Incompleta la auditoría de la deuda pública por la Oficina del Contralor

 

CLARIDAD

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La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público (CCAICP) concluyó que el informe de auditoría de la Oficina de la Contralora (OC) sobre la legalidad de la deuda pública de Puerto Rico se hizo más de ocho años tarde, es inconsistente en la revisión de los documentos,  no tomó en consideración argumentos legales y que su conclusión de que la deuda de Puerto Rico es constitucional es una sin mucha explicación.

Los señalamientos de la Comisión Ciudadana están contenidos en su análisis Observaciones sobre Informe de Auditoría de la Deuda publicado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

“Ocho años más tarde, la Oficina de la Contralora (OC) publica este informe que deja sin respuesta las preguntas más importantes sobre la legalidad de la deuda pública y la crisis fiscal, confirmando que son pocos o ninguno los controles que existen en el gobierno para evitar que todo esto vuelva a ocurrir.”, expresó el doctor en economía, José Alameda Lozada, presidente de la Comisión Ciudadana y ex-integrante de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015 pero eliminada por el Gobierno de Ricardo Rosselló.

Según el informe de la Comisión Ciudadana, la conclusión de que la deuda de Puerto Rico es constitucional se hace sin mucha explicación, dando por ciertos los datos oficiales y sin tomar en consideración todo el litigio que se ha generado en el Tribunal Federal sobre las emisiones que se debieron considerar en ese análisis sobre el límite constitucional de la deuda, dejando así preguntas cruciales sin contestar y que  podrían dar mejores herramientas para evitar otra quiebra.

Entre otros señalamientos, la Comisión Ciudadana reparó en que esta es la primera auditoría que lleva a cabo  la OC después de más de ocho años de aprobada la ley PROMESA, nueve años desde que se aprobó la Ley 97 del 2015, que ordenó una auditoría del crédito público, y más de 10 años  desde que se realizó la última emisión de bonos del Gobierno central.

“En la Comisión nos cuestionamos por qué la OC no hizo esta auditoría mucho antes y si solo es resultado de los proyectos de ley radicados durante los pasados años solicitando una auditoría de la deuda pública”.

Entre sus objeciones al informe de auditoría de la OC,  la Comisión Ciudadana objetó que la OC revisó de manera inconsistente uno de los grupos de documentos más importantes para saber si el Gobierno cumplió con todas las regulaciones; estos son los trust agreements, (acuerdos de fideicomiso) o resoluciones que rigen los bonos.

Esta omisión, denunció la Comisión, conllevó  que no se hicieran preguntas importantes como, ¿Las emisiones de bonos cumplieron con los términos convenidos por el emisor, en particular, con el límite de deuda establecido?”, además de que el uso de estos documentos como criterio de cumplimiento parece ser inconsistente, ya que se utilizó, por  ejemplo, para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero no los mencionan para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La auditoria de la OC cubrió del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2023. En estos aspectos, dijo la OC, se examinaron transacciones de fechas anteriores relacionadas con ocho emisiones de bonos por $13,806,029,253, realizadas del 6 de marzo de 2007 al 17 de marzo de 2014, de igual cantidad de entidades.”

Las ocho emisiones de bonos  del Gobierno de Puerto Rico a través de  la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) auditadas por la OC fueron la de: Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT),  $2,184,860,553; Autoridad de Edificios Públicos (AEP) $303,945,000; Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), $669,215,000; Banco Gubernamental de Fomento (BGF), $1,796,980,000; Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) $4,118,153,700; Corporación para el Financiamiento Público (CFP), $410,665,00, y Estado libre Asociado (Gobierno Central, ELA),  $3,500,000,000.

Según el examen de la Comisión Ciudadana, aunque la auditoría de la OC hizo un análisis sobre el límite constitucional de la deuda en el contexto de la emisión de bonos de obligación general de 2014 (emitidos cuando ya  las casas acreditadoras  habían degradado el crédito público a nivel chatarra), no tomó en consideración lo que dice la Constitución de Puerto Rico de que el gobierno no puede sobrepasar el 15 % del promedio de las rentas o ingresos anuales obtenidos  durante los dos años anteriores a la emisión de deuda. Este límite constitucional, reparó la Comisión, fue clave en impugnaciones que se dieron en el proceso de quiebra del gobierno.

Otra deuda  que la Comisión señaló como ilegal, es la de CFP, debido a que esta se uso para comprarle al BGF las deudas que las distintas agencias y corporaciones públicas tenían con el banco (producto de las líneas de crédito). “La legalidad de esta deuda siempre fue sospechosa pues, aunque no se estaba contando para el margen prestatario del ELA, su repago provenía también del Fondo General, dado que la CFP no generaba ingresos propios. Los tribunales de Puerto Rico nunca pasaron juicio en torno a la constitucionalidad de esta deuda”, expuso la Comisión.

En los casos de la deuda de la AEP y de la ACT, se deja implícito que en el informe de la OC se reconoce que ambas agencias tenían problemas para pagar su deuda desde mucho antes de la crisis de deuda porque no se considera deuda ilegal. En particular, sobre la ACT se cuestionó por qué el informe  no menciona si la ACT cumplió o no con el límite de deuda que está en la Resolución 68-18 de 1968 y en la Resolución 98-06 de 1998, las cuales  rigen los bonos de la ACT.

Sobre la emisión de bonos más grande en la historia de Puerto Rico, $4.1 mil millones, la de COFINA, al igual que con la AEP y la ACT, la Comisión denunció, que el informe de la OC no señala que COFINA no generó los ingresos suficientes para el servicio de su deuda, incluyendo el año fiscal 2008; esto es, básicamente, el primer año de existencia de COFINA.

La Comisión llamó a la atención que la OC reconoce en su informe que COFINA no es considerado parte del margen prestatario del ELA de 15 %, establecido en la Constitución; no obstante , la Comisión objetó que no se haya abordado el asunto, que describió como crucial, de si el ELA puede disponer de una parte de sus recaudos para pagar los bonos de  dicha corporación en detrimento de los bonos de obligación general.

Sobre la deuda del BGF, se censuró que  la Contralor  no menciona que las líneas de crédito del banco a las agencias de gobierno y corporaciones públicas eran parte de la llamada “deuda extraconstitucional”. Esto, dice la Comisión Ciudadana, es una posible falsa jurídica, pues su fuente de repago dependía de asignaciones de fondos provenientes del Fondo General. En ese sentido, la legalidad de este esquema de financiamiento también estaba sobre una base nebulosa.

En lo que respecta a la deuda de AFI, la cual se emitió  para respaldar las operaciones de la Autoridad de los Puertos, se reconoce que fue el único caso en el que se integraron al análisis contratos. “Uno se pregunta entonces por qué no hicieron lo mismo con el Trust Agreement de la AEE. No hay consistencia en la selección de los documentos”, denunció la Comisión Ciudadana.

En conclusión, la Comisión Ciudadana objeta que aunque el informe de auditoría de la OC destaca los graves problemas financieros de muchas corporaciones públicas, no se responsabiliza ni contesta la pregunta más importante sobre el incumplimiento de todas estas agencias con su deber legal de mantener un límite de deuda a base de sus ingresos que ya tenían impuestos en sus normas internas como los trust agreements o resoluciones de sus juntas de gobierno.

Otra de sus conclusiones es que aún siendo una supuesta auditoría de cumplimiento, esta es inconsistente en el uso del marco legal aplicable y da por cierto los datos oficiales en estados financieros que su veracidad ha sido cuestionada hasta en los mismos procesos de quiebra bajo la Ley PROMESA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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