Las playas son nuestras y son públicas

Entrevista a Mariana Nogales

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El interés por la protección y preservación de los recursos naturales no es algo que le haya surgido al ingresar a la política. Los programas televisivos sobre la naturaleza, el mundo de los animales y los campamentos de verano de ciencias fueron sus entretenimientos durante su niñez. Tanto, que al entrar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el 1991, ingresó al Programa de Ciencias Ambientales.

“Y por supuesto, a la influencia de tío Pepe”, reconoce la representante Mariana Nogales Molinelli. El tío Pepe, es el reconocido   geomorfólogo, José Molinelli. Durante su adolescencia  asistió a los seminarios de geografía que este  daba a los maestros en los veranos. Aunque el estudio de  las Ciencias Ambientales se interrumpió cuando se topó con el cálculo, la física, la química orgánica y otras circunstancias personales, ya mucho de los conocimientos y el amor estaban dados. Luego optó por terminar un bachillerato en sicología y, más tarde, en Derecho Ambiental.

“En el verano del 92 y 93, gracias a una beca, trabajé en el Departamento de Recursos Naturales  en Isla de Mona, en la Reserva de Piñones y en Caja de Muerto con el Proyecto de Aves Acuáticas.  Le decíamos “El proyecto de los patos” para molestar a los biólogos. Fue un privilegio tener esas experiencias”.

A la luz de esa experiencia y las actuales continuas denuncias sobre la ejecutoria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nogales Molinelli afirmó a CLARIDAD que ha podido ver dos departamentos. En las denuncias sobre las violaciones ambientales —ya reconocido como un crimen ambiental— de la destrucción  de la Reserva Estuario e Investigación, Bahía de Jobos, en Salinas y en el caso de alto interés público, de la pretendida construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre en  Rincón, se ha denunciado la gestión del DRNA y de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

CLARIDAD quiso enfocarse primero en la apreciación de Nogales Molinelli sobre la actuación de la OGPe, dado que se supone que esta agencia es la que otorga todo tipo de permisos de construcción en el país.

“En la vista del 18 de abril, de los primeros que va es la OGPe. Le he tenido el guante en la cara, ya que está fuera Machargo, aunque eso no resuelve el problema. De hecho,  la campaña que está ya en las redes sociales es “OGP es destrucción”.

Esta campaña  es en reacción a que la OGPe dice “OGPe es desarrollo”. Se supone que la  OGPe esté citada para comparecer este lunes (18 de abril) a las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre la situación en Bahía de Jobos.

“Sin duda la OGPe  es un espacio de corrupción, es parte de lo que otros han llamado el cartel de los permisos, y que yo cada vez estoy más convencida de que sí existe. Y es un espacio que por la manera en que está diseñada esa oficina y el sistema de permisos, que todo está fundamentado en que el proponente sea el que lleve todos los documentos y donde hay unos profesionales de permisos que ellos certifican, es lo que ha provocado que no haya fiscalización. Todo es una confianza ciega, y eso  no es casualidad, es parte del diseño para desproteger los recursos naturales, permitir la construcción en lugares donde no se debe”.

Los  desastres ambientales,  ¿parte de un desorden gubernamental o de una política pensada?

“Es parte del plan, lo he dicho en otras ocasiones, de este gobierno. Quizás lleva décadas pasando, pero ahora es más patente que nunca que este gobierno ve al país como un tablero de monopolio y está vendiendo al país canto a canto. En aras de vender al país canto a canto, un espacio fundamental es desproteger, y eso se hace a través de la falta de fiscalización y también se hace a través de la preservación de instrumentos como lo es el Reglamento Conjunto”.

Nogales trajo a colación que debido a los comentarios de que ya hay un nuevo reglamento, le envió una carta a la Junta de Planificación (JP)  para que le certifique si el borrador de RC que está circulando es uno oficial de la JP.

“Hay mucha duda de cómo se filtró, e incluso personas que trabajan en la Junta, en la División de Planificación Física, no sabían de la existencia del borrador. Así que ese borrador viene de otro lado. Otro comentario es que el borrador fue consultado con inversionistas de la Ley 60. No me estañaría que provenga de la Oficina del Gobernador, por lo que eso es parte de lo que se tiene que averiguar. Pero eso viene de todo este entramado de gente que quiere facilitar la venta y la destrucción de los recursos”.

De regreso al tema de la OGPe, narró que durante la vista ocular en Bahía de Jobos, el secretario auxiliar estuvo bastante callado. Esta aprovechó para preguntarle por qué se habían retirado del acceso público los documentos complementarios de los permisos.“Se cortó bastante y dijo que había un reglamento. Nos hemos matado buscando un reglamento que tenga el propósito de eliminar que esos documentos estén públicos. Eso afecta la participación ciudadana y la libertad de prensa”.

Al no encontrarlos, Nogales Molinelli le envió una  comunicación exigiéndole que los documentos que estaban públicos vuelvan a ser públicos. Subrayó que eso no le cuesta nada al Gobierno,  es como la página del contralor que se sube un archivo en PDF.   Eso es parte de la manera en que se puede hacer la investigación sobre los procesos de permisos.

