La Orden Ejecutiva y la independencia como derecho de necesidad

Especial para Claridad

You don’t have the cards right now. With us, you start having cards.

Donald Trump to Volodymyr Zelensky

Soy de la generación que soñó con tomar el cielo por asalto. La independencia no se pide, se proclama, decíamos. Luego la realidad se encargó poco a poco de que entendiésemos que nuestra lucha, por si sola, no poseía la fuerza suficiente para imponernos sobre el más poderoso imperio que había dado la historia de la humanidad.

Fue Filiberto Ojeda Ríos quien poco antes de ser asesinado el 23 de septiembre de 2005 por esbirros del Buró Federal de Investigaciones (FBI), llamó a pasar de la mera protesta a la propuesta. El independentismo estaba entrando en una nueva coyuntura en que los retos serían fundamentalmente políticos: la construcción de una oposición radical y unida para la salvación nacional que no fuese rabiza del reformismo y que emprenda la constitución de una Asamblea Constituyente de la independencia. “La independencia de Puerto Rico -sentenció- es un derecho de necesidad”.  Además, en la actual coyuntura de reestructuración mundial de las relaciones de poder, la independencia surgía como posibilidad cada vez más concreta, puntualizó el líder Machetero.

Es en este marco que hay que entender la iniciativa de una propuesta de Orden Ejecutiva a favor de la independencia de Puerto Rico lanzada por un grupo de 12 ciudadanos y ciudadanas, todos y todas independentistas, sean de aquí o de esa otra parte de la nación nuestra en Estados Unidos. Francamente, nos inquieta sobremanera ver como nuestro país anda hoy más a la deriva que nunca, con un gobierno colonial que no gobierna ni tiene idea de como responder al cambio decisivo en la situación de Puerto Rico que representa el gobierno de Donald J. Trump y su agenda nacionalista de America First. El capital pretende hacerse abiertamente Estado y se propone desmantelar lo que queda del Estado de bienestar, así como reestructurar las relaciones económicas y políticas internacionales. Frente a esto, el silencio en Puerto Rico resulta ensordecedor, entre todas las fuerzas políticas sin excepción.

De ahí que nos atrevimos a lanzar esta propuesta, a modo de un Plan B, ya que nadie parece tener concretamente un Plan A para lidiar con los retos inmediatos que no sea una idílica y alienante “business as usual” de aquí a la próxima contienda electoral de 2028. Podrán haber cuestionamientos tácticos acerca de nuestra propuesta pero, como bien señaló recientemente Edwin Hernández Feijoó del Movimiento Ñin Negrón, no debemos permitir que estos nublen lo estratégico en este caso: adelantar la causa de la independencia.

Tal vez el proyecto de Orden Ejecutiva no llegue finalmente al escritorio de Trump pero ya nuestra propuesta ha logrado uno de sus objetivos principales: revolcar el tablero político y poner destacadamente a la independencia sobre éste como “derecho de necesidad”, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y es que estamos en un momento en que la estadidad no cuenta con el apoyo del nuevo gobierno estadounidense y el llamado ELA ya no existe, a pesar de los fútiles intentos del Comisionado Residente actual por seguir vendiendo lo contrario. ¡Eso sí que es “fake news”!

Nuestra propuesta ha sida construida tomando en cuenta la historia más reciente en relación a los esfuerzos por afirmar nuestro derecho a la autodeterminación e independencia. Incluso, los detalles del Plan de Transición contenidos en la Orden Ejecutiva tienen como referente principal el Plan de Transición negociado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el proceso congresional de consulta y negociación de 1989-91.

El principio del traspaso previo del poder soberano

Pero, si algo también nos ha enseñado la historia reciente es que igualmente hay que dialogar y negociar, tanto entre nosotros aquí en Puerto Rico y en lo que José Martí llamaba las “entrañas del monstruo”. En el caso de Puerto Rico, hubo por ejemplo en 1978 un diálogo y negociación con el autonomismo -algo inconcebible hasta ese momento- abierto por el encuentro entre Juan Mari Brás y Rafael Hernández Colón. Ello resultó en la presentación consensuada ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU de la histórica Resolución de 1978. En ésta se reitera no sólo el derecho del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia, sino que se le solicita a Estados Unidos el traspaso inmediato de los poderes soberanos a nuestro pueblo, para poder materializar así nuestros legítimos derechos nacionales.

