Los despidos humillantes casi siempre se reservan para los trabajadores de primera línea. A los altos oficiales, sean de gobierno o de la empresa privada, se les permite “renunciar”. Esa es la práctica común que se utiliza para salvaguardar la imagen pública del alto oficial caído en desgracia y también la de sus jefes, que maquillan el despido con una salida “elegante”. Pero los que sabemos suficiente sobre cómo se manejan estos asuntos en los altos círculos del poder, sospechamos que algo así debe haber detrás de la súbita “renuncia” de Natalie Jaresko a la dirección ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF).
La excusa de que se va porque ya cumplió su encomienda no es creíble. Es cierto que ya se aprobó, conforme a su agenda, el plan de reestructuración de la porción más grande de la deuda de Puerto Rico. Pero ¿cómo explicar que un jinete se baje del caballo en medio de la carrera, cuando aún falta por recorrer un tramo estratégico? Esto es lo que ocurre con la negociación para el ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La llamada transformación de la AEE es un asunto de importancia vital para Puerto Rico, pero, sobre todo, es un asunto de apremiante interés económico para la industria del gas natural de Estados Unidos, ahora que dicho país pretende ocupar el liderazgo en la exportación de dicho combustible fósil. El sector de gas natural tiene una profunda penetración en el Congreso de Estados Unidos- y en su Comité de Recursos Naturales- donde corren el dinero, los cabilderos, los consultores y los contrato. Recordemos que fue ahí, en ese mismo Comité, que nacieron la Ley Promesa y la JCF, y que su autor fue uno de los más prominentes voceros de la industria de gas natural en aquel entonces, el abogado Bill Cooper, que una vez sonó para la dirección ejecutiva de la JCF y hoy es el segundo en mando de Golden Pass, LNG, el terminal de exportación de gas natural más grande de Estados Unidos. Si no fuera así, ¿cómo explicar entonces la llegada de New Fortress Energy al puerto de San Juan con su proyecto de líneas submarinas de gas natural, o la imposición a la trágala del injusto contrato de LUMA Energy- empresa con origen en la industria de gas natural- para la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, o la insistencia en el llamado impuesto al sol para la reestructuración de la deuda de la AEE? Nada de esto es casualidad, sino el signo de por dónde soplan los vientos en el Comité de Recursos Naturales y el Congreso Federal.
Natalie Jaresko ha sido el rostro público de la saga de casi seis años de la JCF y la Ley Promesa en Puerto Rico. También la portavoz y principal defensora de sus decisiones, aún de las más despóticas e injustas, cuyo daño será incalculable para los sectores trabajadores y empobrecidos impactados por las mismas. En contraste, la JCF se mueve en la opulencia. Cuenta con una fuente abierta de gastos que paga el pueblo de Puerto Rico para salarios, pleitos, asesores, abogados, peritos, burocracia, viajes, escoltas y demás, los cuales son como una bofetada permanente en el rostro de los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas cuyas vidas han sido puestas al revés por las decisiones de la JCF y de Natalie Jaresko.
Como todos los verdugos que terminan pagando con creces por sus acciones, quién sabe si las posiciones tajantes y las expresiones públicas poco prudentes de Natalie Jaresko han terminado por costarle el puesto. No habría por qué dudarlo a la luz de la creciente efervescencia popular que hay en Puerto Rico ahora mismo. Quizá sus jefes en la JCF y el Congreso piensan que “sacrificando” a Jaresko alivian las tensiones y evitan un estallido social, suceso que correría como pólvora entre la opinión pública de Estados Unidos e internacional. Si así fuese, la salida de Natalie Jaresko sería un intento desesperado de encontrar una válvula de escape a la situación insostenible que el régimen colonial de Estados Unidos ha creado en Puerto Rico.
