Una amplia representación de periodistas y sus organizaciones, portavoces de la sociedad civil, líderes comunitarios, docentes y estudiantes de comunicaciones advirtió en conferencia de prensa frente a las escalinatas del Capitolio que el derecho a saber del pueblo está amenazado con el proyecto del Senado, PS 63 que propone enmiendas a la llamada Ley de Transparencia.
La medida, que sería presentada a votación en el Senado esa misma tarde del martes, 14 de octubre, supone un golpe directo a la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de prensa, se denunció. Las entidades coincidieron en que la medida representa un gran retroceso en materia de acceso a la información pública y pisotea el derecho constitucional del pueblo a saber cómo opera su gobierno.
El PS 63 fue radicado en enero por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y nunca fue llevado a vistas públicas. El licenciado Kevin Rivera, en representación de la presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados (CAAPR), recordó que ante la falta de vistas públicas, el Colegio se tomó la iniciativa de celebrar unas vistas públicas en el mes de mayo, en las cuales participó una decena de organizaciones que no avalaron el proyecto. Las organizaciones presentaron informes al Senado con sus recomendaciones, pero ninguna de ellas fueron acogidas. Por el contrario, las enmiendas a la ya Ley de Transparencia empeoran el acceso a la información pública, obstaculizan la fiscalización ciudadana y debilitan el trabajo de la prensa. Se ha sabido que solo la Comisión Estatal de Elecciones ha apoyado la medida.
Retrocesos graves en transparencia
El PS 63 duplica los plazos de respuesta de las agencias, al extender de 20 a 40 días laborables el tiempo para atender solicitudes de información. Además, otorga a los jefes de agencia el poder de decidir sobre la divulgación de datos, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan el rechazo de solicitudes legítimas y elimina la posibilidad de requerir información en formatos abiertos, como Excel o CSV, limitando así la utilización de datos.
De aprobarse el PS 63, también se dificultará que organizaciones comunitarias obtengan la información necesaria sobre las obras, ordenanzas municipales y cualquier dato que les sirva para conocer y reaccionar oportunamente a las propuestas que se anuncian en sus pueblos o regiones. Asimismo, el proyecto impone barreras adicionales a ciudadanos sin acceso digital y propone sanciones simbólicas que no garantizan una transparencia efectiva.
“Sin fiscalización, no hay rendición de cuentas. El pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado. La ASPPRO sistemáticamente ha combatido la imposición de normas para el acceso a la información pública y esta vez no será diferente. La transparencia es indispensable”, afirmó la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Nydia Bauzá.
Mientras, la directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, Issel Masses, advirtió sobre la pertinencia del derecho de las personas a tener información respecto al gobierno. “Cada gasto público y cada contrato del gobierno tienen un impacto directo en nuestras comunidades y en nuestra gente. Debemos aspirar a conocer la información de cómo funciona el gobierno de forma oportuna. La transparencia no puede verse como un obstáculo, sino como la base de la democracia y la garantía de que los recursos del país se usen con sentido y justicia”.
Masses presentó a la organización independiente internacional, Centro para la Ley y la Democracia (CLD), las enmiendas del PS 63 para su análisis, y el resultado fue que, de aprobarse, Puerto Rico caería del puesto 94, lo que ya es un tercer bloque, al puesto 106 de 140, con un acceso a la información comparado con un país como Irán.
Por su parte, la periodista Gloria Ruiz Kuilan, presidenta del Overseas Press Club (OPC) , declaró: «No hay democracia plena sin acceso a la información pública. Las enmiendas que pretenden aprobar no corrigen errores. No podemos aceptar que el pueblo y la prensa esperen el doble de tiempo por documentos e información que les pertenecen».
Por su parte, el licenciado Rivera planteó: “Debemos preguntarnos cuál es el fin público de restringir el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública en manos del Gobierno, más allá de entorpecer el que se ejerza un derecho constitucional. ¿Qué más se puede buscar, si no esconder, encubrir y ocultar?’.
Entre las entidades presentes en la conferencia de prensa y que han expresado su rechazo al PS 63 estuvieron la ASPRO, el OPC, Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo, Amnistía Internacional, el CAAPR, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación de Pescadores, María Fund, 9 Millones, Todas, Bonita Radio, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Resiliency Law Center, así como estudiantes y docentes de facultades de comunicaciones del país y representantes de otros medios de comunicación.
Los denunciantes recalcaron que el acceso a la información pública hace posible la participación ciudadana. Sin datos, los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas ni exigir rendición de cuentas.
Ante la expectativa de que el proyecto fuese aprobado, las organizaciones hicieron un llamado urgente a los senadores y senadoras, particularmente a los de la delegación del Partido Nuevo Progresista, a rechazar el PS 63 y proteger el derecho constitucional de acceso a la información. Se supone que de acuerdo con el proceso legislativo, de ser aprobado el proyecto debe pasar luego a la Cámara. De no ser aprobado, se supone que regrese al Senado, ya sea para enmiendas o para lo que disponga el presidente.
Se unen otras voces en conferencia de prensa
En declaraciones por escrito, la Coordinadora General del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, convocó a la ciudadanía a defender su derecho a saber llamando al Senado, y, de aprobarse, hacer lo propio con la Cámara de Representantes.
“El pueblo tiene el poder de detener esta medida, dejándole saber a sus legisladores su total rechazo. Que sientan el precio político de su decisión. Lo que están tratando de hacer con la Ley de Transparencia afectará al pueblo entero en su derecho de acceso a información gubernamental sobre cualquier tipo de permiso que da el Gobierno sobre procesos de expropiación, sobre proyectos de construcción, para el trabajo investigativo y educativo que se hacen en las escuelas y universidades, para el rol de fiscalización e información que hacen los medios, entre otros.
La Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA) igual censuró la medida. La UPAGRA recordó que la Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019 fue promulgada en los últimos días de la administración de Ricardo Rosselló y establece una política pública sobre el acceso a la información generada o custodiada por entidades gubernamentales en Puerto Rico.
“El acceso a información pública es un derecho constitucional, como parte del derecho a la libertad de expresión que tenemos todos. El propósito de la ley fue establecer mecanismos procesales ágiles, sencillos y económicos para que cualquier persona pueda solicitar información sin necesidad de demostrar interés legal. Pero las agencias públicas la han estado usando para dilatar las gestiones de los periodistas, que en decenas de casos han tenido que recurrir al tribunal para hacer cumplir la ley, lo cual usualmente no pueden hacer un ciudadano común o medios más pequeños o independientes. Agregarle más requisitos al proceso convierte la llamada ‘Ley de transparencia’ en una farsa si en la práctica no la están cumpliendo”, señaló Néstor Soto, secretario ejecutivo del sindicato de periodistas.