Trajo como ejemplo de otra irregularidad en la que está envuelta la OGPe, que se supone que en Bahía de Jobos no se vendan terrenos, sin embargo se solicitó un permiso para instalar el servicio de energía en Aibonito y se instaló en Salinas.

“Ahí es que se ve que cómo es posible que OGPe supervise que ese permiso solicitado para Aibonito se instale ahí y aparece luego en Salinas. Eso se identificó con un llamado documento complementario”.

El Departamento de Recursos Naturales y la renuncia del secretario

La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) coincidió con nuestra apreciación de que la renuncia del exsecretario del DRNA, Rafael Machargo, respondió a la presión pública.

“En términos del ojo público, no había manera de salvarlo. Es un descaro pretender que continúe como asesor en La Fortaleza. Es lo mismo que hicieron con Volkers. Eso quiere decir que los funcionarios, aunque actúen mal, conservan la impunidad”.

Sobre  la secretaria interina del DRNA, licenciada Anís Rodríguez Vega, Nogales expresó: “No creo que tenga la preparación para dirigir el Departamento, no creo que conozca sobre los recursos naturales. Voy a pedir en la vista pública que nos dé su curriculum vitae para ver qué estudios tiene. El derecho ambiental es un campo bien especializado”.

CLARIDAD ha consultado a varios activistas ambientales y abogados y todos han coincidido en afirmar que no conocen que la designada  tenga o haya tenido alguna relación con los asuntos ambientales.

A pesar de que las vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales sobre la situación en Bahia de Jobos continúan, preguntamos dónde están otros proyectos como el de la moratoria en las costas.

Me senté hace un tiempo con el personal de la Comisión de Recursos Naturales y sacamos un tracto de dónde estamos.  La moratoria de costas es fundamental. Hay otro proyecto sobre el desperdicio de plásticos de un solo uso. Ninguno de esos proyectos es mío, pero entiendo que hay que moverlos, que son fundamentales porque afectan el medio ambiente. También he solicitado que la Comisión se reúna con el Comité de Cambio Climático que solo han tenido una reunión, y tampoco se ha dado.”

Indicó que se supone que hay una Comisión Conjunta de Cámara y Senado, de Cambio Climático, presidida por el representante Edgardo Feliciano y del que ella es la secretaria en propiedad de esa comisión. La Comisión solo se ha reunido una vez con el Comité. En la reunión, básicamente, se abordaron los temas de desperdicios sólidos, reciclaje y neumáticos.

La representante también tiene en la mirilla otro tema relacionado con crímenes ambientales, de la destrucción y desprotección ambiental: el recurso agua.

“Por  ejemplo, sabemos cómo AES (la incineradora de carbón en Guayama) ha contaminado el acuífero del sur, que es fundamental para el agua potable y agrícola; pero en términos generales es algo que voy a entrar a investigar a profundidad.

La situación de daños o desastres ambientales en la isla

“Las situaciones de desastre o daños ambientales se dan por toda la isla, el mapa es gigante. Por secciones, en el oeste, hay un problema de construcciones ilegales y de deforestación en Rincón, Aguadilla Isabela y Cabo Rojo. Esa área está al garete. La gente no está pidiendo permisos y está haciendo lo que le da la gana. Nos hemos matado sometiendo querellas y estamos formando un grupo de voluntarios que nos ayude a presentar las querellas que nos  llegan todos los días.

El norte, que incluye Arecibo, Dorado, Manatí y Ciales, hay un problema de deforestación incluso en Isabela, que tiene una parte de la zona cársica.

En el este, todo lo que es Luquillo Humacao, Loíza y Fajardo, el problema con las áreas dentro y cercanas del CEN (Corredor Ecológico del Noreste), en toda esa área, hay un problema terrible de deforestación”.

La situación, expresó, es una generalizada, incluida la zona de la montaña en pueblos como Adjuntas, Jayuya y Utuado. “Hay mucho movimiento de tierra sin permisos y  nadie está fiscalizando. Eso es a propósito”.

No obstante, resaltó que por parte de las comunidades hay una conciencia ambiental muy grande.

“Yo creo que también tiene que ver con un movimiento masivo, que era Playas pal pueblo, que ahora vuelve a tomar relevancia por todo el cierre de acceso a las playas públicas y por una campaña deshonesta de corredores de bienes raíces que están vendiendo propiedades con playas privadas. Es algo que voy atender próximamente”. Nogales Molinelli denunció  que hay anuncios por Facebook de venta de terrenos con “Private beach”.

“Hay que trabajar con una información de lo correcto, de que en Puerto Rico las playas todas, ¡todas!,  son públicas y de que existen unas limitaciones de lo que usted puede hacer con su propiedad”.

 

 

 

 

 

 

Artículo anteriorCon ventaja el PPD sobre el PNP
Artículo siguienteEditorial: Corrupción en Puerto Rico: una larga historia bipartidista