía alimentaria según La Vía Campesina es “el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente respetuosos y sostenibles, y su derecho a definir sus sistemas alimentarios y agrícolas. Pone las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones. Defiende los intereses y la inclusión de la próxima generación…”
¿Qué implica esto para Puerto Rico?
Políticas estatales y federales han provocado que Puerto Rico solamente produzca entre 10 y 15% de los alimentos que consume, llevando a que dependa casi por completo de la importación marítima desde los Estados Unidos para su abastecimiento. Esta dependencia pone a Puerto Rico especialmente vulnerable al cambio climático y a crisis internacionales que puedan interrumpir las rutas de transporte. En consecuencia, Puerto Rico podría quedar, en cualquier momento, privado del derecho humano a la alimentación [1].
Por eso, no basta con “garantizar la seguridad alimentaria para todos”; es indispensable transformar la forma en la que se toman decisiones sobre nuestro sistema alimentario y asumir nuestro derecho a definirlo colectivamente. Este 16 de octubre, insistir en la soberanía alimentaria es afirmar la necesidad de una gobernanza capaz de cuestionar quiénes realmente toman las decisiones sobre nuestro sistema alimentario.
En Puerto Rico, el sistema alimentario refleja una fuerte dependencia de actores corporativos que concentran el poder en la producción y distribución. Este modelo, guiado por la acumulación y la extracción, prioriza las ganancias sobre el bienestar colectivo y la protección ambiental. Frente a ello, es urgente fortalecer las organizaciones que ya impulsan modelos de apoyo mutuo y redistribución de la riqueza. Por lo que afirmar la soberanía alimentaria implica rearticular un nuevo sistema agroalimentario que garantice condiciones justas para quienes trabajan la tierra y les proteja frente a estos actores corporativos.
Ya existen ejemplos que marcan este camino. Organizaciones agroecológicas han formado una nueva generación de agricultores y agricultoras con prácticas que unen la producción sostenible, el respeto ambiental y la tenencia colectiva. Espacios como Finca El Vapor y Finca Güakiá, en San Lorenzo, integradas al fideicomiso de tierras del Instituto para la Agroecología (IALA), son prueba de que otro modelo es posible.
Asimismo, la Cooperativa de Acceso a Tierras (CAT) y el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible (FiTiCAS) demuestran la capacidad de la organización colectiva para responder al acceso limitado a tierras. Al romper con la visión de la propiedad privada como única vía de participación agrícola, estas iniciativas reconocen que la producción sostenible requiere tierras seguras y accesibles para quienes las cultivan.
También existen organizaciones como Comedores Sociales, que promueven los bancos de tiempo y la ayuda mutua como formas de intercambio y creación de valor. En estos espacios, el tiempo invertido en el apoyo colectivo se convierte en la base de la participación y en la garantía de reciprocidad futura.
Avanzar hacia la soberanía alimentaria en Puerto Rico significa repensar cómo cultivamos, compartimos y gobernamos los sistemas alimentarios desde la justicia social, ambiental y económica. Para lograrlo, es necesario co-diseñar espacios para ejercer el derecho a decidir nuestro sistema alimentario, y promover políticas públicas que impulsen la producción local, la protección de tierras agrícolas y la formación agroecológica. Las experiencias organizativas del país muestran que ya existen caminos posibles: proyectos que integran la tenencia colectiva, la economía solidaria y la participación comunitaria como pilares para transformar el sistema agroalimentario.
En el fondo, la soberanía alimentaria no es solo una meta, sino un proceso de resistencia colectiva hacia un futuro que visionamos, planificamos y forjamos día a día desde nuestro territorio.
Nota
[1] Cabe resaltar que el derecho a la alimentación había sido reconocido como inalienable y fundamental en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico (sección 20); sin embargo, esta sección fue eliminada por el Congreso de los Estados Unidos antes de su aprobación en 1952.
*Los estudiantes del curso PLAN 6995: Planificación de Sistemas Alimentarios, junto a la doctora Ramos Gerena, que es fruto de diálogo e investigación en clase.