El reclamo del traspaso previo de poderes fue objeto de una Resolución radicada en 1982 por el congresista Demócrata por California, el socialdemócrata afronorteamericano Ronald Dellums. Mari Brás, junto a Dellums y el constitucionalista estadounidense Arthur Kinoy, entendían que si Puerto Rico iba finalmente a descolonizarse había que sacar el asunto de la jurisdicción del Congreso bajo la Cláusula Territorial debido a la gran dificultad que resultaba poner de acuerdo a los 435 miembros de la Cámara y los 100 miembros del Senado. En ese sentido, con el traspaso previo de los poderes soberanos, el Congreso estaría renunciando a sus poderes plenarios sobre el territorio de Puerto Rico. Esto abría la puerta para que entonces la Rama Ejecutiva acordarse con una Asamblea Constituyente representativa del pueblo soberano de Puerto Rico un nuevo marco jurídico-político y económico para las relaciones entre ambos países. Se partía del principio de que solo un pueblo soberano puede decidir libre y democráticamente sobre su futuro.

Volviendo a la Resolución de 1978, ésta reconoció además la libre asociación como opción, si esa fuese la voluntad soberana de nuestro pueblo una vez se hubiese traspasado el poder soberano para decidir. Se excluyó expresamente la anexión como opción descolonizadora en el caso de Puerto Rico por entenderse que equivaldría a validar la ocupación militar de nuestra nación y darle permanencia a la dominación imperial impuesta unilateralmente por EEUU desde 1898.

La Resolución de 1978 acogió además en ese sentido la denuncia de Hernández Colón, Mari Brás y Ricardo Alarcón de Quesada, el embajador cubano, de que Estados Unidos había incumplido con los compromisos contraídos en la controvertible Resolución 748 de la Asamblea General de 1953 y que debía, por lo tanto, dejarse sin efecto el reconocimiento que en aquel entonces se le otorgó al llamado Estado Libre Asociado. Reclamaban que éste hacia tiempo había dejado de ser el gobierno propio que en aquel entonces se alegó que se había alcanzado.

Recordemos que en el 1976 el presidente Gerald Ford había rechazado apoyar un “nuevo pacto” que se había negociado por el Partido Popular Democrático con Washington y, en su lugar, sin encomendarse a nadie, el mandatario estadounidense radicó ante el Congreso una solicitud para en su lugar anexar a Puerto Rico. No había voluntad para un “nuevo pacto” autonómico (el eterno sueño de la culminación del ELA) pero tampoco hubo apoyo congresional para la estadidad.

Al respecto, también vale la pena añadir el rechazo del gobernador Luis Muñoz Marín a la propuesta que le hizo en 1953 el presidente Dwight Eisenhower para que el llamado ELA transitara hacia la independencia, siguiendo algo así como el modelo de descolonización en el caso de las Islas Filipinas. Muñoz Marín se atrincheró en la ilusión de que el llamado ELA pudiese ser una opción por sí misma independientemente de la independencia y la anexión.

El timoneo del gobierno permanente

Ahora bien, durante la década de los setentas del siglo pasado se produjo también un proceso de revisión crítica de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico al interior del gobierno permanente. En 1975, se produjo en el Consejo de Seguridad Nacional un importante policy paper titulado El problema del status político de Puerto Rico, cuyo autor fue C. Arthur Borg. Éste advertía que Washington no podía seguir alegando que la solución al problema del status dependía de lo que decidieran los puertorriqueños. De lo contrario EEUU podría tener que confrontar posiblemente en un breve plazo una solicitud de estadidad, aunque la anexión de Puerto Rico sería un grave error, lleno de enormes peligros para la seguridad nacional. De ahí que recomendaba que con premura Washington se encargase de timonear en otra dirección el proceso de solución del problema del status de Puerto Rico. Entendía Borg que la solución al problema colonial no está en la autodeterminación de los puertorriqueños sino en la mutua determinación de Estados Unidos y Puerto Rico.

¿Y hacia dónde debía EEUU timonear el proceso de descolonización? La respuesta la dio otro policy paper de 1979, esta vez del Departamento de Estado, cuyo título literalmente fue Puerto Rico Libre, cuyo autor fue Eric Svendsen. Se produjo así los primeros atisbos de una ruptura paradigmática en “cómo piensa y cómo nos vé el Americano”.

