CLARIDAD
Uno de los impactos negativos que ha tenido la Ley 22 en Puerto Rico en términos sociales es el desplazamiento de comunidades y la falta de accesibilidad a la vivienda. Así lo han asegurado economistas, pero también las personas perjudicadas por este asunto: residentes en diferentes comunidades a lo largo y ancho de toda la isla.
Aunque antes de la implementación de la Ley 22 – la que les otorga exención contributiva a inversionistas extranjeros – hace unos 10 años ya se evidenciaba el desplazamiento en distintitas comunidades, esta ley ha acelerado ese proceso y ha provocado que quienes lo realicen sean personas adineradas extranjeras. Por lo tanto, a juzgar por la economista Martha Quiñones, las luchas o guerras de clases dentro de Puerto Rico que están de fondo en estos procesos de desplazamiento, ahora también son luchas de clase entre gente de la isla y extranjeros inversionistas que llegan atraídos por los beneficios de la Ley 22.
Es de conocimiento público que en la Legislatura existe una fragmentación respecto a la posibilidad de que la Ley 22 se enmiende. Según ha expresado el economista Heriberto Martínez, hay un grupo de legisladores que quiere eliminarla, otro que quiere hacerle cambios sustanciales y otro que quiere que permanezca como está. La visión del gobernador Pedro Pierluisi es la de ese último grupo que no quiere que se derogue. Ante este panorama, Martínez no prevé que se pueda articular una propuesta única que satisfaga a todos los sectores. Entonces, esa división mantiene la posibilidad de enmienda en la nada.
Esto a pesar de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio comisionó un estudio que evidencia que esa ley, de continuar vigente, debe cambiar.
Un ejemplo de una comunidad que ha sido desplazada es la de Puerta de Tierra en San Juan. Para denunciar esas invasiones de terreno, han conformado la organización comunitaria Puerta de Tierra No Se Vende. Una de las portavoces del colectivo es la abogada y activista Laura Mía González, quien además ha sido testigo de lo que acontece en ese barrio porque fue residente.
Pero el desplazamiento en esa comunidad sanjuanera lleva 20 años. Según la portavoz, data de cuando el gobierno decidió implosionar el residencial Las Acacias porque vivía gente pobre que no podía tener el privilegio de vivir en la entrada de la isleta de San Juan, lugar con un valor de bienes raíces bien alto. Así, tumbaron 600 apartamentos de ese residencial y sacaron a las familias que vivían ahí, según recuerda la abogada y activista.
Luego, en 2015, ocurrió la demolición del residencial Puerta de Tierra, que contaba con 486 unidades de vivienda. Cuando rehicieron el residencial, regresaron unas 89 familias, recuerda la licenciada González. Recientemente, se construyó un nuevo complejo de vivienda mixta subsidiada por el gobierno a donde solamente fueron a vivir 4 familias naturales de Puerta Tierra.
Por lo tanto, en esa comunidad, durante 20 años, se ha estado dando lentamente el proceso de desplazamiento vinculado estrechamente a los residenciales públicos, resume la portavoz.
Después del paso del huracán María, cambió el tipo de desplazamiento pues comienza a darse aceleradamente la llegada de inversionistas apoyados por los decretos de la Ley 22.
“En un periodo de tres años, desde el 2018 al 2021-2022, inversionistas de la Ley 22, han comprado unos 30 edificios en Puerta de Tierra. Estos edificios estaban abandonados, otros tenían comercios y otros estaban habitados”, declaró públicamente la licenciada González.
El problema con esas compras por parte del capital extranjero de personas millonarias es que los usos que los usos solicitados y concedidos son exclusivamente turísticos, no se pueden utilizar esos edificios para alquileres a largo plazo ni para vivienda asequible para la gente de la comunidad. La consecuencia nefasta de esto es que “en esas cuadras no vive nadie”.
Las compras “se han convertido en una ola que viene de Condado y Viejo San Juan con el propósito de convertir una zona turística para personas adineradas”, a juzgar por la abogada. Estas inversiones de capital extranjero no mejoran los espacios para que la gente de la comunidad se beneficie de ellos.
Por lo tanto, quienes más se están afectando con los decretos de la Ley 22 son las comunidades desplazadas, específicamente las personas que han desplazado de algún edificio o complejo residencial con la promesa de que se les iba a dar un apartamento en el complejo remodelado. Concluye la licenciada Laura Mía González que para esas personas no es bonita la jugada. Para ella, el progreso no se mira a partir del remozamiento de un barrio si no es beneficioso para la comunidad y sí para inversionistas extranjeros.
