Hay mayoría legislativa para derogar la reforma laboral

 

Especial para CLARIDAD

La derogación de la reforma laboral está contenida en los programas de gobierno de tres partidos políticos: el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Los tres partidos en conjunto recibieron el 60% de los votos de los electores y se comprometieron con derogar una reforma laboral que ha eliminado derechos adquiridos de los trabajadores y ha congelado por 6 años la negociación colectiva de cláusulas económicas.

El mandato del pueblo es derogar la mal llamada reforma laboral y restablecer los derechos laborales que corresponden a los principios de la justicia social. En la Cámara de Representantes, el número de legisladores electos comprometido con la derogación de la reforma laboral son: 26 del PPD, 2 de MVC, y 1 del PIP. En el caso del Senado son: 12 del PPD, 2 del MVC, 1 del PIP y 1 Independiente. El Proyecto Dignidad no se ha manifestado a favor o en contra de la derogación de la reforma laboral.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi no se comprometió con derogar la reforma laboral sí ha expresado establecer un proceso de revisión de los cambios laborales legislados. Además, la plataforma de gobierno del PNP establece que “nuestros empleados y trabajadores cuenten con un sistema robusto de legislación que proteja sus derechos.” Por lo tanto, existe la posibilidad de que, para proteger esos derechos, se pueda viabilizar un diálogo entre la rama ejecutiva y legislativa para derogar leyes o artículos que conduzcan a restablecer y ampliar derechos laborales. Así lo exige la votación mayoritaria del pueblo.

Sin embargo, hay que recordar que la abusiva visión neoliberal de que el desarrollo económico se logra eliminando derechos y beneficios a los trabajadores no se inició el pasado cuatrienio.Bajo el mandato de Luis Fortuño (2009-2012), mientras el actual gobernador era Comisionado Residente, se impuso la Ley 7-2009 para despedir empleados públicos con permanencia y la Ley 29-2011 para establecer la privatización de servicios públicos con el disfraz de Alianza Público-Privada. Durante la gobernación de Alejandro García Padilla, se trastocó el Sistema de Retiro de los empleados públicos con el aumento de la edad para retirarse, la reducción de las pensiones y la eliminación de la aportación para planes de salud y el bono de navidad. Además, se impuso la Ley 66-2014 que congela los convenios colectivos y reduce beneficios de los trabajadores.

La administración de Ricardo Rosselló le dio continuidad a la agenda anti obrera de García Padilla, utilizando como escudo el Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal. Bajo el manipulado concepto de reforma laboral, aprobaron la Ley 3-2017, Ley 4-2017, Ley 8-2017 y Ley 26-2017. Estas leyes tienen el aval de la Junta de Control Fiscal que es la expresión suprema del neoliberalismo. El reto del Gobernador consiste en revisar, enmendar o derogar estas leyes, lo que equivale a defender la autoridad legislativa y ejecutiva del gobierno de Puerto Rico frente a la Junta. En su programa de gobierno Pedro Pierluisi se comprometió  a llevar el mensaje a la Junta “para que reconozca que al amparo de la sección 205 de PROMESA, el gobierno electo tiene la autoridad de pautar la política pública sin intervención.” Por lo tanto, hay que combatir la intervención de la Junta.

La reforma laboral que debería mejorar los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, lo que ha mejorado son las ganancias de empresarios del sector público y privado. Se ha constatado que el neoliberalismo contenido en estas leyes no es el camino a seguir porque no se ha traducido en mejores servicios al pueblo, ni en crecimiento económico.

Es claro el mensaje de los trabajadores del sector público y privado en el pasado evento electoral. Los trabajadores somos parte esencial del desarrollo económico y nuestros derechos y beneficios, en función de ese desarrollo, tienen que protegerse y ampliarse. Ese es el camino de la justicia social que debe implantar y defender la Legislatura y el Gobernador ante cualquier enemigo interno o externo.

El autor es líder sindical, Presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

 

 

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