En esos años se hablaba ya abiertamente del fin de la “Operación Manos a la Obra” y del llamado ELA como “el progreso que se vive”, como lo definía Jaime Benítez. Fue también el fin del sueño estadolibrista. A partir del gobierno de Luis A. Ferré y sus 40 ladrones -como se le llegó a llamar en aquel entonces ya que el PNP ha sido corrupto desde sus inicios- se optó por la dependencia cada vez mayor en los fondos federales para solventar los efectos de la crisis. Eso llevó a que el proyecto de estadidad jíbara de Ferré pasó a ser “la estadidad es para los pobres” a partir de Carlos Romero Barceló. Esta dependencia creciente en los fondos federales se convirtió en el modus operandi del gobierno colonial y en el motor de la economía llamada territorial. Como bien advirtió el Informe Kreps sobre Puerto Rico (1979) bajo la administración del presidente James Carter, como resultado de esa “grave dependencia” Puerto Rico perdió su autonomía al amarrar cada vez más su economía a las transferencias federales, las que vienen acompañadas de una caterva de regulaciones administrativas. ¡Y es que el que paga la orquesta, escoge la música!

En abril de 1980, el subsecretario auxiliar de Comercio de Estados Unidos, Frederick T. Knickerbocker, advirtió, con total franqueza, ante un simposio sobre “Puerto Rico y Estados Unidos”, organizado en Washington por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, que la posibilidad o probabilidad de éxito de las diferentes opciones en competencia para la descolonización de Puerto Rico ‐la autonomía, la independencia y la anexión‐ dependerá más en las tendencias económicas en el momento a nivel de Estados Unidos y el mundo, que en las particulares preferencias que en torno a ellas pueda expresar el pueblo puertorriqueño. En otras palabras, según Knickerbocker, lo que Puerto Rico quiere o puede hacer depende de lo que el contexto económico estadounidense e internacional permite o potencie. La contínua discusión de opciones ideales no tiene eficacia práctica alguna y sólo tiene un efecto paralizante sobre cualquier proceso dilucidador del futuro de Puerto Rico.

El proceso congresional de consulta y negociación de 1989-91

Ya bajo la presidencia de Ronald Reagan, su Task Force sobre Puerto Rico terminó recomendando en el 1981 que se promoviese el fin de esa dependencia creciente en fondos federales y el desarrollo de una economía autosustentable. Ello estuvo presente en el proceso de consulta y negociación de 1989-1991 al que convocó el presidente George H. W.  Bush al Congreso, con la participación de representantes de las tres opciones, en igualdad de condiciones.

El proceso se descarriló finalmente por la oposición Republicana a la opción de la estadidad por su alto costo y peligros para la seguridad nacional. El exgobernador Ferré admitió en un artículo suyo publicado en febrero de 1991 en El Nuevo Día que para lo único que había condiciones en el Congreso era para la independencia. La estadidad finalmente fue objeto de una dialéctica negativa muy peculiar: mientras más parece acercarse, más de facto de aleja.

En el proceso de consulta y negociación del 1989-91, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue cosechando un trabajo previo de cabildeo que había estado realizando en Washington. Fue aceptado como interlocutor en igualdad de condiciones con el PNP y el PPD. Incluso, con su participación contribuyó a que el Comité de Energía y Recursos Naturales, presidido por el senador J. Bennet Johnston, Democráta por Louisiana, incluyese en su histórico proyecto de legislación conocido como el P. del S. 712, una oferta de transición ordenada y en el balance favorable para la independencia.

El “Americano” había hablado y ahora le tocaba al Puertorriqueño, esta vez en la voz de Rubén Berríos Martínez quien sometió ante dicho Comité un Plan de Transición hacia la independencia. Hernández Colón se redujo a defender a ultranza el status quo territorial y la “estadidad hispana” del PNP resultó ser la pildora venenosa, especialmente para los Republicanos, que como ya dijimos descarriló finalmente todo el proceso.

Un Puerto Rico sin puertorriqueños

Sin embargo, fueron el gobernador Pedro Roselló, con el apoyo del presidente Bill Clinton y los Demócratas, los que luego consiguen poner nuevamente a la estadidad sobre el tablero. Pero ya no sería como reclamo anticolonial basado en los derechos nacionales del pueblo de Puerto Rico, sino como “un derecho a la igualdad de los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico”. Esto ha culminado en lo que más recientemente se refirió la gobernadora actual Jennifer González como “the Americans that live in Puerto Rico”.

Y así llegamos a esa cuarta opción de la que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, precisamente introducida bajo el breve gobierno de Ricardo Roselló, hijo de aquel otro Roselló. Me refiero a un “Puerto Rico sin puertorriqueños”.

El puertorriqueño se ha visto forzado a emigrar ante la falta de oportunidades de progreso social en su patria, siendo que ya el 60 por ciento de nuestro pueblo radica en Estados Unidos, casi 6 millones, quedando poco más de 3 millones aquí en el archipiélago borincano. La precarización, desposesión y el desplazamiento poblacional que se ha estado viviendo viene acompañado de ventajas legales y económicas para que capitalistas estadounidenses se hagan propietarios de todo lo que encuentran que le puede producir beneficios, incluyendo nuestras playas.

