La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) reafirma su rechazo tajante a las restricciones al acceso a la información pública impuestas desde La Fortaleza, las cuales se pretenden hacer aún más severas mediante dos proyectos de ley, el P.S. 63 y el P.S. 331, actualmente pendientes en la Asamblea Legislativa.
La Asppro respalda y se une a los reclamos de varios colegas, miembros de nuestro gremio, quienes ayer, miércoles, increparon a varios jefes de agencias que se niegan a responder requerimientos de información pública, durante una conferencia de prensa convocada por la Mansión Ejecutiva. Irónicamente, dicha conferencia fue organizada por Hiram Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora Jenniffer González Colón, para anunciar un nuevo espacio de “rendición de cuentas” denominado En el Récord. Durante la conferencia, transmitida en vivo por La Fortaleza y luego retirada de la plataforma institucional, los colegas confrontaron a varios secretarios del gabinete con solicitudes de información pública que los funcionarios nunca han contestado.
“La Asppro se solidariza con los colegas en sus asertivos reclamos de transparencia en la gestión pública”, expresó la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.
“Históricamente hemos denunciado —y denunciaremos— todas aquellas medidas dirigidas a entorpecer y obstaculizar el libre ejercicio de fiscalizar y sacar a la luz actos que se aparten del buen gobierno”, añadió Bauzá.
En 2019, se aprobó la llamada Ley de Transparencia (Ley 141-2019), que ahora se pretende enmendar mediante el P.S. 63 para añadir más restricciones y capas de burocracia al acceso a documentos públicos. Esta medida, cuyo autor es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propone duplicar a dos meses el término que tienen los jefes de agencias para responder a los requerimientos de información de periodistas y de la ciudadanía en general.
Por su parte, el P.S. 331, presentado por el senador Juan Oscar Morales, busca restringir el acceso a los datos de los registros de mortalidad y natalidad del Registro Demográfico.
Ambas medidas son innecesarias y representan un obstáculo adicional al proceso de rendición de cuentas del gobierno.
La semana pasada, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llevó ambas medidas a vistas públicas ciudadanas celebradas en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y al menos once organizaciones comunitarias se expresaron en contra de la aprobación de estas piezas legislativas.