La Orden Ejecutiva

Frente a ello, la Orden Ejecutiva propone esencialmente lo siguiente para evitar el desastre anunciado, el cual se sumaría a la profunda crisis que ya se ha tornado en permanente:

1. De conformidad con la expansión constitucional de la autoridad presidencial que se ha experimentado en los últimos tiempos en Estados Unidos, encaminándose éste recientemente hacia un sistema presidencialista y, más específicamente, su autoridad para decidir y representar la política exterior, se decide la disposición del territorio y el fin de su status territorial como botín de guerra y mera posesión colonial, según legalizado por el Tratado de Paris de 1898 y la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.

Detengámonos aquí un momento. Con todo respeto difiero de lo que sostienen algunos juristas y no juristas de que el Presidente no posee el poder para disponer de Puerto Rico como territorio colonial perteneciente a Estados Unidos. En primer lugar, el poder soberano de Estados Unidos sobre Puerto Rico tiene su fuente material primaria en el hecho de que es un botín de guerra. La Cláusula Territorial de la Constitución federal es en todo caso una fuente más bien formal que surge de otro ejercicio de la autoridad del Presidente: la de hacer tratados, en este caso el Tratado de París de 1898 que lo que hizo fue validar jurídicamente a posteriori un hecho de fuerza. Es ese hecho de fuerza el que al fin a la postre posee fuerza normativa. El Tratado de Paris, así como la Cláusula Territorial y la doctrina judicial de la incorporación territorial son meras criaturas de este hecho de fuerza, cuyo propósito es su juridización y fetichización para ocultar esa realidad política.

Lo que en ese sentido entendemos que hace de facto el Presidente mediante la disposición del territorio en el caso de Puerto Rico es reconocer que las condiciones bajo las cuales se adoptó el Tratado de París de 1898 han cambiado y, por ende, corresponde dar por terminado su fuerza normativa y vigencia. Sólo el presidente tiene la autoridad para hacer esa determinación (véase, por ejemplo, Goldwater v. Carter, 444 US 996, de 1976). Asimismo, se ha reconocido la discreción que tiene el Presidente, de conformidad con su autoridad constitucional, en materia tanto de relaciones internacionales como también de seguridad nacional (véase, por ejemplo, Trump v. Hawaii, 585 US 667, de 2019).

Vivimos en tiempos de supeditación creciente del Estado de derecho y los precedentes judiciales, a los hechos de fuerza. La forma jurídica padece hoy de una condición problemática producto de la indeterminación que impone este nuevo criterio de legitimidad que es la eficacia del hecho de fuerza. De eso trata el nuevo orden mundial basado en reglas empuñado por Washington desde el 2001. De eso trata también las Ordenes Ejecutivas que está emitiendo actualmente el presidente Trump: darle eficacia normativa a hechos de fuerza.

Existe así otra mirada de los Casos Insulares que la que se centra exclusivamente en la doctrina de incorporación territorial establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Downes v. Bidwell, 182 US 244 (1901) el Tribunal Supremo fundamenta la condición jurídico-política de Puerto Rico no solo en la autoridad plenaria que le otorga al Congreso la Cláusula Territorial para administrar dicha posesión, sino que también en el reconocimiento del poder que surge de la soberanía nacional estadounidense para adquirir colonias por medio de conquista o tratados, y para disponer de estas en el ejercicio del poder del Ejecutivo federal sobre los asuntos de política exterior.

No nos olvidemos que, según el mismo Tribunal Supremo federal, Puerto Rico “pertenece a pero no forma parte de Estados Unidos”. De ahí el reconocimiento por parte de la ONU, desde su fundación, de Puerto Rico como un sujeto del derecho internacional para ciertos fines, con derechos nacionales diferenciados de los de la potencia administradora.

2. Se dispone el traspaso de todos los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico en un periodo de dos años conforme al poder de política exterior del Presidente, acompañado del poder del Congreso para ratificar cualquier tratado que se suscriba o de aprobar cualquier legislación habilitadora en apoyo a la transición.
3. Se determina la inviabilidad de la estadidad y del status territorial actual como opciones descolonizadoras por ser contrarias a los mejores intereses de Estados Unidos.

4.Se establece que a cargo de la transición habrá una Comisión Ejecutiva de Transición como gobierno provisional, incluyendo el nombramiento de un Administrador.

5. Se dispone para la organización de una Asamblea Constituyente para la revisión de la Constitución actual o la redacción de una nueva, la cual debe ser aprobada por el pueblo en referéndum.
6. La Asamblea Constituyente estructurará un nuevo sistema electoral como parte del nuevo orden constitucional.
7. Se incluye un Plan de Transición ordenado que sirva para romper con la dependencia colonial en fondos federales y encamine a Puerto Rico al desarrollo de una economía productiva y autosustentable.
8. Se provee para la condonación de la deuda pública para facilitar la transición económica ordenada, pasando el Departamento del Tesoro federal a hacerse cargo de cualquier obligación existente o futura en relación a ésta.
9. Se decide la terminación de la actual Junta de Control Fiscal.
10. Se garantizan los beneficios del Seguro Social y Veteranos.
11. Se reconoce la ciudadanía dual y se garantiza la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Puerto Rico antes de la independencia.
12. Se provee para el libre tránsito de ciudadanos entre ambos países.
13. Se establece un nuevo marco de relaciones con EEUU basado en el principio de la igualdad soberana.
14. Se dispone que se establecerá un Tratado de Libre Comercio bajo el cual se reconoce a Puerto Rico como nación más favorecida.
15. Se determina el uso del dólar como moneda en la República.

Hacia la tormenta perfecta

Hay quienes critican esta propuesta como antidemocrática. Dicen favorecer que el futuro de Puerto Rico sea decidido democráticamente de manera exclusiva por el pueblo puertorriqueño. ¿En serio? Estamos hablando del mismo paìs, el de los poderes plenarios del Congreso para legislar unilateralmente para Puerto Rico, el de las regulaciones administrativas del gobierno federal que aplican también unilateralmente, el de la Junta de Control Fiscal, el del sistema electoral dominado y manipulado por el partido gobernante del PNP, el de la ley electoral restrictiva de los derechos ciudadanos, el de la Ley 60 que promueve la desposesión y el desplazamiento poblacional que se vive.

¿Se puede hablar estrictamente de democracia en una colonia en que se le niega al pueblo el derecho más básico de su autodeterminación? El colonialismo es en sí mismo un fenómeno antidemocrático. No hay como adornarlo. Demasiadas veces nos olvidamos de que fuimos invadidos sin nuestro consentimiento y que se impuso el régimen actual de subordinación colonial, unas veces a sangre y a fuego y otras a base de unos simulacros electorales que más que buscar el consentimiento nuestro fueron procesos en que estaba excluido toda posibilidad de libre determinación.

Por otra parte, hay quienes se declaran a favor de la alternativa de una Asamblea Constitucional de Status en que se decida entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. Entre éstas opciones, la anexión constituye una pildora venenosa por la oposicion a ésta en Estados Unidos, particularmente entre los Republicanos, incluyendo el presidente Trump. Hay quienes insisten en el problema como solución: que siga la colonia, lo que constituye otra píldora venenosa. Sin fondos federales, los proyectos del anexionismo y del estadolibrismo pierden su razón de ser. Pero otro problema  que posee el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Status es que resulta inaceptable para el anexionismo quien se niega a armonizar lo que entiende no es armonizable.

En fin, se trata de no sentarnos a esperar por procesos democráticos ideales que no existen y nunca se darán en las actuales circunstancias. El reto que tenemos ante nosotros es político, estratégico, es decir, cómo potenciar un cambio en las relaciones de poder en favor de la independencia. A algunos de nuestros críticos les preocupa la pureza de nuestsras almas por estar dispuestos a negociar con Trump. ¡Qué ridiculez! ¿Acaso no lo hizo Eugenio María de Hostos y su comisión de la Liga de los Patriotas con William McKinley, el que presidió sobre nuestra invasión y ocupación colonial? ¿China sería hoy la gran potencia que es si Mao Zedong se niega a reunirse con Nixon y Kissinger? Hasta donde yo se, nunca Estados Unidos ha sido gobernado por santos. Hasta Obama tiene su historia de crímenes de lesa humanidad, sin hablar de Biden. Y Pablo José Hernández, ¿se esconderá en su oficina de Comisionado Residente para no contaminarse con la administración de Trump y la mayoría Republicana?

Lo cierto es que al bipartidismo colonial-capitalista lo que le aterroriza en el fondo es que este independentismo intrépido de la Orden Ejecutiva contribuya, como nuevo actor político, a la formación de una tormenta perfecta con los gobernantes actuales de Estados Unidos que nos lleve a la independencia.